Farías y Silberstein recibieron a organismos
04/02/2016
Los organismos de derechos humanos locales se reunieron con funcionarios provinciales, quienes se comprometieron a “dar continuidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Además, cuestionaron “el vaciamiento de políticas públicas a nivel nacional”.
Una delegación de organismos de derechos humanos de Rosario, integrantes del Espacio Juicio y Castigo -entre los que estuvieron presentes Madres, Abuelas, Familiares, Apdh, Hijos y ex presos políticos-, se reunió con el ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías y su par de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, con el objetivo de plantear una “serie de preocupaciones, que se dejaron por escrito” en un documento (ver abajo).
Desde la agrupación Hijos Rosario, afirmaron que “en el encuentro, las autoridades aseguraron dar continuidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y se comprometieron a dejar abierto un canal de diálogo para trabajar sobre la agenda propuesta por los organismos”.
En este sentido, los organismos manifestaron su “preocupación” por lo que está sucediendo con “el vaciamiento de las políticas públicas a nivel nacional, como en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o la persecución ideológica y criminalización de la militancia, como ocurre en el caso de la detención de Milagro Sala”.
Según informaron a este medio algunos de los asistentes, en el encuentro las autoridades “aseguraron dar continuidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y se comprometieron a dejar abierto un canal de diálogo para trabajar sobre la agenda propuesta por los organismos”. Los organismos manifestaron por su parte “una gran preocupación por lo que está sucediendo con el vaciamiento de las políticas públicas a nivel nacional, como en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o la persecución ideológica y criminalización de la militancia, como ocurre en el caso de la detención de Milagro Sala”.
Tras el encuentro, referentes de los organismos coincidieron en calificar la reunión como “cordial”, porque “se pudo plantear una agenda de temas importantes, porque vamos a poder seguir abordando esas problemáticas y por los compromisos de tomar nuestras sugerencias”. “Ahora hay que ver como cumplen con esos compromisos que asumieron ambos ministros”, confió uno de los participantes.
Documento presentado a las autoridades
Los organismos de derechos humanos de la ciudad, junto a las organizaciones del Espacio Juicio y Castigo Rosario –formado en 2009 para acompañar a testigos y querellantes de los procesos orales y públicos contra los responsables del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar–, queremos dejar constancia escrita de nuestra preocupación con respecto a un retroceso que vemos está ocurriendo en el ámbito de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, que oportunamente también plantearemos en la reunión con funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe, que tendrá lugar en la sede rosarina de la Secretaría de Derechos Humanos el jueves de febrero de 2016:A 40 años del golpe genocida
Vemos sumamente alarmados el vaciamiento que, en el orden nacional, se está llevando adelante en materia de políticas de derechos humanos, que no ocurre sólo en áreas vinculadas con el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia, sino en otras que también han formado parte de las demandas de todas las organizaciones de DDHH, como las que refieren a la lucha contra la violencia institucional, contra la criminalización de la protesta, los derechos de las personas privadas de la libertad en penales y comisarías, los derechos de género y los pueblos originarios, por hacer una sintética mención de alguno de ellos. Los despidos masivos, que resienten, cuando no dan por cerradas áreas y programas enteros, enmarcados en una persecución política ideológica contra el personal expulsado, son uno de sus más repudiables ejemplos.
Nos preocupa aún más, pensar que esa tendencia regresiva a nivel nacional, pueda tener un correlato en la provincia de Santa Fe.
Por tal motivo, queremos dejar planteada nuestra inquietud, en el marco de este primer contacto con las nuevas autoridades de la provincia –que esperamos no sea el único, sino el inicio de una agenda de conversaciones y trabajo–, con respecto al devenir de áreas clave para nuestras organizaciones, y que tras muchos esfuerzos y reclamos hacia el propio Estado provincial, habíamos en los últimos años logrado que comiencen a tener una dinámica más cercana a lo esperado.
Sin más preámbulo, queremos referirnos al funcionamiento del programa provincial de protección de testigos. Recordamos que el mismo fue una demanda, surgida de una necesidad nacida de las amenazas y ataques sufridos por querellantes y testigos en juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país y nuestra provincia (que tuvo a los casos de Julio López y Silvia Suppo como los más emblemáticos); que tras mucha discusión y algunas desavenencias, finalmente se instituyó por Ley en Santa Fe, logrando además, encarnarse en personas concretas, idóneas y legitimadas por las hombres y mujeres ingresados al programa, como es el caso del doctor Daniel Boccoli.
Nos gustaría saber porqué, habiendo encontrado una persona idónea, que supo construir el necesario lazo de confianza con testigos y querellantes, y habiendo acumulado experiencia en una actividad inédita hasta hace algunos años, hoy quienes están ingresados al programa no lo tienen más como referencia. Queremos saber qué piensa hacer la nueva gestión con el programa, puesto que este año tiene por delante al menos el cierre una causa en febrero (Cambiaso Pereira Rossi) y el inicio de tres megacausas (Guerrieri III, Feced III y Klotzman) en las que estarán cientos de testigos y querellantes. Entendemos que el programa debe ser fortalecido y no debilitado.
En el marco de la apoyatura a los juicios por delitos de lesa humanidad, la Secretaría de DDHH finalmente había comenzado a producir pruebas, relevando archivos del Estado provincial, que durante muchos años habían estado negados para las víctimas e investigadores. Documentos que comenzaron a ser aportados a los expedientes judiciales y que además habían empezado a ser restituídos a familiares y las propias personas que sufrieron el secuestro, el cautiverio y las torturas en el ámbito provincial. Documentos que son importantes también para la identificación de los desaparecidos y para la búsqueda de los más de 400 hijos e hijas robados durante la dictadura. Esa tarea debe continuar. Cómo y con quienes se va a realizar, es otra preocupación de las organizaciones de derechos humanos.
Del mismo modo que lo que vaya a ocurrir con el flamante Archivo Audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad o el recién creado, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, Espacio de Memoria del ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe (SI).
Fue larga la pelea de las organizaciones de derechos humanos hasta llegar a que finalmente sea el propio Estado el que se haga cargo del mantenimiento, preservación y apertura a la ciudadanía de ese ex centro clandestino de detención que representa un testimonio histórico irremplazable de lo que fue el terrorismo de Estado; y que debe tener como tarea fundamental el aporte a la construcción de la memoria sobre lo que fue el genocidio y a la ampliación de una cultura democrática, fundamentalmente para las nueva generaciones.
Teníamos una agenda pendiente con respecto a la dirección de Memoria de la Secretaría de DDHH, que incluía la conformación de un Consejo Directivo conformado por los organismos de derechos humanos para el ex SI, así como una larga lista de ex centros clandestinos y espacios de memoria para señalizar, tarea que se llevó adelante los últimos años en conjunto con los propios organismos, el Museo de la Memoria de Rosario y la Secretaría.
¿Qué va a ocurrir con el trabajo sobre leyes reparatorias; la entrega de legajos a víctimas; la investigación, preservación de los documentos y el aporte de pruebas a los juicios; el desarrollo de actividades en el ex SI y el Archivo Audiovisual, las señalizaciones de los lugares de memoria? Nos preocupa y alarma que en ese sentido también se haya discontinuado –tal cual lo señalamos en el caso del Programa de Protección de Testigos– con la gestión de la doctora Nadia Schujman, quien supo contener y llevar a la gestión demandas y criterios de trabajo históricos de los organismos de derechos humanos.
Creemos que a diferencia de lo que está ocurriendo a nivel nacional, en el ámbito provincial no debería vaciarse de recursos estas áreas clave, sino todo lo contrario, profundizarlas y avanzar hacia lo tanto que aún falta trabajar. Para eso, con todo respeto, consideramos que hace falta sumar hombres y mujeres, y no achicar y recortar personal, como viene ocurriendo en el Estado nacional.
Es una necesidad, no sólo nuestra, el conocer qué política de acompañamiento y compromiso concreto tendrán las autoridades provinciales en lo referente a los juicios de lesa humanidad que comenzarán dentro de poco tiempo.
Los reiterados casos de violencia institucional, donde jóvenes pobres son muertos en situaciones donde las fuerzas de seguridad tienen un papel central, con casos de desaparición y muerte de jóvenes producto de la violencia institucional, como los Franco Casco y Gerardo Escobar, como los más emblemáticos, hacen necesario establecer una agenda de trabajo con las organizaciones de derechos humanos que amplíen las políticas públicas desplegadas hasta el momento.
Del mismo modo, ocurre con la situación de las personas y menores en conflicto con la ley penal. Se multiplican las denuncias por apremios ilegales, torturas y muertes en cárceles y comisarías que nos llegan, cotidianamente a las organizaciones de derechos humanos.
Esto requiere una dinámica de trabajo común y un compromiso de Estado para combatir las propias violaciones a los derechos humanos que éste comete.
Como se ve, hay una larga agenda de temas y problemáticas para nuestras organizaciones que hace más de 40 años bregamos por la construcción de una sociedad que avance hacia la plena vigencia de los derechos humanos con Memoria, Verdad y Justicia, que no se agotará ni en este apretado punteo, ni en una reunión.
Esperando que continuemos este diálogo, y más que podamos coincidir en estos planteos, les dejamos nuestras sinceras palabras y nuestro cordial saludo.
Espacio Juicio y Castigo Rosario
Fuente:RedaccionRosario
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS LLEVARON INQUIETUDES AL GOBIERNO PROVINCIAL
Santa Fe sigue apostando a la memoria
Desde el Espacio Juicio y Castigo pidieron precisiones sobre la continuidad de las políticas de apoyo a los juicios, como el Programa de Protección a Testigos y la Dirección de la Memoria. Silberstein se diferenció de Macri y las garantizó.
Los organismos de Derechos Humanos plantearon sus preocupaciones a los ministros provinciales.
La provincia de Santa Fe seguirá adelante con las políticas de memoria, verdad y justicia. Así les aseguraron ayer los ministros de Justicia, Ricardo Silberstein y de Gobierno, Pablo Farías, a los organismos de derechos humanos y al Espacio Juicio y Castigo, que plantearon una serie de inquietudes a partir -fundamentalmente- del retroceso que plantea el gobierno nacional en el área. "Queríamos un compromiso de que las políticas de (Mauricio) Macri no tendrán ninguna posibilidad en la provincia de Santa Fe", dijo Juane Basso, militante de Hijos e integrante del Espacio. Silberstein fue enfático en diferenciarse. Afirmó que sí hubo 30 mil desaparecidos -en relación a los dichos del secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido- y también escuchó la sugerencia de los organismos para que el estado provincial se constituya como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. Una política de estado que llevó adelante la Nación desde la gestión de Eduardo Luis Duhalde.
Entre los planteos que se hicieron, los organismos pidieron la continuidad del director del Programa de Protección a Testigos, Daniel Bóccoli y de la directora provincial de la Memoria, Nadia Schujman, que fueron parte de la anterior gestión pero no continuarán. El ministro les recordó que es potestad del Ejecutivo designar a sus funcionarios pero los presentes subrayaron que también es un derecho de las organizaciones de la sociedad civil peticionar por la continuidad de los funcionarios que habían desarrollado líneas de trabajo fructíferas.
"Sabemos que son 30 mil los desaparecidos y que hay que seguir dándole impulso a las políticas de memoria, verdad y justicia", les dijo Silberstein a los representantes de los organismos, entre quienes se encontraban -además de Basso-, Norma Vermeulén, de Madres de la Plaza 25 de mayo; Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; integrantes del Colectivo de Ex Presos Políticos y Elida Luna, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, entre otros.
Los presentes también señalaron la necesidad de políticas contra la violencia institucional, y recordaron los casos de Franco Casco y Pichón Escobar, desapariciones forzadas de persona que se produjeron en los últimos dos años en Rosario.
Los organismos entregaron una carta en la que se manifestaron "sumamente alarmados el vaciamiento que, en el orden nacional, se está llevando adelante en materia de políticas de derechos humanos, que no ocurre sólo en áreas vinculadas con el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia, sino en otras que también han formado parte de las demandas de todas las organizaciones de DDHH, como las que refieren a la lucha contra la violencia institucional, contra la criminalización de la protesta, los derechos de las personas privadas de la libertad en penales y comisarías, los derechos de género y los pueblos originarios, por hacer una sintética mención de alguno de ellos". Entre las inquietudes que llevaron al gobierno nacional, los integrantes del Espacio Juicio y Castigo mencionaron los "despidos masivos".
Silberstein y Farías recibieron a los militantes acompañados también de Mary Daldosso, secretaria de Derechos Humanos y Ramón Verón, subsecretario del área. El ministro fue contundente. "Se dará todo el apoyo necesario a los juicios en marcha y por comenzar", les prometió. Este mes se reanuda la causa por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, mientras se espera el comienzo inminente de las megacausas Feced III, Guerrieri III y Klotzman.
Los militantes de derechos humanos plantearon sus dudas sobre la continuidad del "funcionamiento del programa provincial de protección de testigos. Recordamos que el mismo fue una demanda, surgida de una necesidad nacida de las amenazas y ataques sufridos por querellantes y testigos en juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país y nuestra provincia (que tuvo a los casos de Julio López y Silvia Suppo como los más emblemáticos); que tras mucha discusión y algunas desavenencias, finalmente se instituyó por Ley en Santa Fe, logrando además, encarnarse en personas concretas, idóneas y legitimadas por las hombres y mujeres ingresados al programa, como es el caso del doctor Daniel Boccoli".
Aunque no plantearon objeciones a Ramiro Guevara, quien reemplazará a Boccoli, los organismos preguntaron "por qué, habiendo encontrado una persona idónea, que supo construir el necesario lazo de confianza con testigos y querellantes, y habiendo acumulado experiencia en una actividad inédita hasta hace algunos años, hoy quienes están ingresados al programa no lo tienen más como referencia".
Otra inquietud que el Espacio Juicio y Castigo le acercó a los ministros fue la producción de pruebas documentales valiosas para los juicios. "Documentos que comenzaron a ser aportados a los expedientes judiciales y que además habían empezado a ser restituídos a familiares y las propias personas que sufrieron el secuestro, el cautiverio y las torturas en el ámbito provincial. Documentos que son importantes también para la identificación de los desaparecidos y para la búsqueda de los más de 400 hijos e hijas robados durante la dictadura. Esa tarea debe continuar. Cómo y con quienes se va a realizar, es otra preocupación de las organizaciones de derechos humanos", expresaron.
Los reclamos fueron varios. Con respecto a al Dirección de Memoria de la Secretaría, desde el Espacio preguntaron: "¿Qué va a ocurrir con el trabajo sobre leyes reparatorias; la entrega de legajos a víctimas; la investigación, preservación de los documentos y el aporte de pruebas a los juicios; el desarrollo de actividades en el ex SI y el Archivo Audiovisual, las señalizaciones de los lugares de memoria? Nos preocupa y alarma que en ese sentido también se haya discontinuado con la gestión de la doctora Nadia Schujman, quien supo contener y llevar a la gestión demandas y criterios de trabajo históricos de los organismos de derechos humanos".
Lo que recibieron -según la evaluación posterior de los asistentes- fueron respuestas "positivas" y la apertura de un espacio de encuentro permanente para avanzar en estas definiciones.
Fuente:Rosario12
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