El embajador papal entre 1974 y 1980 relata al secretario de Estado vativano su entrevista con Harguindeguy en 1976
Miércoles 30 de marzo de 2016
La desclasificación de los archivos del Vaticano referidos a la época de la dictadura fue anunciada para dentro de varios meses, pero ya se filtró uno de los documentos.
Se trata de una carta que el entonces Nuncio Apostólico en el país, monseñor Pío Laghi, le envió a quien era el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean Villot, en la que le relata una reunión que tuvo el 12 de julio de 1976 con el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, y que tuvo por objeto plantearle centralmente –según dice al comienzo– el “estado de los detenidos políticos, el secuestro y la eliminación de personas al margen de la ley, y la violación de fundamentales derechos humanos”.
La carta fue difundida por el sitio de información religiosa Vatican Insider, del diario italiano La Stampa, en una nota que defiende el rol de Laghi ante las críticas de complicidad con la dictadura.
La denuncia que instaló ese cuestionamiento la hizo en 1996 María Cercos de Delgado, esposa del periodista Julián Delgado, secuestrado en 1978, quien dijo a Página/12 que Laghi “conocía lo que pasaba en la ESMA, podía averiguar los nombres de los que estaban secuestrados allí” y fue consultado sobre “si debían quedar con vida 40 detenidos-desaparecidos”.
Laghi dice en la carta que “después de la masacre de San Patricio (el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en una iglesia del barrio porteño de Belgrano R), el ministro mismo había expresado el deseo de tener un encuentro conmigo, y yo naturalmente lo secundé, considerando conveniente valerme de esa audiencia para hablar también sobre los argumentos antes mencionados”.
En cuanto a los palotinos, “él me aseguró que la investigación para identificar a los autores prosigue”. Y que “tenía indicios” de que los autores son “de extrema derecha”. Laghi revela que le entregó a Harguindeguy “algunas hojas en las que ya había transcripto, según su categoría, los nombres de los detenidos, de los secuestrados y de los desaparecidos, cuyos familiares se dirigieron a la Nunciatura para obtener nuestra participación; llamé la atención del ministro sobre algunos casos, como el de los ingenieros de la Comisión para la Energía Atómica, el del director de cine Raymundo Glaser (sic) y el del profesor Roberto Bergalli”.
Agrega que Harguindeguy “después me ofreció información detallada sobre los sacerdotes todavía detenidos, a disposición del Poder Ejecutivo, o bajo proceso: son 9, de los cuales 6 estaban en la cárcel desde antes del golpe; cinco están bajo juicio y para ellos el Público Ministerio pidió la aplicación de penas de hasta 8 años de reclusión; los otros cuatro, tal vez, podrán ser expulsados del país como ‘personas no gratas’, al no ser argentinos”.
Laghi también dice que al final hablaron sobre “los refugiados” y si su presencia en el país plantea “serios problemas de seguridad”. A la vez que señala que le recordó al ministro “casos sobre los detenidos no argentinos en los que son mantenidos ‘incomunicados’ y no pueden ser visitados ni siquiera por el agente consular del respectivo país; y esto va en contra del artículo 36 de la Convención de Viena”.
Cuenta, además, que el ministro “admitió que en algunos cuarteles militares, como en el de Rosario, bajo el comando del general Díaz Bessone –un tipo muy ‘duro’–, se verifican abusos de este tipo, y prometió que hará todo lo posible para remediarlo”.
Finalmente, dice que “ante la angustia que manifesté sobre los actos de violencia de los ‘escuadrones’ de derecha y sobre los métodos inadmisibles de la lucha contra la subversión, el ministro concordó conmigo en que es necesario desarmar a todos los grupos que actúan fuera de la ley del Estado”
Fuente:TerritorioDigital
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