Resumen Latinoamericano/La Izquierda Diario, 8 de enero de 2016 –
Esta mañana un sector de trabajadores cesanteados por la intendencia de la capital de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Julio Garro, se movilizó a las puertas del municipio para protestar contra los despidos.
La sede de la Municipalidad de La Plata amaneció militarizada, con más de un centenar de efectivos de la Policía Bonaerense armados y pertrechados, quienes formaron un cordón para impedir el ingreso y egreso por las entradas de edificio.
Pasadas las 10 de la mañana, la policía desató una brutal represión con gases lacrimógenos y balas de goma. Algunos de los manifestantes terminaron heridos y también hubo algunas detenciones. Según algunos manifestantes los detenidos serían cuatro. La Izquierda Diario se hizo presente en el lugar. Una trabajadora que sufrió la represión manifestó que “la Policía nos enfrentó con gas pimienta, todos los miembros de Infantería sacaron los spray y empezaron a tirarnos. Cuando empiezo a sentir que el gas no me dejaba respirar, empecé a caminar hacia la calle 12. Cuando me había alejado unos pocos metros siento un golpe en la espalda y al rato un ardor. Una chica me levantó la ropa y vio que estaba toda agujereada”.
La mujer que quedó herida denunció que “automáticamente empezar a dispara, por la espalda, sin ninguna advertencia previa. Nosotros veníamos a entregar un petitorio y a intentar hablar con algún funcionario responsable para que nos digan cuál es nuestra condición laboral. Porque nosotros no somos ñoquis, somos todos trabajadores”.
Conflicto anunciado
Esta represión se da en el marco de un conflicto generalizado a partir de la decisión de la gestión de Garro de “revisar” (eufemismo utilizado por él mismo) unos 4.600 contratos de personal que cumplía hasta el 31 de diciembre diversas tareas en la órbita municipal, incluyendo cooperativistas del programa Argentina Trabaja.
El ataque de la policía a los manifestantes es el primero que se registra como respuesta de una intendencia a las múltiples protestas que se desarrollan en varios municipios bonaerenses. Pero a su vez se da en el marco de las medidas coordinadas de “revisión de contratos” encaradas por el gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal y del resto de los gobernadores e intendentes del PRO-Cambiemos.
Respuesta desde ATE
Ayer en la sede platense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se realizó una asamblea de trabajadores municipales donde se debatió la situación y se resolvió realizar una medida de protesta y reclamo para la semana que viene. El lunes se definiría qué tipo de acción desarrollar.
Luana Simioni, delegada general de ATE-IOMA y dirigente del PTS y el Frente de Izquierda, denunció ayer la política de Julio Garro, quien “bajo el argumento de la existencia de contratos políticos pone un manto de sospecha sobre los trabajadores municipales, utilizando el despido masivo como forma de extorsión”.
A su vez Simioni dijo que, “como sostuvimos en toda la campaña electoral, el Municipio de La Plata está sostenido en base a trabajo esclavo y precarizado. Esta situación tiene que terminar enseguida, no pueden ser los trabajadores los que paguen las consecuencias de los negociados que mantienen los distintos gobiernos de turno tanto municipales, provinciales o nacionales”.
Finalmente la delegada de IOMA y excandidata a intendente de La Plata manifestó que el Frente de Izquierda pone “a disposición de las organizaciones de los trabajadores el proyecto de ley presentado por mis compañeros Nicolás del Caño y Myriam Bregman en el Congreso Nacional, por el pase a planta permanente de todos los contratados y prohibir los despidos, única forma de acabar con el flagelo de la precarización laboral que vienen sufriendo los trabajadores”.
Gestión Macri: Despidos y estigmatización del empleo público
Por Diego Leonoff / Resumen Latinoamericano/ CLATE/ 08 DE Enero 2016.-
En tan sólo 15 días hábiles de gestión, el Gobierno del ingeniero Mauricio Macri llevó adelante una ola de despidos en el Estado que hasta el momento dejó en la calle a cerca de 10.000 trabajadores. Con pretextos como la búsqueda de eficiencia y “despolitizar” la administración pública, el ajuste viene acompañado de una estigmatización del empleo público y tiene como objetivo final el desmantelamiento de servicios públicos y políticas de Estado. El mensaje a los privados: “vía libre” para cesantías.
No resulta sencillo lanzar una cifra exacta de estatales que quedaron en la calle, sobre todo debido a la gran cantidad y diversidad de áreas afectadas, su heterogeneidad y su efecto en la extensión del territorio argentino. En el mismo sentido, la información se hace difusa como consecuencia del gran peso relativo de trabajo informal y precarización heredado del kirchnerismo. Sin embargo, el dato que maneja ATE es lapidario y trágico a la vez: desde la asunción de autoridades el pasado 10 de diciembre se estima que fueron despedidos cerca de 10 mil trabajadores públicos, lo que equivale a poco mas de 666 cesantías por cada día hábil desde el inicio de la nueva gestión.
En el caso de quienes se encontraban en planta permanente, estos trabajadores tuvieron el “privilegio” de recibir la notificación formal mediante telegramas de despido. Para otros – la gran mayoría – se trató de la no renovación o cesantía de contratos transitorios, el cierre de áreas completas donde monotribustistas y precarizados eran denominador común, la anulación de contratos con organismos externos (universidades, ONGs, etc.) que disimulaban la relación de dependencia, o sencillamente el vaciamiento de los sectores de trabajo y la consiguiente destrucción de los puestos laborales.
Despidos masivos, o cómo achicar el Estado
El caso más resonante fue el de los 2035 despidos en el Senado de la Nación. En defensa de esta medida la vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, Gabriela Michetti argumentó que no tuvo tiempo para hacer un desglose y análisis pormenorizado de los casos. “A la persona que está más de un año en planta permanente no la podés sacar más del Estado, salvo por causas extraordinarias. Entonces, yo tenía que apurarme y no pude mirar uno por uno”, respondió ante los cuestionamientos. Vale aclarar que, a pedido de la nueva administración, ya había sido encargado un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el que se pretendía evaluar la legalidad y funcionalidad de las contrataciones efectuadas durante el último año. Si bien estaba previsto que el informe de la UBA estuviera terminado para febrero, la compañera de fórmula de Mauricio Macri no pudo esperar y dejó a miles de trabajadores en la calle y familias sin sustento.
No se trató de un caso aislado. La triste lista se vuelve interminable: 90 personas fueron dejadas cesantes en la disuelta por decreto AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada a partir de la ley votada democráticamente por el Congreso en 2009); en Jefatura de Gabinete, otras 150; en Vialidad Nacional ATE denunció que 20 personas se quedaron sin trabajo; en el Centro Cultural Kirchner (CCK) unos 600 contratos no fueron renovados y el espacio quedó prácticamente vacío; en Nación Seguros se informó 52 despidos; 2000 cooperativistas fueron privados de realizar trabajos de mantenimientos en la ex ESMA; mientras que en la Unidad Fiscal AMIA, ATE denunció la disolución del Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA.
Como si no fuera poco, y cual efecto contagio, la política de ajuste y despidos siguió la lógica vertical de una democracia sumamente presidencialista: entre 800 y mil despidos en Quilmes; en La Plata la tensión creció al extremo cuando se estimó la posibilidad de despedir a 4.000 trabajadores; en Lanús –gobernado por el ex ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti–se anunció la revisión de 301 contratos del año pasado; el partido de Malvinas Argentinas con 900 –en este caso el jefe comunal no es de Cambiemos sino del FpV; en Coronel Vidal 300 empleados quedaron en la calle; y así sucesivamente en municipios como Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Chascomús y Esteban Echeverría.
Este nuevo paradigma se torna todavía mas dramático en los municipios – en donde gobiernan representantes de diversos espacios políticos y no sólo del PRO- donde precarización y salarios bajos son el común denominador desde hace años.
“Ñoquis*” = Estigmatización del empleo público
“No va a haber más ñoquis* en Argentina” fue la frase con la que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi intentó justificar la cesantía de los 600 trabajadores del CCK.
La estrategia de la nueva administración macrista es la de aplacar la lógica impopularidad, y en muchos casos el carácter ilegal, de las medidas adoptadas al buscar “demonizar” el trabajo estatal. Esto quiere decir que se busca crear un consenso social para aislar los legítimos reclamos de los trabajadores en defensa de sus puestos laborales (en un primer término estatales y luego del sector privado) para así legitimar las políticas de vaciamiento y ajuste.
“Recortar el empleo público es golpear el derecho a la educación, salud, etc.”, opinó Hernán Izurieta, Delegado General de ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación. “En el Estado no hay ñoquis*. Por ejemplo, en el programa Primeros Años bajaron el contrato de 33 compañeros. Y la pregunta es, ¿se imaginan a un ñoqui trabajando con familias en los barrios carenciados de la Provincia de Buenos Aires? Claramente no es así, son trabajadores que hacen su labor con profesionalismo, vocación y esfuerzo”, explicó el delegado de ATE.
Por su parte, el Secretario General de ATE, Hugo Godoy afirmó: “No vamos a permitir la actitud de querer descalificar” a los empleados públicos.
A su vez, no cabe duda que desde los medios de comunicación dominantes se busca imponer la falsa idea de que en el sector estatal existen sueldos altos reforzando la idea del “gasto público excesivo”, y situando a este como consecuencia del empleo público. Sin embargo, no hay nada mas alejado de la realidad: Solo por poner un ejemplo, un administrativo del Estado nacional con categoría “D” cobra $8453 de bolsillo, cifra alejada de los casi 15 mil pesos que calcula como canasta básica la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA – A).
Por su parte, el Presidente de CLATE indicó: “Tenemos que ganar un debate central en la opinión pública: nuestro trabajo está directamente atado a la concreción de derechos de la comunidad, y es en defensa de los sectores mas vulnerables”.
* En este contexto, el concepto de ñoqui refiere a un individuo que cobra un salario sin la contraprestación laboral correspondiente. Sería difícil remontarnos al origen de la expresión o determinar su nacimiento, pero sí podemos identificar su correspondencia: la costumbre de comer esta típica pasta los días 29 se asocia al último día hábil del mes, fecha en que históricamente cobraban sus salario los trabajadores estatales.
Detrás de la restructuración del estado, el desmantelamiento
A la avalancha de despidos se sumó al embate del Gobierno sobre organismos autárquicos (que debieran ser autónomos del poder de turno) -como en el caso del AFSCA- y sectores de apoyo a políticas de Estado clave, como es la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.
La AFSCA fue intervenida el 23 de diciembre pasado y designado, en lugar de Sabbatella y todo el directorio, al legislador del PRO Agustín Garzón. Luego, el 29 del mismo mes, el Gobierno nacional anunció la firma de un DNU que modificaba las leyes 26.522 y 27.078, eliminando así el AFSCA y AFTIC, y creando un nuevo ente, el ENaCom. Esto debía ser puesto en suspenso por la medida precautelar dictada el mismo día por el magistrado Luis Arias. Sin embargo, el Gobierno avanzó y publicó el decreto en el Boletín Oficial. Luego, y como consecuencia de este embate, la cesantía de 90 trabajadores.
Cabe recordar que el AFSCA es un organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma votada por unanimidad en el Congreso de la Nación en el año 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien la ley no logró aplicarse en su conjunto como consecuencia de la presión de sectores dominantes del sector (sobre todo el monopólico Grupo Clarín) y en cierta medida por la falta de voluntad política de la gestión precedente, la denominada “Ley de Medios” tuvo una fuerte adhesión, sobre todo del campo popular, debido a su espíritu antimonopólico y pluralista.
En otra muestra de desdén para con políticas de Estado fundamentales -en este caso vinculadas nada menos que a los Derechos Humanos- es que hace pocos días el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció la discontinuidad de los contratos de dos mil trabajadores del programa Argentina Trabaja, que durante años han acondicionado, construido y mantenido los edificios del predio de la ex ESMA, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio (centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar ) es un símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en lo que concierne a juicios de lesa humanidad.
En su mayoría, los cooperativistas son mujeres que a partir de un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU), la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Social de la Nación han logrado poner en marcha y permitir que la comunidad toda, los organismos de derechos humanos y el Estado nacional tengan un lugar en el que pueda conocerse la trágica historia reciente y consolidar los derechos obtenidos en democracia.
Del mismo modo podemos considerar la denuncia que hizo ATE sobre los catorce trabajadores contratados del Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA (GERAD) que fueron echados el 14 de diciembre pasado. Los compañeros componían un grupo interdisciplinario que preservaba archivos desclasificados de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el atentado a la mutual judía ocurrido en 1994 en Buenos Aires. “Sin trabajadores no habrá esclarecimiento en la causa AMIA”, afirmó en aquel momento Hugo Godoyo, Secretario General de ATE.
El encargado de llevar adelante la revisión de contratos de los últimos tres años es el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Ayer el funcionario sostuvo que “no hay un objetivo de reducción específica” del personal, sino que se están evaluando “situaciones que no son justificables”. Al igual que Michetti, Ibarra señaló que los despidos continuarán durante las próximas semanas.
Guiños al sector privado
A diferencia del sector público, los gremios privados denuncian que hasta el momento se están realizando despidos aislados y no masivos. No obstante, existen claras muestras de que a lo largo de la historia Argentina las políticas de ajuste y despidos a nivel estatal se terminan replicando a empresas privadas. Sin ir más lejos, durante la década del 90 la desarticulación en el Estado fue acompañado de legislación antiobrera que permitió, e incluso promovió, despidos masivos y el vaciamiento de pequeñas y grandes empresas, tanto públicas como privadas.
En este sector, el primer caso de fuerte resonancia tuvo eco el 22 de diciembre cuando la fuerza federal de Gendarmería Nacional reprimió fuertemente a los trabajadores de “Cresta Roja” que mantenían una protesta al costa de la autopista Ricchieri. El reclamo era en demanda de salarios atrasados y por la continuidad de los cerca de 3.000 puestos de trabajo que se vieron en peligro debido al vaciamiento que desde hace tiempo venían realizando los dueños de la compañía avícola. En aquel entonces la Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti no sólo no realizó una autocrítica tras el desproporcionado accionar policial ordenado por el Gobierno que encabeza junto a Macri, sino que a las pocas horas afirmó en conferencia de prensa: “Volveremos a actuar de la misma manera”.
Otra muestra clara, y a la vez paradójica, de este efecto dominó fue el vaciamiento y cierre de medios que vienen denunciando los trabajadores y periodistas del Grupo Veintitres, perteneciente a Sergio Szpolski, empresario que en 2015 se presentó como candidato a Intendente del partido de Tigre por el Frente Para la Victoria. El grupo está conformado por los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, las radios América, Splendid, Rock & Pop y Vorterix, la cadena de noticias CN23 y el sitio web Infonews, entre otros medios. fuente : Prensa CLATE
Nilda Garre: “Miles de despidos, revisación de computadoras y facebooks de trabajadores”
Por Santiago Gómez / Resumen Latinoamericano / AgenciaPacoUrondo / 08 de enero de 2016 –
La diputada Nilda Garré denunció la persecución a los trabajadores estatales por parte de la gestión macrista. Las nuevas autoridades hacen pasar a los trabajadores a sus despachos para que muestren sus comentarios en las redes sociales.
La diputada nacional por el Frente para la Victoria, Nilda Garré, utilizó las redes sociales para referirse a las medidas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri desde que llegó a la gestión nacional. La ex Ministra de Defensa de Cristina Fernández de Kirchner denunció los miles de despidos y la persecución que las nuevas autoridades están haciendo con los trabajadores a quienes los hacen pasar de a uno a los despachos para que abran delante del funcionario el Facebook, para que puedan observar los comentarios que realizan en las redes sociales. Este tipo de procedimientos se está llevando adelante en el Ministerio de Justicia, entre otros. Cabe recordar que el 12 de diciembre pasado, a dos días de la asunción de Mauricio Macri, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció persecución ideológica en el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Garré también se refirió al futuro de los egresados del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), ya que en la Cancillería también comenzó la persecución ideológica de trabajadores que ingresaron durante la última gestión. Las frases de Garré apuntaron a marcar la contradicción entre los dichos del macrismo durante los últimos doce años y el tiempo que duró la campaña electoral con los hechos desde que asumieron la gestión del poder ejecutivo nacional.
A continuación las frases de la diputada
1. El proclamado espíritu de diálogo es cartón pintado. Miles de despidos, revisación de computadoras y facebooks de trabajadores.
2. Despidos sin auditoría de discapacitados y embarazadas. Persecusión ideológica.
3. Hay dudas por el futuro de los egresados del ISEN de Cancilleria. Quieren destruir la “carrera diplomática” y la profesionalidad?
4. Decían que el Congreso funcionaba como una Escribanía del PEN Ahora directamente lo mantienen cerrado y legislan con DNUs.
5. Nombran funcionarios sin el necesario acuerdo senatorial.
6. También decían que el INDEC no funcionaba. Ahora Todesca directamente no va a informar los índices por varios meses.
7. Sugestivamente no habrá índice mientras funcionen las paritarias.
Tabaré el mejor amigo de Macri
ALMUERZO EN URUGUAY.
Resumen Latinoamericano/ 08 de Enero 2016.-
Pasteras y relación comercial, puntos clave del encuentro para “dar vuelta la página”, tras los cruces con la administración K.
Es un encuentro con “agenda abierta”, un almuerzo en la residencia presidencial de descanso, enclavada en un parque de 1369 hectáreas donadas en su testamento por el aristócrata argentino Aarón de Anchorena, en 1965. El uruguayo Tabaré Vázquez recibió este jueves a Mauricio Macri en un espléndido predio sobre el río San Juan, en el departamento de Colonia, un encuentro que para el gobierno argentino tuvo como objetivo “afianzar la relación” entre los dos mandatarios y “dar una vuelta de página” a la relación salpicada de conflictos durante la última década.
Macri habló en conferencia de prensa de retomar “los vínculos históricos que hemos tenido, donde todos tenemos claro que somos dos pueblos unidos por la historia, por el afecto, que tenemos un futuro a compartir y que realmente hay muchas cosas que pueden ayudar, si trabajamos juntos, a que tanto uruguayos como argentinos tengan más oportunidades”.
“Lograr que en el Río de la Plata haya pobreza cero, es realmente un objetivo, una meta que nos compromete a ambos presidentes y a toda la dirigencia de ambos países”, dijo el presidente argentino haciendo hincapié en uno de los ejes de su gobierno.
En primera instancia, el presidente uruguayo había dado a conocer los tres acuerdos de base política y económica que sellaron durante la comida: la Argentina se compromete a levantar la prohibición de trasbordo de mercaderías en puertos uruguayos, Uruguay acepta explotar su gas natural en forma conjunta y ambos países trabajarán en conjunto en el monitoreo ambiental de los ríos comunes con un laboratorio de ultima generación. Antes del encuentro, el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, trazó las líneas de trabajo de la reunión. “La idea es empezar a trabajar en conjunto distintas cuestiones sobre comercio exterior, las relaciones con las pasteras, la resolución 1108. La reunión es a agenda abierta, pero lo más probable es que esos temas con seguridad salgan”, dijo a Clarín.
“Tenemos vocación de diálogo y será una charla entre presidentes amigos, para empezar a construir una relación de confianza y dar vuelta la página”, mostró expectativa. En la Casa Rosada remarcaron que fue el primer viaje oficial de Macri como presidente para visitar a otro mandatario, que a Tabaré Vázquez era la cuarta vez que lo verá en poco tiempo (ya se encontraron en Chile con Michelle Bachelet, luego en la asunción del argentino y en la Cumbre del Mercosur) y también recordaron que el debut fuera del país de Macri como jefe de Gobierno, en 2007, había sido en Montevideo.
Del lado uruguayo también tiraron flores en la previa a modo de bienvenida: el ministro de Economía, Danilo Astori, elogió las medidas económicas de Macri. “Me gustaron mucho, creo que son buenas para Uruguay y ojalá sean también buenas para Argentina”, aseguró anteayer en un foro en el Conrad de Punta del Este, en referencia a la eliminación del cepo cambiario y de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones.
El encuentro empezó a gestarse en Buenos Aires, el 10 de diciembre, por iniciativa de Tabaré Vázquez: “A ver cuándo nos juntamos a comer un chivito”, dejó picando con el tradicional plato uruguayo.
Entre los objetivos de “avanzar en las problemáticas que visualizamos”, en palabras de un funcionario argentino, aparecen las trabas al comercio exterior, la revisión de los estudios ambientales por la ex Botnia y el dragado de canales en los ríos Uruguay y Río de la Plata. Macri fue acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; y el embajador Montenegro.
INFORME SINDICAL PARO EN CERÁMICA SAN LORENZO POR MÁS DE UN CENTENAR DE DESPIDOS EN SU PLANTA DE AZUL
Resumen Latinoamericano/ Viernes 8 de Enero de 2016 .-
La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, y el Sindicato Obrero de la Cerámica de Azul, comenzaron un paro total en la planta de Azul de la empresa Cerámica San Lorenzo, medida que es acompañada solidariamente con un paro de cuatro horas por turno en las plantas del mismo grupo empresario ubicadas en Puerto Madryn, San Juan y Villa Mercedes, San Luis.
La medida se origina en la decisión patronal de cerrar dos sectores de su planta de Azul, pretendiendo desvincular más de un centenar de obreros ceramistas. La empresa intentó justificar esta medida en una supuesta crisis económica, pero no ha podido demostrarlo en el marco del expediente administrativo correspondiente. Muy por el contrario, se trata de una poderosa multinacional, el grupo Etex con sede en Bélgica, Europa, que posee 118 plantas en 43 países, como informa en su propio sitio web.
Queda a la luz entonces que se trata de una decisión empresaria cuyo principal objetivo consiste en reducir salarios, modificar condiciones de trabajo, reemplazando trabajadores antiguos y de convenio por mano de obra barata, y disciplinar por el temor a la desocupación. A ello debe sumarse el inicio de una persecución hacia los delegados en todas sus plantas.
En el marco de este conflicto el Ministerio de Trabajo de la Nación ha dictado la conciliación obligatoria, pero después de varias audiencias sin ningún tipo de respuesta de parte de la patronal, y habiéndose vencido el plazo de la misma, a los trabajadores y a su organización gremial no les queda otra opción que ejercer su legítimo derecho de huelga.
Los trabajadores ceramistas defenderemos nuestros puestos de trabajo frente a los avances del capital que pretenden retroceder en el tiempo y condenar a las familias obreras a una vida de miseria. Convocamos a toda la sociedad a resistir el ajuste que pretenden hacer estas empresas internacionales que se han beneficiado durante décadas del esfuerzo de las familias trabajadoras de Argentina.
Secretariado Nacional
Federación Obrera Ceramista de la República Argentina
Convocan a resistir actitudes represivas de la Policía Federal
Resumen Latinoamericano / 08 de Enero 2016.-
Contra la restitución de las capacidades represivas de la Policía Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires!
Repudio de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y llamado a resistir en unidad de todas las fuerzas democráticas y populares
Con la autoridad que le otorgan 78 años de lucha ininterrumpida por la vigencia de los Derechos Humanos y Libertades Públicas en el país, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre expresa mediante el presente su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar siquiera sospecha alguna, recuperando el derecho de Control Social casi ilimitado que había perdido en los últimos años.
La infame medida, se inscribe sin lugar a dudas en el “cambio” operado a partir de la elección de las nuevas autoridades gubernamentales e implica un brutal retroceso en materia de derechos y garantías ciudadanos, estos últimos, verdaderas conquistas frente al poder discrecional del Estado, contra el que nuestra organización siempre ha luchado consecuentemente desde su fundación.
La Liga que a lo largo de sus casi 80 años de vida ha denunciado y combatido a la “Sección Especial” en la década del 30, a la SIDE, la DIPA y la DIPBA en tiempos de gobiernos constitucionales restringidos por los poderes fácticos corporativos-militares, a las leyes proscriptivas de las ideas políticas y los movimientos sociales tales como el Decreto 4.161 antiperonista y la “ley” 17.401 de represión y sanción del delito de “comunismo” en tiempos de Onganía, a los grupos de tareas y demás fuerzas de la dictadura genocida y al gatillo fácil policial y las leyes antiterroristas de los tiempos de recuperación de la democracia, denuncia esta decisión judicial que no es otra cosa sino una pata más en los nuevos tiempos, de infundir y generalizar el terror en la sociedad civil por medio de la violencia institucional, para que el gobierno de Macri pueda descargar toda la fuerza del ajuste dispuesto contra los trabajadores y sectores populares en beneficio del gran capital trasnacional y local, las oligarquías financieras y el sector más concentrado y cipayo del Poder.
Quienes siempre hemos denunciado y criticado todo atropello dispuesto contra las mayorías populares y dispuestas con el único objetivo de perseguir y estigmatizar a los pobres, a los que luchan, a los que siendo distintos, no se resignan a ser menos ni a seguir mansamente los dictados del poder económico, social, cultural y mediático serviles al capitalismo mundial y al imperialismo, alzamos nuestra voz contra esta brutal, injusta, inconstitucional e inaceptable decisión del Poder Judicial que sabemos, se inscribe en estrategias de la embajada norteamericana y el Poder Ejecutivo al que no le tiembla el pulso para crear terror en la sociedad disponiendo una “emergencia de seguridad” que no significa otra cosa que mayor discrecionalidad para las más corruptas policías y fuerzas de seguridad del sistema para violentar los derechos individuales y sociales conquistados por nuestro pueblo.
Dato que se agrava en la recientemente informada decisión de Mauricio Macri de militarizar nuestra ciudad con la unificación de las Policías Federal y Metropolitana, ambas cargadas de denuncias por abusos de poder, crímenes de toda laya e irregularidades de todo tipo, siempre a favor del orden vigente.
Cuando estamos recordando el asesinato de Luciano Arruga por parte de la Policía Bonaerense, la fuga del Penal de los Lanatta y Schilacci, está más claro que nunca que las Fuerzas de Seguridad (Policías, Gendarmería, Prefectura, etc.) son parte del problema y no de la solución; al tiempo que exigimos la inmediata reversión de la insólita y anticonstitucional decisión judicial, insistimos en la depuración total de represores, torturadores, corruptos, cómplices de las mafias de la droga de todas las fuerzas de Seguridad y el debate popular de una nueva Doctrina de Seguridad, antagónica a la que nos ha traído hasta aquí y nos lleva al territorio del caos mafioso, como hoy vive México y buena parte de América Central.
Desde nuestro más enérgico repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño, y nuestros 78 años de combate exigiendo la vigencia de todos los derechos para todos, convocamos mediante el presente a todas las organizaciones hermanas de lucha por la vigencia de los DDHH, a las organizaciones políticas y sociales verdaderamente comprometidas con la democracia y las garantías constitucionales a manifestarse de los más diversos modos contra este nuevo avance de las fuerzas del sistema contra nuestros derechos y contra toda otra manifestación de la violencia institucional en sede policial o penitenciaria que tantas víctimas ha generado en nuestro pueblo desde la recuperación del orden constitucional hace ya más de 30 años.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Bs. As, enero 6 de 2016.-
Ley de medios: los 20 días que estremecieron 40 años de debate
Por Agustín Bontempo / Resumen Latinoamericano / Marcha / 06 de enero de 2016 –
Al inicio de esta semana se publicó el Decreto que crea el Ente Nacional de Comunicaciones que, entre lo más destacado, absorbe la AFSCA y la AFTIC. A continuación, repasamos los antecedentes de la mentada Ley de Medios, sus límites, alcances y el contexto actual.
Foto: Laura Salomé Canteros
Las PNC como impulsoras de la libertad de expresión
El 10 de octubre de 2009 se sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el marco de un furioso conflicto entre el gobierno que conducía Cristina Fernández de Kirchner y la oligarquía agraria. Desde aquel entonces, los debates centrales que corrieron por los grandes medios de comunicación tuvieron la particularidad de evadir los antecedentes reales de una Ley limitada en sí misma, pero claramente superadora.
Los primeros puntos que le dieron forma a la nueva medida datan de la década de 1970, en lo que se conoció como las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), que ponderaban al Estado de cualquier país para garantizar la libertad de expresión. Es así que gracias a un fuerte impulso de la UNESCO, en 1974 se establecieron los ejes centrales de las PNC: planificar la comunicación e información para el desarrollo; superar la identificación falaz entre libertad de expresión y libertad de empresa; defender las culturas nacionales; hacer que la comunicación responda a los requerimientos socioeconómicos y culturales de la población y el país; exigir la participación de todos los sectores sociales en las políticas de comunicación y asignar al Estado la responsabilidad exclusiva en su formulación y ejecución.
Por supuesto, como en la actualidad, hubo diversas resistencias de los principales conglomerados empresariales, especialmente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR).
A excepción de algunos casos parciales, las PNC no lograron imponerse en un contexto de avanzada conservadora. Por caso, en la Argentina el golpe cívico-militar-clerical de 1976, no solo no tomó estas recomendaciones, sino que se sancionó, en 1980, la Ley 22.285, conocida como la ley de medios de la dictadura.
Las discusiones surgidas con las PNC se retomaron con la vuelta de la democracia. Sin embargo, manteniendo la línea en casi todo el espectro político, el alfonsinimo dio marcha atrás y decidió no avanzar en este proceso.
El desmantelamiento de la libertad de expresión se redondeó en la nefasta gestión de Carlos Menem. La primera medida fue en 1989, en la que dejó a los medios gráficos participar del espectro audiovisual. Siguieron la privatización de ENTEL y la reforma constitucional que abrió las puertas a los capitales internacionales y que dio lugar a que el Grupo Clarín pudiera participar de la Televisión Digital. Hacia el final de la década, se sancionaron dos normas que fueron trascendentales para empoderar a los monopolios de hoy: el Decreto N° 264/98 de liberalización de las telecomunicaciones (radiodifusión más telefonía) y el Decreto N° 1005/99, que habilita la transferencia de licencias y la conformación de cadenas, entre otras.
Discusiones en la larga década kirchneristas
Nos hemos habituado a escuchar desde diversos lugares del gobierno saliente, pero también de amplios sectores populares, que la Ley de Medios es de todos y todas, que debemos defenderla porque es nuestra garantía de libre expresión, entre otros argumentos. Y, efectivamente, es así.
El problema no radica en lo que dice la Ley, sino en lo que el Poder Ejecutivo hizo todos estos años. Hasta el conflicto con la oligarquía, en 2008, hubo algunos puntos que también fortalecieron al Grupo Clarín. La sanción de la Ley de Quiebras en 2002 de Eduardo Duhalde, el padrino de Néstor Kirchner para las elecciones de 2003 y la Ley de Patrimonios Culturales sancionada en los primeros meses del nuevo gobierno, fueron fundamentales para que el multimedio no desapareciera. Con estas leyes sobrevivió y en 2005 gracias a la extensión de las licencias por 10 años más logró consolidarse.
Es en ese clima que se creó, en 2004, la famosa Coalición por una Radiodifusión Democrática, en la cual participaron cientos de organizaciones y miles de personas, retomando el impulso de las PNC pero con la novedad de los medios Populares, Alternativos y Comunitarios (PAC)
Hacia 2008, los debates no habían sido retomados por el kirchnerismo, pero ante el “divorcio” el Grupo Clarín se hizo imperioso promover un enfrentamiento que perdura hasta nuestros días.
La ley 26.522
La ley en sí misma repone varias de las deudas que todos los gobiernos que precedieron al kirchnerismo habían dejado. Algunos detalles: es definida como de “Interés Público” y se ocupa del espectro radioeléctrico, televisión abierta y con una limitada regulación digital. Además, regula contenidos en relación con las cantidades de producciones nacionales, internacionales e independientes. Es el Estado quien debe garantizar el acceso universal y gratuito y asignar las licencias que son de tres tipos: gestión estatal; gestión privada con fines de lucro; gestión privada sin fines de lucro. Las licencias tienen 10 años de duración con posibilidad de renovación que debe aprobarse en Audiencia Pública. La autoridad de aplicación es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación audiovisual (AFSCA), quien viene a remplazar al viejo COMFER y se compone de 7 integrantes. Un presidente que representa al Poder Ejecutivo Nacional y 6 directores: uno del Poder Ejecutivo Nacional, 3 de la primera, segunda y tercera minoría del Poder Legislativo Nacional, 2 del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Si repasamos los antecedentes antes expuestos y analizamos estos puntos generales, es fácil concluir que no es una “ley de medios k”, sino que es amplia, participativa y debatida. Sin embargo el problema está en otro lado.
Desde su sanción, como decíamos antes, el kirchnerismo solo se focalizó en enfrentar a Clarín. La postergada adecuación (recordemos, hubo amparos del grupo e incluso un señalamiento de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ley) es algo que todos deseamos. Sin embargo, la norma contiene muchos puntos más y nunca se avanzó sobre ellos. Lo central, acerca del 33 por ciento para los medios alternativos.
El kirchnerismo trató de enfrentar a clarín con la ley desde lo discursivo, pero en la práctica permitió el crecimiento de nuevos monopolios más “benevolentes”, como el Grupo 23 del empresario Sergio Szpolski, hoy en un grave conflicto con sus trabajadores y trabajadoras, o el propio Cristóbal López.
Como contrapartida, no sólo no se otorgaron nuevas licencias en sus debidos concursos, tampoco se facilitaron financiaciones. No cabe duda de que si los medios alternativos, que tanto aportaron para la sanción de la ley y que tanto exigieron su correcta aplicación, si hoy estuvieran empoderados la resistencia frente al decretismo macrista sería mucho más severa.
Los 20 días que estremecieron 40 años de debate
El pasado 11 de diciembre se lanzó la primera catarata de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre los que se destaca el de la creación de nuevos ministerios, incluyendo el de Comunicaciones. Como indica Martín Becerra en un artículo reciente, esta norma, sumada a la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, fue el primer paso que el presidente Mauricio Macri adoptó para neutralizar áreas que respondían al kirchnerismo y que ahora pasarían a una órbita ministerial.
Algunos días después, se conoció la intervención definitiva a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), por un supuesto período de 180 días, por medio del Decreto N° 236/15. Sin lugar a dudas, hasta este punto la situación en cuanto al mapa comunicacional era grave. Sin embargo, la reciente creación del Ente Nacional de Comunicaciones(ENACOM) termina de dar por tierra el esfuerzo de miles de personas que durante los últimos 40 años pusieron mucho de sí para alcanzar una Ley que, con matices y discusiones abiertas, representaba la cara más fiel de la democracia. Una norma debatida por la población, sancionada por el Congreso, reglamentada por el ejecutivo y avalada por el Poder Judicial: todas las voces todas.
El ENACOM funcionará en la órbita del Ministerio de Comunicaciones y al adoptar las competencias de la AFSCA y la AFSTIC, clausura cualquier participación democratica.
Entre sus argumentos para tener estas funciones, el ENACOM esgrime cuestionas que pueden ser criticadas de la Ley de Medios, como la regulación de medios digitales y nuevas tecnologías. Pero también pondera, por ejemplo, que las normativas vigentes “conspiran abiertamente contra el proceso de convergencia en curso y por ello sus efectos sobre la industria son altamente regresivos y perjudiciales.”
Haciendo someras comparaciones con normativa e instituciones de otros países, el sentido claro y elocuente del nuevo Ente es la promoción de una comunicación al servicio del mercado. Por caso, la regulación de la convergencia sí existe y tiene el fin de evitar la creación y consolidación de monopolios
Si los grupos concentrados lograron mantenerse o incluso crecer en estos años, el camino que se les abre es mucho más prometedor.
La situación es realmente escandalosa y no porque Sabatella no haya logrado resistir. Tanto los medios oficialistas como los opositores pusieron el ojo en ese lugar, y lo antidemocrático pasa por todo lo que hemos analizado a lo largo del artículo. Este es el momento donde el kirchnerismo debe tener la altura de asumir su responsabilidad de tantos favores al multimedio así como también de no generar una real apertura de voces. Pero también es el momento donde debemos repudiar el decretismo compulsivo del nuevo gobierno, cuestionar la impronta antidemocratica de restricción de la libre expresión de la nueva normativa, y especialmente, sostener en alto el reclamo por la aplicación de una Ley que sí, es de todos y todas. Y que, como en la década de 1970, se tocó como devolución de favor.
PIQUETE CONTRA MONSANTO EN CORDOBA: El acampe sigue
Resumen Latinoamericano/ Página/12/ 08 de Enero 2016.-
Una fiscal frenó el desalojo de la protesta contra la planta de semillas transgénicas en la localidad de Malvinas Argentinas.
La Justicia de Córdoba suspendió la orden judicial de desalojo dictada contra manifestantes que acampan desde hace dos años frente a un predio de la multinacional Monsanto, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, con la intención de evitar la instalación de una planta de semillas transgénicas.
El fiscal Víctor Chiapero ordenó el 30 de diciembre el desalojo en 24 horas de integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que se oponen a la instalación de la planta de la multinacional.
Pero la fiscal Adriana Abal dispuso ayer suspender la decisión de su colega tras aceptar un recurso de amparo presentado por los manifestantes para evitar la medida. La representante del Ministerio Público consideró que el tema del bloqueo del predio se resuelva en febrero tras la feria judicial.
Los asambleístas de Malvinas Argentinas, a 14 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, vienen reclamando mediante el bloqueo del predio que la multinacional desista del emprendimiento porque lo consideran “contaminante”.
El fiscal Chiapero fundamentó su decisión de desalojar a los manifestantes en la necesidad de “garantizar las normales actividades de Monsanto en el predio” de la ruta 19. “Este viernes se cumplen dos años de la cautelar que suspendió la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y que nos dio la razón como vecinos”, sostuvieron los asambleístas.
Los vecinos advirtieron que a Monsanto se le rechazó el estudio de impacto ambiental y afirmaron que desde enero de 2014 rige una medida cautelar de no innovar que “impide que se continúe avanzando con la construcción de la planta hasta tanto no se realice un nuevo estudio”.
“Monsanto es ilegal y se tiene que ir de una vez por todas porque el progreso que mata, enferma y envenena no es progreso”, manifestaron los asambleístas.
En tanto, organizaciones ambientalistas convocaron para hoy a una movilización en la zona del Arco de Córdoba, avenida Amadeo Sabattini al 4700, en el sudeste de la capital provincial.
Los organizadores afirmaron que el objetivo de la nueva convocatoria es “reafirmar el bloqueo y el acampe” contra el emprendimiento “contaminante” que la multinacional Monsanto construye en Malvinas Argentinas.
“Es en rechazo a una orden judicial para que se libere el acceso a la planta industrial”, agregaron
Foto: Tomada de Día a Día: Durante enero se mantendrán las ocupaciones, pese a la orden de desalojo emitida por un fiscal (archivo)
El peligro de minimizar el poder letal de Mauricio Macri
por Carlos Aznárez(Resumen Latinoamericano)
por Carlos Aznárez(Resumen Latinoamericano)
9 de enero 2016
Mauricio Macri, además de ser un socio de mérito de la ofensiva derechista latinoamericana, sabe mejor que nadie que lo que se hace en los primeros cien días de gestión gubernamental es fundamental para establecer un "estilo", o en términos actuales, un "relato", sobre lo que será el porvenir. Como ocurre con los precios de los artículos de primera necesidad, que cuando suben, luego es muy difícil que luego vuelvan a su tarifa original, Macri desafía a propios y extraños con los peligrosos Decretos Nacionales de Urgencia, dando por sentado que muy pocos de estos DNU autoritarios habrán de ser anulados por una eventual decisión del Parlamento.
Lo que ocurre es que una vez más (ya ocurrió cuando el actual Presidente se hizo cargo de la Gobernación de la Ciudad de Buenos Aires hace unos años) la llamada "oposición partidaria" ha subestimado el poder que se escondía detrás del macrismo (una pseudo-ideología que hoy hace furor entre los escuálidos venezolanos y el uribismo colombiano), y ahora se dan cuenta que en este primer mes de prepotente gestión, muchas cosas han cambiado para peor. Sobre todo, afectando a importantes sectores populares de la franja más golpeada por la crisis económica, que obviamente no comenzó con Macri, pero que el actual Presidente acentúa en base a recetas de manual de lo peor del neoliberalismo.
La lista de agravios, medidas provocativas, actividades represoras y promesas de aplicación de políticas desestructuradoras de la economía, la soberanía y la producción cultural, es lo suficientemente importante como para que alguien aún tenga dudas de que los cambios anunciados como slogan electoral hoy se van transformando en molesta pesadilla de duración indefinida.
Si la devaluación que tanto se negó en tiempos de "Macri candidato", se está pudiendo poner en marcha día a día, es por que ya existía un piso para lanzarla, producido de antemano por toda la corporación empresarial, que al igual que en Venezuela, no sólo son generadores de recetas especuladoras sino que maniobran sobre los precios de artículos indispensables como si fueran marionetas. La liberación del dólar (tan requerida por sectores ligados a la inexcrupulosidad financiera y por franjas amplias de una clase media boba) fue acompañada por otras iniciativas como el levantamiento de las retenciones a la oligarquía agrícola-ganadera y sus amanuenses "nuevos ricos" de la "patria sojera", logrando en cada una de esas corridas, recompensas de millones de dólares y una deuda de eterno agradecimiento al macrismo.
En un andarivel complementario de esta misma gestión se inscriben otros decretos por los cuales se plantea la revisión de la legalidad en la contratación de empleados públicos durante los últimos años del gobierno saliente. Una medida que podría llegar a afectar a más de 60 mil trabajadores. Es verdad que todos los gobiernos utilizan en extremo (y para su propio engorde de funcionarios) la capacidad laboral del Estado, es también cierto que el kirchnerismo no perdió tiempo en ese aspecto, pero lo que no resulta admisible es que ahora la topadora prepotente del macrismo quiera desemplear con metodología dictatorial a miles de hombres y mujeres que eran poseedoras de un contrato legal, y cuyo futuro debería ser, aplicando un marco de la pregonada igualdad de oportunidades, el de un contrato efectivo en base a sus conocimientos y entrega en la gestiones para las que han sido convocados. Es paradójico hablar de "cargos de acomodo" o "ñoquis K" en el área estatal nacional (aunque los haya) cuando el propio gobierno macrista de la Ciudad tiene atiborradas las distintas áreas de gestión con amigos, familiares y alcahuetes de su partido, sumados a un auténtico batallón de ineficaces y burócratas.
Lo real es que como bien informa la Asociación de Trabajadores del Estado, en los primeros quince días del nuevo gobierno ya se contabilizan 10 mil estatales despedidos, amen de implementarse políticas demonizadoras del empleo público buscando a corto plazo desmantelar los servicios públicos y achicar el Estado, como ya lo hiciera Carlos Menem en los devastadores años 90.
Sólo en el Senado de la Nación ha sido dejados en la calle por decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti, 2035 trabajadores, en una decisión que contó con la bochornosa complicidad del jefe de la bancada del kirchnerista Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. A esta cifra hay que sumar los más de 600 cesanteados en el Centro Cultural Kirchner, y otros más en las oficinas del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), en Vialidad y en Nación Seguros.
Un caso especial que complementa esta embestida patronal por parte del Gobierno derechista es lo que ocurre con trabajadores que cumplían tareas en distintas municipalidades e intendencias del Gran Buenos Aires, como son los ejemplos de Lanús, Quilmes, Chascomús, Coronel Vidal, Coronel Suárez, Adolfo Alsina. Cientos de despidos en cada una de esas localidades bonaerenses y alrededor de 4.500 contratos "caídos" en La Plata, donde los trabajadores comenzaron una serie de movilizaciones que esta semana culminaron con durísimas cargas represivas por la policía local. Por las redes circulan, a manera de ejemplo, las fotos y los videos de mujeres y hombres con sus espaldas llenas de orificios por los perdigones policiales.
Otros trabajadores y trabajadoras puestas en la mira por Macri y sus "Chicago boys" son los cooperativistas. Así, se quedaron sin trabajo alrededor de 2000 que cumplían funciones de mantenimiento en la ex ESMA, y la misma amenaza pende sobre otras dependencias.
El equipo económico macrista tampoco se ha quedado atrás en marcar el territorio en cuanto a lo que pueden ser las próximas discusiones salariales, y ya han anticipado, poniendo en alerta a más de un dirigente sindical, que las paritarias tendrán un riguroso techo, pero que además, los gremialistas deberán ser "responsables" para que los empresarios privados no se vean tentados a pensar en despidos por falta de "madurez" laboral por parte de los asalariados. Un chantaje sin más vueltas.
La política aplicada en lo social por el macrismo es transparente y generalmente la usan profusamente regímenes similares en el continente: generar miedo en los ocupados mostrando las escenas de lo que les ocurre a los nuevos desocupados. Algunos, aceptando el "castigo" sin chistar, y otros, con más dignidad y espíritu de pelea, resistiendo en la calle a la prepotencia patronal-policial.
En otro rubro que el macrismo se descargó con todo, es en el comunicacional. Por un lado disolviendo el AFSCA e interviniendo en los aspectos nodales de la Ley de Medios, poniendo toda esa estructura bajo el mando de un Ministerio de Comunicaciones a su medida. Por el otro, otorgándole más luz verde de la habitual a los medios concentrados, liderados por Clarín, La Nación e Infobae, gestores de la "nueva imagen" de un gobierno que se vanagloria de ejercer el poder sin consultar ni siquiera a sus parlamentarios.
En política exterior, Washington sonríe a Macri. Le agrada el tono antichavista del nuevo presidente, sus relaciones carnales con Leopoldo López, Capriles Radonsky o Alvaro Uribe Vélez. Festeja su complacencia con el sionismo y las caras de enojo con Irán. Es a todas luces un "buen vasallo" este muchacho, diría en los pasillos de la Casa Blanca, John Kerry.
Pero también le han surgido otros entrañables amigos al gobernante argentino. Desde Uruguay, el converso Tabaré Vazquez, que años atrás estuvo a punto de pedir ayuda militar a Bush para guerrear contra Argentina por culpa de la pastera Botnia y la resistencia del pueblo de Gualeguaychú, hoy se ha convertido en acaramelado colega de Macri y promete relaciones encomiables.
Toda esta ofensiva macrista puede hacerse en el plano de la oposición institucional sin mayores palos en la rueda, por la inexplicable lentitud con que se mueve el andamiaje parlamentario. Es sabido que el Frente para la Victoria tiene mayoría en el Senado y un buen porcentaje de escaños en Diputados, pero más allá de algunas declaraciones y muy pocos amagues, siguen sin decidirse a convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias. Algunos, los más, porque disfrutan de su período vacacional en medio del incendio de la pradera por culpa de las acciones macristas, y otros porque están trenzando sin vergüenza con el oficialismo y también con el ex kirchnerista Sergio Massa, un aliado del macrismo que comulga en intenciones non sanctas con gobernadores y algunos ex funcionarios que han pegado el salto sin ningún tipo de rubor.
Por último, está la calle. La pelea en la calle. Allí donde habitualmente se juegan los destinos de un país a cara o cruz, sin demasiadas especulaciones. No son pocos los que están resistiendo las maniobras disciplinadoras del gobierno. Pueden dar cuenta de ellos varios sindicatos de base y organizaciones sociales. Aún lo hacen como respuesta a la agenda represora de la Casa Rosada, pero otros más precavidos están dándose cuenta sobre la marcha que si no se unen fuerzas y no se encara una mínima coordinación en las luchas, este primer mes de Decretos prepotentes se podría extender en el tiempo o disfrazarse con otras vestimentas. Quizás la clave para que el engranaje de una resistencia adecuada funcione, podría estar en gestar una fuerza de amplio espectro ideológico pero asentada abajo y a la izquierda del sistema actual. Peleona y formada en un alto nivel ideológico. Un arco donde quepan todos, incluidos los miles de jóvenes kichneristas , siempre que unos y otros entiendan, con humildad, que para luchar contra esta derecha pro imperialista nadie tiene ganado el liderazgo de antemano, y que se necesita entender que el 10 de diciembre comenzó una nueva época, que no obligatoriamente se salva con expresiones de deseos retornistas.
Envío:ResumenLatinoamericanoLas medidas de Macri que Argentina ya había superado
9 enero 2016
Las medidas implemetadas por el presidente argentino Mauricio Macri suponen una vuelta al pasado donde el menos favorecido es el pueblo.
Hace un mes Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina. Varias de las medidas implementadas por su gobierno suponen un retroceso a las políticas impulsadas por los Kirchner, quienes trabajaron a favor del pueblo.
Antes de 2003 las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sumergieron a la Argentina en una fuerte crisis social y económica.
El plan de recortes adoptado por el expresidente Carlos Menem de 1989 a 1999 debilitó el sistema económico de la nación y llevó al impago de la deuda.
A finales de 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa aplicó fuertes restricciones debido a la presión de los tenedores de la deuda externa y a la desconfianza en el sistema financiero que derivó en el famoso corralito.
El kirchnerismo dejó un país desendeudado, con un PBI mucho mayor que el de 2003, mejores salarios, mayor cantidad de personas jubiladas, una asignación mensual por cada hijo de trabajador (AUH).
Las medidas de Macri
- Fin de las restricciones al mercado cambiario, conocidas como "cepo cambiario"
El llamado “cepo cambiario” fue adoptado en 2011 por la expresidenta Cristina Fernández para frenar el aumento en la fuga de capitales.
Por medio de varias restricciones y medidas el Gobierno buscó cuidar la economía argentina, evitar el endeudamiento y garantizar la inversión y el abastecimiento de insumos en los sectores de alimentación, industria, entre otros.
- Negociar con los fondos buitre
Los fondos buitre arremetieron contra Argentina en 2014, amparados en la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa. El juez determinó que la nación argentina debe cancelar primero a los fondos especulativos antes que a los bonistas que se adhirieron al proceso de canje desde 2005, en el marco del pago de la deuda soberana argentina.
El Gobierno argentino logró reestructurar el 93 por ciento de sus bonos, pero los acreedores del 7 por ciento de la deuda rechazaron las propuestas de Buenos Aires e iniciaron una causa judicial y solicitaron el pago completo de los bonos.
- Aumento de tarifas en servicios de gas y electricidad
Esto supone la eliminación de los subsidios impulsados en la década ganada. El aumento de las tarifas de la luz eléctrica, agua y gas significan un incremento de 500 por ciento y provocado el descontento en la población argentina.
- Intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) así como de Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC)
La Ley de medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un logro de la expresidenta Cristina Fernández promulgada el 10 de octubre de 2009 en reemplazo a la Ley de Radiodifusión 22 mil 285, difundida en 1980 por la dictadura militar y vigente desde entonces. La ley puso fin a la dictadura mediática de grupos como Clarín que mantenían secuestrados el monopolio sobre el espectro audiovisual argentino.
- Despidos masivos de trabajadores estatales
A un mes de gestión de Macri cerca de 12 mil trabajadores estatales han perdido su empleo y otros 60 mil contratos se encuentran en revisión.
Datos del presupuesto nacional de 2014 señalan que al asumir la presidencia Néstor Kirchner en el año 2003 había un total de 266 mil 165 empleados permanentes y temporarios (administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social). Para 2014 aumentó a 377 mil 225. El desempleo se redujo del 17 por ciento al 6,9 por ciento, impulsado principalmente por el Estado, que sumó cerca de un millón de trabajadores nuevos desde 2003.
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: http://www.telesurtv.net/news/Las-medidas-de-Macri-que-Argentina-ya-habia-superado-20160107-0052.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net
Apelarán fallo del Tribunal sobre pedido de "DNI fácil" -
El Ministerio de la Defensa accionará contra el fallo. (Archivo)
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad se opondrá al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJBA) porteño que faculta a la policía a pedir documento en la vía pública. Para ello prepara un recurso para presentar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
POR: TÉLAM
08/01/2016
"Con el fallo del TSJBA retrocedemos a épocas que creíamos superadas. Es volver a dar poder a la policía 'por razones de seguridad'. Hubo épocas en el país donde se hacían campañas publicitarias que decían que un soldado te podía pedir el DNI y si eras una persona de bien, no tenías que tener miedo. Era para luchar 'contra el enemigo'", dijo a Télam Luis Duacastella, defensor adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del MPD.
De esta manera, el funcionario rememoró una publicidad difundida durante los años de la última dictadura cívico militar en Argentina.
"El Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a modificar su legislación para garantizar que se termine con la llamada 'averiguación de antecedentes''", recordó el abogado.
Esto surgió a partir del "caso Bulacio", apellido de Walter, de 17 años, que murió en abril de 1991 en un hospital porteño debido a los golpes que recibió mientras estuvo en una comisaría de la Policía Federal adonde fue llevado, por "averiguación de antecedentes", desde el Estadio Obras, cuando iba a ver un recital de Los Redonditos de Ricota,
"El Estado, a partir de la decisión de la CIDH, asumió un compromiso internacional que no puede violar ahora este fallo. En Argentina no hay obligación de circular con el DNI, porque el no tenerlo, no puede ser razón para ir a una comisaría detenido", resaltó el defensor.
Duacastella confirmó que el Tsjcba "aún no nos notificó" de la sentencia "que hizo pública antes de que la conozcamos". Una vez que eso ocurra, el Ministerio tiene 10 días para apelar.
"Estamos preparando el recurso de apelación para presentar ante el Tsjcba, que puede rechazarlo, y si eso ocurre, llegaremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un caso constitucional, debería admitir el recurso", aseveró el profesional.
En el documento, el MPD analizó que desde una lectura constitucional y política lo que hizo el Tsjcba "es poner en crisis, sin necesidad, al Estado de Derecho y a los derechos individuales que teníamos garantizados".
"No obstante el esfuerzo del Tsjcba por encuadrarse en la constitucionalidad, su decisión se apoya sólo en una conjeturada y forzada elucubración que se desmorona por sí solo", agregó el escrito.
Fuente:Cronica
EL INDEC-TODESCA ECHO A 70 TRABAJADORES POR “COMO PIENSAN” EN TERMINOS POLITICOS
Despidos con persecución ideológica
Después de varios años de protestas por el desplazamiento de técnicos por no acompañar la gestión kirchnerista en el Indec, la administración macrista de Jorge Todesca elevó la apuesta y despidió a decenas, muchos de ellos por su ideología.
Por Cristian Carrillo
“No se pueden quedar por cómo piensan”, le informaron a Luciano Ciotti, director de Informática del Indec.Imagen: Guadalupe Lombardo
El gobierno de Mauricio Macri difundió ayer un decreto que establece el estado de emergencia administrativa en el Sistema Estadístico Nacional y del Indec hasta el 31 de diciembre próximo, que lo autoriza, entre otras cosas, a limitar los servicios de los actuales directores y modificar la estructura orgánica del organismo. A partir de estas nuevas atribuciones, el titular de la entidad estadística, Jorge Todesca, dispuso la cesantía de 70 trabajadores del organismo, algunos de los cuales habían sido reincorporados de la anterior ola de despidos, el 30 de diciembre pasado. “Su gestión fue excelente, nos lo dicen varios, pero no se pueden quedar por cómo piensan”, fue la explicación que recibió Luciano Ciotti, director de Informática de la Dirección Técnica del Indec, quien junto al resto de los directores actualmente en funciones deberán dejar el martes próximo sus puestos de trabajo. Desde el gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) adelantaron a Página/12 que tomarán medidas para evitar los atropellos y los aprietes que están recibiendo los trabajadores. La semana próxima habrá una reunión con las autoridades del Indec para destrabar el conflicto.
A través de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno determinó el estado de emergencia administrativa para el Indec. La norma exceptúa al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, a cubrir cargos de dirección vacantes en el Indec y a efectuar las designaciones en los nuevos cargos que fuesen creados, los cuales serán transitorios y por 180 días hábiles. Además, autoriza a delegar en la figura de Todesca como titular del Indec la facultad de limitar los servicios de los directores actualmente en funciones, de designar personal y disponer modificaciones en la estructura orgánico-funcional a propuesta de su director.
Esto fue utilizado a pocas horas de conocerse la medida para disponer el cese de actividad de 70 trabajadores, pese a que a fines del año pasado ya habían despedido a otros 60. En total suman unos 15.200 despidos en el sector público en los últimos días, tanto del Estado nacional, provincias y municipios, de acuerdo con información provista por Ana Laura Lastra, integrante de la Junta Interna de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Indec).
La situación se remonta al 29 de diciembre pasado a última hora, cuando 60 empleados del organismo se enteraron que a partir del día siguiente sus contratos no iban a ser renovados y, en casos del personal de planta permanente, directamente despedidos. El 11 de diciembre pasado, 24 horas después de la asunción del nuevo gobierno, Todesca ya había desembarcado en el Indec y les había dicho a los trabajadores que llegaban “sin ánimo de revancha”. “Las puertas de la Dirección están abiertas”, les dijo a los trabajadores el designado director del organismo, aunque nunca los recibió. No obstante, como resultado de la lucha gremial interna, se revisaron los contratos de los despedidos supuestamente por “ñoquis” y se logró la reincorporación de 30 empleados con nuevos contratos por plazos de 3 meses.
“No eran ñoquis. En muchos casos se trataba de técnicos que trabajaban 9 horas diarias”, sostuvo a Página/12 un director. “Hoy arrancaron con el despido de 70 puestos más, de los cuales algunos eran parte de los 30 que habían sido reincorporados, con lo que no se respetó el contrato”, agregó el directivo que se desempeña en el área informática hace más de dos años. En los despidos no se esgrimieron razones técnicas y en el caso de los directores, que se sumarán a partir del martes próximo a la lista de cesanteados, se reconoció que se trataba de un tema ideológico. En ese sentido, los trabajadores que se habían mantenido críticos a la gestión anterior se los premió contratándolos bajo la Resolución 48, nivel B, que implica la devolución de las tareas, pago de los haberes caídos y de agravio moral y se les determinó un lugar físico donde desarrollar sus nuevas tareas.
Desde UPCN Capital, que dirige Damián Comas, se busca dar una solución a los despidos. Según pudo saber este diario, el lunes o martes habrá una reunión con Todesca para tratar que se revea la situación. Los empleados del Indec entienden que, más allá de lograr alguna reincorporación, el esquema de aprietes del macrismo busca también generar miedo para implementar recorte de salarios.
Fuente:Pagina12
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