La presidenta fue citada por el Tribunal Superior Electoral –encabezado por un juez simpatizante de Cardoso– que investiga los gastos de la campaña de 2014 y respondió por escrito a una requisitoria del magistrado a cargo de otra causa.
Por Darío Pignotti
Cerco que se cierra. La presidenta Dilma Rousseff fue citada ayer por el Tribunal Superior Electoral (encabezado por un juez simpatizante de Fernando Henrique Cardoso) que investiga los gastos de la campaña de 2014, cuando fue reelecta causando una frustración de la que aún no se repone el ex candidato Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y devenido dirigente del campo golpista.
Campo donde confluyen fuerzas partidarias como el PSDB de Neves y Cardoso, propietarios de medios, algunos jueces y sectores de la policía. Precisamente un comisario federal anunció ayer haber iniciado averiguaciones sobre la relación del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con lobbistas acusados de sobornar a funcionarios en beneficio de empresas en una causa conocida como Zelotes.
Hasta el momento no se han presentado pruebas contra Lula en ninguna de las averiguaciones en curso, salvo algunos indicios de impacto noticioso como un bote de aluminio de 1250 dólares que el fin de semana ilustró las página electrónicas de grandes medios.
A partir de la canoa sin motor con capacidad para cinco personas (mejor si fueran delgadas) varios analistas llegaron a la conclusión de que ese “navío” es el eslabón que une al ex presidente con una casa de fin de semana mal habida, donde iba a pescar, y un departamento en un edificio construido por el sindicato de bancarios frente al mar.
Donde nadie lo vio tomando sol ni a Lula ni a su esposa, pese a lo cual un fiscal del interior de San Pablo citó a ambos.
La prensa y voceros de la Justicia repiten que Lula es titular de ese inmueble pese a que él demostró con documentos no serlo.
Esos mismos medios sostuvieron que una cadena de elementos que imputarían a Lula acabará por imputarlo en el mayor de los procesos: la causa “Lava Jato” por corrupción en Petrobras.
Volvamos a los hechos de ayer cuando el diputado Eduardo Cunha, a cargo del brazo destituyente en el Parlamento, autorizó la creación de una comisión investigadora cuyo propósito declarado es develar los lobbies en el caso Zelotes, pero su razón es colaborar con la encerrona contra Dilma y Lula.
Paralelamente la presidenta respondía por escrito a una requisitoria del magistrado a cargo de la causa Zelotes que al convocarla posiblemente buscó notoriedad y sumar complicación al gobierno, pues no hay nada que la vincule con los ilícitos contemplados en ese proceso.
“Están queriendo linchar a Lula… él es un ciudadano como cualquier otro, no queremos que esté encima de la ley. Ahora, no vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a los ataques livianos y sin base legal, vamos a salir a defenderlo” prometió la senadora Fátima Bezerra, hablando en nombre del Partido de los Trabajadores ante el plenario de la Cámara alta.
El partido de Lula y Dilma junto a sindicatos y movimientos sociales planean un acto de “desagravio” para fin de mes, que incluye un abrazo al edificio junto al mar construido por el sindicato de los bancarios.
Sol y nubes
Si no fuera por estas maniobras judiciales informadas anoche con un título catástrofe en el Jornal Nacional de la cadena Globo, dando por segura la culpabilidad de Lula, esta primera semana de febrero se presentaba como el clima en Río de Janeiro en vísperas del Carnaval: soleado y con decenas de miles de personas en la playa.
Lejos de la “tormenta perfecta” que los pronosticadores de la oposición habían anunciado para el verano que está promediando. Obviamente los relámpagos indican que se avecina algún chaparrón: el campo opositor (políticos-editores-jueces) comenzó a trabajar, posiblemente coordinado, para que caigan rayos sobre Dilma y Lula.
Cristiano Zanin Martins, abogado de Lula, se “sorprendió” y consideró “ilegal” la actitud del comisario Marlon Cajado, quien inició una investigación por su cuenta contra el ex presidente, paralela a la que lleva adelante el juez a cargo de la causa Zelotes.
Actitudes como las de Cajado no se ajustan a derecho, son “políticas” aseguró el comisario retirado Armando Coelho Neto. “Yo no creo que haya un combate a la corrupción, lo que estamos viendo es una guerra declarada al PT… No soy del PT y hay muchas cosas del PT que no me gustan”, completó Coelho Neto, quien presidió la asociación de comisarios de la policía federal.
Con estas embestidas judiciales el campo destituyente parece lanzado a recuperar terreno luego de haber fracasado el vendaval que arrasaría con Dilma y Lula debido a una serie de iniciativas tomadas por el gobierno desde diciembre y enero (Dilma no tomó vacaciones mientras Aécio Neves se fue a Miami), a la inacción del PSDB, paralizado por la fractura interna, y el repudio que causa Eduardo Cunha, incluso en el público golpista, luego de conocidas sus cuentas millonarias en el exterior.
Brasilia era un hervidero de rumores ayer por la tarde. Los había de toda índole, y de credibilidad variada. Entre ellos los que sugerían que el juez y los fiscales de la causa por Petrobras, sabidamente antilulistas, pueden anunciar nuevos allanamientos en los próximos días.
Ofrecen a reos reducción de penas si testifican contra Lula
Tendrá que declarar ante juez por escándalo sobre supuesta corrupción en Petrobras Abierta, la temporada de caza contra el ex presidente de Brasil Lula da Silva
por Eric Nepomuceno, Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2016.-
El viernes pasado el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su esposa Marisa fueron llamados a prestar declaración el 17 de febrero ante un fiscal de primera instancia no como testigos, sino como investigados.
El fiscal Cassio Conserino declaró que hay indicios de que intentaron ocultar la identidad real del propietario de un departamento en Guaruja, playa de clase media, a 67 kilómetros de São Paulo. Aunque no haya ninguna novedad relacionada con el tema –Lula siempre admitió haber comprado en 2004 una cuota de participación en la construcción de un edificio en el balneario–, el departamento sirvió de pretexto para que finalmente el ex mandatario pase a la condición de investigado.
Desde hace al menos un año cada paso de la sonada operación Lavado Rápido, que trata de revelar el esquema de corrupción en Petrobras, no hizo más que buscar caminos para alcanzar a Lula da Silva e involucrarlo de alguna manera en la trama.
En relación con el sonado triplex (el departamento ocupa los últimos tres pisos del edificio), Lula asegura haber pagado, entre 2004 y 2010, las contribuciones mensuales estipuladas en el contrato de opción de compra y que en 2015 desistió de ejercer esa opción, lo que estaba igualmente previsto en el convenio.
Tener a Lula da Silva, quien continúa siendo el principal referente político de Brasil, en la condición de investigado era un objetivo claro en las pesquisas llevadas a cabo por el juez de primera instancia Sergio Moro.
Los jóvenes fiscales regionales, de poca experiencia y bastante ambición, no hicieron ningún esfuerzo por disfrazar sus ganas de lucirse como paladines de la justicia. Así, la actual ola de investigaciones, pese a todas las aberraciones judiciales alegremente ignoradas por los medios de comunicación, sería un buen ejemplo de que la impunidad de los poderosos llegó a su fin.
Y como mejor prueba, ¿qué tal tener a Lula da Silva, el más popular de los presidentes brasileños en más de medio siglo, en la cárcel? En días recientes, pese a las reiteradas afirmaciones de que el ex presidente no se encontraba bajo investigación, se reforzaron los indicios de que vincular a Lula con el escándalo no era uno de los objetivos, sino el objetivo central del operativo.
El muy obvio y selectivo sistema de filtración de informaciones supuestamente bajo sigilo judicial a la prensa se concentró en el departamento, cuyo valor de mercado es calculado en unos 400 mil dólares.
La sospecha, de acuerdo con la policía federal, es que Lula no compró el inmueble, sino lo recibió de propina en el escándalo de corrupción de Petrobras. Para el fiscal de São Paulo, se trata de un claro mecanismo de ocultamiento de patrimonio, una vez que el inmueble sigue, en los registros formales, como propiedad de la constructora (vale recordar que Lula desistió de ejercer la opción de compra).
Se trata de algo definitivamente insólito. Primero, la ley no faculta a un fiscal a anunciar a la prensa que pretende denunciar a alguien. Sólo con eso, los abogados de la persona mencionada pueden denunciarlo por parcialidad evidente, en perjuicio de la defensa.
Segundo: en la declaración juramentada de patrimonio, la pareja Marisa-Lula da Silva declaró poseer una cuota de la cooperativa que construyó el edificio y que ésta les daba la opción de realizar el negocio o desistir, recuperando el valor actualizado al día de la renuncia a ejercer el derecho de compra.
Es importante conocer esos detalles porque la campaña contra Lula, alimentada alegremente por los medios hegemónicos brasileños, tiende a crecer, salpicando una eventual candidatura presidencial en 2018.
Abogados de presos por la operación Lavado Rápido admiten en los bastidores que sus clientes reciben a diario una misma oferta de interrogadores de la policía federal o de la fiscalía que trabajan a las órdenes del juez de provincia Sergio Moro: una denuncia, cualquiera, contra Lula da Silva facilita que se incluya al preso en el programa de delación premiada. O sea, se delata a cambio de una drástica reducción de la sentencia, que en general resulta en la puesta en libertad. Y en las sombras de las celdas, donde importantes empresarios e intermediarios de negocios excusos están confinados, la presión sicológica es ejercida sin treguas, siempre teniendo entre sus objetivos alcanzar a Lula da Silva.
Comprobar lo que se denuncia es parte del acuerdo. Pero mientras no se analizan las supuestas pruebas, se sepultan reputaciones.
Envío:ResumenLatinoamericano
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