El nombramiento del Sr Jalil Rachid como Viceministro de Seguridad, constituye un flagrante atropello a la racionalidad más elemental, como a principios básicos de ética jurídica. El Sr. Jalil Rachid, viene ejerciendo la función de agente fiscal en el caso de Curuguaty, un hecho que conmovió y sigue conmoviendo a la población entera, que costó la vida de once campesinos y seis policías, como un recurso perverso para perpetrar el golpe que derrocó al Presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo en junio del año 2012. La función del Sr. Jalil Rachid como fiscal de esa causa, estuvo y sigue estando impregnada de sórdidos mecanismos para forzar la acusación y consecuente condena a un grupo de campesinos, que fueron víctimas de aquel luctuoso acontecimiento. Desde el comienzo del vergonzoso proceso, este fiscal adoleció de pruebas consistentes que pudieran vincular a esos campesinos en los delitos de los que se les imputa, con la clara intención de impedir una investigación profunda que conduzca al esclarecimiento del hecho, y sobre todo, a la identificación de los verdaderos responsables de la masacre de Curuguaty. Hoy este mismo personaje, es nombrado viceministro de seguridad, y los policías que tienen que dar su testimonio en la causa, como pruebas del Ministerio Público serán subordinados directos del Sr. Jalil Rachid, desde su nuevo cargo como autoridad de seguridad del Poder Ejecutivo. Un personaje de las características del Sr. Rachid, que en su función como fiscal en la causa de la matanza de Curuguaty, ha demostrado la indisimulada intención de fraguar un juicio contraviniendo el requisito ineludible de la objetividad que le exige nuestra legislación, para forzar la legitimación de un grave atropello a los derechos humanos, no puede jamás ejercer un cargo que tiene como función, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, sino al contrario. Razón por la cual podemos afirmar sin titubeos, que a partir del nombramiento referido, hoy el pueblo paraguayo se siente mucho más inseguro en cuanto a la preservación de su vida e integridad. El Frente Guasu, consecuente con su línea democrática e institucionalista, condena de forma rotunda el nombramiento, por parte del Poder Ejecutivo ejercido por el Pte. Horacio Cartes al señor Jalil Rachid, y además de ratificar su solidaridad con los campesinos que hoy están siendo injustamente juzgados, denuncia a la opinión pública nacional e internacional, este flagrante atropello a los derechos humanos en Paraguay. Asunción, 20 de enero de 2016
Curuguaty: Denuncian que Gobierno influye en testigos policiales
Resumen Latinoamericano/ 18 de Enero 2016.-
Activistas denunciaron hoy que el Gobierno de Paraguay busca influir en los testigos policiales de la masacre de Curuguaty con el nombramiento como viceministro de Seguridad del exfiscal del caso, Jalil Rachid.
En el juicio que se sigue a los once labriegos por esta matanza de 11 campesinos y 6 policías, ocurrida el 15 de junio de 2012 y que llevó una semana más tarde a la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, no hay imputado ningún policía.
Siete agentes policiales que vivieron la matanza han declarado hasta la fecha como testimonios en el proceso, de los cerca de 240 testigos convocados por Rachid, la mayoría agentes dependientes del Ministerio de Interior y del viceministerio de Seguridad Interna, que a partir del miércoles ocupará el exfiscal.
“No es ético que (Rachid) pase a ser viceministro y jefe directo de los policías, cuando faltan (por declarar) el 80 por ciento de los testimonios.
Esto significa una presión sobre ellos”, dijo a Efe Cony Oviedo, de la Articulación por Curuguaty, que pide desde hace más de tres años la libertad de los campesinos y reparación para todas las víctimas.
Oviedo y Roge Ocampos, en representación de la Articulación Curuguaty, entregaron hoy una nota en la mesa de entrada del Palacio de Gobierno en Asunción pidiendo al presidente Horacio Cartes que reconsidere el nombramiento de Rachid como viceministro.
“Su nombramiento implica un hecho realmente grave porque él ha demostrado que no es profesional, ha demostrado parcialidad manifiesta, denunciada públicamente y en instancias nacionales e internacionales”, expresó Oviedo tras entregar la nota en el Palacio.
“La defensa de los campesinos ha denunciado que ha incurrido en ocultamiento de pruebas, que solo investigó a una de las partes y no así a los 324 policías que estuvieron aquel día.
Desde su comienzo, el juicio debería haber sido anulado por su actuación”, defendió. El comunicado entregado a las autoridades dice que “Jalil Rachid deja un juicio encaminado hacia la injusta condena de campesinos y campesinas con un guión bien armado y desarrollado en connivencia con testigos policiales y jueces”.
“Llevó una única línea de investigación, sin importarle la muerte de los 11 campesinos, muchos de ellos por ejecución extrajudicial, ni las torturas que campesinas y campesinos sufrieron, lo que constituye una abierta violación a los derechos humanos”, añade.
Por su parte, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, aseguró en una rueda de prensa que le “honra” el nombramiento de Rachid. “Tengo el mejor de los conceptos de Jalil Rachid. No entró por cuestiones partidarias”, dijo sobre el sobrino de su asesora de Asuntos Internacionales, la excanciller Leila Rachid (2003-2006).
“Siempre hay un sector que toma con un interés político y nosotros tenemos interés en la seguridad”, expresó Cartes en la residencia presidencial. La finca donde se produjo la masacre está en litigio entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La familia Riquelme está relacionada con Bader Rachid Lichi, otro dirigente del Partido Colorado que es el padre de Jalil Rachid. El juicio, que continuará el martes en Asunción, ha sido suspendido casi una veintena de veces, después de que los defensores recusaran a Rachid y al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando unos 340 policías rodearon a un grupo de manifestantes campesinos durante el violento desalojo de unas tierras ocupadas por labriegos de la zona en demanda de que formaran parte de la reforma agraria.
La matanza sirvió de base al entonces opositor y ahora gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo, quien fue destituido una semana más tarde. El proceso de destitución de Lugo duró 24 horas y fue denunciado como irregular por el Mercosur, la Unasur y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
EFE
Repudian nombramiento de Rachid como viceministro de Seguridad
18 enero, 2016
Este lunes organizaciones integrantes de la Articulación Curuguaty presentaron una nota en la Presidencia de la República rechazando el nombramiento del fiscal Jalil Rachid como viceministro de Seguridad Interna.
Tras la presentación, Concepción Oviedo declaró que el nombramiento de Rachid sienta un grave precedente en el sentido de que se está premiando a una persona que ha tenido un desempeño sumamente cuestionado en la investigación de la masacre de Curuguaty.
En este sentido, dijo que el fiscal demostró una parcialidad manifiesta defendiendo a una de las partes –en este caso a la empresa Campos Morombí, del fallecido político colorado Blas N. Riquelme– así como ocultando pruebas, no investigando la muerte de los campesinos e introduciendo pruebas de manera irregular.
“Un fiscal que desarrolla su tarea de esa forma no puede ser nombrado como viceministro de Seguridad. Es un peligro tener a una persona con esas características desarrollando esa función”, expresó Oviedo.
También rechazó lo alegado por Rachid, quien dijo que los cuestionamientos que existen en su contra son por cuestiones meramente personales.
Así, Oviedo señaló que la acusación del Ministerio Público carece de todo rigor y objetividad al tiempo de observar que con este nombramiento se está presionando a los policías que aún deben declarar en el juicio a los campesinos, pues Rachid pasa a ser superior directo de los uniformados.
Asimismo, mencionó que llama poderosamente la atención que en el momento en que se está desarrollando el juicio de un caso que tuvo tantas repercusiones políticas, como la destitución del presidente Fernando Lugo en junio de 2012, el fiscal de la causa sea nombrado en un alto cargo dentro del Ministerio del Interior.
Envío:ResumenLatinoamericano
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