04-01-2016
El fiscal federal asumirá como subsecretario de Política Penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. A la espera de un nuevo subrogante, las apelaciones por las excarcelaciones de los represores pampeanos siguen sin presentarse.
El fiscal federal subrogante de Santa Rosa, Juan José Baric, asumirá en los próximos días como subsecretario de Política Penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, en uno de los tantos cambios impuestos por la gobernadora María Eugenia Vidal tras el escándalo por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
De esta manera, la fiscalía pampeana quedará vacante y así se demorará la apelación que Baric debía presentar por la libertad condicional de siete represores, ordenada durante los últimos días de 2015 por el Tribunal Oral Federal de la capital pampeana. Todos están procesados en la denominada causa Subzona 14 II, por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 en el ámbito de la provincia.
Baric se había opuesto a las excarcelaciones y a los argumentos esgrimidos por el tribunal, y adelantó en su momento a El Diario que podría apelar en Casación. Sin embargo, todavía no dió ese paso que implicaba que primero se debía pedir el levantamiento de la feria judicial, que termina en febrero. Ahora, esa decisión quedará en manos de quien lo reemplace.
A Buenos Aires
Tras el escándalo generado por la fuga de Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, quienes se evadieron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, la gobernadora Vidal descabezó la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense. Allí, Baric fue designado como el responsable civil del SPB al ocupar la Subsecretaría de Política Penitenciaria en reemplazo de César Albarracín, un funcionario sciolista que oficialmente había cesado en el cargo el 10 de diciembre pero que seguía en su puesto.
El nombramiento de Baric causó sorpresa, principalmente por su inexperiencia en la materia. En un artículo firmado por Carlos Marino en el portal Letra P, se destaca que el flamante funcionario “no conoce el sistema penitenciario bonaerense, porque antes había trabajado en la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Baric hizo la mayor parte de su carrera en el fuero correccional (concretamente, en el Juzgado N°12 de la Capital Federal), donde se juzgan delitos que contemplan penas menores a los tres años de prisión, por los que nadie va preso”, señaló una fuente con vasta trayectoria en el ámbito penitenciario citada en la nota, y opinó:
“Vidal nombró a un inexperto para desarrollar la política del sistema penitenciario más complejo y deficitario del país”. Vidal, además, desplazó del cargo a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.
Junto a Baric, nombró como nuevo titular del SPB a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio Penitenciario Federal.
Libres
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dispuso la libertad de un total de siete policías procesados en el marco de la causa Subzona 14 II: Miguel Gauna y Juan Domingo Gatica fueron liberados el 30 de diciembre, mientras que Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez habían salido antes de la Navidad.
Todos, desde ese momento, gozan de la libertad condicional. Gauna y Pérez Oneto, por ejemplo, tenían prisión domiciliaria, pero ahora podrán caminar libremente por la calle. Las excarcelaciones fueron todas con el mismo argumento: que se vencieron los plazos de la preventiva (un año y una prórroga de seis meses) sin llegar al juicio oral.
Ahora, los únicos detenidos en la causa son los expolicías y militares que ya fueron condenados en el primer juicio contra los represores pampeanos, que se llevó a cabo en la segunda mitad del año 2010, y que también están acusados en esta investigación. También sigue detenido el exjefe de Policía durante la dictadura en La Pampa Luis Baraldini, que fue recapturado en Bolivia en la Navidad de 2011, luego de fugarse para evitar la mano de la Justicia.
Las excarcelaciones fueron resueltas por los jueces del Tribunal Oral Federal, Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia (de Neuquén) y Alejandro Silva (de Río Negro). El presidente del TOF, José Triputti, y el juez Pablo Díaz Lacava habían sido recusados y se está tramitando ese recurso. La libertad la pidió el defensor oficial Carlos Riera. Las querellas no intervinieron en el trámite.
Acusaciones
Los acusados están procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos durante los “años de plomo” en jurisdicción de La Pampa. Sin embargo, los jueces consideraron que ninguno de los liberados entorpecerá la investigación ni se fugará para justificar no extender la prisión preventiva o las domiciliarias que gozaban.
Además de Baraldini, siguen detenidos los expolicías Carlos Reinhart, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino, Athos Reta, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Oscar Yorio, y el militar Omar Greppi, condenados en 2010 y cuyo fallo está firme. También está procesado con prisión domiciliaria el segundo jefe militar de la Subzona 14, Carlos Alfredo Sabattini. Recusaciones Tres de los acusados (Gatica, Fiorucci y Reinhart) habían pedido apartar a la jueza federal Iara Silvestre y al fiscal Baric por considerar “irregulares” sus nombramientos como subrogantes. Pero la Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó el recurso de apelación.
El objetivo final de ese reclamo era conseguir la anulación del procesamiento que dictaron ambos funcionarios judiciales. Pero los camaristas Pablo Candisano y los subrogantes Jorge Ferro, Alberto Agustín Lugones, Roberto Agustín Lemos Arias y Alejandro Aníbal Segura, firmaron el fallo del rechazo el pasado 28 de diciembre.
Los acusados, con el patrocinio del defensor oficial Riera (Gatica) y el abogado Hernán Vidal (Fiorucci y Reinhart), habían planteado que “se ha violado el derecho constitucional a ser escuchados por el juez natural”, en alusión a que Silvestre era secretaria del juzgado y fue nombrada como subrogante “en forma irregular”, sin acuerdo del Senado de la Nación.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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