QUEDA UN ESPACIO VACÍO
Por Claudio Socolsky
Las primeras víctimas regionales de la ola de despidos en el Estado por decisión del gobierno nacional; se conocieron ayer en Baigorria donde no les renovaron el contrato a los trabajadores de la Casa Educativa Terapéutica (CET) donde se trata a personas con adicciones. La misma suerte corrieron empleados del Centro Preventivo de Rosario.
NO LE RENOVARON EL CONTRATO A TRABAJADORES DE UN CENTRO DEL SEDRONAR DE BAIGORRIA
Primeras brujas cazadas por aquí
El diputado Ramos, Capitanich y el padre Molina en la inauguración del centro en 2014.
Son empleados de la Casa Educativa Terapéutica (CET) donde atienden a pacientes con adicciones. La misma suerte corrieron los empleados de otro centro del Sedronar en Juan José Paso al 2000 en Rosario. "Más allá de los puestos laborales, peleamos por este espacio", dijeron.
Por Claudio Socolsky
El gobierno nacional de Cambiemos, echó a la primera tanda de trabajadores nacionales en la región. En medio de la masiva ola de despidos estatales que ya puso en alerta a los gremios del sector; ayer se conoció la decisión de no renovar los contratos laborales de los trabajadores de la Casa Educativa Terapéutica (CET) de Granadero Baigorria, la primera que se creó a partir del programa Recuperar Inclusión, que depende de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). En esa situación se encuentran 21 trabajadores, por lo que se redujo considerablemente el horario de atención del CET, pasando de 12 a tan sólo 3 horas por día. "El trabajo se basaba en que ellos permanezcan 12 horas contenidos en la casa realizando actividades y no se sabe cuál será el futuro del espacio", señaló Federico Casale, uno de los trabajadores involucrados en el conflicto. En idéntica situación se encuentran los trabajadores del Centro Preventivo Local de las Adicciones (Cepla), ubicado en Juan José Paso al 2000. "Hay una incertidumbre total, no hay una política clara sobre lo que va a pasar con el tema de los puestos de trabajo", dijo Conrado Cardile, delegado de los trabajadores.
El pasado 30 de diciembre, desde el gobierno nacional decidieron cortar el convenio por el cual estaban contratados 21 trabajadores del CET de Granadero Baigorria. Solamente quedaron con contratos la directora de la casa y cuatro médicos que dependen del programa nacional Médicos Comunitarios. Desde el Sedronar pidieron a los trabajadores una semana de espera para conseguir los fondos que permitieran rehacer un nuevo convenio de trabajo. A partir de esa notificación, se redujo la atención de 12 horas por día, y ahora la casa atiende de 9 a 12.
Además de las actividades, se perdieron el desayuno, el almuerzo y la merienda. Para los trabajadores se trata de una cuestión fundamental en los tratamientos. "El trabajo que se hacía, tanto de la terapia como desde los talleres, se basaba en que ellos permanezcan las 12 horas dentro de la casa", subrayó Casale.
"Más allá del trabajo general con las adicciones, trabajábamos con la vulnerabilidad social, que es lo que se ve mas afectado con esta reducción de horas. De las 12 que estaban contenidos dentro de la casa ahora solamente pasan 3", consideró el trabajador. "Ellos notan que durante muchos años el Estado no estuvo presente, apareció durante un año, y ahora volvió a desaparecer, llevándose a toda la gente con la que ellos trabajaban a diario", agregó.
Mientras aguardan para la próxima semana que contar con más información del Sedronar, para los 21 trabajadores del CET de Granadero Baigorria todo es incertidumbre. "Más allá de esta lucha por la continuidad laboral, el objetivo es el de poder seguir brindando un espacio para los pibes porque vemos que la contención que estábamos dando quedó totalmente nula", planteó Casale.
En tanto, los 23 trabajadores del Cepla de Juan José Paso y Travesía están viviendo una situación similar. "Hay una incertidumbre total con el futuro de los trabajadores y el sostenimiento del lugar de trabajo. No hay una política clara sobre lo que va a pasar con el tema de los puestos de trabajo", dijo Cardile, quien ayer fue designado como delegado de los trabajadores.
"Estamos muy preocupados, han tomado al sector más precarizado de los trabajadores, además con una política sensible como el narcotráfico y la prevención que en los CET y los Cepla que apuntan a una cuestión más inclusiva, con actividades para los chicos. Nosotros estamos sosteniéndolas, incluso hicimos una fiesta de fin de año para estar con los jóvenes", contó el trabajador.
Durante este mes, el Cepla debió entrar en receso porque los trabajadores no tienen ninguna garantía sobre sus futuros laborales. "Como está pasando a nivel nacional, donde están enfocados en ver a cuántos echan y dejan en la calle, y toda esta falsa propaganda de que somos ñoquis, y a su vez somos víctimas de la precarización", denunció Cardile.
"Con uñas y dientes"
El Parlamentario del Mercosur, Agustín Rossi, afirmó ayer "hay que defender los puestos de trabajos con uñas y dientes. Cuando se trata del empleo, no podemos tener posiciones ambiguas. Cada puesto de trabajo es importante", al criticar los despidos masivos que viene llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri. "Por estos días miles de argentinos y argentinas están perdiendo su empleo", aseguró al tiempo que explicó "en algunos casos, se da por decisión directa de funcionarios de Mauricio Macri. En otros, por empresas que aprovechando la ola conservadora impulsada por el triunfo de Cambiemos decidieron acotar sus plantillas de personal". En el mismo sentido, Rossi resaltó "La derecha siempre se las arregla para justificar las barbaridades que hace o genera cuando gobierna, más aún cuando cuenta con el blindaje mediático que hoy tiene Macri".
Fuente:Rosario12
LA MÁQUINA DE DESPEDIR
Ya suman más de diez mil los despidos anunciados en distintas dependencias del Estado, que van desde el Senado al Centro Cultural Kirchner. La ola se extendió a varios municipios bonaerenses y la vice Gabriela Michetti aseguró que se multiplicará: “Los ministros van a tomar medidas del mismo estilo”.
EL MACRISMO MULTIPLICA LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES ESTATALES
Cambiemos trabajo por desempleo
Estás despedido
Municipios y provincias
Las cesantías se van extendiendo a todas las áreas del gobierno de Mauricio Macri y también a distintos municipios. Gabriela Michetti anticipó que en los ministerios tomarán medidas del “mismo estilo” de la suya en el Senado, donde despidió a 2035 empleados.
Los despidos de esta semana son sólo el comienzo. Así lo dejó entrever la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien al defender los 2035 despidos en el Senado, indicó que “los ministros van a tomar medidas del mismo estilo”. Ayer se siguieron acumulando las denuncias de nuevas cesantías en distintas áreas de gobierno. En la ex Afsca, unas 90 personas fueron dejadas cesantes. En Jefatura de Gabinete, otras 150, mientras que en Vialidad Nacional ATE denunció que 20 personas quedaron sin trabajo. En el Centro Cultural Kirchner, unos 600 contratos no fueron renovados. En conflicto se extendió a los municipios: hubo entre 800 y mil despidos en Quilmes. En La Plata, donde se hablaba de 4000 despidos, se abrió una mesa de negociación. En Lanús, se anunció la revisión de 301 contratos del año pasado. Desde el kirchnerismo, sostuvieron que se trata de una persecución política.
“El Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político”, afirmó Michetti, en línea con el discurso generalizado para justificar despidos. La vicepresidenta tomó la decisión de anular el pase a planta de 2035 personas y adelantó que ese tipo de medidas se replicarán en los ministerios nacionales. “Se están haciendo auditorías en todos lados y se los ha ido encontrando”, indicó la vicepresidenta, quien detalló que los nombramientos “hay que mirarlos con detenimiento, tienen que ver con un sector político, en particular con La Cámpora”.
Desde el kirchnerismo, denunciaron una caza de brujas. “Michetti, que se dice democrática y dialoguista, promueve el despido de militantes kirchneristas. Esto se llama persecución ideológica”, afirmó la ex ministra de Defensa Nilda Garré. La ex legisladora porteña Gabriela Cerruti indicó que se trata de “un verano de persecución ideológica y caza de brujas que recordaremos como el más nefasto de la historia”.
Las denuncias de despidos se acumularon ayer. Los trabajadores de la ex Afsca, luego de un asueto forzado, fueron convocados al edificio. En la puerta, bajo un cordón policial, debieron hacer una fila y se fueron enterando de quiénes seguían teniendo trabajo y quiénes no. Ayer, según pudo saber este diario, se precisó que fueron despedidos 40 trabajadores no jerárquicos, mientras 50 coordinadores dejaron sus funciones.
Desde ATE, denunciaron otros 20 despidos en Vialidad Nacional. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, indicó que “hay una persecución que sufre el empleado público que no tiene sentido”. Remarcó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización. “Tenemos despidos confirmados en el Centro Cultural Kirchner, en Afsca y dentro de Vialidad Nacional hay 20 despidos al día de hoy, gente con 15 años de antigüedad”, afirmó. También informó que lo mismo está ocurriendo en Jefatura de Gabinete, donde serían 150 las personas despedidas. “Hay gente con 5, 6, 10 años cesanteados por presunción de actividad política. No podemos creer el nivel de violencia institucional que están tomando”, sostuvo Catalano.
En otras áreas, como Nación Seguros, se hablaba de 25 personas echadas, mientras que en la Unidad AMIA, ATE denunció la disolución del Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA, que tenía como tarea analizar la información desclasificada de la ex SIDE:
El encargado de llevar adelante la revisión de contratos de los últimos tres años es el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Ayer el funcionario sostuvo que “no hay un objetivo de reducción específica” del personal, sino que se están evaluando “situaciones que no son justificables”. Al igual que Michetti, Ibarra señaló que los despidos continuarán durante las próximas semanas. “Si hay centenares de personas contratadas desde un origen político y sin una función en el Estado, obviamente que va a haber barro en la cancha”, sostuvo.
En el mismo sentido se pronunció el responsable de los medios públicos, Hernán Lombardi, quien defendió los despidos en el CCK. “El 85 por ciento de los contratados eran convenios de asistencia técnica con las Universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza y vencieron el 31 de diciembre”, afirmó. Lombardi estimó que “el CCK tuvo un parto prematuro. La obra está claramente sin terminar, los equipamientos de luces y sonidos no están instalados, se inauguró antes de tiempo por las necesidades políticas de la presidenta saliente”.
“Es un artilugio técnico para despedir a 500 personas”, lo cuestionó el delegado gremial del CCK Nicolás Esperante, quien consideró que “estamos viviendo un verano de autoritarismo y persecución ideológica como no recordábamos desde las épocas más nefastas”. A Lombardi también le respondió el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Es fundamental dejar en claro que los convenios con las distintas facultades no son ninguna triangulación como se dijo. Se trata de convenios Estado-Estado de Asistencia Técnica. Todos los contratos terminaban el 4 de enero, y las nuevas autoridades tenían la posibilidad de renovarlos o finalizarlos. Que no usen esto como excusa para dejar en la calle a 800 trabajadores”, dijo.
Garré afirmó que “en los noventa decían que el Estado era ineficiente. Ahora, que está lleno de ñoquis. El objetivo es el achicamiento con diez mil trabajadores despedidos por mes”. “Echan trabajadores por su perfil político en todo el país. Casi diez mil en total. No les preguntan qué tarea cumplen. Los echan por sus publicaciones en las redes”, sostuvo, por su parte, Cerruti.
La discusión siguió en el conurbano. En Quilmes, el intendente PRO Martiniano Molina había adelantado, en un reportaje de este diario, que el municipio podía funcionar con cuatro mil trabajadores menos. Los gremios denunciaron mil despidos, mientras que desde la intendencia hablaban de 800. El secretario de ATE-Quilmes, Claudio Arévalo, reclamó que se los reincorpore “porque son compañeros que venían todos los días a trabajar. En muchos casos son únicos sostén de familia, que les va a costar conseguir un trabajo”. Y precisó: “Son compañeros que prestan servicio en el Hospital de San Francisco Solano, las guarderías municipales, las unidades sanitarias y también hay barrenderos”.
En tanto, en La Plata, abrieron una mesa de negociación con el intendente macrista Julio Garro, quien había resuelto no renovar 3985 contratos. No obstante, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, indicó que “la decisión es no darles continuidad a los contratos políticos para cuidar el bolsillo de los platenses”.
En Lanús, anunciaron que revisarán 301 contratos de 2015. “Si trabaja y se lo precisa, se lo va a renovar. Si es un ñoqui, no va a seguir”, sostuvieron desde la intendencia. El secretario de la Federación de Sindicatos Municipales, Rubén García, denunció despidos también en Adolfo Alsina, Chascomús, Esteban Echeverría, Coronel Vidal y Coronel Suárez.
Fuente:Pagina12
ENTREVISTA AL JUEZ ARIAS SOBRE EL DNU QUE ELIMINO LA AFSCA Y LA AFTIC
“Están cometiendo varios delitos”
El magistrado que dictó la medida precautelar tras la intervención del organismo criticó la decisión de Macri. Aseguró que el Ejecutivo avanzó contra el Poder Judicial, se viola la Constitución y se afecta “gravemente la libertad de expresión”.
Por Ailín Bullentini
El juez Luis Arias le había ordenado al Ejecutivo mantener la situación sin cambios al 29 de diciembre.
El juez en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Arias, advirtió que el presidente, Mauricio Macri, y algunos funcionarios de su gobierno cometieron “varios delitos” al avanzar en la disolución de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la modificación de artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) pese a la precautelar de no innovar que dictó la semana pasada. “La medida es bastante clara como para ser interpretada de diferentes maneras”, por lo que “está clara la intención de parte del Ejecutivo de avanzar no sólo en contra de una ley votada por el Congreso sino en contra del Poder Judicial también”. Según su análisis, el Gobierno aprovechó el “contexto temporal particular” de fin de año y feria judicial y se valió de su complicidad con “ciertos medios” para actuar “en un marco de invisibilidad” y cambiar una ley “revestida de legitimidad”. “Es digno de un Estado totalitario”, sentenció. La causa quedó ahora en manos del juez Alberto Recondo.
–Pese a la precautelar que dictó de no innovar en la estructura de la Afsca, el Gobierno desintegró el organismo y lo fusionó con la Aftic vía decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo lo analiza?
–Por un lado, la medida obliga a que la situación en la Afsca quede tal cual estaba el 29 de diciembre, la congela en esa fecha y busca evitar despidos de trabajadores, remoción de funcionarios, modificación del organismo, otorgamiento de derechos como permisos, licencias, etc. No se suspendió la intervención de la Afsca (NdR: ésa era la cuestión de fondo de la denuncia sobre la que dictó la precautelar), pero sí se la limitó a la posibilidad de realizar actos de administración que no alteren, supriman u otorguen derechos. Luego, la medida establece que todo decreto o reglamento que se dicte con posterioridad a la fecha de la precautelar queda suspendido de pleno derecho, es decir automáticamente. Hoy el decreto 267/2015 está suspendido.
–Desde el Gobierno interpretan que la precautelar no tiene validez. Se basan en la fecha del decreto, del mismo día de su resolución, y en que usted no es competente. ¿Es posible esa múltiple interpretación de la situación?
–La cautelar dictada es bastante clara como para evitar situaciones ambiguas. Si avanzaron con la creación de un organismo con actos que impliquen la modificación de la Afsca creo que hay una violación muy clara de la medida cautelar. Y si bien en el Derecho no existe una solución única posible sino un marco de racionalidades posibles, de todos modos en este caso queda muy poco margen para dar lugar a otras interpretaciones: está clara la intención de parte del Ejecutivo de avanzar no sólo en contra de una ley votada por el Congreso sino en contra del Poder Judicial también. La cuestión de la fecha resulta sorprendente. El día miércoles 30, cuando anunció la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ministro Peña dijo que el decreto se iba a firmar. Sin embargo, el lunes apareció firmado, por él inclusive, con fecha del 29 de diciembre. Peña no puede desconocer que él mismo había firmado el decreto antes de anunciarlo, cosa en la que por cierto se contradijo. Allí existe una incongruencia y habría que analizar una posible situación delictiva en torno de la falsificación de documento público, incumplimiento de deberes de funcionario público.
–¿Y la competencia? Usted advierte que no puede actuar sobre la cuestión de fondo...
–Yo soy incompetente para definir la cuestión principal, la nulidad de los decretos de la intervención de Afsca y del traspaso de sus funciones al Ministerio de Comunicaciones. Pero sí tengo una competencia transitoria para decidir cuestiones urgentes. Así lo establece la ley de medidas cautelares que se dictó durante el kirchnerismo (la número 26.854) justamente por las conflictividades con la Afsca. Sí lo soy también de acuerdo al artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial, pero además esto es algo muy común dentro del Poder Judicial. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado medidas cautelares siendo incompetente. El descalificar la precautelar porque quien la dictó no es competente es un argumento que realmente no lo podría esgrimir ni un estudiante de Derecho; es más una excusa que otra cosa. De todas maneras, aun si fuera válido, eso no habilita a incumplir una norma, una decisión judicial. Lo que hay que hacer es apelarla, pedir la habilitación de la feria judicial, pedir al juez federal que la revoque, a la Cámara de Apelaciones, en fin... pero nunca incumplirla.
–No sólo se publicó el decreto que modifica la Afsca y deroga artículos de la LSCA, además se oficializó la creación del organismo que lo reemplaza, el Ente Nacional de Comunicaciones.
–Al avanzar en la implementación de actos que impliquen la desaparición de la Afsca, su fusión con otros organismos, la remoción de empleados, se está violando la medida precautelar con un evidente matiz delictivo, según lo previsto en el artículo 239 del Código Penal. Pero más allá de la cuestión jurídica, lo preocupante aparece desde el punto de vista institucional. Porque esto implica avanzar hacia un Estado de corte totalitario. Desconocer el Congreso mediante la modificación de leyes por decreto, desconocer el Poder Judicial implica que el Poder Ejecutivo asume todas las funciones de gobierno. Y esto es digno nada más ni nada menos que de un Estado totalitario. Es disvalioso, además, el accionar en torno de una ley particularmente discutida, con un gran consenso en su aprobación y aplicación. Y el precedente es terrible. Desde el punto de vista de una democracia real, la ley fue votada por el Congreso por amplia mayoría y antecedida de un debate muy amplio a nivel nacional en donde la sociedad tuvo el uso de la palabra de manera directa, lo cual la viste de legitimidad. ¿Modificarla sin pasar por el Congreso, e incluso, por decreto de necesidad y urgencia? Si quieren cambiar la ley, deben llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento. Así lo plantea la Constitución.
–La judicialización de esa norma también sentó jurisprudencia que la avaló. ¿Por qué cree que el Gobierno no tuvo eso en cuenta?
–Hay una intención de avanzar contra todo y frente a todo, violando todos los caminos que la Constitución impone. Y eso ha sido soslayado por muchos medios y por parte de la sociedad también. El fin no justifica los medios. Esto va a afectar gravemente la libertad de expresión, algo que mencionamos en la precautelar. La acción del Gobierno en este ámbito viola todos los estándares internacionales en torno de la libertad de expresión y puede comprometer la responsabilidad internacional del estado en esta materia.
–Según explicó, el Gobierno ya habría cometido varios delitos. ¿Se puede pensar en que esta situación continúe a pesar de las violaciones?
–Cuando uno se pone del lado de los poderosos siempre es más fácil todo. Hay complicidad entre el Gobierno y ciertos medios, lo que le posibilita la acción en un marco de cierta invisibilidad. No es que no se ven las acciones, lo que no se muestra es su halo delictivo. Y además, debemos decir que hay una gran parte de la sociedad que permanece indiferente. El Gobierno aprovechó un contexto temporal particular para evitar el debate y que la gravedad de la situación no se vea: fin de año, la gente piensa en las vacaciones. Probablemente con el tiempo la sociedad vaya tomando conciencia de la gravedad que implica avasallar las instituciones de este modo, pero el verdadero problema es el mientras tanto.
Fuente:Pagina12
SEGUIREMOS LUCHANDO PARA QUE SEAN INVESTIGADOS Y JUZGADOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
Resumen Latinoamericano /04 de Enero 2016.-
La Corte Suprema confirmó la condena a perpetua al ex comisario Fanchiotti por los asesinatos de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki
A poco más de 13 años y medio de aquel 26 de junio de 2002 cuando el gobierno nacional encabezado por Duhalde reprimió salvajemente a miles de manifestantes en Avellaneda, celebramos la decisión de la Corte Suprema de rechazar el último intento de impunidad por parte de la defensa del ex comisario Alfredo Fanchiotti que asesinó a Darío y a Maxi.
La Masacre de Avellaneda fue resultado de un plan represivo planificado por el gobierno de Eduardo Duhalde para disciplinar al movimiento popular.
Mediante la lucha popular, el corte todos los meses, cada 26, frente a la Estación que hoy lleva el nombre de nuestros compañeros, el acampe frente a los Tribunales de Lomas de Zamora, los escraches a los funcionarios que ocupaban cargos de responsabilidad política en 2002, logramos las condenas ejemplares a prisión perpetua para el ex comisario Fanchiotti y el cabo Acosta.
La condena a un comisario mayor en democracia a la máxima pena y por el delito de represión, se logró con la lucha popular y la movilización permanente y muestra que los hechos derepresiónno siempre quedan impunes.
Hoy, que nuevamente el gobierno nacional quiere discutir un protocolo para “regular”la protesta social y que a pocos días de asumir reprimió brutalmente a los trabajadores de Cresta Roja queremos dejarlo claro:
La movilización y manifestaciones en las calles son consecuencia de derechos constitucionales violados por el Estado y la solución nunca puede ser la represión. Junto a la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi seguimos reclamando y exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, exigiendo que avance la causa por las responsabilidades políticas que radica en los Tribunales de Comodoro Py.
CON LA LUCHA Y LA MOVILIZACION POPULAR LOGRAMOS CONDENAS EJEMPLARES #YOPIDOCÁRCEL PARA EDUARDO DUHALDE, FELIPE SOLÁ, CARLOS RUCKAUF, JUAN JOSÉ ALVAREZ, JORGE VANOSSI, ALFREDO ATANASOFF, LUIS GENOUD, JORGE MATZKIN, OSCAR RODRÍGUEZ Y ANÍBAL FERNÁNDEZ.
¡Juicio y Castigo a todos los responsables de la Masacre de Avellaneda!
Contactos:
Alberto Santillán, padre de Darío – (011) 56035256
Leonardo Santillán, hermano de Darío (011) 57670209
Federico Orchani, vocero del FPDS (011) 1556955701
Gobierno de Macri despide a 2.035 trabajadores del Senado argentino
Resumen Latinoamericano / AVN / 5 de enero 2015.- .-
Este martes, 2.035 trabajadores del Senado de Argentina quedaron sin trabajo, tras un decreto anunciado por la vicepresidenta de la nación suramericana y titular del Congreso, Gabriela Michetti.
Hernán Granovsky, vocero de los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, denunció que les impidieron entrar al Senado, donde sólo se permitió el ingreso del personal de mantenimiento y de Recursos Humanos.
“Nos recibió una persona de Recursos Humanos explicando que nuestros contratos habían caído y una vez definido el tema nos iban a llamar”, explicó, citado en información destacada en el sitio web de la agencia Prensa Latina.
Por su parte, la vicepresidenta Michetti argumentó que la eliminación de las más de 2.000 contrataciones se debe a que fueron hechas durante la anterior gestión de Amado Boudou. Alegó que esos contratos aumentaban 146 % la plantilla de trabajadores del Senado y significarán una disminución de 80 %, unos 570 millones de pesos (casi 43 millones de dólares) en el presupuesto salarial de ese recinto.
La también presidenta del Senado dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó Boudou antes de dejar su cargo.
La vicepresidenta, además, ordenó la creación de una comisión para analizar la totalidad de los expedientes de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos 12 meses en la Cámara de Senadores.
En menos de un mes de Gobierno, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha emitido 40 decretos de necesidad y urgencia, en su mayoría para tomar medidas neoliberales. Entre las medidas destacan la eliminación del cepo o control cambiario, que significó -desde su primer momento- la devaluación de la moneda argentina.
Además, se dio la suspensión del Código Procesal Penal y se intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), así como la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
También ordenó la suspensión inmediata, hasta nuevo aviso, del canal Senado TV, medio de comunicación que transmitía sesiones de la cámara alta.
Además de la transmisión de las sesiones de la Cámara y algunas reuniones de comisión, la programación de Senado TV incluía entrevistas a senadores, un noticiero central y una emisión semanal sobre cocina.
Esta medida se suma a la remoción de los directivos de los organismos que regulan las comunicaciones, los medios audiovisuales y hacen cumplir la Ley de Medio. Igualmente, ordenó el cierre repentino de la emisora Nacional Rock, una de las tres FM de Radio Nacional.
Protesta frente al Congreso argentino por miles de despidos
Por Stella Calloni, corresponsal. mié, 06 ene 2016
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en imagen del 11 de diciembre de 2015. Foto Reuters Buenos Aires. A menos de un mes de asumir Mauricio Macri el gobierno derechista de la Alianza Cambiemos, no sólo ha emitido más de 50 decretos sino que ya despidió a miles de empleados en esta capital y en la provincia de Buenos Aires y otras intendencias que gobierna, mientras amenazan con más despidos con argumentos de persecución política y avanzan hacia un régimen autoritario advirtiendo que seguirán dictándose decretos, ignorando la convocatoria al Congreso.
Los diputados del Frente para la Victoria (FPV) acompañados por miles de personas realizaron un abrazo simbólico al Congreso de la Nación respondiendo a una convocatoria de la Organización Resistiendo con Aguante que en las redes sociales exigen sesiones extraordinarias ante “el abuso de poder”, para defender la Instituciones democráticas” y ante el silencio mediático sobre todo lo que está sucediendo en el país.
El diario Tiempo Argentino reveló un instructivo denominado “Hoja de Rutas Empleo Público” enviado a los ministerios por la cartera de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, en donde se detalla un plan para relevar la totalidad de cargos estatales en un plan de control de todos los empleados estatales, con el fin de identificarlos, pero especialmente para conocer: cuántos son, cómo fueron contratados y a qué gremios y partidos político pertenecen y Tiempo Argentino confirma que, sólo en el comienzo el ejecutivo se prepara para suspender, rescindir o impugnar más de 13 mil empleos públicos.
Los diputados del FVP-PJ comunicaron que están respondiendo “al reclamo generado a través de las redes sociales para que Macri convoque al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias” y sostuvieron que hace más de 20 días están solicitando esto, entendiendo que la decisión tomada por Macri, “es abiertamente inconstitucional cuando nombró a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, sin el insoslayable aval del Senado de la Nación”.
A este decreto le siguieron otros “ilegales y violatorios de la Constitución Nacional y las instituciones de la República, que incluyen la reforma y hasta la derogación de leyes sancionadas democráticamente por este Congreso, la remoción de funcionarios también designados democráticamente por el Parlamento, y el intento de legislar por decreto en cuestiones penales, lo que está expresamente prohibido por la Constitución en su artículo 99”.
En tanto la ola de despidos bajo el argumento de que se trata de “militantes” supuestamente “kirchneristas” nunca se había visto desde el retorno de la democracia en 1983 y los manifestantes de hoy denunciaron persecución política y falsos argumentos para “un ajuste” brutal.
A los despidos de más de 2 mil trabajadores decretados por la vicepresidenta Gabriela Michetti hace tres días se suman ahora los 600 del Centro Cultural Kirchner, una extraordinaria obra de recuperación de un sitio histórico, donde había exposiciones, conciertos, y obras de todo tipo gratuitamente para el público dan cuenta de la gravedad de la situación.
"Como representante de los trabajadores, no vamos a permitir este atropello", aseguró el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Congreso), Claudio Britos, quien aclaró que el gremio no recibió ninguna notificación oficial respecto al despido de 2025 empleados de la Cámara alta.
"Estamos en alerta y movilización. La vicepresidenta tomó una decisión errónea", agregó.
En Quilmes, el jefe comunal Martiniano Molina, de la derechista Propuesta Republicana despidió a mil empleados, muchos de ellos trabajadores con varios años de antigüedad, mientras en Mar del Plata se habla de unos 3 mil y en La Plata, la situación es tensa en estos momentos porque el intendente Julio Garro decidió el despido de unos 4 mil 500 trabajadores y un grupo de estos tomó parte del edificio de la Comuna.
En este caso se están afectando a cooperativas en la que trabajan unos 12 mil cooperativistas y de acuerdo a los “ajustes” ahora quedarían en la calle unos 7 mil de estos trabajadores. A su vez, Hernán Lombardi titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, anunció que "fueron dados de baja contratos de asistencia técnica" que se había firmado con universidades nacionales, lo que significa el despido de unos 600 empleados y más de 150 de la Jefatura de Gabinete nacional.
Derechos humanos
Asimismo los organismos de derechos humanos reclamaron la decisión del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien sigue avanzando en el tema de los despidos y cambios, y ahora amenaza con intervenir el Museo Nacional de la Memoria del Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). De hecho comunicó su decisión de despedir a Horacio Pietragalla integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, hijo de desaparecidos y ex diputado nacional, nombrado director del Archivo durante cuatro años, lo que vence en 2020.
Avruj lo despide por cuestiones políticas, ya que como dijo al derechista diario La Nación su propósito es “deskirchnerizar” a la ESMA , donde ya se han producido cambios ante lo cual los organismos manifestaron su preocupación por el futuro del Archivo Nacional de la Memoria y advierten que Horacio Pietragalla Corti es una garantía para proteger una documentación tan importante y que llevó tantos años y sacirficios recolectar.
Fuente:laJornada
Trabajadores de prensa se movilizan ante vaciamiento del Grupo Veintitrés
Resumen Latinoamericano/Télam (Fotos: Sipreba), 6 de enero de 2016 –
Los periodistas y empleados del grupo que dirigen Sergio Szpolski y Matías Garfunkel se movilizaron ayer a las oficinas del multimedios en Puerto Madero y recibieron el apoyo de diputados y senadores nacionales, legisladores, comisiones gremiales y agrupaciones políticas.
La movilización se organizó como respaldo a los delegados que iban a ser recibidos hoy por los empresarios, pero que a último momento decidieron suspender la reunión aduciendo que “no iban a negociar bajo presión con 500 personas en la puerta”, explicaron los representantes de los trabajadores.
En diálogo con Télam, el delegado gremial de Tiempo Argentino del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sipreba), Alejandro Wall, precisó que el grupo “arrastra una serie de incumplimientos con los trabajadores que van desde deudas salariales hasta la suspensión de la salida a la calle de una serie de publicaciones, entre ellas los suplementos zonales de El Argentino y las revistas 7 Días y Cielos Argentinos”.
En este sentido, reclamaron la intervención del Ministerio de Trabajo “para que ponga en vereda a estos empresarios que violan la ley”, y resaltaron que entre los recortes implementados, figura la falta de pago del salario de noviembre a más de 65 trabajadores.
La movilización “para resistir el ajuste brutal” contó con la participación de comisiones gremiales de diversos medios, además de dirigentes gremiales y de otras organizaciones sociales y políticas.
Despidos masivos en el CCK
Resumen Latinoamericano / Página12 / 06 de enero de 2016 –
El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, confirmó que al 85 por ciento de los 700 trabajadores del Centro Cultural Kirchner no se les renovará los contratos, mientras que al resto se los volverá a emplear por un plazo de “entre uno y tres meses, como corresponde a la normativa” de su área. “No quiere decir que no haya gente valiosa, pero será evaluada para ver su continuidad”, justificó.
Los despidos se suman a los que la gestión de Mauricio Macri concretó en el Senado (2035 trabajadores), en la Jefatura de Gabinete (150), la Municipalidad de Quilmes (1000) y la de La Plata (4500), entre otras dependencias del Estado.
Lombardi justificó que los despidos en el CCK al sostener que los contratos eran “convenios de asistencia técnica” con las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza que “vencieron el 31 de diciembre”. Sin embargo, los trabajadores que durante las últimas semanas realizan movilizaciones y se mantienen en asamblea permanente aseguran que esos contratos tienen vigencia durante todo 2016.
“El CCK tuvo un parto prematuro, la obra está claramente sin terminar, los equipamientos de luces y sonidos no están instalados, se inauguró antes de tiempo por las necesidades políticas de la presidenta saliente”, cuestionó Lombardi al anunciar que desde la primera semana de marzo será reabierto.
También criticó que “nunca tuvo un director”, y señaló que “actuaban simultáneamente el Ministerio de Planificación, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Cultura y cada cual realizaba su propia tarea”.
El macrismo quiere intervenir el Archivo Nacional de la Memoria
Por Alejandra Dandan, Resumen Latinoamericano / Página 12 /6 de enero 2016.-
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adelantó que relevará a Horacio Pietragalla de la dirección del Archivo que guarda documentos oficiales y colecciones particulares. Organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación. El gobierno nacional adelantó en una reunión en Abuelas de Plaza de Mayo que sacará a Horacio Pietragalla de la dirección del Archivo Nacional de la Memoria (ANM). El ANM es un ente descentralizado con un rol emblemático para preservar, conservar y difundir informaciones, testimonios y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos realizadas por el Estado argentino. Sus autoridades emergieron como resultado de consensos entre los organismos de derechos humanos y el Estado nacional. Pietragalla es integrante de Abuelas, hijo de desaparecidos y ex diputado nacional. Fue nombrado el 6 de diciembre como director del Archivo durante cuatro años. Bajo la lógica de “deskirchnerizar” una política de Estado y no de un gobierno, el nuevo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adelantó que la nueva gestión pondrá a su candidato sin consensos.
Los organismos de derechos humanos emitieron un comunicado en el que manifiestan su preocupación por el futuro del Archivo. “Los organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por el futuro del Archivo Nacional de la Memoria ante la intención del gobierno de Mauricio Macri de reemplazar a Horacio Pietragalla Corti en la presidencia de ese organismo”, señalaron.
“Tal como le manifestamos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la continuidad del nieto restituido Horacio Pietragalla Corti garantiza el fortalecimiento del trabajo del ANM” que “cuenta con el acervo documental más importante sobre la memoria de la vida y de la militancia de nuestros hijos y nuestros familiares y de la lucha que sostuvimos contra el terrorismo de Estado ya desde la dictadura cívico-militar. Esa documentación que brindamos al Estado nacional con el retorno de la democracia fue y sigue siendo un insumo central para todas las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país, y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”.
La reunión con Avruj se hizo un día después de que la noticia apareciera publicada en potencial en el diario La Nación. El cónclave se había pautado una semana antes, pero sin ese aditamento. Avruj fue con parte de su equipo a la sede de Abuelas. Participaron Estela Carlotto, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cuando ellas plantearon su preocupación sobre el futuro del Archivo, Avruj dijo que no era una ONG sino una institución del gobierno, que ahora es otro y fue votado por mayoría. Bajo esta lógica argumentó el cambio en la dirección de uno de los espacios emblemáticos en la custodia de prueba documental, acervos históricos y para quienes durante estos años depositaron documentos y objetos bajo la custodia de un Estado cuyas políticas públicas fueron estructurales para el avance del proceso de memoria, verdad y justicia. Una semana antes, los organismos le habían pedido a Avruj la continuidad de Pietragalla. Pese a la negativa, el secretario volvió a pedirles confianza.
“Van a intervenir el Archivo Nacional de la Memoria –tuiteó Pietragalla bien temprano–, en este lugar hay archivos personales que muchos familiares cedieron a un proyecto de país.” El ex canciller Héctor Timerman sumó su voz en las redes sociales. “No a la intervención del Archivo”, dijo. Y en su Facebook explicó que “durante los años que fui canciller trabajamos muy intensamente con el Archivo. Conseguimos que Italia nos entregue toda la documentación de la Cancillería italiana sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”. Explicó que comenzaron programas de cooperación con Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil para investigar las secuelas del Cóndor. “La seriedad del trabajo es reconocida en el mundo entero y muchos países nos han pedido asesoramiento.”
Sobre el mediodía, la dirección del ANM sacó un comunicado de repudio. “Vemos con preocupación la intención del gobierno de Macri de desconocer el nombramiento de Horacio Pietragalla Corti como presidente del ANM”, señalaron. “Avanzar con la intervención reafirma la intención del PRO de pisotear las instituciones por fuera de la legalidad. Pero, además, representa un fuerte retroceso en nuestra historia: la presidencia del ANM fue, desde su creación, consensuada con los organismos de derechos humanos, que a lo largo de todos estos años fueron quienes construyeron sus cimientos.”
El Archivo guarda entre sus tesoros documentación sensible. Pese a haber sido creado durante la presidencia de Néstor Kirchner, custodia gran parte de la historia de la lucha contra la impunidad en el país. Están los primeros datos entregados a autoridades nacionales e internacionales por los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Listados de personas desaparecidas o prisioneras. Se encuentra el fondo documental de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep). Los archivos del Banade de censura a la cultura y, entre otros, el material de la Cadhu. En una caja de vidrio de una pequeña sala de exposiciones se ven las zapatillas negras y gastadas de la Madre jujeña Olga Aredez. Son parte de los objetos donados por la familia para la guarda a cargo del Estado nacional, como sucede con otras colecciones privadas. Material que también incluye un acervo de datos sensibles sobre los delitos económicos y las responsabilidades civiles en los que trabajó el ANM durante los últimos años. En el comunicado, los organismos y el propio ANM recordaron ese material entre sus tesoros. Y señalaron que bajo su órbita está la función de contestar oficios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo sobre los eventuales antecedentes por violaciones a los derechos humanos del personal de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. “A cuarenta años del último golpe de Estado que sufrió nuestro país –dice por último el comunicado colectivo–, exigimos que el gobierno nacional resguarde el rol que tiene el Archivo Nacional de la Memoria como bastión de los avances logrados por la sociedad argentina en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”. Entre las firmas están las de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de detenidos y desaparecidos por Razones Políticas y la APDH.
El intendente macrista en Quilmes, Martiniano Molina cobrará un sueldo de 112.000 pesos
Resumen Latinoamericano/ 05 de Enero 2016 .-
Tras despedir a mil empleados municipales, festeja un muy buen salario. El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, comenzó el año con un incremento de salario de casi el 30%, según denunciaron desde la oposición.
El cocinero cobrará un sueldo bruto de $112 mil, más un 50% adicional en “gastos de representación”.
La nueva escala salarial estaba contemplada por la anterior gestión y a fin de 2015, ya con la nueva composición del Concejo Deliberante, los ediles aprobaron el incremento del salario de Martiniano Molina en el Presupuesto 2016.
El combo se completa con la denuncia por los despidos de agentes municipales por parte de la gestión del chef.
Así, el aumento salarial va a contramano de la intención de Molina de bajar el gasto de la intendencia. Al aumento se le agregan “gastos por representación” que tendrá el intendente. Esos fondos podrán o no ser usados por el jefe comunal, según explicaron fuentes del entorno del intendente a El Destape.
Estos gastos no forman parte del salario y es un dinero de reserva destinado a cuestiones que tengan que ver con su tarea como jefe comunal. Alarma por despidos Los trabajadores de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, denunciaron que las autoridades del municipio despidieron a cientos de empleados.
“Las autoridades de la actual gestión de gobierno no han podido dar cuenta de un proceso evaluativo propio que sostenga la decisión de la no renovación de los contratos”, indicaron en un comunicado de prensa.
Además, los municipales sostienen que no hubo evaluación laboral de los trabajadores y que “los despidos se deben a una decisión política”.
DECRETO DESREGULA EL MERCADO DE HIDROCARBUROS:
Borrar el control sobre un mercado estratégico
Resumen Latinoamericano / Página12 / 05 de enero de 2016 –
Se modificó el esquema regulatorio de las inversiones de las petroleras. Reducen la presencia del Estado en la planificación de las inversiones del sector y el otorgamiento de los permisos de explotación y exploración, en favor de las provincias.
El Gobierno desarticuló a través de un decreto la legislación que regulaba las inversiones y los permisos de exploración y explotación del sector hidrocarburífero. El presidente Mauricio Macri disolvió ayer la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas creada en 2012 y derogó una serie de regulaciones para las petroleras. En su lugar, dejó la aplicación de un marco normativo mucho más dócil en manos del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina. Se trata de un cambio hacia la descentralización regulatoria en favor de las provincias.
En un nuevo capítulo de la gestión a través de decretos, Macri intervino el esquema regulatorio de las inversiones de las petroleras. El decreto 272 que lleva la firma de Macri, Aranguren, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, reduce la presencia del Estado nacional en la planificación de las inversiones del sector y el otorgamiento de los permisos de explotación y exploración, en favor de las provincias. El propio Aranguren días atrás anticipó el espíritu de la modificación normativa. “Conforme al artículo 124 de la Constitución nacional las provincias detentan el dominio original de los recursos naturales y por lo tanto las reconocemos como la única autoridad de aplicación en los permisos de exploración y concesión de explotación”, dijo el ministro. El reglamento derogado establecía una larga serie de obligaciones para las empresas del sector. Otorgaba potestad al Estado nacional para exigir que los planes privados de inversión estén en línea con las directrices nacionales, así como también exigía a las empresas la presentación de información sobre costos y márgenes de ganancia. Su eliminación es un acto en favor de la desregulación. De todos modos, especialistas consideran que es improbable una apertura total a las importaciones porque a nivel económico la oferta de divisas del país es ajustada y además tendría un efecto negativo en el empleo y las regalías provinciales, dos temas políticamente sensibles.
Por lo pronto, ayer fue disuelta la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, creada por el Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera el marco regulatorio que el kirchnerismo desarrolló para el sector luego de la expropiación de YPF, con la idea de impulsar las inversiones. La particularidad de la Comisión era la centralización regulatoria en manos del Estado nacional. Pero además de la eliminación de la Comisión, que podría ser apenas un cambio de forma, el decreto de ayer derogó 17 artículos del Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera. Por ejemplo, dejará de correr el plazo no mayor a los 60 días para la evaluación del plan anual de inversiones de cada empresa y su verificación de consistencia con respecto al plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. Ahora la ley tampoco exige que se audite y fiscalice en forma trimestral el cumplimiento del plan anual de inversiones de cada empresa ni que sean aplicadas las sanciones correspondientes en caso de que correspondan.
Se eliminó el artículo 20, que establecía que “las refinadoras no podrán a consecuencia de paradas técnicas o imprevistas dejar de abastecer adecuadamente a su cadena comercial”. También quedó sin efecto el artículo 28, que atribuía a la comisión la facultad de auditar “en forma periódica la razonabilidad de los costos informados por los productores y sus respectivos precios de venta” y para “adoptar las medidas que estime necesarias que evitar conductas distorsivas que puedan afectar los intereses de los consumidores en relación al precio, calidad, disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”. Además, fue derogado el artículo 31, que permitía a la comisión la aplicación de multas, apercibimientos y nulidad o caducidad de concesiones o permisos.
La aplicación del resto del marco normativo que sigue vigente pasa a depender de Aranguren. El decreto aclara que el Ministerio de Energía “efectuará una revisión y reordenamiento de las normas referidas a la creación de registros y deberes de información en la industria de los hidrocarburos”.
“Lo de Aranguren para nosotros es una situación contradictoria. Por un lado tiene una matriz ideológica neoliberal, una concepción pro mercado. Sin embargo, no está claro qué quiere hacer. Si fuera totalmente liberal, se abrirían las importaciones y bajarían los precios de la nafta y gasoil. Pero eso tendría un impacto muy fuerte sobre la balanza comercial, que hoy la economía no parece en condiciones de absorber. Además, se afectaría sensiblemente a la industria local y a las regalías provinciales”, explicó a este diario José Andrés Repar, especialista del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).
La intención del Gobierno es desconcentrar la actividad regulatoria referida a los planes de inversión y los permisos de explotación y exploración a favor de las provincias. Con respecto a este punto, Repar consideró que “las provincias con recursos hidrocarburíferos van a intentar defender el precio interno del petróleo, o sea, el mercado interno. Y creo que saben, por la experiencia de los últimos años, que sin exploración e inversión va a ser difícil un incremento en la producción”. Actualmente el precio local del barril ronda los 70 dólares, mientras que a nivel internacional cotiza en 37 dólares. Los expertos coinciden en que la producción en la Argentina sería inviable si rigieran los valores internacionales. Aranguren se mostró a favor de un “sinceramiento de precios” tanto de tarifas como del precio interno del petróleo.
La nafta aumenta mañana y en marzo también
Al incremento del 6 por ciento que regirá a partir de mañana se le sumará otro similar dentro de tres meses, y no se descarta un nuevo ajuste antes de mitad de año, según confirmó el presidente de la Federación de Entidades de Combustible, Luis Malchiodi.
“Depende de lo que ocurra en el país con el proceso inflacionario”, advirtió.
Durante una entrevista por radio Belgrano, el empresario aseguró que Fecoba fue “un poco espectadora” del aumento acordado entre el Gobierno y las petroleras.
“Nos anoticiamos de madrugada y no hemos tenido participación en el aumento”, dijo y reconoció que “si bien sabíamos que esto iba a ocurrir por la salida del cepo, esperamos que se resuelva con sabiduría, porque no deja de ser un problema para los consumidores y nosotros mismos”.
Cuando se le preguntó si a los aumentos previstos para mañana y en marzo se podría agregar otro, contestó: “Podría llegar a haber, depende de lo que ocurra en el país con el proceso inflacionario”.
“Esperemos que la decisión que tomen sea acertada y que el aumento no sea tan grave como se había anunciado, se modere y haya un gradualismo”, instó.
Romper la planificación petrolera
Por Claudio Scaletta
Probablemente uno de los mayores aciertos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, junto con la eliminación de las AFJP, fue la recuperación del paquete accionario mayoritario de YPF en 2012. La acción se decidió después del shock provocado por la pérdida del autoabastecimiento de combustibles y el inicio del flujo importador, un proceso que reforzó los problemas de cuenta corriente que estructuralmente manifiesta la economía local tras períodos largos de crecimiento. El objetivo no fue sólo recuperar el abastecimiento en el mediano plazo, sino reducir la demanda de importaciones.
La idea era sencilla, pero significaba un cambio radical respecto del modo de actuar de las inversiones petroleras en el país y de su gestión, de la relación entre el capital petrolero y el Estado. La historia no es muy larga y puede rememorarse en unas pocas líneas. La reforma constitucional del neoliberalismo en 1994 transfirió “el subsuelo” de la Nación a las provincias, pero la transacción se perfeccionó recién con la sanción de la llamada Ley Corta en 2006. Fue durante el gobierno de Néstor Kirchner y cuando, al parecer, todavía no estaban muy claras las consecuencias de haber dejado de considerar a los hidrocarburos como un recurso estratégico, menoscabo que la reaparición de la restricción externa haría recordar de golpe.
La sanción de la Ley Corta significó un verdadero cambio de régimen. La idea de planificación energética estatal terminó de desaparecer y la concesión de las áreas hidrocarburíferas, tanto en materia de precio de las concesiones, condiciones de explotación y regalías quedaron en manos de las provincias. Para el capital petrolero ello significó dejar de negociar con un actor con el poder del Estado Nacional, para hacerlo con otro de poder relativo muy inferior, los estados provinciales, por lo general siempre urgidos de fondos. La Ley Corta abrió los procesos de renegociación de concesiones, que en todos los casos implicaban un pago inicial para las siempre exhaustas arcas provinciales y un cambio de condiciones en términos de regalías y tiempos de concesión.
Tras la recuperación del capital mayoritario de YPF, una reversión virtuosa de todos los errores del pasado, el decreto 1277/2012 reglamentó el llamado Régimen de Soberanía Hidrocarburífera que, entre otras cosas creaba una comisión de nombre muy largo: “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, que funcionaría bajo la órbita de la “Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo” del Ministerio de Economía que por entonces ocupaba el después ministro Axel Kicillof. Básicamente, la función de la Comisión era subsanar lo que legalmente no podía cambiarse. Como la propiedad provincial del subsuelo tenía rango constitucional y ello se había reglamentado a través de la Ley Corta, el decreto 1277, por medio de la creación de la Comisión de Planificación, introducía un tercer actor en las negociaciones entre las petroleras y las provincias. La clave residía en que la Comisión tenía la facultad aprobar o no los planes de inversión. Si bien este derecho a veto nunca se usó, le otorgó a Nación la facultad de presionar a las empresas para conseguir una mayor producción. Mientras la realidad de las voluntades provinciales era la urgencia de fondos para, por ejemplo, pagar aguinaldos u otros gastos corrientes, el objetivo de Nación siempre fue reducir importaciones; demandar más recuperación secundaria y terciaria, más exploración, más perforaciones y más equipos en el terreno.
Aunque los gobernadores de las provincias petroleras aceptaron los cambios introducidos por el decreto 1277, siempre existió un disgusto por la pérdida de la potestad de negociar directamente con las empresas en función de sus necesidades de caja. Ni hablar de las firmas del sector, entre ellas la conducida por el hoy ministro Juan José Aranguren, que pasaron de negociar con un actor débil a uno fuerte, de relacionarse con una ventanilla a tener que hacerlo con dos. Por todo ello, la disolución de la Comisión decidida ayer por Mauricio Macri, junto a buena parte del articulado regulador de la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, representa simplemente un proceso de liberalización sectorial que reduce significativamente el margen de acción del Estado Nacional.
Envío:ResumenLatinoamericano
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