Por Juan Carlos Tizziani
A partir de una iniciativa del exgobernador Bonfatti y actual presidente de Diputados, la Cámara baja dio media sanción a la creación de los archivos provinciales de la Memoria y de Registros Audiovisuales de los juicios de lesa humanidad. Además se conformará una comisión del espacio de memoria en el ex Servicio de informaciones de Rosario y la comisaría 4ª de Santa Fe.
DIPUTADOS APROBO LA LEY QUE CREA EL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA.
Preservar, una política de Estado
La media sanción otorga fuerza de ley a un sistema de preservación de documentos que se enriqueció con la creación de dos espacios de la memoria: el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario y la comisaría 4ª de la ciudad de Santa Fe.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley que crea el Archivo Provincial de la Memoria y la giró al Senado, en un hecho sin antecedentes: es un mensaje del Poder Ejecutivo que Antonio Bonfatti mandó a la Legislatura en su penúltimo día en la Casa Gris, el 9 de diciembre, y salió ayer con media sanción en el plenario que presidió el propio ex gobernador. El proyecto otorga fuerza de ley a un sistema de preservación de documentos que ya funcionaba por decretos dictados en los últimos años, en los gobiernos de Jorge Obeid, Hermes Binner y Bonfatti. Pero ahora se enriqueció con la creación de dos espacios de la memoria en el circuito del terrorismo de estado: uno, en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario (un sitio recuperado en 2015, donde tiene su sede el Archivo Audiovisual de juicios de lesa humanidad) y el otro, en la comisaría 4ª de Santa Fe, que fue propuesta por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, por lo que se le pedirá al gobernador Miguel Lifschitz que la dependencia policial que aún opera allí se traslade a otro lugar. Los diputados del Frente Progresista valoraron la creación del Archivo como un eslabón clave de "una política de estado" de memoria, verdad y justicia. "El Nunca Más ya se sostiene en la conciencia y en la lucha del pueblo argentino, pero con estas decisiones institucionales ayudamos a que sea permanente", dijo Rubén Galassi. "Esta política va a seguir y los juicios de lesa humanidad van a seguir", agregó su colega, Alicia Gutiérrez.
Galassi explicó las funciones del Archivo de la Memoria para "analizar, clasificar, digitalizar toda la documentación del Estado que tiene en su poder. Los documentos son intangibles, no puede destruirse, modificarse ni alternarse. El objetivo es preservar la memoria y obtener pruebas que ayuden a los juicios de lesa humanidad. De hecho, buena parte de estos documentos han sido un vital aporte a los juicios que se realizaron en la provincia. Y también fomentar el estudio y la investigación de este proceso negro en Santa Fe y en la Argentina para que nunca más se repita en el país".
El capítulo 2 de la ley crea el Archivo Audiovisual, que ya se había creado por decreto, con sede operativa en El Pozo, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo, de Rosario. "Es una sede simbólica porque todos los materiales de los juicios se pueden consultar a través de la página del gobierno de la provincia, desde cualquier lugar del mundo", agregó el legislador.
El capítulo 4 propone dos espacios de memoria (con sus comisiones de apoyos), uno en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario y el otro, en la comisaría 4ª de Santa Fe, que fue sugerido por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. El aporte del Foro se canalizó horas antes en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Galassi y "tuvo el consenso de todos los bloques". Por lo tanto, "solicitamos al Poder Ejecutivo que esa seccional policial se traslade a otro lugar de la jurisdicción y se recupere ese sitio de memoria y lugar simbólico, como homenaje a los detenidos, muertos y desaparecidos en la comisaría 4ª. Un lugar que haga justicia con ellos y con sus familiares, pero que también deje para el futuro un lugar donde se pueda mostrar el terror para que no lo volvamos a repetir", dijo Galassi.
La diputada Gutiérrez valoró la ley como parte de una "política de estado" que se concretó en las gestiones de Binner y Bonfatti y que "nosotros hemos acompañado desde esta Legislatura". Y mencionó el primer Museo de la Memoria en el país, que está en Rosario (en la ex sede del II Cuerpo de Ejército) y la señalización de otros sitios, desde Santa Felicia a Melincué. "Todo esto ha sido una firme decisión de acompañar a las víctimas del terrorismo de estado en cada uno de los juicios. Esta política de estado va a seguir adelante. Y este 24 de marzo a 40 años del golpe del 76, millones de argentinos y argentinas saldrán a las calles para reivindicar la lucha, a los 30 mil compañeros desaparecidos y gritarán más que nunca que los juicios de lesa humanidad van continuar", apuntó.
"Quiero reconocer tantos años de lucha y de poner en la conciencia colectiva lo que significan los temas de memoria, verdad y justicia", aseguró el presidente de la Cámara baja. "Con este proyecto de ley cumplimos un sueño", y añadió que "es producto de la sumatoria de muchas voluntades".
"Es una ley que le da marco a todas las políticas destinadas a la construcción de la memoria colectiva, que garantiza la continuidad de dichas políticas a través del tiempo y de los distintos gobiernos, y que también asigna presupuesto a los institutos que se crearon o que deben crearse para garantizar la conservación de documentos y testimonios sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades", detalló Bonfatti.
Carlos del Frade planteó la necesidad de crear una comisión de Diputados que investigue a los cómplices civiles de la dictadura en la provincia. El proyecto del ex diputado José María Tessa que proponía una bicameral, logró media sanción, pero terminó en un cajón del Senado. Del Frade señaló a sus colegas que entre los "cómplices" del golpe hubo "empresarios y otros factores de poder como la Iglesia. Esa es una investigación pendiente que se tiene que llevar adelante en Santa Fe".
Fuente:Rosario12
Gatillo fácil: Rechazan juicio abreviado para el crímen de las PAT
“A Jonatan lo mató la policía”
10/03/2016
Familiares de Jonatan, acompañados por organizaciones y dirigentes, ya realizaron varios actos frente a tribunales. Foto: Andrés Macera
Este viernes por la mañana, dentro de los tribunales provinciales de Rosario tendrá lugar la audiencia que resolverá el planteo de nulidad presentado por la querella que representa a María Helena Herrera, madre de Jonatan, contra el juicio abreviado a favor de uno de los policías imputados. Fuera del palacio judicial, estarán presentes las abogadas querellantes y distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y académicas nucleadas en la “Multisectorial Justicia por Jonatan Herrera”.
Según recordó en el comunicado de prensa difundido por la Multisectorial, el 29 de febrero pasado, el fiscal regional Jorge Baclini resolvió respaldar el juicio abreviado acordado por el fiscal Spelta y Sara Marcos, abogada defensora de Galvéz, por el delito de “abuso de armas”. Cabe mencionar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó una presentación ante dicho fiscal, como Amicus Curiae, señalando su “preocupación ante la gravedad de que se celebren juicios abreviados en casos de violencia institucional”.
“Ante esta situación la querella que representa a María Helena Herrera, madre de Jonatan, ha planteado mediante un escrito presentado el día 1º de marzo, la nulidad del Juicio Abreviado”, plantearon. Por su parte, el CELS se presentó nuevamente como Amicus Curiae ahora ante el Juez López Quintana, reiterando su preocupación. “La Campaña contra la Violencia Institucional realizó una adhesión a dicha presentación, por entender que no procede el Juicio Abreviado en casos de Violencia Institucional”, informaron desde la Multisectorial.
Ahora es el Juez de la causa López Quintana resolverá en la audiencia pública convocada para este viernes sobre la nulidad planteada y la admisibilidad del Juicio Abreviado.
La querella se opone al juicio abreviado no sólo porque considera que “constituye un gravamen irreparable a derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional y en distintos instrumentos internacionales (como derecho de defensa, a la verdad y a la tutela judicial efectiva); sino también porque podría resultar un obstáculo para que se conozca la verdad de lo sucedido”.
“Aún falta mucha prueba por producirse y si en el juicio oral y público contra los otros tres imputados, se ventilan nuevas pruebas que implicaran a Gálvez, nada podría hacerse al respecto, dado que él habría llegado a un acuerdo por un delito menor, como es el de «abuso de armas»”.
Fuente:RedaccionRosario
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