Por Horacio Verbitsky
Con las reuniones de gobernadores en San Juan y del PJ bonaerense en Santa Teresita, el peronismo se mostró unido para enfrentar la “profunda inequidad” de Macri en la distribución de los recursos. La ostensible inconstitucionalidad de los decretos sobre coparticipación endurece los reclamos. Amenazan con recurrir a la Justicia.
LA REACCION DEL INTERIOR ANTE EL INCONSTITUCIONAL DECRETO SOBRE COPARTICIPACION
El que parte y reparte
Los encuentros de San Juan y Santa Teresita revelan la agitación del avispero federal por los decretos tributarios de CFK y de Macrì. La equidad distributiva se cruza con los alineamientos políticos. El centralismo porteño, reforzado por un decreto de ostensible inconstitucionalidad, fastidia a las provincias. Alfonsín compró gobernabilidad desprotegiendo a la Provincia de Buenos Aires, un lujo que Macrì no puede permitirse porque allí se juega su futuro. Emergencia en seguridad y negocios.
Por Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Jorge Larrosa
El decreto 194 que casi triplicó la coparticipación primaria de impuestos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires favorece al distrito que el ahora presidente Maurizio Macrì gobernó durante ocho años y que sigue al mando de su Alianza Cambiemos. Constituye un avance brutal sobre el federalismo, como denunciaron de inmediato los gobernadores Carlos Verna, de La Pampa, Juan Manzur, de Tucumán, y Juan Urtubey, de Salta, y el diputado José Luis Gioja. El tema se analizó en la reunión que un alto número de gobernadores celebraron ayer en San Juan y en el encuentro de dirigentes del justicialismo bonaerense en Santa Teresita. La justificación oficial sólo agregó escarnio. Horacio Rodríguez Larreta pretendió que era la transferencia constitucional de recursos que acompañaba el traspaso a la Ciudad de una parte de la Policía Federal, cuando la mejora en la coparticipación duplica el costo de esa readecuación. Si se le suma el decreto de necesidad y urgencia 73, que anuló la devolución del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a todas las provincias, se aprecia mejor la magnitud (enorme) y el alcance (extenso) de la crisis que se está incubando.
El decreto 194 se presenta como una simple reglamentación del artículo 8 de la ley de coparticipación 23.548 por el cual el Poder Ejecutivo fijaba el monto de la coparticipación de la Capital, que por entonces sólo era un ente administrativo de la Nación. Pero a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando la Capital adquirió entidad política y el Congreso la facultad de fijar la coparticipación de la Ciudad Autónoma, es evidente que no se trata de un decreto reglamentario sino de uno delegado, sólo admisible de existir necesidad y urgencia y nunca en materia tributaria. El artículo 75.2 de la Constitución también dice que la coparticipación “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, progresividad imposible si se favorece al distrito de mayor ingreso per cápita.
En el encuentro de Santa Teresita, del que participaron intendentes y legisladores de distintas líneas internas de la oposición justicialista, sobrevoló el recuerdo de aquella ley 23.548, que estableció un “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, a partir del 1º de enero de 1988”. Raúl Alfonsín la impulsó cuando el gobernador era el inesperado gobernador radical Alejandro Armendáriz, porque derrotado en las elecciones de 1987 y sin los votos de la mayoría peronista en el Senado hubiera debido renunciar aún antes a la presidencia. Desde entonces, la provincia de Buenos Aires recibe un porcentaje menor que el de su población, por el que no han dejado de quejarse los sucesivos gobernadores, con excepción de Eduardo Duhalde, quien como condición para dejar la vicepresidencia y presentarse como candidato a gobernador consiguió que el gobierno de Carlos Menem le compensara esa pérdida con el famoso Fondo del Conurbano. El presidente Fernando de la Rúa congeló esa suma y hoy María Eugenia Vidal sólo puede paliar esas penurias con endeudamiento, que es pan para hoy y calamidades para mañana. Las comparaciones siempre son odiosas, pero a veces ni siquiera resultan útiles. Macrì no está en el ocaso de su mandato, acaba de iniciarlo. Luego de haber conseguido romper el confinamiento de su partido PRO dentro de los límites de la Capital Federal y haber obtenido una victoria que ni él esperaba en la Provincia de Buenos Aires, sabe que el futuro de su gobierno no se juega del lado porteño del linde. También lo sabía Néstor Kirchner cuando persuadió a Daniel Scioli a dejar el Abasto y postularse para gobernar la provincia. El mapa electoral de 2016 muestra una simbólica franja amarilla que cubre el centro del país, desde el puerto hasta la Cordillera, flanqueada por dos bandas azules al norte y al sur, donde predomina el azul justicialista o kirchnerista, con las excepciones radicales de Jujuy y Corrientes. Las veleidades políticas de un juez santafesino y otro cordobés devolvieron a sus respectivas provincias el 15 por ciento de la coparticipación que habían resignado para sustentar el régimen previsional, y la inquina entre la anterior presidente y el actual (con sus decretos contradictorios sobre la extensión de ese beneficio al resto de las provincias) terminó por agitar el avispero federal. Pero el gobierno amarillo de Vidal puede confiar en que el gobierno central no lo dejará desamparado, porque allí se juega su propio futuro. Los que están embromados son los azules, que deberán ganarse a como dé lugar cada peso adicional que reclamen. Se verán episodios asombrosos.
Poder de veto
La reforma constitucional de 1994 agregó una dificultad insalvable al atribuir poder de veto a todas las provincias en la coparticipación ya que ningún cambio podrá sancionarse “sin la aprobación de la provincia interesada”. Por eso han pasado 28 años y siete presidencias en las que se aplicaron un centenar de parches a esa ley pero no fue posible modificarla. Esto sin duda ha reforzado la discrecionalidad de la Nación. Quien lo explica con conocimiento y precisión es Jorge Gaggero, el experto en temas impositivos para quien “el federalismo fiscal argentino es un nudo gordiano difícil de desatar”. En un trabajo con ese título, Gaggero cita a su colega canadiense Richard Bird para quien “antes que los tecnicismos y los artificios de corto alcance, lo verdaderamente importante es el difícil y lento proceso de construcción institucional que hace posible los cambios y les da estabilidad en el tiempo”. Es decir, todo lo contrario de lo que viene ocurriendo en la Argentina, y no sólo con este gobierno. Gaggero remonta su análisis a los tres siglos iniciales desde los primeros asentamientos españoles, cuando la única jurisdicción existente fue la municipal. A partir de la independencia ganan fuerza las provincias y a partir de 1880, el joven Estado nacional. “Las distintas jurisdicciones municipal, provincial y nacional se ordenan hoy exactamente a la inversa de su secuencia histórica de desarrollo. La institución más débil es la municipal; le sigue la provincial, que ha perdido mucha fuerza relativa y –de acuerdo con los últimos números fiscales y evidencias políticas– sigue retrocediendo; y, por último, la nacional, que se proyecta con gran potencia relativa (y absoluta) a costa de las dos primeras”, dice. A principios del siglo XX, las provincias financiaban con tributos propios el 80 por ciento de su presupuesto. Al mediar el siglo, ya con el régimen de coparticipación bien asentado, esa autonomía se había reducido al 50 por ciento. Era del 35 por ciento cuando Menem y Domingo Cavallo impusieron los Pactos Federales Fiscales, y en la actualidad ronda el 30 por ciento. Este es el trasfondo contra el que debe analizarse la situación actual.
El gobierno cree que puede hacer un reparto discrecional, porque la ley de coparticipación es anterior a la reforma constitucional de 1994, pero este es un argumento leguleyo, que prescinde de la realidad política y constitucional. Una hipótesis que podría sondearse ante este jaque perpetuo es la sanción de una ley común que enmiende la transitoria de 1988 y no reglamentaria del 75. 2 de la Constitución.
Un fondo insolidario
Macrì incurrió en una grosería similar con el decreto 133/15 que eliminó o disminuyó retenciones. Lo justificó en una facultad que el artículo 755 del Código Aduanero delegó en el Poder Ejecutivo y que el anterior gobierno invocó al aumentarlas con la resolución 125 de 2008. La diferencia es que entonces esa delegación estaba vigente, pero hoy no. La cláusula transitoria octava de la Constitución estableció que toda la legislación delegada que no tuviera plazo establecido para su ejercicio caducaría en cinco años, salvo que el Congreso la ratificara con una nueva ley. Luego de una década de prórrogas anuales, la ley 26.519 de 209, impulsada por la oposición de entonces, le puso punto final, con la idea de escasearle recursos al gobierno de Cristina. Por eso la delegación del Código Aduanero caducó en agosto de 2010 y su invocación por Macrì es insostenible, de modo que el decreto 133 es nulo por inconstitucional. La transferencia de miles de millones de dólares a un pequeño grupo de empresas exportadoras, sin siquiera control de que el beneficio llegue a los productores, se agrava por el efecto que tiene sobre el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 por el decreto de necesidad y urgencia 206, con el 30 por ciento “de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja” para financiar la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. A su vez, un 30 por ciento de la transferencia automática de la Nación a las provincias se destina desde entonces a los municipios. Sólo la convalidación del decreto por la Comisión Bicameral Permanente con competencia para pronunciarse sobre los decretos emitidos por delegación legislativa y su posterior ratificación por el Congreso podrían dar validez a una decisión que hasta hoy es legalmente nula.
Otra vez el flagelo
Por Horacio Verbitsky
Mientras los decretos bonaerenses de María Eugenia Vidal declararon la emergencia de los sistemas policial y penitenciario de la provincia, reconociendo que son parte central de la crisis que quedó en evidencia con la triple fuga de General Alvear y la sucesión de torpezas hasta la mansa entrega de los prófugos rendidos por la sed y el cansancio, el decreto de Macrì utiliza ese mismo episodio para colocar a lo que llama sin especificaciones “el narcotráfico” como el principal problema de la Argentina. El Papa Francisco impulsa este enfoque, desde que era presidente de la Iglesia Católica argentina. Luego se plegó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y no hay partido político que se resista a este canto de sirena vaticano. La idea de combate contra un enemigo externo a la sociedad que se caracteriza como un flagelo a destruir es la que fracasa en el mundo desde hace 40 años, cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”. Para seguir ese camino sin salida, Macrì decretó caduca la distinción entre seguridad y defensa, consagrada por acuerdos suprapartidarios durante cuatro gobiernos distintos, los de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner. Sin ningún diagnóstico serio, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico. La caracterización del comercio de narcóticos como violatorio de la soberanía nacional, es pregonada desde el Comando Sur para América Latina, pero no es la que aplica en su propio territorio. No hay fronteras mejor radarizadas ni Fuerza Aérea mejor pertrechada que las estadounidenses, lo cual no ha impedido que su mercado para el consumo de estos productos prohibidos sea el mayor del mundo. No hay otro país de la región que haya ido tan rápido y tan a fondo con la militarización de la seguridad que México, pero el año pasado la cantidad de homicidios creció casi 9 por ciento, según informes oficiales consignados por Reuters, hasta 17.013 en 2015. El presidente Enrique Peña Nieto intentó capitalizar la recaptura de Joaquín Guzmán, El Chapo. Pero según una encuesta del diario “Reforma” casi un tercio de los mexicanos piensan peor de su presidente desde entonces. En realidad, la confianza en la policía, los militares y los políticos se derrumbó luego del secuestro y asesinato de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Y otro arresto tuvo más efecto que el de El Chapo: en España fue detenido por lavado de dinero de Los Zetas un aliado del presidente, el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira. Fue puesto en libertad pero no podrá salir de España mientras se investigan sus nexos relaciones con ese grupo criminal. El Procurador General mexicano había dicho que no había elementos para acusarlo.
Durante las últimas campañas electorales, se presentaron proyectos de ley del Frente Renovador, la UCR, el PRO y el Peronismo Federal que permitirían aplicar la pena de muerte a quienes sean sospechosos de cometer un delito y no acaten desde el aire las órdenes militares, sin debido proceso en juicio previo y desconociendo la presunción legal de inocencia, además de violar el derecho internacional, que prohíbe el ataque a naves civiles que no constituyan una amenaza armada. Disposiciones de ese tenor ya han sido promulgadas en otros países de la región:
- Perú, por decreto presidencial de Alberto Fujimori en 1992. El programa fue suspendido en 2001 debido al derribo de un avión civil que causó la muerte de una familia de misioneros norteamericanos y una beba de siete meses, que no tenían relación alguna con drogas. Según el general peruano Carlos Bohórquez “hasta el año 2001 se derribaron o neutralizaron 101 avionetas: 30 eran colombianas y 30 peruanas; el resto eran de Brasil y otros países”. No hay datos sobre el número de personas que resultaron muertas o heridas en estas misiones. En 2015 el Congreso reimplantó la ley, promulgada por el presidente Ollanta Humala.
- Colombia, por un acta del Consejo de Seguridad en diciembre de 1993. Las leyes de Colombia y Perú se originaron en el programa estadounidense Air Bridge Denial (ABD). De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, durante julio de 2009 y abril de 2010, se inutilizaron 13 aeronaves y se inmovilizaron 51. Según el informe “Estrategia Nacional para el Control de Drogas” de 2005 de la Casa Blanca, el programa colombiano coordinado con el Comando Sur, condujo en 2004 a la destrucción de 13 aviones. Pero no hay información disponible sobre el número de muertos y/o heridos en estas operaciones.
- Brasil, por ley sancionada en 1998, y reglamentada en 2004. Entre 2006 y 2013, fueron realizadas 120 misiones de persecución aérea en las regiones de frontera en Brasil. En 2009, tuvo lugar el primer disparo de aviso contra un avión sospechoso y en octubre de 2015 el primer intento de derribo, pero la aeronave logró aterrizar y su tripulación huyó sin ser identificada.
- Venezuela, por ley de 2012, reglamentada en 2013. En noviembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro afirmó que su país había derribado 30 aviones supuestamente vinculados al narcotráfico, pero no hay información oficial sobre víctimas en esos episodios;
- Honduras y Bolivia, por ley, en 2014; dos años antes la Fuerza Aérea hondureña derribó dos avionetas sospechosas, por lo cual Estados Unidos decidió no seguir compartiendo inteligencia de radar con Honduras.
- Paraguay, por ley, en 2015. Durante el debate parlamentario se suprimió la referencia explícita al derribo, pero el articulo 5 autoriza a la Fuerza Aérea a “emplear los medios que juzgue necesarios para obligar a la aeronave (irregular) a aterrizar” donde le indiquen.
- Uruguay tiene una ley de derribo, pero ha decidido no aplicarla. Según explica el jefe de su Fuerza Aérea, su política ante un avión que no acata la orden de aterrizar es avisar a los países limítrofes para que ellos se encarguen.
Lo único tranquilizador es que con la dotación actual las Fuerzas Armadas argentinas sólo pueden derribar el prejuicio sobre su eficiencia para esa función.
Al asimilar el narcotráfico con una agresión militar extranjera se faculta la intervención de las Fuerzas Armadas en una cuestión de seguridad pública. La vasta experiencia internacional demuestra que esto contribuye a escalar la violencia sin entorpecer el negocio ilegal. El decreto de emergencia no reconoce que por corrupción y falta de profesionalización las fuerzas de seguridad son un engranaje fundamental de los mercados ilegales, así como la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención. Sus vicios no serán corregidos con los procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego, como la convocatoria a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada otras veces sin resultado positivo, porque obstaculiza cualquier reforma seria y desprofesionaliza a las fuerzas. Estos cuerpos policiales reforzados pero igual de violentos y corruptos son luego destinados a operativos de saturación en barrios pobres, sumando un problema más a las situaciones cotidianas de violencia que sufren sus habitantes. La declaración de emergencia no contempla medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales como un mejor control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero. Por el contrario, la unidad encargada de elaborar estas políticas pasará a ser conducida por especialistas que en la actividad profesional litigaron contra el Estado en defensa de acusados de narcolavado, y consideraron inconstitucional la legislación que ahora deberán aplicar. Tampoco se conocen medidas para intervenir en la relación entre fútbol y política, fenómeno que el crimen de Unicenter demostró vinculado al narcotráfico, y esto no se debe a que el flamante presidente carezca de conocimiento y experiencia en la materia. La declaración de emergencia está pensada como una medida de impacto comunicacional más que como una política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados. Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Padre e hijo
Por Horacio Verbitsky
El presidente Maurizio Macrì llevó a Davos a su asesor en inversión extranjera directa, el ingeniero industrial Horacio Reyser Travers, quien lo acompañó durante sus principales entrevistas. Su padre, Horacio Florencio Néstor Reyser, es un vicealmirante de la Armada retirado hace dos décadas, quien asesora a la Iglesia Católica argentina en cuestión de drogas. Fue agregado naval en los Estados Unidos y ya como Comandante de la Flota de Mar participó en encuentros bilaterales sobre seguridad con el Comando de Operaciones de la Armada estadounidense, en Norfolk. Viajó allí en junio de 1993 como parte de la política de relaciones carnales, junto con el canciller Guido Di Tella y el secretario de Asuntos Militares Vicente Massot. El ministro de Defensa, Oscar Camilión, deseaba designarlo jefe de Estado Mayor, con el visto bueno estadounidense, pero Carlos Menem prefirió al jefe de la casa militar de la presidencia, Carlos Alberto Marrón, y Reyser pasó a retiro. En 1995, participó en el CARI (organismo de lobbying de Relaciones Exteriores) en un seminario sobre “La nueva agenda de seguridad en el hemisferio sur”, que considera a las drogas como una de las “nuevas amenazas” en materia de seguridad que justifican la intervención de las Fuerzas Armadas. Por medio del obispo emérito Jorge Casaretto llegó a Bergoglio, quien le encomendó la política de drogas de la Iglesia Católica.
El hijo inició su carrera en Siderca, de la transnacional italiana Techint, como planificador financiero. Participó en la adquisición de la siderúrgica venezolana SIDOR, que luego fue estatizada por el gobierno bolivariano de Hugo Chávez. También fue director de las empresas de seguridad Juncadella Prosegur Internacional y Prosegur Argentina. Integra la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que conduce el Episcopado Católico, y es Vicepresidente y Director del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una entidad que promueve la agenda estadounidense en el hemisferio y centra su acción en la denuncia del gobierno de Cuba.
Desde 1998 es uno de los cuatro accionistas del mayor fondo estadounidense de inversiones en Latinoamérica, Southern Cross, junto con el argentino Norberto Morita, el chileno Raúl Sotomayor y el cubano-estadounidense Ricardo Rodríguez. Desde 2012 y hasta que Macrì asumió la presidencia, fue director de Ultrapetrol, de Bahamas.
Si hay algo que no puede discutirse del presidente argentino es su coherencia y previsibilidad.
UNANIME CRITICA DE LOS GOBERNADORES PERONISTAS A MACRI POR LA SUBA DE LA COPARTICIPACION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Con el reclamo de un verdadero federalismo
Los diez gobernadores del FpV pidieron discutir el reparto de los recursos coparticipables y la restitución a todas las provincias del 15 por ciento que se les detrae para financiar la Anses. Advirtieron que recurrirán a la Justicia si no obtienen respuestas a sus planteos.
Por Nicolás Lantos
Por Nicolás Lantos
Los gobernadores peronistas, reunidos en San Juan, destacaron la “injusticia” de la decisión de Macri de favorecer a los porteños.
Imagen: Gentileza Diario de Cuyo.
Imagen: Gentileza Diario de Cuyo.
“La distribución de los recursos fiscales es la principal herramienta que tenemos como nación para corregir las desigualdades que se producen entre las distintas regiones, generadas por sus particularidades geográficas, históricas, demográficas y económicas”, asegura el texto que surgió de la reunión convocada por el diputado nacional y ex gobernador sanjuanino, José Luis Gioja. “Ya existía una injusticia porque la distribución que hoy rige data de 1988 y hay muchas situaciones que no se contemplan adecuadamente”, agrega el comunicado antes de advertir que esa “injusticia hoy vigente es profundizada por el decreto” que firmó Macri esta semana, aumentando en un 268 por ciento el flujo de dinero hacia la Ciudad de Buenos Aires con el argumento de que así se financia el traspaso de la Policía Federal.
Esa decisión “es una pésima noticia” para quienes están “convencidos de que el verdadero desarrollo viene de la mano de una mayor justicia distributiva”, agrega el documento, que recuerda que la Constitución establece que el reparto de la coparticipación debe “acordarse con todas las provincias”. En principio, para paliar la situación, reclaman que “en lo inmediato se debe devolver el 15 por ciento que se detrae de la masa de fondos coparticipables” para financiar a la Anses, ya que la Corte Suprema “a fines del 2015 estableció que esa detracción es inconstitucional”. También destacaron la “profunda inequidad que hoy se vive” con San Luis, Santa Fe y Córdoba, beneficiadas por la sentencia del máximo tribunal y recordaron que la situación había sido corregida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un decreto que Macri dejó sin efecto.
En San Juan se vieron por primera vez las caras todos los gobernadores del Frente para la Victoria después del 10 de diciembre: estuvieron presentes Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos Verna (La Pampa), además del anfitrión Sergio Uñac. También participaron Gioja; el presidente del PJ, Eduardo Fellner; y el jefe del bloque de senadores del PJ en el Congreso, Miguel Pichetto. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, todavía afuera del espacio aunque con la puerta entreabierta, estuvo invitado pero declinó el convite en esta ocasión. El ex candidato presidencial Daniel Scioli también prefirió no aceptar la invitación aunque envió en su lugar a su hermano José Scioli.
La inminente interna del justicialismo tuvo su lugar también en el encuentro, aunque se privilegió la unidad a la hora de dar un mensaje firme al gobierno nacional antes que las diferencias entre los asistentes que, desde ya, son muchas. En ese sentido, Gioja advirtió que “desde el punto de vista partidario lo más importante del encuentro ha sido lo reivindicativo y responder ante una clara injusticia” que cometió el gobierno nacional. “Hay un clamor de todos los que hemos estado de empezar a transitar un camino que tenga que ver con la normalización e institucionalización partidaria”, agregó el sanjuanino, que abogó por un peronismo que “contenga a la mayoría porque sabe que unidad no es uniformidad sino marchar juntos”.
En tanto, Pichetto señaló que es importante “realizar una gran convocatoria” para elegir autoridades partidarias, aunque dejó afuera de ese espacio a Sergio Massa, a quien esta semana el presidente Macri nominó para conducir el PJ. “Estamos trabajando dentro del peronismo, del Frente para la Victoria y ellos vienen de una propuesta que es el Frente Renovador”, advirtió. Por su parte, Urtubey también habló de “la necesidad de avanzar en el camino que haga a la institucionalidad del partido” y recordó que Massa, con quien compartió una cena hace dos semanas, “no está militando hoy en el Partido Justicialista” aunque “nadie tiene la llave de la puerta de entrada al peronismo”.
El tucumano Manzur, que gobierna la provincia en manos del peronismo, dijo, a su vez: “No creo que sea viable lo de Massa, salió por otro partido”; mientras que el entrerriano Bordet coincidió en que el diputado nacional “claramente viene de otro espacio político” y “en las últimas elecciones no ha apoyado” a los candidatos del peronismo. La única voz discordante en ese sentido fue la del pampeano Verna, quien opinó: “Massa y De la Sota tienen las puertas abiertas, son peronistas y pueden participar, se puede proponer cualquiera y el que decide es el pueblo peronista”.
EL PJ BONAERENSE RECLAMO MAS FONDOS PARA LA PROVINCIA
Por una mayor coparticipación
Dirigentes de todos los sectores del peronismo, entre ellos 55 intendentes, se reunieron en Santa Teresita. Además de pedir más recursos para el distrito, advirtieron sobre las consecuencias de las medidas que implementó el gobierno de Macri.
Por Nicolás Lantos
Por Nicolás Lantos
“Hoy vemos que se vulneran los derechos individuales y colectivos”, advirtió el PJ bonaerense.
Imagen: DyN.
Imagen: DyN.
“Solicitamos que el aumento en la coparticipación que el presidente Macri le ha otorgado a la Ciudad de Buenos Aires sea un antecedente para reparar la injusta situación de la provincia de Buenos Aires”, dice el texto escrito en el club de golf de la ciudad balnearia. “Nos encontramos con unidad y responsabilidad histórica bajo la misma bandera y revalorizando los mismos principios: la construcción de una patria socialmente libre, económicamente justa y políticamente soberana”, agrega.
“Muchas veces hemos planteado dos modelos de país y hoy vemos que se vulneran los derechos individuales y colectivos. La sociedad nos dio la responsabilidad de ocupar el rol de oposición a través del apoyo del 49 por ciento y representar el valor democrático de defender todo lo conseguido desde el lugar que nos toca en la representación institucional y política”, indicaron los dirigentes en el comunicado.
De la reunión en Santa Teresita participaron 55 intendentes y más de cincuenta legisladores nacionales y provinciales. El anfitrión fue el jefe comunal del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, y también estuvieron sus pares Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Fernando Grey (Esteban Echeverría). Alberto Decalzo (Ituzaingó), Gustavo Arrieta (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros.
También fueron de la partida el senador Juan Manuel Abal Medina; la ex ministra de Industria de la Nación Débora Giori; los legisladores provinciales Walter Abarca, Daniel Barrera y Darío Díaz Pérez y el ex presidente de la cámara de Diputados nacional Julián Domínguez. El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli no estuvo pero sí tres de sus dirigentes de mayor confianza: Alberto Pérez, Alejandro “Topo” Rodríguez y Alberto De Fazio.
“Macri está generando medidas que benefician a los sectores más ricos de la Argentina y están empezando a perjudicar a los sectores medios y de los trabajadores”, advirtió Espinoza en la apertura del encuentro.
Por su parte, Domínguez fue el encargado de cruzar a Sergio Massa, quien fuera postulado por Macri para encabezar el peronismo. “Es absurdo que se pretenda decidir el futuro del peronismo en Davos, en Washington o en el FMl. Es absurdo que quienes nos han hecho perder en la segunda vuelta y se la hicieron ganar a Macri pretendan conducir al peronismo”, expresó.
LA INTERNA PERONISTA, EN SEGUNDO PLANO
Todos unidos contra MacriPor Nicolás Lantos
No los une el amor, está claro. Pero el gobierno de Mauricio Macri le provee al peronismo/Frente para la Victoria el espanto suficiente como para garantizar, por ahora, la unidad de ese espacio y su centralidad como polo opositor. Mientras los operadores políticos del PRO (con el propio Presidente a la cabeza) intentan meter una cuña entre el kirchnerismo y el peronismo territorial, las políticas internas que lleva adelante la Casa Rosada funcionan exactamente en el sentido contrario, cohesionando la inestable alianza entre gobernadores, intendentes, los bloques legislativos más numerosos de cada Cámara en el Congreso, organizaciones sociales y políticas, algunos sindicatos, una ex jefa de Estado con importante respaldo popular, un dirigente recientemente votado por casi el 50 por ciento de la población y un puñado de aspirantes a gobernar el país dentro de cuatro años.
Ayer, los dos grandes polos de poder territorial del peronismo se reunieron para manifestar su oposición al aumento unilateral de la porción de la Ciudad de Buenos Aires en la torta de recursos coparticipables. En San Juan y en Santa Teresita las placas tectónicas de la política vibraron en la frecuencia de la interna peronista, que tiene un horizonte muy tangible ya que a comienzos de mayo vencen los actuales mandatos de las autoridades partidarias y el fantasma de una intervención judicial, a pedido del peronismo oficialista para beneplácito del gobierno, sobrevuela la caravana justicialista que empieza a atravesar un largo desierto de cuatro años en el llano. Pero esa interna hoy está asordinada por el descontento con el oficialismo y no asoma a la superficie, reservada para las manifestaciones unánimes de oposición a Macri.
Hasta Juan Manuel Urtubey, el más moderado de los peronistas, ayer se sumó a la voz de sus colegas gobernadores pidiendo “ser tenido en cuenta en la reasignación de recursos y terminar con los discursos”. El salteño, dicho sea de paso, ya lanzó su corriente interna y es hasta ahora el único contendiente firme en la carrera hacia la presidencia del PJ, aunque sus reuniones públicas con Sergio Massa y las reservadas con los armadores del PRO Emilio Monzó y Rogelio Frigerio despertaron recelo en filas justicialistas. El intendente de Resistencia y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, todavía no lo anunció oficialmente pero actúa como candidato. Massa fue nominado por Macri en Davos y en menos de 24 horas se echó para atrás. Cristina Kirchner, como siempre, se niega a entrar en la disputa partidaria. Scioli espera.
Todo parece indicar que habría, por primera vez en la historia, internas en las que el voto directo de los afiliados elija la conducción partidaria. “Es la única forma en la que el ganador queda dotado de la autoridad que va a necesitar para conducir al peronismo en este período”, argumenta un viejo armador pejotista. “Es una situación particular, dispersa, inestable. Una elección vía un congreso partidario, a puertas cerradas, sólo puede terminar mal”, interpreta un diputado con mucha rosca peronista en el cuentakilómetros. En ese escenario, la masiva campaña de afiliación que está organizando el kirchnerismo puede volcar el resultado. Es posible que los padrones sean objeto de debate y lleguen a la Justicia, donde todo quedaría en manos de la jueza con competencia en la materia, María Servini de Cubría.
El cómo organizar en pocos meses una elección nacional con millones de electores, y de dónde saldría el financiamiento de semejante esfuerzo aún está por verse. Algunos dirigentes, incluso, dudan de la conveniencia de entrar en un proceso de esa naturaleza durante los primeros meses del gobierno de Macri. “El peronismo debería enfocarse en cumplir su rol como oposición y garante de los derechos de la sociedad ante el avance de la derecha, no desgastarse en internas”, asegura un intendente del conurbano que no ve con buenos ojos una elección de este tipo. Desde la CGT oficial, un dirigente de peso coincide: “No es momento de sacarnos los ojos entre nosotros. Eso es lo que quiere Macri”.
Un puñado de dirigentes kirchneristas que prefiere evitar las elecciones ya sondea las posibilidades de encontrar una lista de unidad, con la bendición de CFK y el acuerdo de gobernadores, intendentes, diputados, senadores, sindicatos y organizaciones. El único candidato que podría (con énfasis en el condicional) concitar ese nivel de consenso, estiman, es Scioli. El resto de los aspirantes a conducir debería acompañar desde un asiento en la mesa chica u optar por el sendero massista, cuyas veredas, aún, no han dado flores. El 2 de febrero se reunirá el Consejo Nacional Justicialista, donde tienen una silla todas las figuras de primer nivel, excepto la ex presidenta, que contará con suficientes emisarios. Quizás allí comiencen a delinearse los contornos de la interna.
La reacción del Gobierno
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió al cruce de la reunión de gobernadores peronistas y afirmó que el presidente Mauricio Macri busca “avanzar hacia un país federal” luego de “uno de los gobiernos más unitarios de la historia” argentina. Para el funcionario “está muy bien” que los gobernadores opositores “se junten y debatan”, pero pidió que tengan “muy claro que Mauricio Macri tiene entre sus objetivos avanzar hacia un país federal”. En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló sobre la postulación que hizo Macri de Sergio Massa como futuro jefe del peronismo y aclaró que “no era el espíritu” de las declaraciones presidenciales “meterse en la cuestión institucional partidaria” sino que la opinión del mandatario tuvo que ver “más que desde lo institucional desde el partido político” con que “Massa tiene una cuota de representación importante”. Para Peña, “cómo se organicen” los peronistas “es un tema que les compete a ellos”. “No nos vamos a meter en la vida política de otra fuerza”, concluyó el jefe de Gabinete.
El mensaje de Scioli
Massa postula a De la Sota
Volver al mundo carnal
El banquero central se venía llevando bien con el mandatario y mal con el ministro de Economía Roberto Lavagna. Se estaba ultimando la apertura del primer canje de deuda externa. Prat-Gay comenzó a plantear cuestionamientos a la propuesta argentina, al principio en voz baja. Llegado el momento, le trasladó su moción alternativa a Kirchner. Arguyó que Lavagna había sobreactuado su dureza con los acreedores y con los organismos internacionales de crédito. Vaticinaba un fracaso estridente del canje, sugería mejorarlo poniendo 2000 millones de dólares cash para saciar el apetito de los acreedores.
Y un trato mucho más transigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos internacionales de crédito. Respecto del Fondo, promovía un cumplimiento estricto de sus “metas”.
En el relato de Prat-Gay, si no se ponía la plata sobre la mesa (un dineral en ese momento) y no se retomaba la relación cariñosa con los organismos el canje sería un fracaso y el 2005 un año fatal para la economía argentina. Prat-Gay leía, en errada perspectiva política, que Kirchner y Lavagna estaban enfrentados en ese tema, justo en la coyuntura en la que era imprescindible cerrar filas.
A Kirchner el planteo le cayó fatal. Percibió que se dividiría el frente interno justo en el tramo decisivo, un síntoma de debilidad que la contraparte aprovecharía. Despidió al banquero central sin más, diciendo que “quería hacernos poner 2000 palos verdes”. Kirchner no era muy florido orador pero siempre se entendía lo que quería decir. Maliciaba que Prat-Gay atendía más al interés de los bonistas que al nacional, por ponerlo con delicadeza, “La política económica la manejo yo”, concluyó el presidente y obró en consecuencia. Todo esto fue contado en este diario en ese lejano entonces, escala uno en uno.
El canje, es sabido, fue exitoso. El 2005 un tiempo próspero con reactivación de la economía real, generación de cientos de miles de puestos de trabajo formales. El Frente para la Victoria (FpV) se consolidó electoralmente con el triunfo arrasador de la hoy ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires contra Hilda “Chiche” González de Duhalde.
Mucha agua pasó bajo los puentes desde entonces. Prat-Gay es un alfil relevante en el equipo del presidente Mauricio Macri. En la semana que pasó lo acompañó a Davos, accedió a que el FMI vuelva a intervenir en la economía nacional. Y sentó las bases para un nuevo endeudamiento.
En la “herencia maldita” que recibió Macri hay dos indicadores que eran virtuosos para el kirchnerismo. Un bajísimo endeudamiento público y privado por un lado, medido en relación al PBI. Y una baja tasa de desempleo por otro. Ambos fueron objetivos centrales de las gestiones kirchneristas, en los mejores y en los peores momentos. Insumieron esfuerzo colectivo, inversión social, políticas direccionadas.
El macrismo se encamina ahora a cambiar esas variables: aumentar el endeudamiento y el desempleo. Ya emprendió el rumbo y esto recién empieza.
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Las diferencias importan: La economía padece un problema recurrente en nuestra historia: la restricción externa. Acudir al crédito internacional no es pecado, si se hace con tino y sentido nacional. El gobierno anterior quiso intentarlo, por eso saldó deudas con el Club de París. También esa motivación fue una de las concausas del acuerdo con Repsol previo a la recuperación estatal de YPF. Lo obstaculizó un repunte de la crisis financiera que azota al mundo desde 2008, con breves ratos de tregua.
Re-endeudarse formaba parte del “programa común” de los tres presidenciables que sacaron más votos el año pasado: Macri, el ex gobernador Daniel Scioli y el diputado Sergio Massa.
Las propuestas electorales ya mostraban un giro a centro derecha del sistema político, la diferencia sensible era la moderación y ciertos compromisos. Scioli, con Silvina Batakis como ministra de Economía y Miguel Bein como consultor estrella, lideraba una fuerza comprometida con la conservación del empleo, la defensa de la industria local y ciertos pisos inderogables de derechos laborales y sociales. Macri llegó con (muy) otra hoja de ruta, que hizo escala en la estelar localidad suiza.
El oficialismo ya produjo cambios contundentes: una transferencia de ingresos sideral a favor de los grandes exportadores, “el campo” a la cabeza. Una trepada de precios notable, en especial en artículos de primera necesidad. Una batida brutal de despidos en el sector público que promete escalar.
Ninguna medida pro-trabajadores despintó el cuadro general. Calma, que una habrá aunque (porque) no será de cuño propio.
En marzo se producirá el aumento semestral a los jubilados, otra herencia aciaga del kirchnerismo, tanto en su regularidad como en los valores reparadores derivados del coeficiente fijado por ley. Las huestes de Cambiemos despotricaron contra esas normas, no las votaron. Algo es algo: por ahora no hay DNU a la vista para derogarlas.
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Tomar sólo con prescripción médica: Conseguir fondos vía endeudamiento es una de las claves de la política económica del macrismo. En su versión más caritativa, se supone que servirán de colchón para compensar medidas regresivas. Ningún gobierno democrático se consolida sin tener plata, los de derecha no excepcionan la regla.
El equipo financiero de Prat-Gay subrayó que se desbloquearon créditos factibles de organismos internacionales volcados a proyectos sociales o de infraestructura: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Es así y es cierto que Cristina Kirchner venía predicando desde hace años que es válido endeudarse para promover políticas sociales o potenciar la obra pública. El nodo, en esta y tantas cuestiones de la vida, es cómo se hace y por cuánto.
Los administraciones posteriores a 2003 mantuvieron relación con el BM y el BID, que se no extrovirtieron mucho porque chocaba con su discurso más simplista. Se volcaron para financiar total o parcialmente programas del área de Salud como el Remediar, el Nacer, el Funciones esenciales en Salud Pública (FESP). El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del ministerio ídem es otro caso. La lista es incompleta, se da como ejemplo.
Lo que el kirchnerismo siempre rechazó es quedar supeditado a las condiciones-imposiciones del FMI que ahora se vuelven a aceptar, camufladas en sus clásicas revisiones de las cuentas públicas.
Hay un argumento banal de los apologistas del crédito internacional. “Si cumplís bien, nunca se paga, siempre se refinancia.” Referido a la banca privada o pública extranjera, es un insulto a la inteligencia suponer que esos piratas son filantrópicos o que pierden dinero.
El FMI es un ejemplo distinto porque su finalidad superior no es la financiera sino la intervención y control de las políticas estatales de sus “socios”. La sujeción les importa más que el pago monetario. En rigor, el pago no dinerario se constituye en una variable de la dependencia.
En manos de un gobierno empresas-friendly la herramienta es un riesgo enorme. Goza de una ventaja comparativa respecto de la última década del siglo pasado: es el margen que da el bajísimo endeudamiento.
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Los laburantes, un problema: Un punto nodal es el empleo en la concepción de la derecha argentina y mundial. El salario es, antes que nada, un rubro de la “competitividad”. Traducido al criollo: salarios decorosos o dignos... competitividad en vilo.
La valoración no pondera solo ni principalmente criterios de igualdad o de justicia social, vade retro. Lo sustancial es la comparación con el de otros países. Concepto que choca de frente con el relativo orgullo de los argentinos que ganan más que sus vecinos y hermanos se clase. Un empresario de Siderca les explicaba recientemente a gremialistas con los que cinchaba que en ese sector un trabajador argentino gana en relación de 1,5 a 1 respecto de un mexicano, después de la devaluación. La solución, ya se sabe, es achicar la diferencia.
La funcionalidad de los despidos del sector público (que cobran masividad y se tornan
aluvionales) no se limita a la “reducción del gasto público”. También aumenta la cantidad de desocupados, con la hipótesis de minar la combatividad sindical y también de aumentar la masa de desocupados
El sector público es un coto de caza del macrismo, cualquier porcentaje virtual concretado de despidos mete pavura (ver recuadro aparte).
Los despidos en el sector privado incluyen esa lógica y no están exentos del ánimo revanchista de patronales obtusas que creen que los trabajadores gozaron de privilegios exorbitantes en este tiempo.
El quántum se develará en meses o en un año. Apostar a un incremento sensible del desempleo es una praxis perversa todo indica que es plato principal del menú y es el escenario más factible, que va despuntando.
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Hacer es más difícil que decir: La rebaja o quita de las retenciones surtió efectos inmediatos. Pero, ay, los aliados estratégicos “del campo” no desembolsaron todas las divisas que Prat-Gay dio por pagadas cuando anunció la devaluación. Las trapisondas entre ganadores están en el orden del día.
La suscripción de los Bonar 2020 resultó un fiasco. El oficialismo culpa al mal momento financiero internacional, que existe. Sus críticos reprochan mala praxis a los JP Morgan boys. La pluri causalidad ayuda a comprender la mayoría de los fenómenos, por ahí también estos.
Prat-Gay usa el vocablo “holdouts” para nombrar a los fondos buitre, que le contestan como si fueran aves de rapiña. El Gobierno les habló con el corazón y por ahora se toparon con que los usureros son implacables y poco contemplativos. Compartir ideología con quienes representan a los deudores no los domestica. La realidad se hace difícil, aunque la aquiescencia de los negociadores argentinos puede lubricar algo. Durante años se contó que la mala educación del kirchnerismo impedía un acuerdo veloz y satisfactorio... en fin.
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Davos, dulce hogar: Davos es una ciudad acogedora, chimentan. La agenda con dirigentes políticos de otros países es un ensueño para Macri, Prat-Gay y Massa que fue de chaperón. La nómina de gobernantes de derecha es llamativa. El primer ministro británico David Cameron, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Si el republicano Donald Trump triunfara en las primarias y en las presidenciales norteamericanas acunaría una pesadilla para su país y para el mundo. Puede ocurrir o puede quedar en el camino, la sola perspectiva agobia.
El Frente Nacional de la dinastía Le Pen crece en Francia, su principal adversario pinta ser la derecha reaccionaria y chauvinista del ex presidente Nicolás Sarkozy. La diferencia existe pero las semejanzas predominan y abruman.
La derecha ganó las elecciones presidenciales acá, las parlamentarias en Venezuela. En Brasil jaquea a la presidenta Dilma Rousseff a la que poco y nada le sirvió remedar el programa de sus adversarios.
El contexto político general es una regresión derechista, a gusto y paladar de Cambiemos.
El contexto económico es infausto para cualquier proyecto. China ya no crece a tasas chinas. El tren europeo consta solo de la locomotora alemana, con cero vagones. Brasil sigue en recesión. El precio del petróleo, permítase un sarcasmo fácil, perfora el piso.
En ese marco arranca el primer mandatario de derecha elegido por el voto popular. Deberá tener mucha muñeca para sostener la legitimidad y la gobernabilidad.
La obcecación en ciertas medidas brutales, la detención de Milagro Sala a la cabeza, posiblemente lo erosionarán en el largo plazo aunque por ahora no se note. La coparticipación dadivosa a la Ciudad Autónoma puenteando y despreciando a los demás gobernadores no parece ser una genialidad política, precisamente, aunque de momento todo pasa.
Sobre dirigentes y cabezas
Por Mario Wainfeld
Las proyecciones oficiales se quedarían cortas aún si no fueran macanazos. Falta la poda de los subsidios que el ministro de Energía Juan José Aranguren anuncia inminente: será otro impulso hacia arriba.
Las primeras paritarias importantes en ese escenario serán las docentes, a nivel nacional y provinciales. La cuenta regresiva hasta el comienzo de las clases va más rápido que las tratativas.
Los bancarios patearon su paritaria hacia adelante, con un toque de distinción. Pactaron con la opulenta patronal (siempre ganadora) varias sumas fijas mensuales, que mejorarán más a los salarios bajos. El total servirá de piso para la convención colectiva en regla, que será después del verano.
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El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut desató un conflicto candente. Congregó en una asamblea a quince mil personas. La empresa Tecpetrol, de la multi-argentina Techint, amenazó levantar varios equipos de perforación poniendo en riesgo la fuente de trabajo de cinco mil laburantes. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria sin que haya acuerdo a la vista.
Magnánimo, Aranguren propuso que “todos” cedieran un cachito: la empresa, la provincia petrolera y los trabajadores. El ex CEO de Shell tiene una sesgada noción de la justicia retributiva.
Los petroleros trabajan duro en condiciones exigentes. Sus sueldos son (con lógica y justicia) altos, comparados con los de otras ramas de actividad. Cuentan con un recurso reivindicativo esquivo a otros compañeros: un paro de actividades tiene un enorme impacto, cerrar el suministro de gas y petróleo es más potente que ocupar una plaza.
Es un conflicto específico, con una medida de fuerza latente. Excepción en el cuadro general, salvo en el sector público en el que las acciones son reactivas, una vez producidas las iniciativas del oficialismo (ver nota central y recuadro aparte).
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Dada la merma ya operada del salario real y las amenazas de Prat Gay, la combatividad de los gremios es muy baja. También lo sería si se la comparara con la que enfrentó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Alto Valle de Río Negro es un ejemplo sugestivo. Productores de frutas las arrojaron a las rutas. La devaluación lejos estuvo de beneficiar a las “economías regionales” en su conjunto. A ellos no les llovió el maná. Es para otros tramos de la cadena de valor la llovida, como en la copla.
Las disputas intra sectoriales son un clásico, era un desenlace previsible, a contramano de la oratoria macrista. Las dificultades de los productores son preexistentes pero años atrás los trabajadores se sumaban a la protesta. Ahora se mantuvieron quietos. Es esperable la complacencia de Uatre, gremio del oficialista y patronalista Gerónimo Venegas. Pero hay otros sindicatos que, por ahora, permanecen a la espera.
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Tal vez gravite la hipótesis que es prematuro y perdedor enfrentar a un gobierno recién elegido. Seguramente influye también la falta de combatividad de la mayoría de la dirigencia sindical.
La fragmentación del movimiento obrero en cuatro centrales (o cuatro y pico, si contamos a la del gastronómico Luis Barrionuevo) era un rédito cortito, mezquino para el gobierno popular kirchnerista. A la larga, generaba trabas y complicaciones.
Para la administración macrista es una buena ventaja comparativa estratégica.
Los dirigentes más empinados de ambas CGT combinan declaraciones más o menos atinadas con un reunionismo ineficaz y hasta aburrido.
Las convenciones colectivas serán un desafío novedoso. Por primera vez desde 2003 los sindicatos tendrán enfrente a un gobierno que les quiere poner coto y un empresariado con renovadas ínfulas. Se subraya “enfrente”.
La magnitud de la pérdida de derechos y bienes de los compañeros debería servirles de acicate y despabilarlos.
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El tres veces presidente Juan Domingo Perón hablaba con frecuencia de “la columna vertebral” del movimiento que lideró. A veces aludía al movimiento obrero organizado, otras a la clase trabajadora. No son lo mismo, hay un orden conceptual que muchos jerarcas sindicales subestimaron tantas veces. La representatividad se pondrá a prueba, en un estadio histórico adverso.
Otro dicho proverbial del peronismo es aquel que pregona que se llega a la lucha “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. No es lo mismo, para nada. Por ahora se cuentan con los dedos de una mano los dirigentes que están a la altura. En el futuro cercano, habrá que ver.
El coto de caza
Por Mario Wainfeld
La ocupación de empresas y Sociedades del Estado es incompleta porque falta información del Correo Argentino, Agua y Saneamientos Argentinos, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Energía Argentina S.A., Tandanor y Arsat.
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La Planta ocupada de la provincia de Buenos Aires, sector público provincial, para 2012, llegaba a 654. 435 trabajadores. La fuente es Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Dncfp) en base a información de las jurisdicciones.
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Los estados nacionales y subnacionales crecieron desde 2003 porque cumplen mejor muchas de sus funciones, desde la recaudación de impuestos hasta la cobertura jubilatoria y social. Además cumple más funciones sociales, productivas y reguladoras que años atrás. En buena hora, aunque con errores y renuncios.
Ese espacio es el coto de caza del macrismo hoy día. Los objetivos son numerosos. Debilitar a la clase trabajadora uno, desbaratar al Estado benefactor otro. Esos afanes fueron parte del repertorio de todos los gobiernos de derecha que asolaron la Argentina. El primero democrático, ungido por el voto popular continúa la tradición, en ese aspecto.
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La información se agradece a la politóloga Malena Chudnovsky y la economista Malena Acuña que amablemente accedieron a compartir esos datos de una investigación pluridisciplinaria que están realizando.
Por Edgardo Mocca
Es cierto que es la primera vez que la derecha gana, presentándose como tal, en elecciones libres y democráticas en la Argentina después de la ley Sáenz Peña, de 1912. Es también la primera vez que un gobierno enfrentado con las corporaciones poderosas de la Argentina culmina su mandato en condiciones de normalidad institucional. La derecha pudo acortar unas horas su mandato –lo que no deja de ser un símbolo muy potente– pero no pudo lograr que el modo de retirarse de la Casa de Gobierno fuera, en su carácter caótico, el preludio y la justificación de un brusco cambio de orientación en todos los terrenos. La derecha esboza esa justificación. Por eso se dice que el brutal ajuste económico es resultado de una “crisis” que existía en el país, aunque no la vivieran las personas comunes porque solamente se revelaba a través de los profetas de la economía.
Pero eso es una especulación argumental, no coincide con la sensación pública de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es la necesidad y la urgencia de restablecer un orden que nunca debió ser abandonado. Así es que hay otra “primera vez” en los acontecimientos de estos días: por primera vez el resultado de elecciones limpias y democráticas es la herramienta que habilita a un nuevo gobierno para poner en marcha un rumbo político claramente antagónico con el anterior. Es decir, estamos en un “cambio de régimen” bajo la apariencia formal de una alternancia partidaria en el gobierno.
Es por eso que en la parte de la política argentina que no está en el gobierno se insinúan dos modos de colocación frente a la nueva escena. Una es la que piensa las cosas en términos de “normalidad sistémica”. Cambió el gobierno como puede ocurrir con cualquier elección, hay que constituirse como oposición, con lealtad y espíritu de colaboración y preparar un retorno al gobierno en las próximas presidenciales. No le falta razonabilidad al planteo: en el país no hubo golpe de Estado ni se instauró un régimen autoritario, la alternancia es parte del modo de funcionamiento de las democracias contemporáneas. Además hay que mantener relaciones normales con el nuevo gobierno nacional para facilitar la gestión en los lugares de poder que se conservaron. Es la lógica de los “tiempos institucionales” que constituyen una conquista de enorme valor para los argentinos, después de nuestro siglo XX, porque establece un piso de convivencia democrática que ningún planteo de orden sustantivo puede eliminar. Este enfoque excluyentemente institucional involucra en la actual situación algunos problemas políticos. El principal es qué se hace con lo que una gran parte de la población considera las conquistas populares de este período. El institucionalismo extremo tiene aquí un problema en los días que corren: su recurso argumentativo sería “hay que dar la discusión en el Congreso”, lo que en este caso tiene una gran pertinencia dada la relación de fuerzas relativamente favorable a la oposición en ambas Cámaras. Pues bien, ese recurso no está abierto, el Poder Ejecutivo es el único que puede prorrogar las sesiones o llamar a extraordinarias y no lo hace, recurre a los decretos de necesidad y urgencia. Claro, no todos los decretos emitidos son abiertamente ilegales; claramente lo son el que designa jueces en comisión en la Corte Suprema y el que modifica el Código Procesal Penal, uno por su antagonismo con el método de designación propio de nuestra Constitución y el otro por la materia sobre la que pretende “legislar” el Presidente, la cuestión penal, expresamente excluida por el texto de la Constitución. Están los otros decretos, como el que modifica de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al convertir agencias autárquicas en dependencias del Poder Ejecutivo. En casos como ese, la ley prevé que una comisión bicameral decida sobre la legalidad del decreto. Ahora bien, la relativa legalidad que tiene el decreto, puesto que ni la Constitución ni la ley especifican cuándo una situación pueda acreditar necesidad o urgencia, no aminora su condición de hecho político visiblemente desleal: no solamente porque es evidente que se trata de un recurso ante la alta probabilidad de que esas disposiciones no consiguieran las mayorías legislativas necesarias, sino porque la comisión bicameral debatirá la cuestión bajo la forma de hecho consumado con todas las consecuencias políticas y jurídicas que esto supone. Es decir, se invita a diputados y senadores a discutir sobre una Afsca y una Aftic previamente ocupadas y reestructuradas. De gesto republicano todo esto tiene bien poco.
Hay, entonces alternancia formal y “cambio de régimen” en lo sustantivo. Lo que está en juego, desde este punto de vista, no son solamente los tiempos institucionales dentro de los cuales la oposición aspira a volver al gobierno. Tampoco es el nombre del partido o de la coalición en cuyo nombre se pretenda triunfar en el próximo turno. El macrismo le plantea a la oposición –más concretamente al peronismo– un desafío sustancial: tiene que dirimir en nombre de qué idea de país se propone regresar al gobierno. No se trata de negar la importancia de la identidad peronista ni la de la autoestima herida que procura recuperarse.
Tampoco es cuestión de subestimar las cuestiones políticas y presupuestarias que afectan la jornada regular en el ejercicio de gobiernos provinciales y municipales, ni la de las roscas y maniobras a través de las cuales cada dirigente procura defender su propio lugar en el universo. En esta columna no practicamos moralismos de ese ni de ningún otro tipo, se procura siempre hablar de política. Y hablar de política quiere decir la producción de cierta síntesis entre la política chica y la política grande, la que decide el rumbo del país. Es posible que la gran concentración de recursos de poder (público y privado) que ostenta el macrismo agrande los costos de la actitud de defensa de un proyecto –defensa de las conquistas y acumulación de fuerzas para el regreso– y estimule la lógica del tiempo institucional y la cooperación. Tarde o temprano, sin embargo, lo que habrá de dirimirse en la Argentina de los próximos años es la viabilidad social de un proceso que apunta a una enorme concentración de recursos y a una no menos enorme exclusión social. El balance de la conducta de cada uno durante el período en que esta reestructuración empieza a tomar forma será parte del juicio popular del futuro. Difícilmente un peronismo conciliador, respetuoso y adaptado al buen gusto liberal emerja como el portador de la disputa sustancial, la que no se agota en las formas sino que se interesa por la verdad efectiva, la de los salarios, las libertades, los derechos y la soberanía. Todo a lo que podría aspirar semejante viraje del peronismo es a asumir una condición de socio, muy probablemente minoritario, de un bipartidismo aggiornado, en la que dos coaliciones disputan la dirección del país para hacer más o menos lo mismo. La consecuencia en la defensa de un proyecto no es un prurito moral sino un enorme recurso político de las fuerzas que se autoperciben portadoras de un sentido histórico. Los buenos modales pueden ser exaltados o desconocidos: lo que no se puede es lograr que ocupen el lugar de la política cuando lo que está en juego es la vida, el trabajo y el futuro de millones. El peronismo, ya que de él estamos hablando, no nació ni se convirtió en una fuerza decisiva de la Argentina de las últimas siete décadas gracias a sus buenos modales.
Cerca de las 11 y media de la mañana, Carlos Girotti, referente de CTA y Carta Abierta, dio por inaugurada la jornada. “Esta vez, más que una asamblea, vamos a hacer un acto, un acto político, sin renegar del carácter cultural de nuestros encuentros, pero sobre todo vamos a intercambiar entre compañeros y compañeras que están encabezando las luchas populares”, introdujo, y el público comenzó a arrimarse cerca de los parlantes. Algunos llevaban las sombrillas con el logotipo de Carta Abierta, para protegerse del agobio del sol. Otros buscaban refugio en las sombras de los árboles. Hombres y mujeres usaban gorras y sombreros para taparse del sol. Ya entonces, la reflexión sobre la derrota electoral y las formas de resistencia empezaron a escucharse. “Así como lo hicimos en 2009 en el Parque Lezama, cuando nos supo visitar Néstor Kirchner en el peor de los momentos y nos recordó que la victoria es una construcción social, estamos ocupando otra vez el espacio público, el espacio preferencial de la lucha popular, haciéndonos cargo de las horas que nos tocan vivir”, continuó Girotti antes de presentar a los invitados.
El primero en tomar la palabra fue un delegado de base del Grupo 23, cuyos trabajadores mantienen desde hace un mes medidas de fuerza contra el vaciamiento de la empresa y en reclamo de salarios y aguinaldo atrasados. “Somos una voz que desde el campo popular denunció a las corporaciones. Cerrar los medios del grupo no sólo significa dejar familias en la calle sino que se apague una voz rebelde en este contexto”, dijo el delegado, quien al concluir le pasó el micrófono a Lito Borello, del comedor Los Pibes. “Los cortes de ruta por Milagro Sala son una muestra de la vitalidad del pueblo cuando sale a la calle”, dijo el dirigente social. “¡Libertad a Milagro Sala!”, exclamó, acompañado por los aplausos del público. Lo siguieron Jorge Winter, investigador del Conicet; Silvina Segundo, de la Asociación de Abogados y Abogadas en Causas de Lesa Humanidad; Silvio “Nono” Frondizi, referente de CTA; y Silvia Díaz, de la Confederación de Cooperativas de Trabajado de la Argentina.
Gramática de gobierno
“No vemos soberanía nacional ni pluralismo en el nuevo gobierno”, analizó González en su tramo más coyuntural. “Usar la palabra paraguas para referirse a Malvinas, en un contexto diplomático, es deplorable. Poner en un paraguas significa poner un freno”, criticó. “¿Si no puso a Malvinas como prioridad en el plano internacional, como va a poner los derechos humanos como prioridad acá?” se preguntó y reclamó la libertad de Sala.
“Hay que aprender la gramática de Cambiemos. Derribar aviones, como repiten y repiten, es un método de gobierno. Y el disparo letal, una metáfora de lo que son”, remató, antes de proponer, en un inglés “como el de Macri”, el término “oporesist”, para describir el rol de los autoconvocados, que festejaron la ocurrencia. “Esta plaza está dirigida a los diputados”, fue la frase más política, que escondió un mensaje interno a tono con el espíritu de las plazas.
A su turno, Daniel Gollán, presentado como “el ministro de Salud del gobierno popular”, advirtió que la intención del nuevo gobierno de suscribir a los tratados bilaterales de la Alianza del Pacífico significa “que el manejo absoluto de las patentes de medicamentos quede en manos de las multinacionales” y advirtió que “el PRO está vaciando la salud pública”. “Pasamos momentos difíciles, pero debemos tener confianza en el pueblo, en lo sembrado en estos 12 años”, concluyó.
Frente social y político
“Sufrimos una derrota, pero no estamos derrotados”, exclamó un Rubén Dri entusiasta, que recordó “las montoneras federales, la resistencia del 55, de los 60, de las Madres” para advertir que “el movimiento popular ya ha vivido momentos similares a éste”. Dri festejó las plazas autoconvocadas y llamó a “crear poder popular, desde abajo”. “Nos habíamos acostumbrado mal, a festejar. Estaba bien, pero perdimos un poco el músculo de la lucha, que tenemos que recuperar”, advirtió.
En el mismo sentido se expresó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: “Me preguntan si tenemos miedo. Jamás. No le tuvimos miedo a los milicos, menos ahora.” “Cuando cantamos vamos a volver yo siempre digo, no nos fuimos nunca, eso es lo que ellos (por el Gobierno) quieren, siempre vamos a estar”, siguió y añadió que de Macri “no puede decirse democrático con una presa política y avasallando el derecho al trabajo, a la dignidad”. “Chicos –dijo como últimas palabras– me doy el lujo de llamarlos chicos a mis 86 años, nunca nos fuimos, ni nos vamos a ir. Si las Madres pudieron, por qué todos nosotros juntos no vamos a poder”.
“La amplia mayoría del pueblo no quiere al FMI, ni quiere desempleo, ni quiere represión. Nuestra tarea es articular, no caer en la dispersión de los 90, que llevó mucho tiempo superar. Hay que construir el frente político capaz de volver a ganar, que pueda representar a todos los sectores sociales, sin mezquindades”, reflexionó a su turno Jozami, que recogió varias de las posiciones sobre el tema que fueron vertiendo los oradores. “Ellos saben que cuando una fuerza que representa al conjunto se enfrenta a un gobierno, el gobierno tiene los días contados”, dijo para resumir “las conclusiones de este encuentro”. Al retirarse, el público buscaba la sombra y seguía conversando de política.
Informe: Matías Ferrari.
Fuente:Pagina12
El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, no asistió a ninguna de las dos cumbres que llevó a cabo ayer el peronismo pero respaldó ambas convocatorias y opinó que hacen que el espacio “salga fortalecido”. Scioli evitó dar precisiones sobre sus planes en la interna partidaria y consideró que la jefatura del PJ “se irá resolviendo con el correr de las semanas, democráticamente, con la participación de los afiliados”. Finalmente, expresó que “el peronismo, que tiene una gran diversidad interna y un espíritu frentista, tiene que estar en camino a organizarse para las elecciones legislativas del año próximo, que proyectarán luego hacia el 2019”.
Massa postula a De la Sota
Menos de 24 horas duró la postulación del jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, para conducir el PJ, expresada por el presidente Mauricio Macri el viernes en Davos. Si bien ratificó su objetivo de “expresar el sentimiento de millones de peronistas”, el propio Massa dijo ayer que “liderar la oposición no significa meterse en la interna del PJ”, sino “liderar una agenda de propuestas y control sobre el gobierno de Macri”. En ese sentido, aseguró que “una cosa es el PJ, el sello, el papel, y otra el sentimiento que tienen millones de argentinos de que el peronismo debe construir una alternativa”, y propuso como titular del partido al cordobés José Manuel De la Sota.
Volver al mundo carnal
OPINION
Del desendeudamiento al regreso al FMI. Prat-Gay, recuerdos del pasado y bretes del presente. El desempleo y el bajo endeudamiento, en la mira oficial. La lógica de los despidos. Contexto político, grato a la derecha. Contexto económico difícil. Gremialistas, puestos a prueba.
Por Mario Wainfeld
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, condujo el Banco Central en parte de las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Este prescindió de sus servicios en 2004, cuando era momento de renovarlo o no en el cargo.
El banquero central se venía llevando bien con el mandatario y mal con el ministro de Economía Roberto Lavagna. Se estaba ultimando la apertura del primer canje de deuda externa. Prat-Gay comenzó a plantear cuestionamientos a la propuesta argentina, al principio en voz baja. Llegado el momento, le trasladó su moción alternativa a Kirchner. Arguyó que Lavagna había sobreactuado su dureza con los acreedores y con los organismos internacionales de crédito. Vaticinaba un fracaso estridente del canje, sugería mejorarlo poniendo 2000 millones de dólares cash para saciar el apetito de los acreedores.
Y un trato mucho más transigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos internacionales de crédito. Respecto del Fondo, promovía un cumplimiento estricto de sus “metas”.
En el relato de Prat-Gay, si no se ponía la plata sobre la mesa (un dineral en ese momento) y no se retomaba la relación cariñosa con los organismos el canje sería un fracaso y el 2005 un año fatal para la economía argentina. Prat-Gay leía, en errada perspectiva política, que Kirchner y Lavagna estaban enfrentados en ese tema, justo en la coyuntura en la que era imprescindible cerrar filas.
A Kirchner el planteo le cayó fatal. Percibió que se dividiría el frente interno justo en el tramo decisivo, un síntoma de debilidad que la contraparte aprovecharía. Despidió al banquero central sin más, diciendo que “quería hacernos poner 2000 palos verdes”. Kirchner no era muy florido orador pero siempre se entendía lo que quería decir. Maliciaba que Prat-Gay atendía más al interés de los bonistas que al nacional, por ponerlo con delicadeza, “La política económica la manejo yo”, concluyó el presidente y obró en consecuencia. Todo esto fue contado en este diario en ese lejano entonces, escala uno en uno.
El canje, es sabido, fue exitoso. El 2005 un tiempo próspero con reactivación de la economía real, generación de cientos de miles de puestos de trabajo formales. El Frente para la Victoria (FpV) se consolidó electoralmente con el triunfo arrasador de la hoy ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires contra Hilda “Chiche” González de Duhalde.
Mucha agua pasó bajo los puentes desde entonces. Prat-Gay es un alfil relevante en el equipo del presidente Mauricio Macri. En la semana que pasó lo acompañó a Davos, accedió a que el FMI vuelva a intervenir en la economía nacional. Y sentó las bases para un nuevo endeudamiento.
En la “herencia maldita” que recibió Macri hay dos indicadores que eran virtuosos para el kirchnerismo. Un bajísimo endeudamiento público y privado por un lado, medido en relación al PBI. Y una baja tasa de desempleo por otro. Ambos fueron objetivos centrales de las gestiones kirchneristas, en los mejores y en los peores momentos. Insumieron esfuerzo colectivo, inversión social, políticas direccionadas.
El macrismo se encamina ahora a cambiar esas variables: aumentar el endeudamiento y el desempleo. Ya emprendió el rumbo y esto recién empieza.
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Las diferencias importan: La economía padece un problema recurrente en nuestra historia: la restricción externa. Acudir al crédito internacional no es pecado, si se hace con tino y sentido nacional. El gobierno anterior quiso intentarlo, por eso saldó deudas con el Club de París. También esa motivación fue una de las concausas del acuerdo con Repsol previo a la recuperación estatal de YPF. Lo obstaculizó un repunte de la crisis financiera que azota al mundo desde 2008, con breves ratos de tregua.
Re-endeudarse formaba parte del “programa común” de los tres presidenciables que sacaron más votos el año pasado: Macri, el ex gobernador Daniel Scioli y el diputado Sergio Massa.
Las propuestas electorales ya mostraban un giro a centro derecha del sistema político, la diferencia sensible era la moderación y ciertos compromisos. Scioli, con Silvina Batakis como ministra de Economía y Miguel Bein como consultor estrella, lideraba una fuerza comprometida con la conservación del empleo, la defensa de la industria local y ciertos pisos inderogables de derechos laborales y sociales. Macri llegó con (muy) otra hoja de ruta, que hizo escala en la estelar localidad suiza.
El oficialismo ya produjo cambios contundentes: una transferencia de ingresos sideral a favor de los grandes exportadores, “el campo” a la cabeza. Una trepada de precios notable, en especial en artículos de primera necesidad. Una batida brutal de despidos en el sector público que promete escalar.
Ninguna medida pro-trabajadores despintó el cuadro general. Calma, que una habrá aunque (porque) no será de cuño propio.
En marzo se producirá el aumento semestral a los jubilados, otra herencia aciaga del kirchnerismo, tanto en su regularidad como en los valores reparadores derivados del coeficiente fijado por ley. Las huestes de Cambiemos despotricaron contra esas normas, no las votaron. Algo es algo: por ahora no hay DNU a la vista para derogarlas.
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Tomar sólo con prescripción médica: Conseguir fondos vía endeudamiento es una de las claves de la política económica del macrismo. En su versión más caritativa, se supone que servirán de colchón para compensar medidas regresivas. Ningún gobierno democrático se consolida sin tener plata, los de derecha no excepcionan la regla.
El equipo financiero de Prat-Gay subrayó que se desbloquearon créditos factibles de organismos internacionales volcados a proyectos sociales o de infraestructura: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Es así y es cierto que Cristina Kirchner venía predicando desde hace años que es válido endeudarse para promover políticas sociales o potenciar la obra pública. El nodo, en esta y tantas cuestiones de la vida, es cómo se hace y por cuánto.
Los administraciones posteriores a 2003 mantuvieron relación con el BM y el BID, que se no extrovirtieron mucho porque chocaba con su discurso más simplista. Se volcaron para financiar total o parcialmente programas del área de Salud como el Remediar, el Nacer, el Funciones esenciales en Salud Pública (FESP). El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del ministerio ídem es otro caso. La lista es incompleta, se da como ejemplo.
Lo que el kirchnerismo siempre rechazó es quedar supeditado a las condiciones-imposiciones del FMI que ahora se vuelven a aceptar, camufladas en sus clásicas revisiones de las cuentas públicas.
Hay un argumento banal de los apologistas del crédito internacional. “Si cumplís bien, nunca se paga, siempre se refinancia.” Referido a la banca privada o pública extranjera, es un insulto a la inteligencia suponer que esos piratas son filantrópicos o que pierden dinero.
El FMI es un ejemplo distinto porque su finalidad superior no es la financiera sino la intervención y control de las políticas estatales de sus “socios”. La sujeción les importa más que el pago monetario. En rigor, el pago no dinerario se constituye en una variable de la dependencia.
En manos de un gobierno empresas-friendly la herramienta es un riesgo enorme. Goza de una ventaja comparativa respecto de la última década del siglo pasado: es el margen que da el bajísimo endeudamiento.
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Los laburantes, un problema: Un punto nodal es el empleo en la concepción de la derecha argentina y mundial. El salario es, antes que nada, un rubro de la “competitividad”. Traducido al criollo: salarios decorosos o dignos... competitividad en vilo.
La valoración no pondera solo ni principalmente criterios de igualdad o de justicia social, vade retro. Lo sustancial es la comparación con el de otros países. Concepto que choca de frente con el relativo orgullo de los argentinos que ganan más que sus vecinos y hermanos se clase. Un empresario de Siderca les explicaba recientemente a gremialistas con los que cinchaba que en ese sector un trabajador argentino gana en relación de 1,5 a 1 respecto de un mexicano, después de la devaluación. La solución, ya se sabe, es achicar la diferencia.
La funcionalidad de los despidos del sector público (que cobran masividad y se tornan
aluvionales) no se limita a la “reducción del gasto público”. También aumenta la cantidad de desocupados, con la hipótesis de minar la combatividad sindical y también de aumentar la masa de desocupados
El sector público es un coto de caza del macrismo, cualquier porcentaje virtual concretado de despidos mete pavura (ver recuadro aparte).
Los despidos en el sector privado incluyen esa lógica y no están exentos del ánimo revanchista de patronales obtusas que creen que los trabajadores gozaron de privilegios exorbitantes en este tiempo.
El quántum se develará en meses o en un año. Apostar a un incremento sensible del desempleo es una praxis perversa todo indica que es plato principal del menú y es el escenario más factible, que va despuntando.
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Hacer es más difícil que decir: La rebaja o quita de las retenciones surtió efectos inmediatos. Pero, ay, los aliados estratégicos “del campo” no desembolsaron todas las divisas que Prat-Gay dio por pagadas cuando anunció la devaluación. Las trapisondas entre ganadores están en el orden del día.
La suscripción de los Bonar 2020 resultó un fiasco. El oficialismo culpa al mal momento financiero internacional, que existe. Sus críticos reprochan mala praxis a los JP Morgan boys. La pluri causalidad ayuda a comprender la mayoría de los fenómenos, por ahí también estos.
Prat-Gay usa el vocablo “holdouts” para nombrar a los fondos buitre, que le contestan como si fueran aves de rapiña. El Gobierno les habló con el corazón y por ahora se toparon con que los usureros son implacables y poco contemplativos. Compartir ideología con quienes representan a los deudores no los domestica. La realidad se hace difícil, aunque la aquiescencia de los negociadores argentinos puede lubricar algo. Durante años se contó que la mala educación del kirchnerismo impedía un acuerdo veloz y satisfactorio... en fin.
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Davos, dulce hogar: Davos es una ciudad acogedora, chimentan. La agenda con dirigentes políticos de otros países es un ensueño para Macri, Prat-Gay y Massa que fue de chaperón. La nómina de gobernantes de derecha es llamativa. El primer ministro británico David Cameron, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Si el republicano Donald Trump triunfara en las primarias y en las presidenciales norteamericanas acunaría una pesadilla para su país y para el mundo. Puede ocurrir o puede quedar en el camino, la sola perspectiva agobia.
El Frente Nacional de la dinastía Le Pen crece en Francia, su principal adversario pinta ser la derecha reaccionaria y chauvinista del ex presidente Nicolás Sarkozy. La diferencia existe pero las semejanzas predominan y abruman.
La derecha ganó las elecciones presidenciales acá, las parlamentarias en Venezuela. En Brasil jaquea a la presidenta Dilma Rousseff a la que poco y nada le sirvió remedar el programa de sus adversarios.
El contexto político general es una regresión derechista, a gusto y paladar de Cambiemos.
El contexto económico es infausto para cualquier proyecto. China ya no crece a tasas chinas. El tren europeo consta solo de la locomotora alemana, con cero vagones. Brasil sigue en recesión. El precio del petróleo, permítase un sarcasmo fácil, perfora el piso.
En ese marco arranca el primer mandatario de derecha elegido por el voto popular. Deberá tener mucha muñeca para sostener la legitimidad y la gobernabilidad.
La obcecación en ciertas medidas brutales, la detención de Milagro Sala a la cabeza, posiblemente lo erosionarán en el largo plazo aunque por ahora no se note. La coparticipación dadivosa a la Ciudad Autónoma puenteando y despreciando a los demás gobernadores no parece ser una genialidad política, precisamente, aunque de momento todo pasa.
Sobre dirigentes y cabezas
Por Mario Wainfeld
El ministro Alfonso Prat-Gay fantaseó con una inflación anual del 25 por ciento, máximo. El Presidente subió la apuesta bajando la tasa: veinte por ciento. Nada autoriza esos cálculos, que serían más aproximados si se ciñeran al primer semestre. Los números conturban al oficialismo y algunas tretas le juegan una mala pasada. Quiso valerse del índice de precios de San Luis para dibujar los aumentos de diciembre y la provincia autónoma llegó a una cifra record.
Las proyecciones oficiales se quedarían cortas aún si no fueran macanazos. Falta la poda de los subsidios que el ministro de Energía Juan José Aranguren anuncia inminente: será otro impulso hacia arriba.
Las primeras paritarias importantes en ese escenario serán las docentes, a nivel nacional y provinciales. La cuenta regresiva hasta el comienzo de las clases va más rápido que las tratativas.
Los bancarios patearon su paritaria hacia adelante, con un toque de distinción. Pactaron con la opulenta patronal (siempre ganadora) varias sumas fijas mensuales, que mejorarán más a los salarios bajos. El total servirá de piso para la convención colectiva en regla, que será después del verano.
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El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut desató un conflicto candente. Congregó en una asamblea a quince mil personas. La empresa Tecpetrol, de la multi-argentina Techint, amenazó levantar varios equipos de perforación poniendo en riesgo la fuente de trabajo de cinco mil laburantes. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria sin que haya acuerdo a la vista.
Magnánimo, Aranguren propuso que “todos” cedieran un cachito: la empresa, la provincia petrolera y los trabajadores. El ex CEO de Shell tiene una sesgada noción de la justicia retributiva.
Los petroleros trabajan duro en condiciones exigentes. Sus sueldos son (con lógica y justicia) altos, comparados con los de otras ramas de actividad. Cuentan con un recurso reivindicativo esquivo a otros compañeros: un paro de actividades tiene un enorme impacto, cerrar el suministro de gas y petróleo es más potente que ocupar una plaza.
Es un conflicto específico, con una medida de fuerza latente. Excepción en el cuadro general, salvo en el sector público en el que las acciones son reactivas, una vez producidas las iniciativas del oficialismo (ver nota central y recuadro aparte).
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Dada la merma ya operada del salario real y las amenazas de Prat Gay, la combatividad de los gremios es muy baja. También lo sería si se la comparara con la que enfrentó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Alto Valle de Río Negro es un ejemplo sugestivo. Productores de frutas las arrojaron a las rutas. La devaluación lejos estuvo de beneficiar a las “economías regionales” en su conjunto. A ellos no les llovió el maná. Es para otros tramos de la cadena de valor la llovida, como en la copla.
Las disputas intra sectoriales son un clásico, era un desenlace previsible, a contramano de la oratoria macrista. Las dificultades de los productores son preexistentes pero años atrás los trabajadores se sumaban a la protesta. Ahora se mantuvieron quietos. Es esperable la complacencia de Uatre, gremio del oficialista y patronalista Gerónimo Venegas. Pero hay otros sindicatos que, por ahora, permanecen a la espera.
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Tal vez gravite la hipótesis que es prematuro y perdedor enfrentar a un gobierno recién elegido. Seguramente influye también la falta de combatividad de la mayoría de la dirigencia sindical.
La fragmentación del movimiento obrero en cuatro centrales (o cuatro y pico, si contamos a la del gastronómico Luis Barrionuevo) era un rédito cortito, mezquino para el gobierno popular kirchnerista. A la larga, generaba trabas y complicaciones.
Para la administración macrista es una buena ventaja comparativa estratégica.
Los dirigentes más empinados de ambas CGT combinan declaraciones más o menos atinadas con un reunionismo ineficaz y hasta aburrido.
Las convenciones colectivas serán un desafío novedoso. Por primera vez desde 2003 los sindicatos tendrán enfrente a un gobierno que les quiere poner coto y un empresariado con renovadas ínfulas. Se subraya “enfrente”.
La magnitud de la pérdida de derechos y bienes de los compañeros debería servirles de acicate y despabilarlos.
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El tres veces presidente Juan Domingo Perón hablaba con frecuencia de “la columna vertebral” del movimiento que lideró. A veces aludía al movimiento obrero organizado, otras a la clase trabajadora. No son lo mismo, hay un orden conceptual que muchos jerarcas sindicales subestimaron tantas veces. La representatividad se pondrá a prueba, en un estadio histórico adverso.
Otro dicho proverbial del peronismo es aquel que pregona que se llega a la lucha “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. No es lo mismo, para nada. Por ahora se cuentan con los dedos de una mano los dirigentes que están a la altura. En el futuro cercano, habrá que ver.
El coto de caza
Por Mario Wainfeld
Según datos de ex la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a diciembre de 2014 la ocupación Sector Público Nacional era de 361.921 personas en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), 22.698 en otros Entes Públicos no Financieros y 26.426 en Empresas y Sociedades del Estado (incluye planta permanente, transitoria y contratados). Los tres sumaban un total de 411.045 en el Sector Público Nacional.
La ocupación de empresas y Sociedades del Estado es incompleta porque falta información del Correo Argentino, Agua y Saneamientos Argentinos, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Energía Argentina S.A., Tandanor y Arsat.
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La Planta ocupada de la provincia de Buenos Aires, sector público provincial, para 2012, llegaba a 654. 435 trabajadores. La fuente es Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Dncfp) en base a información de las jurisdicciones.
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Los estados nacionales y subnacionales crecieron desde 2003 porque cumplen mejor muchas de sus funciones, desde la recaudación de impuestos hasta la cobertura jubilatoria y social. Además cumple más funciones sociales, productivas y reguladoras que años atrás. En buena hora, aunque con errores y renuncios.
Ese espacio es el coto de caza del macrismo hoy día. Los objetivos son numerosos. Debilitar a la clase trabajadora uno, desbaratar al Estado benefactor otro. Esos afanes fueron parte del repertorio de todos los gobiernos de derecha que asolaron la Argentina. El primero democrático, ungido por el voto popular continúa la tradición, en ese aspecto.
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La información se agradece a la politóloga Malena Chudnovsky y la economista Malena Acuña que amablemente accedieron a compartir esos datos de una investigación pluridisciplinaria que están realizando.
OPINION
Dilemas del peronismoPor Edgardo Mocca
La política argentina ha sufrido un brusco giro de sentido. Tan profundo que descoloca a quienes sostuvieron durante muchos años la idea de que el país no había cambiado nada esencial con los dos gobiernos kirchneristas. Que toda la escena consistía en un enorme simulacro progresista o nacional-populista para legitimar un proceso de acumulación de poder y de riquezas. El operativo fulminante del macrismo en el último mes demuestra que el “simulacro” dejó profundas huellas materiales y culturales en la sociedad argentina; el “relato” fue, en verdad, prioridad del mercado interno y el consumo popular como motor del ciclo económico, soberanía e integración regional, recuperación de poder de decisión estatal en las materias económicas y sociales más sensibles, democratización y freno a los monopolios en la formación de la opinión de los argentinos, defensa del empleo y del salario, apropiación estatal de franjas de la enorme rentabilidad del sector financiero-sojero para financiar al Estado y para proteger a los consumidores del alza de precios de productos agrícolas, descriminalización de la protesta social, verdad y justicia respecto de la barbarie dictatorial. Todos esos sentidos han sido radicalmente invertidos o están en viaje vertiginoso a serlo. Se relataban cosas que efectivamente se hacían; perfectamente factibles de ser llamadas chavismo, populismo, setentismo o cualquier otro de los nombres que nombran al demonio. Así supo reconocerlo la parte de la derecha a la que no le da vergüenza ser de derecha. Supieron pronunciar discursos que calcaban su contenido de lo que decía Martínez de Hoz cuando era ministro de Economía, no ocultaron nunca que defendían un sistema, un modo de ser de las cosas y que las denuncias penales, el horror por el decisionismo presidencial, las bóvedas llenas de plata y las cuentas secretas de algunos funcionarios no eran más que recursos tácticos para la única pelea que tiene sentido político, la pelea por el poder. La idea de simulacro fue, en cambio, creada por personas y grupos que necesitaron de esa interpretación para ocultar a los otros y ocultarse a sí mismos que ya no creen en el repertorio de valores que alguna vez sostuvieron. La interpretación en términos de relato falso ha sufrido un duro golpe después de que el macrismo restableció los principios normales de funcionamiento en nuestro país durante la mayor parte de su historia: rápido realineamiento geopolítico a favor de Estados Unidos, mucha deuda para alimentar la maquinaria de las superganancias financieras, devolución de retenciones a los grandes productores y exportadores de productos agrarios, megadevaluación, caída del salario, regreso al monopolio de la comunicación y represión-persecución penal de la protesta social. No es un listado azaroso, son las huellas de los cambios que produjo el kirchnerismo y que hacía falta borrar drásticamente.
Es cierto que es la primera vez que la derecha gana, presentándose como tal, en elecciones libres y democráticas en la Argentina después de la ley Sáenz Peña, de 1912. Es también la primera vez que un gobierno enfrentado con las corporaciones poderosas de la Argentina culmina su mandato en condiciones de normalidad institucional. La derecha pudo acortar unas horas su mandato –lo que no deja de ser un símbolo muy potente– pero no pudo lograr que el modo de retirarse de la Casa de Gobierno fuera, en su carácter caótico, el preludio y la justificación de un brusco cambio de orientación en todos los terrenos. La derecha esboza esa justificación. Por eso se dice que el brutal ajuste económico es resultado de una “crisis” que existía en el país, aunque no la vivieran las personas comunes porque solamente se revelaba a través de los profetas de la economía.
Pero eso es una especulación argumental, no coincide con la sensación pública de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es la necesidad y la urgencia de restablecer un orden que nunca debió ser abandonado. Así es que hay otra “primera vez” en los acontecimientos de estos días: por primera vez el resultado de elecciones limpias y democráticas es la herramienta que habilita a un nuevo gobierno para poner en marcha un rumbo político claramente antagónico con el anterior. Es decir, estamos en un “cambio de régimen” bajo la apariencia formal de una alternancia partidaria en el gobierno.
Es por eso que en la parte de la política argentina que no está en el gobierno se insinúan dos modos de colocación frente a la nueva escena. Una es la que piensa las cosas en términos de “normalidad sistémica”. Cambió el gobierno como puede ocurrir con cualquier elección, hay que constituirse como oposición, con lealtad y espíritu de colaboración y preparar un retorno al gobierno en las próximas presidenciales. No le falta razonabilidad al planteo: en el país no hubo golpe de Estado ni se instauró un régimen autoritario, la alternancia es parte del modo de funcionamiento de las democracias contemporáneas. Además hay que mantener relaciones normales con el nuevo gobierno nacional para facilitar la gestión en los lugares de poder que se conservaron. Es la lógica de los “tiempos institucionales” que constituyen una conquista de enorme valor para los argentinos, después de nuestro siglo XX, porque establece un piso de convivencia democrática que ningún planteo de orden sustantivo puede eliminar. Este enfoque excluyentemente institucional involucra en la actual situación algunos problemas políticos. El principal es qué se hace con lo que una gran parte de la población considera las conquistas populares de este período. El institucionalismo extremo tiene aquí un problema en los días que corren: su recurso argumentativo sería “hay que dar la discusión en el Congreso”, lo que en este caso tiene una gran pertinencia dada la relación de fuerzas relativamente favorable a la oposición en ambas Cámaras. Pues bien, ese recurso no está abierto, el Poder Ejecutivo es el único que puede prorrogar las sesiones o llamar a extraordinarias y no lo hace, recurre a los decretos de necesidad y urgencia. Claro, no todos los decretos emitidos son abiertamente ilegales; claramente lo son el que designa jueces en comisión en la Corte Suprema y el que modifica el Código Procesal Penal, uno por su antagonismo con el método de designación propio de nuestra Constitución y el otro por la materia sobre la que pretende “legislar” el Presidente, la cuestión penal, expresamente excluida por el texto de la Constitución. Están los otros decretos, como el que modifica de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al convertir agencias autárquicas en dependencias del Poder Ejecutivo. En casos como ese, la ley prevé que una comisión bicameral decida sobre la legalidad del decreto. Ahora bien, la relativa legalidad que tiene el decreto, puesto que ni la Constitución ni la ley especifican cuándo una situación pueda acreditar necesidad o urgencia, no aminora su condición de hecho político visiblemente desleal: no solamente porque es evidente que se trata de un recurso ante la alta probabilidad de que esas disposiciones no consiguieran las mayorías legislativas necesarias, sino porque la comisión bicameral debatirá la cuestión bajo la forma de hecho consumado con todas las consecuencias políticas y jurídicas que esto supone. Es decir, se invita a diputados y senadores a discutir sobre una Afsca y una Aftic previamente ocupadas y reestructuradas. De gesto republicano todo esto tiene bien poco.
Hay, entonces alternancia formal y “cambio de régimen” en lo sustantivo. Lo que está en juego, desde este punto de vista, no son solamente los tiempos institucionales dentro de los cuales la oposición aspira a volver al gobierno. Tampoco es el nombre del partido o de la coalición en cuyo nombre se pretenda triunfar en el próximo turno. El macrismo le plantea a la oposición –más concretamente al peronismo– un desafío sustancial: tiene que dirimir en nombre de qué idea de país se propone regresar al gobierno. No se trata de negar la importancia de la identidad peronista ni la de la autoestima herida que procura recuperarse.
Tampoco es cuestión de subestimar las cuestiones políticas y presupuestarias que afectan la jornada regular en el ejercicio de gobiernos provinciales y municipales, ni la de las roscas y maniobras a través de las cuales cada dirigente procura defender su propio lugar en el universo. En esta columna no practicamos moralismos de ese ni de ningún otro tipo, se procura siempre hablar de política. Y hablar de política quiere decir la producción de cierta síntesis entre la política chica y la política grande, la que decide el rumbo del país. Es posible que la gran concentración de recursos de poder (público y privado) que ostenta el macrismo agrande los costos de la actitud de defensa de un proyecto –defensa de las conquistas y acumulación de fuerzas para el regreso– y estimule la lógica del tiempo institucional y la cooperación. Tarde o temprano, sin embargo, lo que habrá de dirimirse en la Argentina de los próximos años es la viabilidad social de un proceso que apunta a una enorme concentración de recursos y a una no menos enorme exclusión social. El balance de la conducta de cada uno durante el período en que esta reestructuración empieza a tomar forma será parte del juicio popular del futuro. Difícilmente un peronismo conciliador, respetuoso y adaptado al buen gusto liberal emerja como el portador de la disputa sustancial, la que no se agota en las formas sino que se interesa por la verdad efectiva, la de los salarios, las libertades, los derechos y la soberanía. Todo a lo que podría aspirar semejante viraje del peronismo es a asumir una condición de socio, muy probablemente minoritario, de un bipartidismo aggiornado, en la que dos coaliciones disputan la dirección del país para hacer más o menos lo mismo. La consecuencia en la defensa de un proyecto no es un prurito moral sino un enorme recurso político de las fuerzas que se autoperciben portadoras de un sentido histórico. Los buenos modales pueden ser exaltados o desconocidos: lo que no se puede es lograr que ocupen el lugar de la política cuando lo que está en juego es la vida, el trabajo y el futuro de millones. El peronismo, ya que de él estamos hablando, no nació ni se convirtió en una fuerza decisiva de la Argentina de las últimas siete décadas gracias a sus buenos modales.
CARTA ABIERTA HIZO UNA ASAMBLEA EN PARQUE CENTENARIO
“No estamos derrotados”
Los intelectuales invitaron a representantes de organizaciones sociales afectadas por las medidas de Macri. Debatieron frente a los autoconvocados.
“Los árboles son altamente inspiradores para la resistencia, ellos se adaptan a todos los climas”, recitó Horacio González a todos los que se acercaron ayer al mediodía al Parque Centenario para participar de la primera asamblea del año de Carta Abierta. “Veo los ombúes, los alerces y otras especies que nos rodean”, dijo, describiendo el paisaje de la plazoleta a un costado del mástil, sobre Leopoldo Marechal, a esta altura un símbolo de las convocatorias kirchneristas pos 22 de noviembre. En mantas y reposeras, en grupos de dos o tres, o en compañía de sus mascotas, el público asentía, intentaba seguir el hilo del ensayista y ex director de la Biblioteca Nacional. “Estamos acá en una clase de botánica, para nuestra resistencia, palabra tan inaprensible. Los árboles son una muestra de pluralismo y a la vez un ejemplo por su capacidad de entremezclarse, de agruparse. Nos sirve como forma vivaz de pensar el encuentro en la diversidad”, reflexionó. La idea de pensar las formas de oposición, el cruce entre las movilizaciones callejeras y la disputa institucional, y el problema de la unidad del FpV fueron ejes centrales en la mayoría de los discursos, que tuvieron como protagonistas no sólo a los intelectuales del espacio convocante sino, sobre todo, a representantes de organizaciones sociales y colectivos golpeados por las medidas de los primeros 40 días de gobierno de Macri. “La derrota supone una crisis, y hay que reconstruir un frente social y político de las mayorías, desde el piso que significaron estos doce años de conquistas”, resumió Eduardo Jozami, quien cerró la jornada.
Cerca de las 11 y media de la mañana, Carlos Girotti, referente de CTA y Carta Abierta, dio por inaugurada la jornada. “Esta vez, más que una asamblea, vamos a hacer un acto, un acto político, sin renegar del carácter cultural de nuestros encuentros, pero sobre todo vamos a intercambiar entre compañeros y compañeras que están encabezando las luchas populares”, introdujo, y el público comenzó a arrimarse cerca de los parlantes. Algunos llevaban las sombrillas con el logotipo de Carta Abierta, para protegerse del agobio del sol. Otros buscaban refugio en las sombras de los árboles. Hombres y mujeres usaban gorras y sombreros para taparse del sol. Ya entonces, la reflexión sobre la derrota electoral y las formas de resistencia empezaron a escucharse. “Así como lo hicimos en 2009 en el Parque Lezama, cuando nos supo visitar Néstor Kirchner en el peor de los momentos y nos recordó que la victoria es una construcción social, estamos ocupando otra vez el espacio público, el espacio preferencial de la lucha popular, haciéndonos cargo de las horas que nos tocan vivir”, continuó Girotti antes de presentar a los invitados.
El primero en tomar la palabra fue un delegado de base del Grupo 23, cuyos trabajadores mantienen desde hace un mes medidas de fuerza contra el vaciamiento de la empresa y en reclamo de salarios y aguinaldo atrasados. “Somos una voz que desde el campo popular denunció a las corporaciones. Cerrar los medios del grupo no sólo significa dejar familias en la calle sino que se apague una voz rebelde en este contexto”, dijo el delegado, quien al concluir le pasó el micrófono a Lito Borello, del comedor Los Pibes. “Los cortes de ruta por Milagro Sala son una muestra de la vitalidad del pueblo cuando sale a la calle”, dijo el dirigente social. “¡Libertad a Milagro Sala!”, exclamó, acompañado por los aplausos del público. Lo siguieron Jorge Winter, investigador del Conicet; Silvina Segundo, de la Asociación de Abogados y Abogadas en Causas de Lesa Humanidad; Silvio “Nono” Frondizi, referente de CTA; y Silvia Díaz, de la Confederación de Cooperativas de Trabajado de la Argentina.
Gramática de gobierno
“No vemos soberanía nacional ni pluralismo en el nuevo gobierno”, analizó González en su tramo más coyuntural. “Usar la palabra paraguas para referirse a Malvinas, en un contexto diplomático, es deplorable. Poner en un paraguas significa poner un freno”, criticó. “¿Si no puso a Malvinas como prioridad en el plano internacional, como va a poner los derechos humanos como prioridad acá?” se preguntó y reclamó la libertad de Sala.
“Hay que aprender la gramática de Cambiemos. Derribar aviones, como repiten y repiten, es un método de gobierno. Y el disparo letal, una metáfora de lo que son”, remató, antes de proponer, en un inglés “como el de Macri”, el término “oporesist”, para describir el rol de los autoconvocados, que festejaron la ocurrencia. “Esta plaza está dirigida a los diputados”, fue la frase más política, que escondió un mensaje interno a tono con el espíritu de las plazas.
A su turno, Daniel Gollán, presentado como “el ministro de Salud del gobierno popular”, advirtió que la intención del nuevo gobierno de suscribir a los tratados bilaterales de la Alianza del Pacífico significa “que el manejo absoluto de las patentes de medicamentos quede en manos de las multinacionales” y advirtió que “el PRO está vaciando la salud pública”. “Pasamos momentos difíciles, pero debemos tener confianza en el pueblo, en lo sembrado en estos 12 años”, concluyó.
Frente social y político
“Sufrimos una derrota, pero no estamos derrotados”, exclamó un Rubén Dri entusiasta, que recordó “las montoneras federales, la resistencia del 55, de los 60, de las Madres” para advertir que “el movimiento popular ya ha vivido momentos similares a éste”. Dri festejó las plazas autoconvocadas y llamó a “crear poder popular, desde abajo”. “Nos habíamos acostumbrado mal, a festejar. Estaba bien, pero perdimos un poco el músculo de la lucha, que tenemos que recuperar”, advirtió.
En el mismo sentido se expresó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: “Me preguntan si tenemos miedo. Jamás. No le tuvimos miedo a los milicos, menos ahora.” “Cuando cantamos vamos a volver yo siempre digo, no nos fuimos nunca, eso es lo que ellos (por el Gobierno) quieren, siempre vamos a estar”, siguió y añadió que de Macri “no puede decirse democrático con una presa política y avasallando el derecho al trabajo, a la dignidad”. “Chicos –dijo como últimas palabras– me doy el lujo de llamarlos chicos a mis 86 años, nunca nos fuimos, ni nos vamos a ir. Si las Madres pudieron, por qué todos nosotros juntos no vamos a poder”.
“La amplia mayoría del pueblo no quiere al FMI, ni quiere desempleo, ni quiere represión. Nuestra tarea es articular, no caer en la dispersión de los 90, que llevó mucho tiempo superar. Hay que construir el frente político capaz de volver a ganar, que pueda representar a todos los sectores sociales, sin mezquindades”, reflexionó a su turno Jozami, que recogió varias de las posiciones sobre el tema que fueron vertiendo los oradores. “Ellos saben que cuando una fuerza que representa al conjunto se enfrenta a un gobierno, el gobierno tiene los días contados”, dijo para resumir “las conclusiones de este encuentro”. Al retirarse, el público buscaba la sombra y seguía conversando de política.
Informe: Matías Ferrari.
Fuente:Pagina12
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