DIFUSIÓN.

POR LA NECESIDAD Y LA URGENCIA

DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

Las organizaciones sociales, sindicales, políticas y económicas, los medios de comunicación cooperativos, comunitarios, universitarios, de pueblos originarios, de personas con discapacidad, de pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las organizaciones de artistas y actores culturales, las organizaciones de músicos, de prensa, de actores y directores de TV

-          que definimos la comunicación como un  derecho humano,

-          que impulsamos, desde los inicios de la democracia, la derogación del decreto Ley  de radiodifusión de la dictadura militar,

-          que defendemos la necesidad de una industria audiovisual y gráfica nacional como promotora de la cultura, el federalismo y el empleo para artistas, técnicos, periodistas, comunicadores, autores, locutores, trabajadores de la radio y la televisión en general.

-          que desde 1983 buscamos la legalidad y sostenibilidad de nuestras emisoras:

1.      Reconocemos los importantes avances logrados con la promulgación de la Ley 26.522 debatida y construida como ninguna otra ley de la etapa democrática

2.      Promovemos la actualización de su aplicación en línea con los adelantos tecnológicos y el respeto a los principios de la inclusión y la diversidad.

3.      Anteponemos  el derecho de la ciudadanía a la libre expresión de sus ideas y al acceso a todo tipo de información,

4.      Reivindicamos el principio democrático de la participación ciudadana en la elaboración de las leyes. Por eso:

                                                           

                                                            EXIGIMOS

En el marco del proceso judicial iniciado por las organizaciones y ciudadanos perjudicados se declare la inconstitucionalidad de los  decretos 13/2015, 236/2015 Y 267/2015, porque los mismos constituyen un abuso de poder contra la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación, y los principios de gestión plural con representación federal, parlamentaria y sectorial de la Autoridad de Aplicación. Tales normas de facto del actual gobierno constituyen, por lo tanto,  un ataque a la democracia y a sus instituciones.

SI LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTÁ EN PELIGRO, TODAS LAS LIBERTADES LO ESTAN.

COALICIÓN POR UNA  COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA

Adhesiones a necesidadyurgencia.ciudadana@yahoo.com

Envío:AexPPCdba.