CÓRDOBA - DIFUSIÓN.

El Observatorio de Derechos Humanos Municipal manifiesta su profunda preocupación por los acontecimientos que se suceden en nuestro país, a sólo un mes de la asunción del nuevo gobierno nacional. Los numerosos decretos de necesidad y urgencia, desconociendo la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, los miles de despidos en municipios, gobiernos provinciales y en ministerios nacionales, que incluye a empleados contratados y de planta permanente, la liberación de las retenciones y del valor del dólar, la disminución llamativa de productos de necesidad básica en los precios cuidados, el aumento de los precios de los combustibles y sus consecuencias, representan una clara decisión de beneficiar a los sectores de mayores recursos y desfavorecer al bolsillo popular, retrocediendo en los Derechos adquiridos en los últimos años. Otra vez se demoniza al empleado público; con la excusa de la erradicación de los “ñoquis” o los nombramientos por “postura política”, lo que en realidad se proponen es debilitar al Estado. Durante la dictadura cívico-militar se reproducía hasta el cansancio que “achicar el Estado es agrandar la Nación”. Pero la verdad es que los intereses de los sectores privilegiados, que el gobierno nacional representa, necesitan un Estado débil, con trabajadores aterrorizados. Y ante la movilización y el reclamo, no se ha dudado en reprimir. Porque como la historia enseña, los modelos que favorecen a las minorías son autoritarios y no se sostienen sin represión. Las imágenes de La Plata, mostrando a la infantería disparando gases lacrimógenos y balas de goma en forma directa sobre los cuerpos de los manifestantes, retrotraen a los años en que la Dictadura Cívico Militar sometía al pueblo. La censura y expulsión de periodistas y hombres de prensa, el cierre y de programas y de radios, la proscripción de voces y de pensamientos (hoy fue despedido Victor Hugo Morales), la vergonzosa intervención en organismos como el AFSCA y el AFTIC, violando mediante decretos, leyes debatidas y aprobadas por el poder legislativo, son una prueba fehaciente de cómo se articula la represión simbólica y la represión de las fuerzas de seguridad como herramienta de disciplinamiento social, para imponer un modelo económico y político injusto y totalitario. Y en la última semana se conoció el intento de intervenir el Archivo Nacional de la Memoria, un ente descentralizado con un rol fundamental en la preservación, conservación y difusión de informaciones, testimonios y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos realizadas por el Estado argentino. El actual Director, Horacio Pietragalla es integrante de Abuelas, hijo de desaparecidos y ex diputado nacional; tanto él como todas las autoridades del ente, surgieron como producto de los consensos logrados entre los organismos de derechos humanos y el Estado nacional. En un comunicado conjunto, los organismos de DDHH expresaron su preocupación y manifiestan que “el ANM cuenta con el acervo documental más importante sobre la memoria de la vida y de la militancia de nuestros hijos y nuestros familiares y de la lucha que sostuvimos contra el terrorismo de Estado ya desde la dictadura cívico-militar. Esa documentación que brindamos al Estado nacional con el retorno de la democracia fue y sigue siendo un insumo central para todas las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país, y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”. Mientras los medios hegemónicos distraen con un show bochornoso sobre los vaivenes de “la fuga” y recaptura de tres peligrosos detenidos (que hace pocos meses testimoniaban en esos mismos medios con información “confiable”), el gobierno nacional continua tomando medidas anticonstitucionales, silenciando, censurando, despidiendo y reprimiendo trabajadores, parte del Poder Judicial avalando la solicitud de documentación sin causa por parte de las fuerzas policiales… y además, no se asiste desde el Estado a los compatriotas que viven el drama de las inundaciones en varias provincias del país. A sólo un mes del 10 de diciembre de 2015, la mayoría de la sociedad argentina soporta una avanzada neoliberal y autoritaria que requiere de la censura y la tergiversación informativa para mantener el ajuste y la represión. Políticas propias y características de un Estado que no respeta los Derechos Humanos. Pero la historia también enseña que los pueblos que han reconquistado Derechos no admiten que se los arrebaten… y busca nuevas formas de organización, de autodefensa, de coraje, para recuperar los lazos, los vínculos, las redes que les permitan recuperarlos.

La Memoria interpela, la Verdad no puede ser silenciada… sólo así los pueblos conquistan la Justicia.

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