OPINION
Del contrato al conflicto
Lo que va del paraíso prometido a la realidad del primer mes. Lo que no estaba en el contrato electoral: inflación, redistribución regresiva, chantaje a los trabajadores, represión fomentada desde el poder político. Los exportadores: más bolsillo que corazón. Cada semana un nuevo conflicto de intereses. El kirchnerismo, ante el cambio de roles.
Por Mario Wainfeld
Las fiestas de fin año transcurrieron sin sobresaltos sociales. Muchos argentinos toman vacaciones. Hasta ahora, y así sea por inercia, siguen habituados a niveles de consumo alto. Las reservas del Banco Central desmienten el relato apocalíptico de Cambiemos. El desendeudamiento público y privado dejan margen para acudir al crédito externo y endeudar el futuro de varias generaciones. Son consecuencias palpables de la gobernabilidad que legó el kirchnerismo.
Potenciado por su triunfo electoral, Macri pretende cambiar drásticamente el paradigma económico social. Algunos pilares de la anterior etapa topan con su proyecto. Para empezar: el bajo nivel de desempleo y los salarios de los trabajadores formales. No son exorbitantes, desde ya: digamos que los sueldos promedio oscilan entre pasables y buenos. Para el proyecto económico macrista ambos indicadores distan de ser un piso: son disfuncionales, excesivos. En jerga de derecha, “competitividad” es sinónimo de sueldos bajos y trabajadores domesticados.
Cheques en blanco o luna de miel son difíciles en una sociedad arisca y demandante. Pero la victoria embellece, el veraneo distiende. Macri pudo arrancar y en un mes consiguió una fenomenal transferencia de ingresos a favor de los sectores dominantes. Ninguna medida favorable a los trabajadores alteró la tendencia de los primeros días; macro devaluación, merma o supresión de retenciones, desregulación petrolera a favor de los privados.
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Despidos e impiedades: La semana que pasó estuvo dominada por la búsqueda de los tres convictos prófugos y por los despidos. La autoridad se construye con fuerza, sin cabildear, ostentando poder y desdén por el otro.
Tomemos un capítulo sintomático y hasta simbólico de los despidos: puede orientar para abarcar el conjunto. La vicepresidenta Gabriela Michetti despidió de un plumazo, sin trámites incómodos, auditorías ni averiguaciones previas, a más de dos mil empleados del Senado. Se trató de explicar que todos fueron designados por el ex vice Amado Boudou, que los nombramientos eran flamantes, que eran ñoquis de su tropa. Nada era del todo exacto pero son menudencias.
En el conjunto de personas que Michetti prescindió había personas discapacitadas y mujeres embarazadas. Las leyes, por motivos equitativos y humanitarios, les conceden a sus empleos una protección especial. Se suscitaron reacciones, protestas, denuncias. Recién entonces Michetti retractó su barbarie. La vicepresidenta es madre y discapacitada: tiene que movilizarse en silla de ruedas. No ignora la existencia y el valor de las normas que violó: las olvidó estratégicamente para demostrar decisión. “No le tembló la mano” por usar jerga de Cambiemos... aun a costa de incurrir en insolidaridad e ilegalidad.
El modus operandi se repite. El gobierno avanza sin reparar en los límites normativos ni de respeto a derechos esenciales. Si topa con respuestas, se echa atrás. .
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La caridad bien entendida: Desde un punto de vista conceptual o ideológico es difícil que el proyecto económico del macrismo cierre sin un fuerte ajuste del sector público. Los despidos están en el menú, digamos de pálpito.
Desde el punto de vista informativo: la ofensiva pertinente ya ha comenzado. Sus argumentos son previsibles, a veces certeros, ora taimados, casi siempre imposibles de corroborar. La costumbre de disparar primero y preguntar después dificulta cualquier evaluación sensata.
Ese coto de caza del presidente Mauricio Macri cuenta con una población numerosa. En menos de un mes de gestión ya se amenaza con miles de despidos a nivel nacional, provincial y municipal.
Se podrá aducir: cualquiera se equivoca, si se revisa queda todo como antes. No es así, forzosamente: cualquier abogado laboralista sabe que alguna víctima de tropelías puede olvidar contestar un telegrama en término o defenderse. Un funcionario severo puede bajarles el pulgar. Los más débiles comenzarán a caer, como en la arena económica.
Por si hace falta: un gobierno tiene derecho a revisar designaciones, renovar o discontinuar contratos, identificar ñoquis y prescindirlos. Tiene el monopolio legal del despido o la rescisión legítimos. La palabra “legítimos” es central e insustituible. Hay criterios y reglas indeclinables. Max Weber enseña que con la violencia sucede igual: no tiene muchos adeptos en el funcionariado macrista.
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Sin protocolo: La perversión de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad primaria del gobierno que acaba de asumir: acumula décadas. Pero es responsabilidad del macrismo la forma en que las va conduciendo. Ya van dos veces en que los uniformados, por órdenes nacionales o provinciales, enfilan contra trabajadores: los de Cresta Roja primero, los municipales de La Plata luego.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich prometió un protocolo para manejar la protesta social. De momento la distraen otros menesteres; el protocolo se articula de facto y ya está en la calle. La Policía Bonaerense no sabe qué hacer cuando escapan tres criminales. O sabe demasiado. Cuando hay laburantes que reclaman, apela a su vieja ciencia: balas de goma, gases lacrimógenos. El criminólogo autodidacta Luis Abelardo Patti lo expresó hace años: para los Bonaerenses es imposible cumplir su cometido sin incurrir en dos o tres ilegalidades.
A pedido del intendente platense Julio Garro la represión fue brutal. Su “justificación”: había “intencionalidad política”. Nuevos delitos enriquecen el Código Penal macrista: ser militante, hacer política. Muchos manifestantes mostraron heridas con postas de goma en la espalda, anche mujeres (cunde la doctrina Michetti). A buen entendedor, sobran palabras: salvo que se movieran como Julio Bocca, dando volteretas en el aire, les tiraron mientras huían.
La brutalidad de las fuerzas del orden es proverbial, quien las conduce civilmente debe hacerse cargo. Ni un funcionario macrista condenó “excesos”, minga de purgas, sanciones o sumarios. Un fallo siniestro del Tribunal Superior de Justicia porteño (los jueces macristas son como las brujas no existen pero los hay) vulnera derechos civiles consagrados o, mejor, reconocidos hace más de veinte años. El despliegue de móviles policiales amedrentando jóvenes con portación de aspecto en la Ciudad Autónoma es otra señal preocupante.
La violencia, la amenaza y la insolidaridad no son efectos no deseados. Casi al revés: ostentarlas forma parte de las movidas. Esos medios son, también o hasta principalmente, el mensaje.
Escarmentar a quien se opone es necesario para que cada quién sepa adonde le aprieta el zapato, como dijo bellamente el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay.
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Demasiados toros ricos: Jorge Luis Borges apelaba a la etimología para perfilar un apellido de oligarcas o de martilleros. Bullrich, descifraba, quiere decir “toro rico”. De veras lo decía, ironizando por cierto. Confesión involuntaria: el gobierno tiene dos ministros Bullrich a falta de uno. Patricia encarna a su ala dura. El titular de Educación, Esteban, a la dialoguista. A éste le toca uno de los primeros test gremiales, una virtuosa herencia institucional del kirchnerismo, una conquista de los sindicatos del sector, otro grano para la gestión de Cambiemos,
Las paritarias docentes nacional y provinciales son pioneras, casos testigos para las que vendrán después. Comenzaron las conversaciones con las centrales y sindicatos concernidos. Por ahora, el oficialismo no habla de cifras pero transmite recelos. Blando con otros formadores de precios, verbaliza temores: que los nuevos salarios no acicateen la inflación. Consecuencia de las medidas económicas fundacionales, los precios se han disparado. Sobre todo de artículos de primera necesidad, alimentos a la cabeza. Hasta los periodistas económicos de Clarín se percatan. Levantan rezos para que el primer trimestre no llegue a dos dígitos. Plegarias que, todo lo indica, no serán atendidas. La administración macrista arrancará con una inflación machaza. Es un dato certero. Las profecías oficialistas se entusiasman con el hipotético segundo semestre que vendría en baja. La diferencia entre lo real y lo virtual es marcada.
Los representantes de los docentes piden recuperar el valor del salario, esto es actualizar los sueldos de 2015 tomando en cuenta el largo 30 por ciento que los devaluó. Una reapertura de las tratativas a mediados de año puede llegar a complacer a las dos partes pero la cifra lógica demandada por los gremios atraganta al Bullrich más tratable. Para suavizar, prometió no discontinuar programas valiosos como el FINES dedicado a personas que no pudieron terminar sus estudios en tiempo. Bullrich también aseguró que corregirá el vergonzoso texto de la Ley de Ministerios, aquel que omitía a la Ley de Financiamiento Educativo y citaba como precedente egregio y único a la Ley de Educación Federal. Los gremios cuestionaron la tropelía e iniciaron una denuncia administrativa. El ministro prometió corregir hace semanas... no cumplió hasta ahora. Adujo que hacen falta firmas de los demás ministros y que no hubo mala fe sino “un grave error” de los redactores. Eligió describir a los redactores como ignorantes antes que como malévolos: no le cabía una tercera opción.
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La billetera y el corazón: Prat-Gay anunció un diluvio de dólares cuando se “levantó el cepo”. No ha llovido, aún. En el paquete venían 400 millones de billetes verdes liquidados a diario por las exportadoras agropecuarias. Si se combina ese tramo del discurso con los totales que manejó el ministro se concluye, como lo hizo Clarín al día siguiente, que esperaba 8000 millones de dólares. Hubo feriados en el medio, las cifras de la semana pasada (la primera completita) recién se divulgarán mañana o pasado... todo eso computado, hasta el cierre de esa edición lo embolsado dista muuucho de las predicciones sonrientes. El sucedido ya produjo un cruce entre el ministro Ricardo Buryaile y uno de sus secretarios. Buryaile, un dirigente corporativo de aquellos, defiende a sus representados con ahínco.
Otro representante patronal, Daniel Funes de Rioja, advirtió en nombre de los formadores de precios de alimentos. Olvídense de retrotraerlos, como pidió Prat-Gay entre cofrades y sin mover nada del aparato estatal. “Precios Cuidados” debió llamarse “Precios pisados” se puso gracioso Funes. Seguramente clamó: “no pisarán” o “no pasarán”.
Antes de fin de año el gobierno temía saqueos o violencia social. Nada ocurrió. La inflación en cambió vive, colea y crece. La idea fuerza es que los trabajadores reduzcan sus demandas. La convocatoria a un organismo tripartito, de cualquier designación y formato, se desdibuja y se difiere. .
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Patrones de conducta, conducta de Ceos: Un gabinete colonizado por Ceos y capitalistas poderosos suscita conflictos de intereses a cada paso. Se dirimen sencillo. La primera medida importante de Buryaile enriqueció a sus representados y a él mismo. El ministro de Cultura Pablo Avelluto abrió sin restricciones la importación de libros. Se pueden discutir los alcances de la medida pero no que una gran favorecida es la gran editorial que dirigió hace pocos años.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dejó Shell hace un ratito. En la semana que pasó movió ficha... adivinen cómo le vino a Shell.
Se desreguló la actividad petrolera, alteró la correlación de fuerzas entre las grandes empresas multinacionales, YPF y las provincias.
El mendocino Rodolfo Lafalla, conocedor de la actividad y ex funcionario provincial, describe así las consecuencias más chocantes: “El gobierno se propone mantener YPF solo como símbolo pero vaciarlo con la incorporación del management privado. La desregulación de la actividad petrolera no significa desarmar un esquema anti inversiones (inexistente) sino liberalizar el mercado para que los privados puedan hacer sus negocios, esta vez sí de la mano del Estado capturado por las grandes compañías”. La supuesta primacía provincial coloca a las multis en condiciones ventajosas para negociar “de a uno” con interlocutores menos poderosos. Así lo señalaron en este diario los colegas Claudio Scaletta y Raúl Dellatorre.
Añade Lafalla “la mega devaluación significó transferencia de recursos que, en este caso, van a ir desde el consumidor o usuario hacia las compañías petroleras, quienes importarán materia prima e insumos a un dólar más caro, a costa del ciudadano común”.
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Contrato, conflicto y reversa: El contrato electoral de Cambiemos comprendía devaluación y retenciones. Quizás sin la magnitud y simultaneidad implementadas. La promesa era aminorar la inflación, no escalarla. La opción entre aceptar bajas del salario o quedarse en la calle estaba fuera del menú. La violencia contra los manifestantes, la discriminación contra los discapacitados constelaban a años luz del discurso edulcorado de campaña.
“Este gobierno tiene reversa”, comentó en un reportaje a Página/12 Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata. A veces es así, no siempre. Puso marcha atrás cuando Charly García terminó de dejar en descubierto al fascista Carlos Manfroni. También cuando los correligionarios radicales pusieron el grito en cielo por la designación papelonera de Juan Cruz Avila. Los dos potenciales okupas de la Corte Suprema están en un limbo, no se conoce aún hasta donde llegó la reversa macrista.
Es ensayo y error. Se prepea, se procura avasallar derechos. Si queda muy ostensible o hay mucha resistencia, se desanda el camino.
Equiparar esos gestos autoritarios con una dictadura, discurso demasiado extendido en las filas kirchneristas, es excesivo. La sociedad civil, los sindicatos, los propios damnificados tienen voz y capacidad de reacción e instancias democráticas para defenderse.
Equiparar esa praxis con la de una “derecha moderna” como hacen muchos formadores de opinión, es exceso de transigencia amén de una mala lectura. Un ethos autoritario, reaccionario a menudo, signa al oficialismo.
Volvamos al inicio. Macri busca su propio sistema de gobernabilidad, imposible si no sustenta en el tiempo legitimidad de ejercicio. La coyuntura desafía a dirigentes políticos, sociales y sindicales. Muchos de ellos fueron oficialistas durante los últimos doce años, otros opositores enérgicos. Estos notarán menos cambios. En las cúpulas gremiales hay quienes fueron oficialistas desde hace 25 años, habrá que ver si saben adecuarse a un mundo nuevo. También cómo enfilan los compañeros de seccionales, los delegados de base, los propios trabajadores. La historia continuará y, aunque no parezca, recién empieza,
Cambio de roles
Por Mario Wainfeld
El Frente para la Victoria (FpV) fue vencido en elecciones libres. Contribuyó bastante al desenlace sin quererlo y sin saberlo evitar. Repensar sus errores y elaborarlos insumirá un tiempo.
El FpV conserva espacios institucionales importantes: en el Congreso Nacional, gobernaciones, intendencias, legislaturas provinciales, concejos deliberantes. Esos representantes del pueblo o de las provincias están “condenados” a negociar o articular con los adversarios políticos, es su rol.
Quienes están en el llano disponen de mayor autonomía táctica aunque de menos poder, en general.
Las tácticas o herramientas elegidas son variadas, tanto como los discursos. Van desde “la resistencia” o la caracterización del macrismo como una nueva dictadura hasta formas de adaptación demasiado entusiastas. En el medio o entrambas el verde follaje de la vida y de la acción. El reacomodamiento despunta recién, será cuesta arriba.
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Hay actores fijados en el pasado, que persisten en discutir la interna pasada en la provincia de Buenos Aires. La elección general se perdió, consecuencia que padece el conjunto. El debate retrospectivo, internista, no suma, solo congrega (o disgrega) a los iniciados.
Un joven diputado con alto cargo provincial es noticia por su vida privada, sus contactos con “la Griega”. La prensa dominante se hace un festín, lo menciona en las tapas en las que omite la represión en La Plata. Los damnificados son muchos, habrá que ver si por frivolidad o por algo peor.
Internismos, debates con espejo retrovisor no suman ni siquiera realinean. Perder es duro, descoloca.
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El estado post kirchnerista maneja cantidades de recursos. El sector público creció y es poderoso. Cambiemos apropia herramientas construidas con esfuerzo colectivo y las coloca al servicio de intereses concentrados. La Nación conserva una “caja” importante. Durante el ciclo anterior los tiras y aflojes con las provincias no obstaron a que sus mandatarios también tuvieran alta aprobación popular, revalidaciones, crecimiento.
El presidente Mauricio Macri mejora el trato con los gobernadores, los invita a almorzar a la quinta de Olivos. Así puesto, es pura ganancia para el oficialismo: se diferencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, predispone un clima dialoguista.
El ministro del Interior Rogelio Frigerio mantiene paliques cotidianos con los mandatarios provinciales. El nuevo trato gratifica a los dirigentes peronistas, de pelaje surtido. Al kirchnerismo le faltaron mimos, hecto litros de mate o café, toneladas de asado. “Quinchos”, “mesas” en las que discurrir o conversar.
Muchos rencores se amasaron, recrudecen tras la derrota. En mejores momentos, los ablandaba el éxito común.
Ese eje sigue siendo fundante. Los “gobernas” no cambian beneficios tangibles por tiras de asado o achuras: por ahora suponen que los adicionarán. Dicho de otra forma: no truecan efectividades conducentes por amabilidad. Políticos al fin, si son conminados a elegir preferirán lo material. Si les cortan los víveres, dejarán de agradecer los almuerzos. Habrá que ver.
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Pasar del oficialismo a la oposición es arduo, el tránsito es confuso. Hay militantes y dirigentes kirchneristas que conocieron el erial del llano... otros muchos que no tuvieron jamás esa vivencia. En el camino se apartarán arribistas que “cobraron” de más, incluidos protagonistas con alto nivel.
Reconstruir la fuerza y la acción cotidiana es un reto mayúsculo. Entender cuántas adhesiones se perdieron desde 2011 es parte del aprendizaje: será forzoso pero no suficiente.
El ex diputado y ex ministro Agustín Rossi (uno de los que seguirá militando y bancando donde le toque estar) decía en el pasado que el kirchnerismo había conseguido el milagro de encabezar una etapa progresista conduciendo una fuerza conservadora: el peronismo en su conjunto. No habrá sido magia pero sí un logro notable de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Reconstruir una mayoría perdida desde el llano, con igual rumbo, da la impresión de ser un milagro a un mes del nuevo gobierno. Quizá lo sea, quizá se consiga con mucho laburo y revisión. Intentarlo, paso a paso, es parte de la hoja de ruta a construir. No será en una semana, ni en cuatro ni, tal vez, en un año.
YA SON ALREDEDOR DE 15 MIL LOS EMPLEADOS CESANTEADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS PUBLICAS
El despido, herramienta de persecución
Las cesantías van de la mano de la campaña de estigmatización que el gobierno de Macri puso en marcha con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de simpatizantes de La Cámpora. La regla común es despedir sin importar qué tarea cumple cada trabajador.
Por Laura Vales
Ante los despidos, los trabajadores, rápidos de reflejos, se movilizaron y lograron abrir canales de negociación.Imagen: Leandro Teysseire
“Váyanse de vacaciones tranquilos”, le dijeron a C y a dos compañeros en el Senado el 30 de diciembre. El lunes, leyendo un tuit de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se enteró de que habían perdido sus trabajos. En la Afsca, Cambiemos pasó el rastrillo de los despidos no según las funciones que cumplían los empleados ni el presupuesto disponible, sino con la lista de los afiliados a Nuevo Encuentro: militantes afuera. En Jefatura de Gabinete les dijeron a 150 personas que ya no las requerían, sin mandarles ninguna notificación. Como se presentaron igual a trabajar, pusieron un guardia de seguridad en la puerta con una lista de los que no podían entrar. En Diputados los despidos masivos se frenaron con la toma del Salón de los Pasos Perdidos, pero por debajo sigue corriendo una campaña de estigmatización con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de los simpatizantes de La Cámpora.
Los despidos en la administración pública –entre diez mil y quince mil, en un número que va variando día a día– tomaron un nítido tinte de persecución política, aunque tome como blanco al ordenanza o la secretaria. En una serie de lugares han sido masivos (2035 en el Senado, 1200 en la Municipalidad de Lanús, donde asumió el ex jefe de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, 4000 en la de La Plata), y en el resto el método es el rastrillo. Pero como regla común, no toman en cuenta qué trabajo estaba haciendo cada uno de los afectados.
Reflejos
Ya desde el lunes, cuando se conocieron las primeras censantías, los despedidos mostraron reflejos más rápidos que los gremios. En la Jefatura de Gabinete, por ejemplo, apenas les informaron que quedarían fuera, los cesanteados se pusieron de acuerdo en no dejar de ir a trabajar. Cuando comenzaron a impedirles el ingreso en la puerta, organizaron una permanencia en el hall, llamaron a un escribano y documentaron lo sucedido. Luego amenazaron con armar una concentración: apelaron a los recursos tradicionalmente usados ante despidos, y consiguieron que el mismo día en que advirtieron que harían una protesta en la calle, se abriera una negociación, en la que los representaron los sindicatos.
“Estamos con ellos, queremos que nos defiendan, pero lo que nos decían no nos terminaba de convencer. Por ejemplo, el martes nos plantearon que había que esperar, que tenían una reunión con las autoridades para el viernes. ¡Nosotros no podíamos esperar tanto..! Y pasó algo piola, que fue que la mayoría de los trabajadores empezamos a pedir que circulara la información y todo el mundo accionó. Creo que eso nos sirvió a todos, también a los gremios, para poder presionar”, cuenta Lorena Moreno, una de las cesanteadas de Jefatura de Gabinete.
El manual de Cambiemos para echar estatales muestra tres pasos: el primero es el despido, en muchos casos masivo; el segundo, si hay resistencia, es armar alguna instancia de “revisión” con la promesa de enmendar eventuales errores. En los lugares de trabajo donde el nivel de conflicto se vuelve inmanejable, ofrecen a los despedidos renovarles los contratos por tres meses, plazo en el que evaluarán quiénes mantienen su empleo. En La Plata, como se sabe, el intendente macrista Garro directamente reprimió las protestas con la Policía Bonaerense.
El sostén de este esquema es el decreto que el presidente Mauricio Macri firmó el 24 de diciembre y el Boletín Oficial publicó el 29/12. En él instruyó a los ministros, secretarios y autoridades de todo el Estado a “revisar” los concursos y selección de personal de los últimos tres años. Macri pidió expresamente la anulación de contrataciones y designaciones, tras recordar a su equipo que la ley de regulación de empleo público (la 25.164) “establece que toda designación efectuada en violación a la normativa vigente podrá ser declarada nula”.
El mandatario justificó la “revisión del empleo público” con el argumento de que se debe controlar la “idoneidad” del personal a fin de tener un Estado eficiente.
Relación de fuerzas
La ejecución de los funcionarios de Cambiemos, sin embargo, obvió los controles de idoneidad e incluso los de si la gente iba a o no a trabajar. No hubo evaluaciones de capacidad, ni de asistencia.
Dos casos lo ilustran: Michetti, en el Senado, anuló todas las designaciones firmadas por su antecesor Amado Boudou en 2015 y dejó sin trabajo a 2035 personas. A al día siguiente, la vicepresidenta se enteró de que en ese paquete había dejado en la calle a más de 50 discapacitados, que habían sido tomados en cumplimiento de la ley que obliga al Estado a emplear a un 4 por ciento de discapacitados, y tuvo que rever su medida. Es decir, que ni siquiera sabía a quién estaba despidiendo: sólo tuvo en cuenta el número, el achique del gasto. En Quilmes, el intendente Martiniano Molina siguió un esquema idéntico y echó a mil personas, nombradas durante el último año de gestión de su antecesor Francisco Gutiérrez.
“Yo no recuerdo una transición tan traumática” para los empleados públicos, apunta Norberto Di Próspero, secretario de la Asociación de Personal Legislativo (APL). “Hace 32 años que trabajo en el Congreso, entré en el 84, con la recuperación de la democracia, y la única vez que hubo algo tan duro fue en el 89/90, cuando Eduardo Duhalde fue presidente del Senado y echó a mil personas. En todas las otras transiciones, la planta política se va con los legisladores salientes y la permanente queda, porque su trabajo es servir el café, limpiar el piso, hacer de taquígrafo, hacer tareas técnicas o contables. En cambio, acá ya antes de asumir Michetti dijo que había dos mil ñoquis y después echó a ese número. Al ñoqui lo sacás con un control; Cambiemos lo que quiere es otra cosa, imponer una política, la del Estado chico... lo que ya conocemos de otra década.”
Tras retrotraer los despidos de los discapacitados, en el Senado se abrió una negociación con los gremios por el resto de los cesanteados. Lo mismo sucedió en otros ámbitos. El modo en que se van resolviendo los despidos está ligado a la relación de fuerzas y no a la legitimidad o injusticia de la medida.
La Inspección General de Justicia (IGJ) es otro ejemplo de cómo la capacidad de los empleados de dar una pulseada o no define el escenario. “El mismo día que entró, el nuevo responsable dio de baja a 150 personas que tenían contratos de planta transitoria”, contó a Página/12 uno de los afectados del organismo. Los trabajadores pararon la atención en la mesa de entradas del organismo, con lo que bloquearon toda actividad de la IGJ. “Esa misma tarde nos dieron la prórroga de tres meses y la apertura de negociaciones.” La extensión de los contratos por tres meses está dentro de lo previsto en el decreto de Macri, pero al parecer sólo se implementa si es forzada por medidas gremiales.
En la Afsca, la intervención tampoco hizo control de eficiencia o ausentismo para los despidos. En el organismo que presidía Martín Sabbatella había un centenar de trabajadores afiliados a su partido, Nuevo Encuentro. Los militantes aportaban a NE por planilla, un mecanismo que permite que el empleador, con la autorización del empleado, transfiera directamente a la organización una cuota al partido. El sistema es el mismo que el de la afiliación a un sindicato. “La intervención tomó la lista de los aportantes por planilla y despidió a todos”, resumió Fernando Torrillate, ex funcionario de la Afsca. Una parte eran cargos políticos, que iban a irse junto con Sabbatella, pero otra parte son empleados que cumplían funciones técnicas: secretarias, fotógrafos, encargados de relevar contenidos de los medios.
Precarizados
La pelea contra los despidos se está dando mucho más en el terreno de la lucha gremial y no en los tribunales. La razón de que haya protestas –concentraciones, tomas de edificios, denuncias por las redes– pero pocas presentaciones judiciales obedece a los niveles de precarización preexistentes dentro del empleo público. “En el Estado hay 95 mil trabajadores precarios, y de ellos no menos de 25 mil son contratos basura: con universidades u organismos internacionales, cuentapropistas, contratos de locación de obra y servicio... son situaciones de endeblez legal. Por eso, iniciar acciones legales en muchos de estos casos es llevar al compañero a un callejón sin salida”, considera Hugo Godoy, titular de ATE.
“¿Qué derechos jurídicos puede tener una persona si trabajaba para el Estado pero contratado por una universidad?”, agregó el dirigente, que criticó las irregularidades de estos modos de contratación de la gestión kirchnerista. Para Godoy, la precarización dentro del Estado “fue injustificable: si uno mira el presupuesto del año pasado, hubo fondos para 45 mil cargos que no fueron efectivizados. Es decir que no hubiera alcanzado para dar cobertura a los 90 mil precarizados, pero a la mitad sí”.
Un balance al cierre de la semana, según los datos dados por ATE, daba los siguientes números:
2000 despedidos en el Senado
730 en el Centro Cultural Kirchner
200 en Agricultura
110 en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización
40 en Planificación Federal
50 en Trabajo
135 en la Afsca
16 en Cultura
12 en Desarrollo Social
En los municipios del conurbano: más de 7000 entre las intendencias de Quilmes (900), Lanús (1200), La Plata (4500), Brandsen, Escobar, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Madariaga, Moreno, Pila, Suipacha y San Pedro.
Las provincias sumaban sus despidos: 832 en municipios de Catamarca (FpV), 1000 en Tierra del Fuego, gobernada por el FpV, y 1600 en Mendoza, donde gobierna una coalición encabezada por el radicalismo.
POSPONEN LA CONVOCATORIA AL ACUERDO PARA CONTENER SALARIOS Y PRECIOS
Una foto que está en suspenso
La iniciativa, prevista para fin de este mes o principios del próximo, quedará en todo caso para marzo. En un contexto de despidos y represión, al gobierno de Macri se le hace difícil convencer a los gremios de sentarse a una mesa de diálogo con el Estado y los empresarios.
Por Nicolás Lantos
Hasta Moyano, el principal interlocutor sindical de Macri, planteó dudas sobre el acuerdo social.Imagen: Leandro Teysseire
La intención del gobierno nacional de contener salarios y precios a partir de un acuerdo multisectorial en el marco del Consejo Económico y Social tambalea. La iniciativa, inicialmente prevista para fines de enero o principios de febrero, de forma tal que sirviera como marco para contener las paritarias a cambio de la promesa de que las subas de precios se desaceleren, finalmente tendrá lugar –si es que sucede– en marzo. Desde cerca de Mauricio Macri aseguran que la demora se debe a que se está terminando de definir el formato que tendrán las reuniones tripartitas entre Estado, empresarios y sindicatos. La realidad es que, en las condiciones actuales, al Presidente le resulta por lo menos difícil sentar al movimiento obrero a su mesa. No solamente la CGT oficial y la CTA ya decidieron que, en un contexto de despidos y represión, no pueden aceptar la invitación; ayer el mismo Hugo Moyano, principal socio del macrismo en el sector gremial, dijo que el tema se ve “confuso” y puso en duda la participación de la central que conduce.
“Estamos refinando la dinámica del Consejo, por eso se pospuso” la convocatoria al COS, explicaban ayer fuentes del gabinete nacional. “Haremos reuniones individuales desde ahora con diferentes sectores y luego la convocatoria final, que la esperamos para marzo”, detallaron. Página/12 consultó con las dos CGT y con la CTA y en todas las centrales aseguraron que todavía no hubo ningún acercamiento desde el gobierno en este sentido; las invitaciones podrían comenzar a llegar esta semana. Los interlocutores en estos encuentros serían los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y otros funcionarios del gabinete económico, como el secretario de Comercio, Miguel Braun, clave en uno de los temas que más preocupa al Presidente: contener los aumentos de precios. La presencia de Macri en la mesa de negociaciones sólo estaría reservada para una reunión final, si puede garantizarse que haya gancho y foto con sonrisas.
Pero esa foto todavía está en suspenso. El primero en prenderle luz amarilla a la convocatoria fue el titular de la CTA, Hugo Yasky, que en los primeros días del año se plantó luego de que el ministro Prat-Gay planteara que los sindicatos debían resignar salarios para no arriesgar empleos. “No vamos a aceptar chantajes”, advirtió. “El diálogo social tiene tres pilares: la paritaria libre, los niveles de empleo de los últimos doce años y la vigencia del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la movilidad jubilatoria. Cualquier diálogo social se tiene que basarse en eso para poder prosperar”, agregó. En términos similares, aunque algo más diplomáticos, se expresaron dirigentes de la CGT que encabeza el metalúrgico Antonio Caló.
Las novedades de los últimos días, con alrededor de 15 mil despidos de estatales y represión a los trabajadores de por medio, alejaron todavía más la posibilidad de colaboración de estos sindicatos con el gobierno nacional. “No podemos sentarnos a discutir salarios con gente en la calle, y menos si a esa gente en la calle le mandan la Gendarmería con gases y balas. Si no hay un cambio de fondo en las políticas de este gobierno, va a ser muy difícil un acuerdo amplio”, aseguraba ayer un dirigente de peso en la CGT oficial. El secretario general de otro gremio de esa central agregó: “No queremos cerrar ninguna puerta antes de escuchar la propuesta, pero a esta altura ni siquiera estamos seguros de recibir la invitación a ese Consejo. Como están las cosas ahora, sería una pérdida de tiempo”.
Sin embargo, la peor noticia para Macri en este asunto es que la CGT que responde a Hugo Moyano, su principal interlocutor sindical, también está comenzando a reaccionar de forma negativa ante las primeras medidas del nuevo gobierno. El mismo dirigente camionero ayer rompió el silencio y cuestionó duramente a la administración PRO: “Se habla de un acuerdo social, pero nadie sabe cuáles son las bases, lo veo confuso el tema. ¿Qué vamos a firmar, el techo de las paritarias? ¿Y el techo de los precios quién lo pone?”, dijo. Además, agregó que “se equivocan” quienes “quieren responsabilizar a los trabajadores de los males del país” e incluso criticó la “represión a la gente” que reclamaba por los despidos.
DIALOGO CON RAUL ZAFFARONI SOBRE LA REPRESION Y LA ABUNDANCIA DE DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
“Van a matar a alguien, no sean brutos”
El ex juez de la Corte Suprema se preguntó si la escalada represiva es torpeza o provocación. Sugirió protestas pacíficas con autocontrol y sin corte total de calles. Sobre los DNU sostuvo que la necesidad debe ser republicana, no por simple gusto oficial ni por saltear al Congreso.
Por Martín Granovsky
Imagen: Sandra Cartasso
El jueves pasado festejó sus 76. Lleva un año fuera de la Corte Suprema tras haber cumplido la promesa de que a los 75 se jubilaría. Este año asumirá como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo para el que fue elegido en 2015. Mientras tanto, Raúl Zaffaroni no se priva de analizar al gobierno e incluso a la oposición.
–Después de la represión a los trabajadores de Cresta Roja también fueron reprimidos con balas de goma a corta distancia los estatales de La Plata. ¿Es un plan?
–Ante todo, los Estados modernos debemos cuidar a las burocracias. Si uno presume que hay “ñoquis” hay que poner a todo el mundo a trabajar y al que no trabaja se lo echa. No se echa a todos indiscriminadamente porque de esa manera se destruyen burocracias que ha costado mucho dinero construir: no se “fabrican” funcionarios de un día para el otro. Provocar cesantías masivas para meter luego a los propios es cosa de hace un siglo, no de un Estado contemporáneo, que necesita burocracias fuertes y consolidadas. En cuanto a la represión, es una torpeza política peligrosísima. Van a matar a alguien, no sean brutos. Están generando una masa de gente con bronca. ¿O acaso es una provocación? ¿Quieren que alguien se descontrole para justificar un homicidio? Eso, además de ser un crimen, tendría un alto costo político. El campo popular debe hacerse cargo urgentemente de conducir a esa gente, de contenerla. Hay que evitar que respondan a esas provocaciones. Nadie debe caer en esa trampa mortal.
–¿De qué modo?
–Ni la más mínima violencia como respuesta. Esa debe ser la consigna. Seguir protestando cuando corresponde, pero aguantar de pie. No cortar calles ni rutas, dejar pasar los vehículos, ocupar una parte nada más. No dar pretexto a la criminalización. Pero estar, protestar con la presencia, con lo que sea, de pie y firmes. Sin violencia. Sin dar excusas a la represión. Si alguno lo intenta, o es un infiltrado o es alguien a quien se debe contener de inmediato. Cuidado que en eso va la vida.
–Resistencia pacífica.
–Que, como toda resistencia pacífica, tiene su precio: consiste en aguantar las provocaciones que buscan lograr que quienes protestan ejerzan la violencia. A veces es difícil, pero siempre es posible. Al final se gana. Gandhi independizó a la India. Puede haber incluso una dictadura terrorífica, pero si un día la población decide simplemente no salir más de sus casas, la dictadura se cae. No necesitamos mártires. Tenemos demasiados. Necesitamos personas racionales y luchadoras, pero vivas, bien vivas.
–Los decretos de necesidad y urgencia transformaron a los ciudadanos en constitucionalistas. ¿Cómo hay que leer e interpretar la Constitución?
–Con sentido común, que es la famosa “racionalidad”. Las autoridades democráticas pueden hacer muchas cosas. Pueden elegir hacer unas cosas y no hacer otras. Esto se llama política. Pero lo que no pueden hacer es justamente “hacer cualquier cosa” y menos invocar necesidades que no existen. ¿Qué urgencia más que la de Clarín hay en desarticular la ley de medios y los organismos creados por ella?
–¿Qué urgencia hay?
–Yo no lo sé. ¿Qué necesidad y urgencia pública hay en hacer eso? ¿Me puede alguien decir qué urgencia pública hay en pasar la interceptación de comunicaciones telefónicas de la Procuración a la Corte Suprema? ¿Acaso no se están realizando correctamente como lo solicitan los jueces? ¿Ha habido denuncias de jueces porque la Procuración no intervino los teléfonos solicitados? ¿Se escapan los delincuentes porque el servicio no funciona? Es claro que no hay urgencia, al punto que la propia Corte resolvió postergar todo hasta febrero. Entonces, ¿no podía discutirlo el Congreso en marzo si la Corte no lo hace efectivo hasta febrero? El sentido común es el que señala cuándo algo es racional aunque no me guste. Y cuándo no lo es, aunque me guste. La necesidad y la urgencia no se inventan: deben responder a realidades. No se pueden invocar cuando alguien tiene ganas de hacer lo que le gusta. Si con el mismo criterio se manejarán en el futuro, me temo que puedan invocar la urgencia a los efectos de aplicar el artículo 23 de la Constitución.
–La potestad del Presidente de establecer el estado de sitio y suspender garantías constitucionales.
–Claro, es un artículo de la Constitución. Pero eso no quiere decir que se puede inventar una realidad para que en cualquier momento nos metan en estado de sitio en cualquier momento. Ahí sí que estaríamos todos en libertad condicional. El tono usado para la reforma por DNU de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual me recordó al decreto 4161 dictado por Pedro Eugenio Aramburu en marzo de 1956. Lo que están haciendo me hace pensar que desde el gobierno creen que son la “fusiladora” y que derrocaron a la “dictadura cristinista”. Sólo les falta ese decreto que penaba a todo el que nombrase al peronismo o cantase la marcha. Cuando un decreto de necesidad y urgencia no responde a ninguna necesidad ni urgencia no es constitucional, porque es una simple ley dictada por el Poder Ejecutivo, al que le está prohibido legislar. Hemos visto una maniobra muy peligrosa: por un lado la multiplicación de decretos sin necesidad ni urgencia, o sea, de decretos-leyes al estilo de los regímenes “de facto” y, por otro, la tentativa de introducir por vía de decreto a dos jueces en la Corte Suprema, con el obvio objetivo de que se los declaren constitucionales o, por lo menos, que demoren cualquier decisión que les haga perder vigencia. Creo que no les resultó del todo bien, pero la intención se mantiene.
–Ante la pregunta de por qué invocar la urgencia y la necesidad, la respuesta podría ser sencilla: porque a primera vista el Gobierno tiene el Congreso en contra.
–Claro, pero la necesidad constitucional no puede ser entendida como la necesidad política de “obviar” al Congreso. Eso es una enormidad. Si el Ejecutivo legisla por decreto-ley porque el Congreso no le sancionaría la ley que quiere, ¿por qué no lo clausura y asume la suma del poder? La necesidad constitucional debe ser una necesidad republicana y no otra: hay necesidad cuando hay peligro de algo para la República, para el país. Debo ascender a un oficial porque puede haber un problema de defensa nacional. Debo nombrar a un embajador porque está en riesgo una negociación clave. Debo nombrar un juez porque la justicia no se mueve y no pone un subrogante y hay delincuentes que pueden quedar sueltos. Pero no hay ninguna necesidad republicana si asciendo a general a mi primo subteniente, o si quiero nombrar embajador en Siria a mi cuñado para mandarlo lejos. O si quiero nombrar ministros de la Corte a mis compadres y sé que el Senado no daría el acuerdo. Eso no es ninguna necesidad republicana, es esquivar lisa y llanamente el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución. No se necesita ser un jurista para entenderlo. El sentido común lo indica.
–¿A qué objetivo apunta la presencia masiva en el Estado de cuadros que fueron gerentes generales o vicepresidentes ejecutivos de transnacionales?
–Sinceramente creo que no es un plan. Es más simple: se trata de una forma que adquiere la etapa superior del colonialismo que vivimos. Hoy se acabó el neocolonialismo. En el mundo mandan y compiten las corporaciones en el mundo. Ni Mr. Obama ni Frau Merkel están haciendo lo que quieren, sino que el poder político en todo el planeta está sitiado por corporaciones transnacionales a cargo de burócratas que son los CEOs. No son los dueños del capital. No son Henry Ford ni el gordo con cadena de oro y habano de las caricaturas de La Vanguardia de hace cien años. Son gerentes, burócratas que tienen por misión obtener la mejor renta en el menor tiempo para su corporación. Si no lo hacen serán desplazados y sustituidos por otros que esperan su turno. Por eso digo que no es un plan sino una nueva forma de virreinato. Simple y sencillamente. Mandan ellos, es decir las corporaciones transnacionales con sus agentes en funciones políticas. No hay un partido político en combinación con el “establishment” y que funciona como fusible. No. Directamente han tomado el poder, sin mediación política. Ya no nos ocupan por medio de oligarquías ni por nuestras propias Fuerzas Armadas alienadas en Panamá o en cursos dictados por fascistas franceses. Lo que sucede es que las corporaciones toman el comando de la economía y de la política a través de sus CEOs. Es un fenómeno nuevo dentro del marco del colonialismo, que debe leerse en clave mundial. Mientras analizamos este fenómeno pienso que debemos ser profundamente autocríticos con algo que falla. No nos hemos ocupado de las instituciones. No les dimos pelota. El campo popular no pensó en eso y el campo jurídico tampoco, y no sé cuál es más responsable de los dos. Los políticos tienen la disculpa de que su actividad es sumamente competitiva, propia del día a día, pero los juristas tenemos el deber de pensar porque estamos más lejos de la competencia cotidiana. No podemos confundir una democracia republicana con una democracia plebiscitaria. Si las confundimos llegaríamos a la conclusión de que Hitler y Mussolini eran demócratas. No es así: el que gana debe respetar a la minoría, porque debe dejar intangible el derecho de la mayoría a cambiar de opinión. Y esto debe estar establecido claramente en una ingeniería institucional que impida que la mayoría coyuntural haga cualquier cosa. Esto que está pasando nos pone sobre el tapete la realidad de que no tenemos la mejor Constitución del mundo, sino un texto de 160 años remendado a los ponchazos, en forma inconstitucional en 1957 y en forma constitucional en 1994, pero con urgencia para garantizar una reelección, sin mayor reflexión institucional ni valorización del parlamentarismo, por ejemplo. Hoy pagamos las consecuencias. Por eso digo que el campo político popular debe hacer su autocrítica. Es indispensable.
Análisis y propuestas sobre narcos y penitenciarios
En la entrevista, Zaffaroni se mostró preocupado por el transporte de drogas, al que sugirió resolver aplicando inteligencia, y por el consumo de paco. Sobre el SPB su recomendación fue disciplina y respeto jerárquico.
Por Martín Granovsky
Raúl Zaffaroni también accedió a responder qué debe hacerse con el narcotráfico y cómo disciplinar el Servicio Penitenciario Bonaerense.
–El Gobierno dijo que uno de sus tres objetivos principales es “combatir el narcotráfico”. ¿Qué debería hacer y qué no?
–El narcotráfico envenena toda la política en los países que geopolíticamente están más afectados, que son los productores y elaboradores de cocaína. Nosotros no estamos en esa situación. Por suerte: no por inteligentes ni por moralmente superiores.
–¿Y por qué la Argentina quedó a salvo?
–Porque la ruta para Estados Unidos está muy lejos. Y seguiremos a salvo mientras resulte más barato triangular con Europa desde más al norte. Con el narcotráfico internacional la prevención debe ser controlar los vuelos de transporte, para que siga siendo más barato y menos riesgoso transportar la cocaína desde otros países. Radares, control de pistas de aterrizaje clandestinas y orientar los servicios de inteligencia en ese sentido. Esas son las medidas que hay que tomar e incentivar. Nuestros servicios deben estar al cuidado de nuestra seguridad interior y exterior, y no servir de alcahuetes a otros.
–Esos consejos valdrían para el tráfico internacional.
–En cuanto al tráfico interno, que es nuestro problema de muertos, tenemos dos frentes. El primero son las villas, en las que hay que dar trabajo, deporte, cultura y estudio a los pibes. No perseguirlos si andan con gorrita. El problema de tráfico en la Argentina son las bandas de distribuidores en nuestra propia clase media. Esto a su vez genera violencia y muerte en las villas. No se puede distribuir sin complicidad de alguien que lo permite o que deja distribuir a una banda y no a otra. Los servicios de inteligencia deben servir para eso, para detectar quién encubre y saca ventaja. Los índices de homicidio en las villas son cinco veces más altos que en el resto de la sociedad. Y los muertos son nuestros. Son nuestros pibes, no son enemigos ni extraños. Son pibes nuestros. La impunidad de esos homicidios es altísima: no se investigan.
–¿Cuál es el segundo frente?
–El segundo frente interno es el “paco”. No hay producción y distribución de ningún “cartel”. Por favor, que no deformen la realidad. No está el Chapo detrás del “paco”. Son pequeñas mafias y la producción es casera. El “paco” no es ni siquiera del todo una “droga”. Es directamente un veneno. Aquí no hay broma: envenena, destruye tejido neuronal, idiotiza y mata. Una buena brigada policial lo erradicaría. Una brigada “anti-paco”. Una brigada de gente confiable y honesta, jugada. Hay policías honestos, no jorobemos, no pensemos que todo está podrido. No es cierto. Y hace falta un buen sistema de tratamiento e integración de los pibes “paqueros”.
–¿Por qué no hay avances en un sentido como ése?
–¿Será porque el “paco” no entra en la clase media y afecta casi exclusivamente a pibes villeros? El pibe “paquero” es un enfermo en serio. Corre riesgo de vida. No es tampoco ningún héroe villero, sino un marginal dentro de la marginación. Lo marginan y segregan los otros pibes. Vive marginado en la exclusión.
–¿Qué países de América latina combatieron bien el narcotráfico y cuáles lo combatieron mal?
–Ninguno logró combatir el narcotráfico. Si lo tomamos como “guerra”, es una “guerra” perdida. Pero el problema nos excede. Solo se puede plantear a nivel global, supongo que en la ONU. Vuelvo a la suerte. Hay países que como nosotros, tienen la suerte de estar lejos de las rutas principales. No es que combatieron mejor el narcotráfico sino que el narcotráfico no los afecta tanto. Sólo tienen los problemas propios de la distribución interna y la incidencia de productos venenosos más o menos equivalentes a nuestro “paco”. Hay otros países que por desgracia son rutas o están en el camino de las rutas principales. Se desplazó la violencia de Colombia hacia México y hacia América Central porque Estados Unidos controló más la entrada por mar y aire y ahora la droga entra por tierra. La peor política fue la mexicana, emprendida durante el sexenio de Felipe Calderón. Desestabilizó el equilibrio entre las bandas y generó una guerra entre ellas. Descontroló el territorio, metió a las fuerzas armadas en la cuestión, les hizo perder el respeto tradicional hacia ellas que surgía de la población. Las corrompió. El resultado final es un genocidio por goteo, con mucho más de 100 mil muertos y 20 o 30 mil desaparecidos, todo con una crueldad increíble.
–¿Una crueldad especial?
–Sí. No me asusta ver cadáveres, pero lo que he visto en las fotos y los videos de medicina legal de México no lo había visto nunca en mi vida. Castrados, decapitados, pieles arrancadas, cadáveres cortados por motosierras... No sé, atrocidades.
–A partir de la fuga de General Alvear queda un tema en pie: el estado del Servicio Penitenciario Bonaerense. El ex fiscal Hugo Cañón, muerto el domingo 3 de enero en un accidente, era un investigador sistemático de las cárceles y los carceleros en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se debe hacer además de introducir purgas?
–Diré una enormidad, pero no me queda otra alternativa: es necesario disciplinar internamente al SPB. No me gustan los servicios penitenciarios militarizados y de ningún modo propongo que pongan militares en las cárceles. Pero es necesario que los mismos agentes se sometan a una disciplina rígida. Debe haber una inteligencia interna fuerte. Son importantes los controles internos y externos. Pero cuidado con provocar a los presos, cuidado con crear violencia con motines valiéndose de “submarinos” y “buchones”. Disciplina y respeto jerárquico. Y que los superiores sean responsables y ejerzan autoridad. Empecemos por ahí. No tenemos una “industria del preso” muy rentable, porque nuestros presos son demasiado pobres, de modo que en esto no nos enfrentamos con intereses de millones de dólares. Es una corrupción relativamente barata, por así decir. Es algo que con disciplina, orden y mejoramiento salarial y de condiciones de trabajo se resuelve, porque es producto del desorden y del caos interno.
El arte de gobernar por DNU
COMO HACE MACRI PARA SORTEAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO
En un mes el Presidente firmó cinco decretos de necesidad de urgencia. Cuáles son los procedimientos excepcionales que establecen la ley y la Constitución para que el Poder Ejecutivo pueda dictar leyes. El rol de la comisión bicameral y la jurisprudencia de la Corte.
Por Sebastian Abrevaya
Macri reformó vía DNU la Ley de ministerios y la ley de medios, y hasta la aplicación del Código Procesal Penal.Imagen: Joaquín Salguero
Hoy, al cumplirse su primer mes de gobierno, Mauricio Macri llevará firmados cinco decretos de necesidad y urgencia. En verdad, la facultad del Presidente de dictar leyes es algo prohibido por la Constitución Nacional: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, dice la Carta Magna en su artículo 99, inciso 3, párrafo segundo. Sin embargo, Macri viene usando una pequeña ventana prevista en los párrafos siguientes con el objetivo de superar la enorme debilidad parlamentaria que tiene la alianza Cambiemos. Para atravesar ese obstáculo, decidió amoldar a su manera la interpretación de la Constitución, la ley que reglamenta los DNU (la 26.122) y desoír la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Cómo es gobernar por decreto? ¿Cuál es el camino que comenzó a recorrer el macrismo para escabullirse del Congreso, al menos hasta el comienzo de las sesiones ordinarias el 1º de marzo?
Organizada como República, basada en la división de poderes y su control recíproco, Argentina tiene normas de distinta jerarquía que regulan las facultades del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Al especificar las atribuciones del Presidente, la Constitución detalla en sus artículos 99 y 100 los escenarios en los que el jefe del PEN puede recurrir a facultades legislativas: “Sólo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”, dice en el inciso 3 del artículo 99. Es decir, tiene que cumplir expresamente la condición de excepcionalidad que haga “imposible” convocar al Congreso y aún en esas circunstancias, hay cuestiones que no puede modificar.
La Constitución también establece que un DNU debe someterse al control parlamentario. El jefe de Gabinete debe, en un plazo no mayor a 10 días, enviarlo a una comisión bicameral permanente, “cuya composición debe respetar la proporción de cada Cámara”. A su vez, la bicameral tiene 10 días para elevar su dictamen al plenario de cada Cámara “para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras”.
Como ocurre en otros casos, la Constitución delegó los detalles de la regulación en una ley especial. Para garantizar un grado de consenso amplio, exigió que esa norma regulatoria sea aprobada por una mayoría calificada. En esta caso, “la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
La ley
En 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández, se aprobó la ley 26.122 donde se reglamentó la intervención del Congreso respecto de tres tipos de decretos presidenciales: los de necesidad y urgencia, los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes. La comisión bicameral permanente de la que habla la Constitución está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, “respetando la proporción de las representaciones políticas”. Sus miembros pueden ser reelectos y se renuevan con cada renovación legislativa, es decir, cada dos años. Anualmente se elegirán sus autoridades y le corresponderá alternativamente un período a cada Cámara. Dadas sus características y su excepcionalidad, la bicameral es la única comisión del Congreso que continúa en funcionamiento aun cuando éste se encuentre en receso, como ocurre actualmente. Para sesionar necesita la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Es decir, nueve. Actualmente el FpV cuenta con ocho integrantes (cinco senadores y tres diputados), mientras que el oficialismo tiene seis y el PJ disidente dos. Si bien el último 21 de diciembre se constituyó la comisión tras la renovación legislativa, no se logró acuerdo sobre la elección de autoridades, por lo que su funcionamiento quedó limitado. El dato del presidente resulta clave ya que para emitir dictamen de mayoría, en caso de empate, el voto del presidente vale doble.
La comisión debe expedirse sobre la validez o no de un DNU y elevar el dictamen a cada Cámara. No puede rechazarlo o aprobarlo de manera parcial. Si el DNU no es remitido al Congreso en 10 días, la bicameral puede tratarlo de oficio. Si bien la ley dice que una vez emitido el dictamen en la comisión, las cámaras lo tratarán “de inmediato”, el hecho de que no se determinen plazos concretos habilita al Senado y a Diputados a tomarse con bastante laxitud el tiempo para hacerlo.
Para que un DNU sea descartado, ambas cámaras del Congreso deben rechazarlo. No alcanzara, por ejemplo, con el voto negativo del Senado, donde actualmente el FpV tiene una amplia mayoría. Ese punto de la ley fue motivo de las mayores críticas hacia el kirchnerismo por parte tanto de la UCR como del PRO, que ahora podrían verse beneficiados.
La posición de la Corte
Si bien el control de los DNU es una facultad del Congreso, el Poder Judicial también puede revisar su constitucionalidad. En 2010, la Corte Suprema, con su integración completa de siete miembros, declaró inconstitucional un DNU de 2002 y sentó jurisprudencia sobre la interpretación que debe hacerse del texto constitucional: “Cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo, que por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
Al citar otro fallo, la Corte recordó que ya expresó las circunstancias deben darse para que el presidente pueda ejercer legítimamente sus facultades legislativas: “1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación requiere una solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes”.
Si bien el Congreso estará en receso hasta el 1º de marzo, el presidente tiene la facultad para convocar a sesiones extraordinarias, tal como se ha hecho en años anteriores. Según un análisis del sitio Chequeado, desde el 83 a la fecha, sólo Eduardo Duhalde, en plena crisis política económica y social de 2001, se animó a recurrir a este recurso con mayor frecuencia (en promedio) que el líder del PRO.
Fuente:Pagina12
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