Resumen Latinoamericano / ElDestape / 16 de enero de 2016 –
Pasadas las 14 horas Martín Sabbatella logró entrar al edificio de AFSCA, según confirmó a través de las redes sociales el propio funcionario.
Sabbatella había intentado ingresar al organismo varias veces esta semana, luego que el pasado 11 de enero los jueces Iván Garbarino y Martina Isabel Forns resolvieran devolver su cargo al ex titular del organismo y restablecer la Ley de Medios cancelada por decreto por Macri.
De todas formas, desde ese día, en todas las oportunidades la Policía Federal le impidió el ingreso, hasta hoy, cuando la Justicia confirmó la vigencia del fallo que suspendió el decreto de intervención del organismo.
Avruj se reunió con CELTYV: ¿vuelve la teoría de los dos demonios?
Resumen Latinoamericano / Notas.org.ar / 16 de enero de 2016 –
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recibió a integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), ONG que equipara al terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones políticas armadas.
Victoria Villarruel, la titular de CELTYV, junto con otros integrantes de la ONG se reunieron con Avruj y dialogaron, en sus palabras, sobre “la deuda que mantiene el Estado argentino con las víctimas del terrorismo”.
La organización intenta nuclear a las víctimas colaterales, no buscadas, o a sus familias, del accionar guerrillero de la década del 70 en el país. Y exigir al Estado su reconocimiento como víctimas del “terrorismo” con el consecuente resarcimiento económico.
“Estamos muy esperanzados y contentos de haber dado este importante primer paso que se suma a los 10 años de trabajo que llevamos adelante y así irnos dirigiendo lentamente hacia un país con inclusión y una visión más integral de lo ocurrido en la dolorosa década del 70”, afirmaron en un comunicado desde CELTYV al salir de la reunión.
¿Quiénes son y qué piensan?
“La expresión terrorismo de Estado no sólo es desafortunada, sino también confusa”, había dicho Villarruel en una entrevista en La Nación de 2010. Y agregaba: “El terrorismo de Estado es una categoría política, que crea un terrorismo mayor que oculta y opaca las acciones del propio terrorismo”.
“Los derechos humanos no son para un sector, para una época, para una ideología determinada”, afirmó en la mencionada entrevista Villarruel, en un discurso que remite a aquellos de Cecilia Pando o demás activistas de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA).
Aun negando las especificidades y gravedad del terrorismo de Estado, la presidenta de la organización niega que su reclamo sea ideológico: “El hecho de que las víctimas hayan sido producto de las acciones de organizaciones mayoritariamente de izquierda genera una natural tendencia a pensar que la ONG representa a la derecha, cuando en rigor no se trata de una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de reconocimiento de derechos a víctimas inocentes”.
Pero a pesar de sus esfuerzos comunicacionales para parecer una agrupación ciudadana solidaria, preocupada y desprovista de posición política en materia de memoria y derechos humanos, en los hechos sus posiciones sutiles y cuidadas no tapan el fundamento que existe por detrás. Ni quiénes son sus secuaces.
Sin ir muy lejos, el vicepresidente de CELTYV, Arturo Larrabaure en 2006 organizó una misa por esta misma causa a la que asistió Pando, Bernardo Neustadt y algunos militares retirados. Además, el mismo día de la reunión con Avruj expresó en su cuenta de Twitter que “nunca perderán las esperanzas” de que “liberen a los militares presos injustamente”, ante la pregunta de otro usuario.
En la entrevista de 2010 Villarruel se preguntaba, en relación al accionar del Estado en el presente: “¿Por qué no actúa igual para defender a las personas que ni siquiera militaban en una organización armada? Un terrorista no es lo mismo que una víctima”.
Desde CELTYV tampoco hicieron silencio respecto a la polémica editorial de La Nación sobre los juicios de lesa humanidad: “El editorial no hace más que relatar algo que está ocurriendo en Argentina”, dijo Villarruel.
Y agregó que la reacción de repudio de los trabajadores del diario le resultó “increíble”. “Suponiendo que todos los juicios son contra personas que fueron culpables, no le podés explicar al caníbal que no debe comerse al otro comiéndose a él. Quiero el juzgamiento de los terroristas Montoneros y del ERP para que terminen presos por lo que cometieron, pero no violando sus derechos”, agregó.
“El pañuelo blanco es el símbolo encubierto de la maldad, el terrorismo no reconocido en argentina y de los asesinos de los años 70”, dice en su cuenta de Facebook uno de los integrantes de la ONG, Sergio Renó, que formó parte de la comitiva recibida por el secretario Avruj.
Ya en 2012 distintos organismos de derechos humanos habían rechazado el planteo político de esta ONG, cuando presentaron un proyecto de ley pidiendo un resarcimiento económico por un ataque de Montoneros a un regimiento que obtuvo media sanción en diputados.
“No podemos permitir que desde la Cámara que representa a nuestro pueblo se sancionen estas leyes que retroceden en el camino andado e intenten restablecer la Teoría de los Dos Demonios”, expresaban desde H.I.J.O.S Capital. Y continuaban: “Esta ley pretende igualar el accionar de las organizaciones armadas con el plan sistemático de terror, persecución y exterminio implementado desde el Estado, poniendo en pie de igualdad el ataque a un regimiento con los más aberrantes delitos que ha sufrido nuestro pueblo”.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Buena Memoria continúan exigiendo sin éxito una audiencia con el funcionario Avruj desde que asumió en el cargo. Prioridades.
Julia de Titto y Erica Porris – @julitadt y @EriPorris
Ajustar y castigar
Por Juan Manuel Erazo / Resumen Latinoamericano / Notas / 15 de enero de 2016 –
A un mes de la asunción del nuevo gobierno, el macrismo respondió a dos protestas laborales con represión. Mientras el establishment busca generar consenso para aplicar una agenda antipopular, la realidad demuestra que “la revolución de la alegría” no se defiende con globos, usa balas.
Lejos de la pobreza cero y unidad de los argentinos, la alianza Cambiemos pone en evidencia sus verdaderos objetivos. Debe aplicar a como dé lugar la agenda de los sectores agroexportadores y las cámaras empresariales que buscan elevar sus niveles de rentabilidad en tiempos convulsionados para la economía regional y mundial. Para esto implementan la vieja receta liberal de achicar al Estado, reestructurarlo en sus funciones y forma para consolidar una herramienta que incline la cancha a favor de la clase dominante y se ausente ante las demandas de los sectores populares.
Por otro lado, deben garantizar el disciplinamiento de una clase trabajadora que en estos últimos años ha recuperado varios de los derechos perdidos en la década de los 90. Para eso es necesario contar con una gran masa de desempleados para extorsionar a los trabajadores activos y negociar flexibilidad por empleo. En palabras del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, “cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”. Y se escucha por lo bajo, de boca en boca, que ya se despide, que se exige de más. El plan está en marcha.
El movimiento popular se encuentra desorganizado y fragmentado para resistir la arremetida, lo que no significa que este debilitado, cuenta hoy en día con más fuerza politizada que en otros tiempos. Las centrales sindicales oscilan entre acuerdos con el actual Ejecutivo, silencios incómodos y adormecimientos varios. No obstante se resiste como se puede. Hay asambleas de trabajadores/as estatales y de la economía popular, movilizaciones, en definitiva, iniciativa para organizar la bronca.
El gobierno propone un Pacto Social entre el sector empresarial, el sindicalismo y el Estado, siempre y cuando se pueda deteriorar la capacidad negociadora de los trabajadores. El establishment cuenta hoy con el control de los poderes políticos, mediáticos y (en algunos caso) judiciales en la búsqueda del consenso que le permita vender perlas truchas sin que nadie chistee. El campo popular debe preguntarse si el macrismo avanza a pesar del consenso, o si en definitiva cuenta con más del que se creía.
La antesala
Como le dijo Hugo Chávez a Mauricio Macri, “no se puede estar bien con Dios y con el Diablo, el que trate de hacerlo se vuelve loco”. La política de la conciliación tiene limitaciones históricas. A partir del 2013 se abrió una etapa donde, lejos de las confrontaciones con el establishment característicos del 2008-2011, el gobierno kirchnerista cumplió con varios puntos de la agenda conservadora para garantizar la gobernabilidad. En este marco, se endureció su política hacia la protesta social, respaldando el sentido común reaccionario encarnado en figuras como Sergio Berni.
Lejos de una respuesta clara ante la pérdida del poder adquisitivo del salario, se vio como
se apaleaba a los trabajadores de la línea 60, de EMFER-TATSA y el patético espectáculo de un gendarme arrojándose sobre un auto en el conflicto de Lear. El CELS, organismo de DDHH presidido por el periodista Horacio Verbitsky, llegó a emitir un comunicado titulado “Preocupante desplazamiento en la política de no represión de la protesta social”.
La represión en tiempos del kirchnerismo demostró las falencias estructurales de una receta que quiso conciliar ganancia capitalista con inclusión social, amparándose en estructuras de la vieja y repudiada política. Hubo cercos mediáticos, vistas gordas y grandes omisiones. Ahora bien, en el macrismo la represión es la mismísima receta. Por eso hablar de “continuidad” en la política represiva es caer en una exageración que con el tiempo podría transformarse en una irresponsabilidad lamentable. Es necesario dimensionar las consecuencias nefastas que puede generar el monopolio de la violencia legítima directamente en las manos de los empresarios.
En busca del consenso perdido
El avance de las políticas liberales va a encontrar resistencia, eso es inevitable. La (muy inestable) política de “no represión” del kirchnerismo, y las constantes luchas y denuncias de organizaciones políticas y de DDHH, son algunos de los factores que redujeron el consenso social que se necesita para repartir palos sin generar mayores resquemores.
El macrismo busca aun más consenso. Legalmente con la vieja “ley antiterrorista”, una herencia del kirchnerismo que el macrismo no cuestiona. Por otro, el Tribunal Superior de Justicia porteño dictó un fallo en el cual dispone que la policía tenga la capacidad de exigir el DNI sin un motivo previo. Si se implementa sin mayores problemas, el fallo podría superar los límites del “laboratorio” porteño y extenderse garantizando detenciones sin que medie orden judicial y asegurando una preocupante autonomía de las fuerzas de seguridad.
En palabras del activista de los DDHH Adolfo Pérez Esquivel, “el PRO quiere subordinar las cuestiones sociales a las políticas de seguridad que (…) operan como reproductoras de las desigualdades”. El poder mediático también reproduce las desigualdades. Machacando hora tras hora con la idea de “ñoquis” para justificar los despidos estatales, reproduce el ABC del consenso represivo: el trabajador siempre es la violencia, el capital armado es la paz.
En un artículo escrito para La Nación, Joaquín Morales Solá marcó el camino de la represión perfecta: “Otro desafío que tiene el Gobierno es el de administrar la represión sin provocar muertes. Hay un problema objetivo: las fuerzas de seguridad han perdido el temor que solían provocar en los revoltosos, y éstos, a su vez, se tornaron cada vez más violentos”. Por su parte, Miguel Ángel Toma escribió paraClarín: “Si fracasara la instancia negociadora, el Gobierno siempre dispone del uso de la fuerza de manera gradual y proporcionada para lograr el objetivo con el menor costo posible”.
“Tras más de una década en el papel de meros espectadores del descontrol social, las fuerzas del orden se olvidaron de los manuales que les enseñan a reprimir sin producir una violencia desmedida”, señala Morales Solá. “La negociación con quienes protestan para acotar su alcance es un mecanismo adecuado, pero sin que ello presuponga que el Estado se despoja de su rol de preservar el orden y el control del espacio público”, acompaña Toma.
Hoy el lobo esta suelto, la derecha gobierna y manda. Mas allá de la conciencia antirepresiva (vapuleada, desgastada) que se ha generado en estos últimos años, el campo popular deberá proponer una contraofensiva organizada a nivel local y continental para frenar una avanzada de la derecha que puede ir recrudeciendo su “revancha de clase”. Salvador Allende dijo alguna vez, “no se puede detener la historia con crimen y represión”. La historia por ahora camina, sigue de pie.
@JuanchiVasco
Preocupación en Argentina por posible atentado
Resumen Latinoamericano/ Sputniknews / 15 de enero 2016.-
El extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Miguel Ángel Toma, aseguró que hay “unos 20 argentinos” que fueron reclutados por Daesh, autodenominado Estado Islámico, y que se encuentran combatiendo en Siria, según informó Infobae.
Al menos 23 argentinos y tres brasileños estarían en las filas de Daesh El dato —que ya había aparecido en una investigación de Soufan Group, una empresa de análisis de seguridad de Estados Unidos- constituye “una amenaza gravísima”, según Toma, porque esos ciudadanos “podrían ingresar al país sin que nadie lo note” y estarían en condiciones de perpetrar un atentado.”
Con cuatro o cinco fusiles que puedan conseguir en una villa, un sábado en la noche pueden parar en la puerta de algunos teatros que hay en la avenida Corrientes, y no tendrían ningún impedimento para realizar un atentado similar al ocurrido en París (en el que murieron 130 personas)”, destacó el exfuncionario de inteligencia.
Lea más: Daesh, la peste que nos acecha a todos
En el estudio de Soufan Group, publicado en diciembre, también aparecen tres brasileños, 5.000 europeos y cerca de 4.700 combatientes originarios de la ex Unión Soviética.
El grueso de los combatientes proviene de los países árabes (6.000 tunecinos, 2.500 saudíes, 2.000 jordanos), entre sus filas de 30.000 voluntarios procedentes de 86 naciones. Envío:ResumenLatinoamericano
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