El paramilitarismo sigue siendo el principal victimario de las organizaciones sociales y la población.
Resumen Latinoamericano / 13 de Marzo 2016.-
MARCHA PATRIÓTICA 11 MARZO 2016
En el momento en el que más cerca hemos tenido la posibilidad de celebrar
un acuerdo de paz, esa paz que ha sido nuestra razón de ser como
organizaciones sociales y por la que hemos trabajado arduamente para que
sea con justicia social, es cuando volvemos a recibir el ataque de quienes
históricamente han intentado callarnos.
Cada día se recrudece y aumenta la violencia hacia los defensores de
derechos humanos en el Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño, sur de
Bolívar y bajo Cauca antioqueño, pero persistimos en la lucha por
dignificar la vida y garantizar la permanencia en este territorio.
Como AHERAMIGUA, ACVC y CAHUCOPANA celebramos los diálogos en la Habana
adelantados por las FARC – EP y el gobierno nacional, lo que ha permitido
que disminuyan en nuestros territorios las contiendas bélicas, pero hoy
nos vemos enfrentados a diversos riesgos en nuestra labor organizativa
ante el aumento y recrudecimiento del accionar de los grupos paramilitares
en las regiones.
La presencia de actores armados ilegales, la disputa por el territorio y
los interés por las riquezas que se encuentran en estas zonas, han elevado
la confrontación militar teniendo como consecuencia enfrentamientos
armados entre los mismos grupos ilegales, a lo que se le suma una
estigmatización y señalamiento a las comunidades por parte de estos
grupos, quienes aducen que las comunidades son auxiliadoras de las
guerrillas poniendo a los líderes en alto riesgo, por ser quienes
denuncian y visibilizan los hechos, sin contar con las garantías
necesarias por parte del Estado para el ejercicio de la defensa de los
derechos humanos.
Estos señalamientos se vienen dando por medio de panfletos y mensajes (en
grafittis, mensajes de texto a celulares o razones a traves de la misma
comunidad), que han generado zozobra y temor por parte de los líderes y
los habitantes.
Así mismo, la presencia y hostigamientos que realizan a la
población, sumado a las desapariciones forzadas y asesinatos de
pobladores, condujeron al desplazamiento hacia el casco urbano del
Corregimiento de Puerto Claver, municipio del Bagre – Antioquia, en el mes
de enero de este año, donde estuvimos como organizaciones defensoras de
derechos humanos, realizando la jornada de verificación ante esta
arremetida paramilitar; al día de hoy, las comunidades desplazadas aún se
encuentran en un refugio en la cabecera del corregimiento por temor a
regresar a sus fincas ante esta situación.
Así mismo, en las últimas semanas en el municipio de Segovia se presentó
una masacre en la que estuvieron involucrados miembros del Clan Usuga o
también llamados los Urabeños, al mismo tiempo que en el nordeste
antioqueño como en el sur de Bolívar se siguen distribuyendo panfletos
intimidatorios y continúan los asesinatos selectivos.
Finalmente, hoy con
tristeza, somos nuevamente las organizaciones campesinas las víctimas
directas con el asesinato de uno de nuestros dirigentes y amigo, William
Castillo mientras siguen las constantes amenazas hacia nuestra compañera
María Diana Arrieta Pérez de AHERAMIGUA.
No pasamos por alto el hecho sucedido el pasado 6 de marzo en el municipio
de Montecristo, sur de Bolivar, donde un soldado en estado de embriaguez
perteneciente la Segunda Brigada del Ejército Nacional asesinó a tres
personas y causó heridas graves a otras tres por un incidente con su
billetera; un hecho más que involucra a la población y la convierte en
víctima de la violencia y del abuso de la autoridad.
Las organizaciones que trabajamos en la defensa de la vida rechazamos
estos hechos aberrantes que busca deslegitimar nuestro trabajo y dar paso
a una oleada de desplazamientos y violencia generalizada.
Por ello hacemos un llamado urgente a las instituciones gubernamentales
para enfrentar una de las mayores problemáticas de las que seguimos siendo
víctimas, situación que no nos permitirá avanzar hacia la consecución de
una paz estable y duradera.
Es necesario tomar las acciones pertinentes
contra los grupos paramilitares que hoy rondan libremente los cascos
urbanos de los municipios, quienes además de amenazar a la población y
generar terror, asesinan, desplazan y forman alianzas entre sus
estructuras para desarticular el trabajo de las organizaciones.
¡Por nuestro muertos ni un minuto de silencio!
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco – AHERAMIGUA
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica
Nacional – ACVC RAN
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño – CAHUCOPANA
Foto: tomada de Radio Macondo
Secuestran a capitán que denunció red de prostitución en la Policía
Palacios fue una de las fuentes principales en la investigación periodística de la llamada “Comunidad del Anillo”.
Resumen Latinoamericano /Telesur /13 marzo 2016.
El capitán Ányelo Palacios es uno de los denunciantes de los mayores escándalos que se producen en el cuerpo policial de Colombia, conocido como la comunidad del anillo.
El capitán Ányelo Palacios, denunciante de la Comunidad del anillo como es conocido el caso de la red de la prostitución masculina al interior de la Policía Nacional de Colombia, fue secuestrado el sábado en horas de la noche en la vía Cúcuta – Pamplona al Norte de Santander.
Al momento del secuestro el Oficial se desplazaba con su padrastro, quien indica que hombres en motos interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y lo trasladaron a una camioneta que partió con rumbo desconocido.
Colombia: Investigan nexos de policías con red de prostitución
La Policía Nacional reveló en un comunicado que Palacios fue interceptado en el kilómetro 85 del corredor, en el sitio conocido como La Miguelera de Pamplonita, donde “cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas los abordaron y se llevaron al capitán con rumbo desconocido”.
Arcilio Ortiz Valero, el padrastro, “dio aviso a un vigilante de obra de la zona, quien llamó a la Policía Nacional”.
El subdirector de la Policía, general Ricardo Restrepo, junto con el director del Gaula, general Fabio López, encabezan los operativos de rescate.
En Contexto:
El caso que persigue la fiscalía colombiana, denominado “La Comunidad del anillo” es una red de prostitución masculina al interior de la Policía Nacional, alcanzaría al congreso de la nación suramericana, dado que habría prestado servicios a algunos asambleístas.
Envío:ResumenLatinoamericano
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