Para la libertad
La diaria 15 316
Ayer se cumplieron 31 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura. La aplicación de la Ley de Pacificación Nacional, votada en el Parlamento el 8 de marzo de 1985, condujo a la liberación de 255 personas que aún permanecían presas por motivos políticos: 228 hombres en el penal de Libertad y 27 mujeres en la Jefatura de Policía de Montevideo, que habían sido trasladadas días antes desde el penal de Punta de Rieles. El 10 de marzo fueron liberados 173 hombres y 20 mujeres en medio de una movilización que rodeó los dos lugares de reclusión para recibir a los “cabecitas rapadas”, tal como se conocía a los recién liberados, que eran rapados a cero en el penal de Libertad. Uno de ellos era el ex presidente José Mujica. El 12 liberaron a otros 15 presos y cuatro días más tarde salieron los últimos 47 presos, al borde de cumplirse el plazo límite que disponía la ley para su liberación.
Según Amnistía Internacional, más de 7.000 uruguayos fueron encarcelados por la dictadura por razones políticas, lo que convirtió a Uruguay en el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos en relación con su población. “Sin excluir las ejecuciones, los asesinatos y la desaparición de ciudadanos, la detención masiva de ciudadanos, asociada a la tortura y a la reclusión prolongada, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a los opositores y mantenerse en el gobierno”, expresó en un comunicado la asociación de ex presos políticos Crysol. La asociación recordó ayer el Día del Ex Preso Político con una ceremonia en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira del Cerro, para reivindicar “el rol desempeñado por la resistencia y la prisión política en el proceso histórico que condujo a la reconquista democrática y la plena vigencia de las libertades populares” y reafirmar “el compromiso de nunca más terrorismo de Estado”.
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Con la presencia de algunos centenares de personas, Crysol realizó ayer su conmemoración del Día de la y de ex preso político.
Además del Alcalde del Municipio A de Montevideo, Gabriel Otero, asistieron a la actividad el Senador Marcos Carámbula y los diputados Susana Pereyra y Oscar Andrade. También estuvo presente el exsenador Roberto Conde, la ex Secretaria de DDHH del pasado reciente de Presidencia, Isabel Wschebor, representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de Serpaj y otras organizaciones hermanas.
El Intendente se Montevideo se disculpó de no asistir por hallarse fuera de Montevideo, al igual que la Senadora Patricia Ayala y la Diputada Catalina Correa de Salto. Ademu, y Suntma hicieron llegar sus saludos militantes al igual que el Teatro El Galpón.
TNU y Canal 10, al igual que Radio Uruguay, fueron los medios que cubrieron la actividad.
La actriz Gisella Marsiglia ofició de maestra de ceremonias y Chela Fontora hizo uso de la palabra a nombre de Crysol.
14 de marzo: reafirmación de
nuestra condición de luchadores
Compañeras y compañeros:
Se cumplen hoy 31 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura.
Como colectivo organizado conmemoramos el acontecimiento y celebramos el Día de la y del ex preso político.
Lo hacemos como reafirmación de nuestra identidad de luchadores sociales y políticos. Lo hacemos como reivindicación de nuestro compromiso con la democracia y la libertad que contribuimos a forjar. Lo hacemos también como ratificación de nuestro compromiso actual con el futuro del país y horizontes de cambios profundos por los que siempre batallamos.
En las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos, supimos resistir en las cárceles del régimen y estamos y seguiremos estando orgullosos de ello, de haber sido parte de una epopeya colectiva que cristalizó y forjó el Uruguay actual y quetiene que seguir avanzando hacia una sociedad justa libre y solidaria.
Y por eso, entre otras razones, somos integrantes de Crysol, de esta herramienta de trabajo unitaria y militante que entre todas y todos hemos construido con mucho diálogo, paciencia revolucionaria y mucho esfuerzo colectivo.
Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento de los responsables de los mismos para que ellos nunca más vuelvan a ocurrir.
Es un compromiso de vida y de militancia. A la antigua.
Compañeras y compañeros:
En nuestro país corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado.
Desde octubre del 2011 ya no hay más obstáculos legales que impidan las investigaciones, ya que se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El poder judicial, además, recuperó su plena independencia y autonomía, avasallada por los defensores de la impunidad.
El tiempo en que estuvo vigente la ley caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos y son, por sentencia de la Suprema Corte, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
Las más de doscientas causas impulsadas y promovidas por las víctimas deben reactivarse y dinamizarse, tienen que avanzar de una vez por todas, sin temor a las presiones políticas, económicas, de los medios de comunicación pro impunidad, de los centros militares y sus cómplices.
La Suprema Corte de Justicia debería alentar el trabajo de los juzgados penales que las poseen, adoptar disposiciones que faciliten y aceleren su labor, además de garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para los criminales como Ramas y Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos.
Hace más de un año hicimos entrega a Presidencia de la República de un documento en el cual expresábamos el sentir de nuestro colectivo y un conjunto de propuestas en el marco de lo establecido por las normas internacionales de DDHH y por el sentido común para seguir avanzando en la superación del pasado reciente.
Más allá de las buenas intenciones y disposiciones, a nuestro entender se ha avanzado muy poco en aspectos que consideramos relevantes. La no integración del Pit – Cnt y de Crysol en el Grupo de Trabajo, fue un grave error, tal como lo señalamos en su momento.
En lo sustancial, como colectivo organizado, seguimos reivindicando cinco grandes orientaciones adicionales que no pueden seguir posponiéndose:
1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, con la presencia del Presidente de la República y representantes de los tres poderes, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda.
2) Implementar de manera inmediata la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas.
3) Adoptar la decisión de hacer uso del Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas. Se trata de investigar, aclarar e informar a la población sobre los daños ocasionados por la corrupción , el saqueo y el enriquecimiento ilícito de militares y civiles que fueron responsables del estado y su accionar en tiempos de dictadura y que la sociedad sigue pagando.
4) A través de un accionar enérgico de la Comisión Especial de la Ley 18 596 que preside el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y a la cual habrá que dotar de los recursos imprescindibles de los cuales carece en la actualidad, promover un Plan Nacional de Memoria y Dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado en todo el país que incluya la instalación de un gran monumento a ellas en un espacio público de primer nivel.
5) Enviar al Parlamento a la mayor brevedad un proyecto de ley de restitución de derechos jubilatorios y pensionarios que solucione las carencias e insuficiencias de las leyes 18 033 y 18 596, de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y también por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff en setiembre del año 2014, para hacer justicia con las víctimas y sus descendientes.
Compañeras y compañeros:
La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto de país que se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad para reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de los beneficiados de siempre. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.
Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. En esa batalla estamos y seguiremos estando, con el recuerdo de tantos y tantos compañeros que ya no están pero que siempre están con nosotros, siguen vivos en la lucha permanente de los que hoy seguimos batallando para que se cumplan nuestros derechos, en nuestras banderas de lucha desplegadas al viento,
Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación y
Nunca Más terrorismo de Estado
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Washington Carrasco y Cristina Fernández
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