MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA
CAPÍTULO ARGENTINA Colombia: Entre la Paz y
la Continuidad de la Guerra
Terminó el mes de marzo y en Colombia vivimos una situación de alta violencia política que nos lleva a realizar un análisis sobre las causas, consecuencias, actores y la correlación de fuerzas que al día de hoy se presentan en el contexto colombiano.
En primer lugar, el análisis del avance del paramilitarismo y las acciones de violencia que aumentaron en el último mes contra el movimiento social no puede darse por fuera del contexto político que envuelve a las instituciones del Estado. Tras la captura de Santiago Uribe Vélez (hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez) sucedida el 29 de febrero de 2016, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, declaró en una de sus intervenciones el 1 de marzo que “por menos de eso había comenzado la violencia política“1.
La relación de estas declaraciones violentas con lo que empezaba a suceder en las periferias campesinas a lo largo y ancho del país no son especulativas sino alarmantemente vinculadas con la oleada de asesinatos recientes. Tan solo de Marcha Patriótica fueron asesinados 16 de sus integrantes en diferentes zonas del país, así como miembros del Congreso de los Pueblos, de la Unión Patriótica, de la ONIC, entre otros, con lo cual se llegó a la cifra de 28 líderes y lideresas que cayeron por la acción criminal de estos grupos paramilitares. El mes de marzo termina con el inicio de un paro armado decretado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” o “Clan Úsuga” quienes amenazaron a las poblaciones de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre para que no se realizara ningún tipo de actividad comercial, educativa, de transporte so pena de atentar contra la vida y los bienes de quienes incumplieran la orden. En este mismo contexto el grupo paramilitar “Las Águilas Negras” “invitaba” a los colombianos a marchar el 2 de abril en contra de los diálogos que se llevan a cabo en la Habana, Cuba. Hay que recordar, por supuesto, que la marcha del 2 de abril es una iniciativa del señor Álvaro Uribe Vélez y su partido político “Centro Democrático”. Este mismo grupo de las “Águilas Negras” al tiempo que extienden la “invitación” a participar de la iniciativa del señor Uribe, envían panfletos amenazantes a organizaciones del Cauca, entre las que se encuentran Marcha Patriótica, Ruta Pacífica de las Mujeres, ACIN, COCOCAUCA, periodistas y docentes de la Universidad del Cauca, a los cuales se les cataloga como “guerrilleros camuflados” y “candidatos del narcoterrorismo”, calificativos típicamente usados por senadores y representantes del partido “Centro Democrático” y por el Uribismo en general contra todos aquellos que trabajan por la Paz con Justicia Social.
Como agravante de ésta situación, el viernes 1 de abril paramilitares intentaron atentar contra la vida de nuestra vocera nacional, la lideresa y ex senadora Piedad Córdoba Ruiz, un hecho que demuestra la intolerancia de los sectores guerreristas a quienes han puesto todo por lograr la Paz con Justicia Social y que exige de la todas las fuerzas políticas y sociales de Colombia y el mundo la solidaridad y exigencia al gobierno colombiano de garantías para la oposición.
Un segundo escenario a tener en cuenta es el Proceso de Paz, donde no fue posible firmar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto en la Mesa de Diálogos de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, anunciada para el 23 de marzo por las partes dadas diferencias sobre temas cardinales para la dejación de armas e implementación de los acuerdos. Sin embargo pudimos presenciar quizás uno de los acontecimientos más destacados desde el punto de vista político en la actual coyuntura, el cual fue la reunión entre John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y las Delegaciones de Paz tanto del Gobierno como de la insurgencia, reunión en la que la potencia del norte expresó su apoyo a la Mesa de Diálogos. Éste hecho que más allá de algunos análisis profundos expresados oportunamente y que no se superpone a las desconfianzas históricas, es un logro de la insurgencia haber sido invitada a dialogar con un el alto funcionario, pues se reafirma su centralidad como actor político en el plano nacional e internacional en el devenir del presente y el futuro de Colombia.
No podemos olvidar tampoco la trascendental noticia de la apertura a fase pública de las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, pues con ello se refuerza la necesidad y la convicción de llegar a una paz estable y duradera por parte de las insurgencias. Esta nueva etapa que se abre con el ELN no puede leerse como texto aparte de los diálogos con las FARC-EP, sino que por el contrario va a complementar lo avanzado con análisis y propuestas que amplíen la democratización de los diferentes espacios y sujetos colectivos al interior del país, en el sentido de que Colombia transita por un Proceso de Paz con dos Mesas de Diálogos.
Como tercer escenario tenemos a los movimientos políticos y sociales que a pesar de ser la principal víctima histórica del conflicto político, social y armado colombiano, han tenido grandes avances en organización e incidencia en el contexto nacional. Marzo también se convirtió en un escenario de movilización donde las organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y afrocolombianas le demostraron al gobierno y a las fuerzas de derecha opositoras a la paz, que están presentes para defender un modelo de país distinto al que nos han impuesto en los últimos 200 años. Sectores sociales altamente politizados salieron a las calles el 17 de marzo para protestar contra el modelo económico, pero también para defender el Proceso de Paz y para exigirle al gobierno el desmonte del paramilitarismo que ha sido parte de la combinación de todas las formas de represión del Estado colombiano contra la oposición política, el pensamiento crítico, las y los defensores de la tierra y el territorio, la juventud inconforme, los pueblos originarios y en general contra quienes no encajan en la cerrada estructura político económica e ideológica de su régimen de dominación de clase.
Un día después, el 18 de marzo, las mujeres patriotas se tomaron la iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá para iniciar una vigilia permanente en la cual denunciaron los 118 asesinatos de integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en 4 años, visibilizando estos crímenes aún en la impunidad y logrando el pronunciamiento del Ministerio del Interior para la constitución de una comisión que estudie los casos que no son portada de los medios de comunicación hegemónicos. Ello demuestra una vez más que es necesaria la presión a las instituciones estatales y gubernamentales responsables de la protección, prevención e investigación de hechos ocurridos contra el movimiento social y popular y reafirmar que la organización y la acción son la fortaleza de las bases sociales en nuestro país y en el continente.
Bajo este contexto vemos la alineación cada vez más clara de sectores políticos de la derecha colombiana con las organizaciones paramilitares que con la estrategia de “a sangre y fuego” buscan recuperar un poder político, territorial e ideológico que se ha ido diezmando de manera progresiva a medida que aumenta la legitimidad del Proceso de Paz. Un Estado cuyas instituciones están ampliamente deslegitimadas por decisiones que están en contravía de las mayorías del pueblo colombiano, por la corrupción de funcionarios vinculados y vinculadas al paramilitarismo y por las omisiones frente al tratamiento igualitario en relación al plano económico y jurídico de los sectores sociales, lo cual ha profundizado las contradicciones de clase y visibilizado la función del actual régimen político en favor de las élites nacionales. Un gobierno que cada vez está más contra las cuerdas, pues la decisión de las insurgencias de cerrar el conflicto armado por la vía política ha cercenado el argumento militarista del gobierno y de ciertos congresistas de la derecha, quienes veían en esa lógica la posibilidad de perpetuar el estado de alteración del orden público y de mantener el gran negocio en el que se ha convertido la guerra. Unas insurgencias que, aunque en el plano nacional siguen teniendo algunos sectores contradictores, en el nivel internacional han venido ganando mayor legitimidad ante los Estados Latinoamericanos y Caribeños, Europeos e incluso Norteamericanos que cada vez menos les tienen argumentos para darles el calificativo de organizaciones terroristas y que muchos reconocen como organizaciones políticas alzadas en armas. Un movimiento social y popular que viene avanzando tanto cuantitativa como cualitativamente y que le apuesta a la unidad de acción como potenciadora de la estrategia política ante el escenario nacional e internacional; que ha tenido, y busca tener mayor incidencia en los Diálogos de La Habana bajo la lógica de actor colectivo, activo y propositivo y sin lugar a dudas lo hará en los del ELN; que se ha visibilizado principalmente en toda nuestra región y por tanto ha sido objeto de grandes expresiones de solidaridad por parte de organizaciones sociales, populares, democráticas, progresistas y revolucionarias. Es decir, un movimiento social que está avanzando en la transformación de una sociedad en guerra a una sociedad en Paz, con Justicia Social, Democracia y Soberanía.
Hemos puesto en Marcha nuestro corazón y seguirá en Marcha la esperanza
1 Declaración dada a la cadena de noticias radiales Blue Radio el 1 de marzo de2016.http://www.bluradio.com/125128/por-menos-comenzo-la-violencia-politica-paloma-valencia-sobre-santiago-uribe
Uribismo marchó contra la paz en Colombia
y sigue el paro armado
Resumen Latinoamericano/ (con información de Telesur y los diarios derechistas colombianos
El Tiempo y El Espectador
02 de Abril 2016.-
Los opositores marcharán con la excusa de manifestar en contra del Gobierno de Santos
El partido colombiano Centro Democrático, liderado por el expresidente derechista Álvaro Uribe Vélez, convocó para este sábado una marcha contra el proceso de paz,en momentos en los que un acuerdo para poner fin al conflicto armado está a punto de materializarse gracias a los esfuerzos del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Con la excusa de marchar en contra del Gobierno de Juan Manuel Santos, los uribistas salieron a las calles a manifestar su repudio a los diálogos de paz.
El derechista Álvaro Uribe, quien durante su Gobierno siempre se opuso a una negociación positiva con las FARC-EP, llamó a la marcha porque dice que el Gobierno “está consolidando la entrega al terrorismo” y dice que quiere“defender la democracia”.
Sin embargo, esta postura es considerada por los expertos como contradictoria.
“Esta fuerza política enarbola esas consignas cuando el gobierno que encabezó Alvaro Uribe Vélez durante 8 años (2002-2010), se distinguió por corrupto (caso de Agro Ingreso Seguro, donde su ministro Andrés Felipe Arias defraudó al país en 300 mil millones de pesos”, refiere el bloguero de teleSUR Oto Higuita.
El experto recuerda como “Yidis Medina y otros Congresistas fueron sobornados con ofertas de todo tipo para que votaran a favor de la reelección de Uribe en el 2006 )”.
Uribe llama a defender la democracia pero no recuerda que durante su Gobierno hubo persecución y represión contra la oposición (ChuzadDAS contra Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, Piedad Córdoba, vocera de Marcha Patriótica, Hollman Morris periodista investigativo, altos Magistrados de la Corte Constitucional, movimientos sociales como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, entre otros).
Paro armado
A la par con la marcha continúa el paro armado del Clan Úsuga en Colombia, el cual ha cobrado la vida de al menos cinco uniformados durante las últimas horas, de acuerdo con el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, al presentar el segundo reporte sobre el impacto de esta operación.
A la medianoche del 30 de marzo, la banda inició un paro armado de 48 horas de duración y que se extiende por los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre, Córdoba y Chocó (noreste), con la finalidad de impedir la libre circulación en las vías y detener la actividad comercial en Urabá (región inserta en Antioquia y Chocó).
Entre los cinco fallecidos se encuentran un suboficial del Ejército y un policía, quienes se encontraban de civil y desarmados al momento del asesinato.
Durante la rendición de declaraciones, el funcionario advirtió sobre las intenciones de la banda criminal de extender el paro durante todo el fin de semana y mezclar el crimen organizado con unas marchas políticas convocadas para esos días.
Movilización de los uribistas estuvo marcada por la lluvia
Con pancartas y banderas, Centro Democrático y miles de seguidores marcharon este sábado.
2 de abril de 2016
La lluvia no fue impedimento para que miles de personas marcharan en Bogotá (foto) y en otras ciudades.
En cerca de 21 ciudades, entre las que están Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla, miles de personas afines al Centro Democrático y militares en retiro marcharon en la mañana de este sábado.
Con banderas, pancartas y paraguas (en varias ciudades llovió) protestaron para rechazar el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La movilización comenzó en Cartagena a eso de las 9:30 a.m. Media hora después se inició en Bogotá, donde se concentraron en el Parque Nacional para llegar por la carrera Séptima al centro de la capital.
Allí, en medio de un fuerte aguacero, el exvicepresidente y exprecandidato presidencial Francisco Santos tomó la vocería y aseguró la movilización era, entre otras razones, por las familias de “militares falsamente acusados y por los militares activos indignados”, así como por los exministros y altos funcionarios del gobierno Uribe detenidos.
Francisco Santos citó a María del Pilar Hurtado y a Sabas Pretelt de la Vega, y señaló que “han sido injustamente perseguidos por la justicia”.
El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y su familia marcharon en Medellín, donde las personas se encontraron en el Teatro Pablo Tobón Uribe y planean llegar al Parque de Las Luces. Allí aseguró que el objetivo era “un nuevo país”.
En Bucaramanga, la concentración finalizó en la plazoleta cívica Luis Carlos Galán, a donde llegaron cerca de 5.000. Lo hicieron en medio de la lluvia y con afiches en los que escribieron frases como “No más Farc”, “No más Santos”, “No regale el país”
En Cali tampoco importó la lluvia. Al parque de las Banderas, en el sur de Cali, llegaron unas 2.500 personas, según datos de la Secretaría de Tránsito de la ciudad, tras realizar un recorrido que comenzó en el tradicional parque sobre la calle Quinta. Allí la marcha estuvo encabezada por el soldado William Venivelso y Marcela Martínez, quienes aseguraron que son víctimas del conflicto y que decidieron apoyar la movilización “por los derechos humanos violados de las verdaderas víctimas, las que no han participado en los diálogos de La Habana (Cuba)”.
El reporte de las autoridades coincidió en que la movilización trascurrió con tranquilidad. En Armenia, por ejemplo, la Policía indicó que no se registraron incidentes negativos.
En cuanto a Manizales, la movilización no se extendió por mucho tiempo, distinto a Medellín, donde la concentración continuaba a la 1 de la tarde. Y en Pereira, participaron unas 2.000 personas.
En la Costa también fue alta la participación y mayoría asisitió con la camiseta de la selección Colombia. Hubo marchas en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Sincelejo. En Montería, según dijo el senador Jaime Amín -quien encabezó la jornada en la capital del Atlántico, se aplazó por seguridad. La capital de Córdoba es una las ciudades que más ha sentido el paro armado del ‘clan Úsuga’.
En Santa Marta, unas 600 personas rindieron, antes de iniciar la marcha, un minuto de silencio por los soldados y policías asesinados por los grupos armados al margen de la ley. “No más Santos” y “Colombia se respeta” fueron las consignas que gritaron los manifestantes durante el recorrido.
“Estamos pidiendo que se acabe con el crecimiento exponencial de la siembra de coca en el país, no más entrega del país al grupo narcoterrorista de las Farc y ahora en camino al Eln, que no se iguale a los soldados y policías de la patria con quienes han sembrado de sangre y terror durante más de 50 años en esta Nación, no más pérdida de nuestro territorio como San Andrés (…) Son muchos los temas que han invitado a marchar a Colombia por no más desgobierno de Santos”, expresó el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez
Y en Cartagena el senador Fernando Araujo, que acompañó la jornada, manifestó: “El Gobierno no puede seguir sin escuchar a sus ciudadanos y sí escuchando y dándole todas las garantías a los terroristas. En esta marcha pacífica invitamos al Gobierno a cambiar el modelo de gobernanza”, dijo el Senador Araujo.
Las razones de la marcha
Según han manifestado, la movilización, que comenzó a promoverse desde principios de marzo, tiene como objetivo protestar contra el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Argumentan que exigen continuidad en la política de seguridad democrática y respuestas a los perseguidos políticos pertenecientes a la oposición. De hecho, la movilización comenzó a promoverse luego de que la Fiscalía ordenara la captura de Santiago Uribe, a finales de febrero pasado, para que responsa por sus presuntos nexos con la banda paramilitar ‘los 12 Apóstoles’.
El Centro Democrático y sus seguidores también dicen que protestan por la venta de Isagén y piden información sobre la importación de energía desde Ecuador. En total son más de diez las razones que expusieron en un comunicado.
Mencionan además que “cuando hay discrepancias es el gobernante el que se somete a la voluntad del pueblo y nunca al revés. No atender las voces del pueblo y, más grave aún, silenciarlas, acaba con la democracia y conduce a la tiranía”.
En el comunicado, quienes convocaron a la marcha dicen que el tema no es entre “santistas y uribistas” sino que es buscando el bien común de todos los colombianos.
Uribe participó de la marcha del No+ en Medellín
En la marcha también se vieron carteles contra el Gobierno de Venezuela. FOTO JULIO CESAR HERRERA
En el Parque de las Luces finalizó este sábado a las 12:30 del mediodía la marcha del No+, que recorrió la avenida La Playa y San Juan, con miles de personas que expresaron sus preocupaciones por las políticas del presidente Juan Manuel Santos y las negociaciones de paz con las guerrillas del Eln y Farc. (Vea las fotos de la marcha en Medellín)
En la tarima varias mujeres pidieron la libertad de políticos que están siendo investigados por parapolítica, Yidispolítica, chuzadas y Agro Ingreso Seguro, afirmando que es una persecución política del Gobierno actual contra personajes cercanos al expresidente Álvaro Uribe. Uribe no habló en la tarima, pero si sus hijos Tomás y Jerónimo.
El expresidente salió para el aeropuerto en Medellín pues iba a viajar a Bogotá para realizar su discurso en la capital del país, pero su vuelo tuvo problemas por el clima. “Devolvieron el avión por lluvia en Bogotá, dirigiré unas palabras a los compatriotas a través del teléfono”, indicó Uribe.
Los hijos de Uribe sí se subieron a la tarima en Medellín y tomaron el micrófono para hablar sobre la supuesta persecución de la Fiscalía en contra de políticos del uribismo y aprovecharon para enviar un saludo a Luis Carlos Restrepo “exiliado por la persecución de este Gobierno”.
En la marcha en Medellín estuvo presente además de Álvaro Uribe, la exsenadora Ana Mercedes Gómez, el exministro Fabio Valencia Cossio.
A las 9:50 de la mañana centenares de personas iniciaron la marcha del No+ en el Teatro Pablo Tobón Uribe, otro grupo de personas se reunieron en el centro comercial Río Sur, para la movilización que tiene como identificador No+ y a él se suman las razones por las que marchan: No+Farc, No+Derroche, No+Corrupción.
“No más impuestos, apagones, persecución, guerrilleros”, son algunas de las frases que se ven en pancartas. “Cristo no viene a Colombia porque la guerrilla lo secuestra y Santos les da el cielo”, afirma uno de los carteles. (Lea: Así fueron las marchas del No + en Miami y Nueva York)
La marcha finalizó en el Parque de Las Luces, pero antes tomó la avenida La Playa, la carrera 47 hasta llegar a la avenida San Juan para terminar en el parque. (Lea: Así será la marcha contra el gobierno de Santos)
El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez se unió a la marcha a las 10:00 de la mañana, se mezcló entre la gente acompañado por su equipo de seguridad en la avenida La Playa. “Que nuestros corazones comprometidos y preocupados por la patria, vibrando por Colombia nos conduzcan en una marcha tranquila, pensando en todo lo que Colombia necesita hacer para superar estos riesgos”, indicó el expresidente.
Cuando se le preguntó por las otras marchas en el país, el senador agregó que apenas están empezando y dijo que la de Cartagena superó las expectativas. “Apenas están empezando. Solamente sabemos que en Cartagena se superaron las expectativas. Esperamos una oportunidad para crear una gran conciencia nacional sobre el daño de la impunidad, sobre los problemas de las empresas, trabajadores y la clase media, sobre la destrucción que la corrupción le hace a la democracia y el problema que se crea con más violencia al darle impunidad a los grupos violentos, al narcoterrorismo”, concluyó el hoy senador.
En la marcha también se vieron carteles contra el Gobierno de Venezuela. “Venezuela libre. Libertad ya para presos políticos. Leopoldo López”, decía uno de los carteles en un balcón.
En Llanogrande, Rionegro, también se unieron algunos habitantes a esta marcha del No +. La marcha comenzó en el Complex de Llanogrande y avanzó por la vía a Llanogrande.
La ineficiencia en la seguridad, la situación económica y la crisis de la salud son las razones principales que, según sus organizadores, motivan la marcha “No Más”, convocada por diferentes sectores del país para este sábado.
La manifestación ha tenido en los últimos días diferentes interpretaciones. Sus coordinadores aseguran que caminarán en contra del gobierno de Juan Manuel Santos, al considera su mala administración. Pero opositores a esa convocatoria expresan que quienes salgan hoy a marchar, lo harán en contra de la paz.
Los hijos del expresidente Tomás y Jerónimo Uribe se hicieron presentes en la marcha igualmente la exsenadora del Centro Democrático, Ana Mercedes Gómez. FOTO DONALDO ZULUAGA
En la tarima ubicada en el Parque de las Luces, varias mujeres pidieron la libertad de políticos que están siendo investigados por parapolítica, la Yidispolítica, chuzadas y Agro Ingreso Seguro, afirmando que es una persecución política. FOTO DONALDO ZULUAGA
Conferencia de la expresa y abogada colombiana Milena Montoya
“El Estado colombiano no reconoce la existencia activa de los
paramilitares y es una de las razones para que los Diálogos
de La Habana no puedan concluir”
Este miércoles, 30 de marzo, la ex-presa y abogada colombiana Milena Montoya, ofreció una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria, organizada por la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblo
Lorenzo contextualizó el acto de solidaridad “con la lucha heroica y sacrificada de Colombia, en un tiempo en el capitalismo, agotado históricamente, despliega todas sus tácticas y estrategias, incluida la bestia fascista, para extender su dominación y cuando los procesos democratizadores que han alcanzado el gobierno en algunos países de América Latina muestran signos de receso ante la insuficiencia de sus políticas para tumbar el poder burgués y, con ello –y sólo con ello-, hacer inútiles las maniobras restauradoras del imperialismo y sus cómplices”.
Gdeim Izik, Oscar López Rivera, Ana Belén Montes, Peltier, Jamal
En nombre de la organización de solidaridad canaria, el militante internacionalista destacó que “mientras hacemos este acto, presos políticos saharauis sostienen una huelga de hambre reclamando sus derechos y los de su pueblo frente al ocupante marroquí. Vaya para ellos todo nuestro apoyo. Exigimos su libertad, al que igual que la de Simón Trinidad, Ana Belén Montes, Oscar López Rivera, Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal, Andrés Bódalo y la de todas las personas presas por su legítima lucha por la libertad de los pueblos”.
“Mostramos -dijo por último- nuestra solidaridad con la lucha popular colombiana desde la convicción que no es Santander, sino Bolívar, Marulanda y Fidel quienes inspiran la complejidad de la larga y sostenida lucha del pueblo colombiano, de valor estratégico para todos los procesos de América Latina”.
Por su parte, Milena Montoya, miembro de la Fundación Lazos de Dignidad (www.fundacionlazosdedignidad.
“La guerra en Colombia tiene raíces estructurales y políticas, no nació de la tierra, y, por tanto, tiene que tener una solución política”. Cuestión fundamental –dijo- es el reconocimiento de los actores del conflicto, que no son solo el Estado colombiano y las FARC, pues, “de hecho, si en los Diálogos de La Habana, finalmente, se alcanzara un acuerdo definitivo, ello no significaría que el conflicto llegara a su fin, precisamente por no reconocer a esos otros actores (ELN y EPL)”.
Capital y paramilitarismo
El conflicto colombiano ha generado 7 millones de víctimas, a lo largo de los 50 años que han transcurrido desde que se iniciara, teniendo como una de sus causas la aplicación de políticas capitalistas en favor de las transnacionales y en contra de la vida misma, especialmente, del campesinado colombiano. “Así -explicó la abogada colombiana-, la explotación de los recursos naturales del país, en la que EEUU ha jugado un papel central y trágico, ha propiciado el hostigamiento de las comunidades campesinas con el fin de que éstas abandonaran sus tierras para dejarlas en manos de las empresas exportadoras. Los distintos gobiernos de Colombia han sido los cómplices perfectos, en este objetivo, creando bandas de paramilitares que han perseguido, torturado y asesinado a su antojo, en todo el país”.
Precisamente, añadió, “este es uno de los puntos que provocan un cierto estancamiento en los Diálogos de La Habana, porque el Gobierno colombiano no reconoce la existencia del paramilitarismo activo, y esa es una de las cuestiones que se plantean como vertebrales en las conversaciones de paz”.
La militante de Marcha Patriótica hizo, en este punto, referencia a la confusión que se ha generado en torno a la dejación de las armas por parte de las FARC. “El Estado colombiano –afirmó- ha jugado un poco a sembrar la confusión entre quienes se preocupan por la marcha de las negociaciones. La dejación de las armas no puede ser algo inmediato, ni total, entre otras cosas porque, a día de hoy, se sigue asesinando a los campesinos, a los líderes sociales, a los sindicalistas. De otra parte, el Gobierno de Santos ha planteado concentrar a las FARC en 8 territorios alejados de centros de población, mientras las FARC proponen la distribución de sus combatientes en 80 de los territorios que controlan actualmente. Esta pretensión del gobierno no es, en buena lid, buscar una solución al conflicto, teniendo en cuenta los antecedentes de exterminio de cerca de 5.000 miembros de Unión Patriótica tras los acuerdos de paz de 1984”.
En su exposición, Milena Montoya resumió el trasfondo de los Diálogos de Paz afirmando que “lo que se está pidiendo en La Habana es que cesen los asesinatos y el exterminio de la oposición en Colombia, que la insurgencia pueda actuar legalmente como un movimiento político y que se reparta tierra a los campesinos con su correspondiente título de propiedad, eliminando una de las bases estructurales del conflicto”.
Marcha Patriótica y presos políticos
Milena Montoya informó que 118 militantes del Movimiento Social y Político “Marcha Patriótica” han sido asesinados desde su fundación en 2012 (15 en lo que va de 2016) –www.prensarural.org- y situó esta como “una de las cuestiones principales a superar si realmente se busca generar un clima de confianza y abrir caminos para la paz”.
Marcha Patriótica es un movimiento civil –puntualizó- distinto de la insurgencia, que no desarrolla lucha armada, aunque “coincidimos en nuestros planteamientos políticos e ideológicos, que, por otra parte, son los planteamientos del pueblo, de los campesinos, de los estudiantes, pues nos afecta y nos preocupa lo que ocurre en el país. Siendo así, ¿por qué nos matan y nos meten en la cárcel? Es una contradicción o una mentira del gobierno colombiano, que dice que en Colombia solo se persigue a la guerrilla”.
Montoya expresó igualmente su preocupación por los presos políticos y por sus condiciones en las cárceles colombianas, y a este tema dedicó la parte final de su intervención la representante de la Fundación Lazos de Dignidad. En torno a él, Montoya dijo que resultaba crucial resolverlo, empezando por la liberación de los 186 prisioneros políticos que están enfermos, pero que se les hace permanecer en las cárceles, sin la adecuada atención médica y sin tener contacto con las familias. “Cárceles, además –quiso resaltar-, donde el hacinamiento es un problema gravísimo, que alcanza, en el mejor de los casos, el 60 %, pero que llega, en algunos centros, al 250% y hasta al 450%, en la prisión de Ríohacha”.
Montoya finalizó su charla haciendo un llamamiento a la solidaridad: “Para nosotros, la sociedad colombiana, es muy importante que, desde otras latitudes, otros pueblos y sus organizaciones muestren el apoyo y la preocupación por lo que sucede en Colombia. Eso nos fortalece y nos facilita mucho el trabajo que realizamos allá. Sé que podremos contar con ustedes”.
SANTOS Y LAS ARMAS DEL FARC-EP Y ELN
Por Narciso Isa Conde, 2 de abril 2016.- El presidente colombiano Juan Manuel Santos, ex-Ministro de GUERRA de un Estado ducho en crueldades contra su pueblo, ha conminado varias veces a las FARC-EP a entregar las armas en plazo fijo, como condición obligada para ejercer su derecho a participar en la vida política legal sin ser perseguidas; y ha iniciado conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional-ELN con la mismo tesitura.
Las FARC-EP, con mucha dignidad y sabiduría, han rechazado elegantemente esa exigencia; y pienso, que en su tiempo, también el ELN hará lo mismo.
UNA GRAN TRAMPA
¡Pobres de las FARC-EP y del ELN si aceptan algo parecido a lo planteado en ese tema crucial por el astuto y tramposo Gobierno colombiano!
En las condiciones actuales de Colombia eso equivaldría a sus respectivos “requiens” como fuerzas políticas. Una especie de suicidio. Una autorización a su exterminio, sin capacidad de defensa, sin posibilidad de repuesta a la violencia que seguro habrá de ejercerse en su contra.
En Colombia impera desde hace seis décadas un Estado violento, terrorista, ahora bajo el control de una lumpen burguesía y un lumpen imperialismo extremadamente guerreristas.
Desde ese Estado terrorista se ha ejercido la guerra sucia contra su pueblo, contado para ello con poderosas, modernísimas, súper-armadas y súper-entrenadas fuerzas regulares (ejército, aviación, marina, policías) y con fuerzas irregulares (paramilitares) especializadas en matanzas, articuladas a la narco-corrupción y alimentadas por ella; ambas curtidas en el crimen, las represiones cruentas, los genocidios y las torturas; ambas acompañadas de las perversas y calificadas asesoría de la CIA de EEUU y del MOSAAD de Israel, reforzadas por unidades militares estadounidenses especializadas en contra-insurgencia y además por cuerpos mercenarios mafiosos duchos en fechorías.
Las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, si no son las más grande, mejor armada y entrenada y más criminales del Continente, están entre las primeras.
Colombia es un país militarmente intervenido por el PENTÁGONO de cara al control militar de la AMAZONÍA, con siete Bases Militares gringas, tropas especiales, sistemas satelitales de inteligencia, espionaje aéreo, drones y armamentos sofisticados. Con acuerdos con la OTAN, unidades navales cercanas y vocación de sub-imperialismo militar como Israel.
El sistema económico, social, político e ideológico colombiano, por además, es drásticamente neoliberal e intensamente violento. Suma a la violencia militar-policial y paramilitar, la violencia social y económica junto a la corrupción política. Latifundio, transnacionales depredadoras, corporaciones rapaces, narco-mafias y mafias políticas agregan fuertes ingredientes violentos, de despojos, extorciones, empobrecimientos, exclusiones, discriminaciones, abusos de poder…
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¡Desarmarse en esas condiciones es como entrar en una trampa mortal!
El monopolio de las armas en manos del Estado y del bloque dominante-gobernante de ese país hermano, que incluye los designios y las fuerzas disponibles del sistema imperialista mundial, es altamente peligroso si se impone sin una previa transformación profunda de esa sociedad, de sus instituciones civiles y militares, de sus estructuras económicas y sociales.
EL PAPEL DE LAS ARMAS INSURGENTES
Las FARC-EP y el ELN han sobrevivido y crecido porque tienen pueblo y porque están armadas y no han podido ser derrotadas militarmente. A eso se debe el “empate técnico” que facilita y posibilita los actuales diálogos por las paz y los importantes acuerdos alcanzados en dirección a transformar políticamente ese país, a prefigurar una NUEVA COLOMBIA, democrática, soberana, con justicia social, refundada a través de una CONSTITUYENTE PARTICIPATIVA Y SOBERANA.
Pero faltan acuerdos fundamentales y además los concertados ni siquiera han comenzado a aplicarse. Por el contrario, las políticas públicas actuales y la SITUACIÓN EN TODOS LOS ÓRDENES CONTRASTAN CON ELLOS EN SENTIDO NEGATIVO.
La entrega o abandono de las armas insurgentes en tales condiciones -presente en el continente una intensa y brutal contraofensiva de las derechas y de EEUU contra las democracias más avanzadas y contra los regímenes reformadores y reformista- tendría mucho de rendición con repercusiones onerosas a nivel nacional y continental. Sería como aceptar voluntariamente un cambio pernicioso, absolutamente desfavorable, en la correlación de fuerza política y militar, exponiéndose a las guerrillas a la inaplicación y violación progresiva de todo lo acordado.
Esa sería una paz chueca, chimba, riesgosa…a cambio de una legalización precaria, expuesta a los estragos de todas las estructuras violentas no desmontadas.
Sería, repito, caer en una gran trampa, por demás conocida.
Las armas en poder de las FARC-EP y del ELN no son ni por asomo las únicas presentes y actuantes en Colombia. Como describimos, es inmenso el poder armado del Estado, del imperio y del paramilitarismo, volcado histórica y actualmente sobre el escenario político para negar democracia, derechos humanos, soberanía popular y soberanía nacional.
Lo único que en esta etapa puede contener y replegar esas fuerzas terroríficas y sus estragos cotidianos, es la existencia de esas fuerzas político-militares revolucionarias y la creciente movilización de todos los movimientos sociales en lucha y de las izquierdas y organizaciones democráticas contestatarias.
DEJACIÓN, NO ENTREGA
El cese al fuego en el ejercicio político debe ser, por tanto, multilateral, no unilateral. Igual el no uso de las armas en las competencias y confrontaciones políticas.
No es lo mismo dejar de usar las armas (dejación de armas) que entregar o abandonar las armas; como no es igual la “desmovilización” sin capacidad de defensa de las guerrillas, a la conversión de las guerrillas en fuerzas productivas pacíficas movilizadas y protegidas.
El desarme, en consecuencia, debe ser gradual y posterior a las transformaciones, para todas las partes; entendido éste como repliegue del armamento institucional a la exclusiva defensa de la soberanía y del nuevo sistema democrático concertado.
Esto incluye, claro está, el desmantelamiento del paramilitarismo criminal, el fin de la carrera armamentista del Estado, la desmilitarización, las reformas policiales y militares, la salida de las bases militares, de las unidades especiales estadounidenses y las estaciones del CÍA y el MOSAAD.
Llama la atención como el presidente Santos pone tanto empeño en que la insurgencia se desarme, al tiempo que pérfidamente silencia la existencia de un paramilitarismo que no cesa en asesinar, secuestrar, descuartizar con moto-sierras, nutrirse del narco y recibir respaldo y protección de las fuerzas regulares y de la extrema derecha uribista. ¡Si hay un desarme, una desmovilización imperiosa, un necesario y urgente desmantelamiento a ejecutar desde el Estado, es el de las unidades paramilitares!
Las FARC han expresado su determinación de mantener el cese al fuego y de iniciar una fase prolongada de no uso de las armas, proponiendo la creación de zonas o territorios de paz donde están implantadas. Eso parece posible de hacer sin altos riesgos de ser destruidas militarmente. Con todas sus complejidades y riesgos atenuados, ese podría ser un recurso válido en aras de la paz y la NUEVA COLOMBIA.
De todas maneras las FARC y el ELN -unas inmersas en un proceso de negociación ya muy avanzado y otra en fase inicial- deberían estar sumamente alertas con las perspectivas políticas y los procesos ominosos, abiertos y soterrados, que se mueven tanto al interior de Colombia como fuera de sus fronteras. Especialmente con lo que pasó en Argentina y con lo que pasa en Brasil y Venezuela, sin excluir otras situaciones delicadas. El caso venezolano es altamente sensible en ese plano.
Esos hechos lacerantes no permiten olvidar que el factor clave -todavía dominante y dando zarpazos en Colombia y más allá- es un imperialismo sumamente agresivo, tutor de derechas feroces, cuyos juegos tácticos “pacificadores” en ese país y su temporal apuesta a la normalización de la relaciones con Cuba, no modifica ni su esencia agresiva y voraz, mucho menos su estrategia contrarrevolucionaria en pos del neoliberalismo decadente, brutal, y de las plutocracias postmodernas neo-fascistas.
Y eso no se enfrenta eficazmente -mucho menos se derrota- solo rezando, reconciliando, o votando en condiciones de altísima desigualdad económica y político-militar.
El paramilitarismo colombiano está
a la ofensiva:
“Paro armado del clan Úsuga se vivió
en 36 municipios del país”
Resumen Latinoamericano, 1 de abril 2016, Las redes sociales fueron un medio importante para generar pánico e intimidar a la población para que no saliera a las calles. Ocho vehículos quemados y cinco personas muertas, parte del balance.
“Paro armado del clan Úsuga se vivió en 36 municipios del país”: Cerac / Cortesía
El clan Úsuga paralizó este jueves y viernes a 36 municipios del país, ubicados en ocho departamentos. A través de un paro armado ilegal, anunciado desde este miércoles y que supuestamente finaliza a la media noche, la banda criminal irrumpió e intimidó a los habitantes de las regiones, quienes en mucho lugares no se atrevieron ni a salir de sus casas por miedo a ser asesinados.
Con una campaña anónima en redes sociales y una oleada de panfletos y grafitis en las fachadas de las casas y locales comerciales, el clan Úsuga hizo que diferentes sectores, entre los que se encuentran instituciones educativas y empresas, suspendieran sus actividades.
Según un balance del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), durante estos dos días de paro se registraron 27 acciones violentas. El Ministerio de Defensa, por su parte, reveló que “un 63% de estos actos delincuenciales han sido contra la población, un 27% contra la Fuerza Pública y un 10% contra la infraestructura”.
Otras 15 acciones del clan Úsuga fueron de carácter no violento pero sí intimidatorio, y la propaganda fue un instrumento vital para lograr su cometido. En por lo menos tres ciudades capitales y diez municipios más se recibieron reportes de mensajes amenazantes a través de redes sociales. Uno de ellos en Sincelejo, por ejemplo, les prohibía a los taxistas y estudiantes asomarse a las calles, así como amenazaba a los policías.
Otras 15 acciones del clan Úsuga fueron de carácter no violento pero sí intimidatorio, y la propaganda fue un instrumento vital para lograr su cometido. En por lo menos tres ciudades capitales y diez municipios más se recibieron reportes de mensajes amenazantes a través de redes sociales. Uno de ellos en Sincelejo, por ejemplo, les prohibía a los taxistas y estudiantes asomarse a las calles, así como amenazaba a los policías.
De acuerdo con Cerac, cinco personas resultaron muertas, de las cuales una es un civil y cuatro son integrantes de la Fuerza Pública. “Esta cifra de víctimas mortales en este paro es igual al número total de víctimas letales reportadas durante lo corrido del 2016”. Antioquia, Chocó, Córdoba, y Sucre han sido los departamentos más afectados.
El balance agrega que aunque el número de acciones violentas es similar al paro armado llevado a cabo por el clan Úsuga en febrero de 2012, el impacto territorial es mayor. Hace cuatro años, esa banda criminal convocó el cese de actividades como reacción al operativo de la Fuerza Pública en el que murió Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanny’, segundo comandante y cofundador de este grupo. En ese entonces, Córdoba, Antioquia y Sucre también fueron las zonas más afectadas.
Este es el resumen de lo que pasó en el país durante estos dos últimos días:
Este es el resumen de lo que pasó en el país durante estos dos últimos días:
Asesinatos: 4
Hostigamientos: 9
Incendio de vehículos: 8
Ataque al transporte público: 1
Bloqueo de vías: 5
Eventos propaganda: 15
Municipios con suspensión de actividades: 36
Hostigamientos: 9
Incendio de vehículos: 8
Ataque al transporte público: 1
Bloqueo de vías: 5
Eventos propaganda: 15
Municipios con suspensión de actividades: 36
Antioquia
El gobernador de este departamento, Luis Pérez, reveló que en 30 de los 125 municipios de Antioquia se han paralizado actividades comerciales, académicas y de transporte público.
Asesinatos: En la vía Alto Mulatos – San Pedro de Urabá fue asesinado con un artefacto explosivo, el capitán del Ejército Andrés Lugo López, quien estaba de civil, y resultó herida su esposa.
En Puerto Berrío fueron asesinados los agentes de Policía, Henry Mauricio Nieto Ochoa y Jefferson Vargas Ariza.
En Valdivia, fue asesinado un conductor de un vehículo de carga. Posteriormente, el automotor fue atravesado en la vía.
Hostigamientos: estos hechos se suman al ataque en Zaragoza el día de ayer, en el que resultaron heridos dos policías. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, atribuyó este ataque al Clan Úsuga.
En Buriticá resultaron heridos cuatro uniformados, y cinco civiles. En El Bagre, una patrulla de policía fue atacada y un uniformado resultó herido. Las patrullas en Apartadó, Cañasgordas, Chigorodó, Dabeiba y Turbo también fueron blanco de los atentados.
Incendio de vehículos: en Cáceres, Briceño, El Bagre, Medellín, Puerto Valdivia, Tarazá, y Tarso han sido quemados vehículos de carga, de pasajeros y privados. No se han registrado víctimas.
Bloqueo de vías: en Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo, sin que se hubieran reportado víctimas.
Suspensión de actividades: dentro de los 30 municipios afectados, están Apartadó, Arboletes, Armenia, Briceño, Cáceres, Cañasgordas, Carepa, Chigorodó, El Bagre, Giraldo, Medellín, Mutatá, Riosucio, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Turbo, Uramita y Valdivia.
Eventos propaganda: en Carepa, Nueva Colonia y Turbo aparecieron grafitis con las iniciales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Chocó
Asesinatos: en Cértegui fue asesinado con armas de fuego un policía no identificado.
Bloqueo de vías: en Istmina se presenta cierre en la vía a Quibdó.
Eventos propaganda: en este mismo municipio fueron pintados grafitis alusivos al Clan Úsuga.
Suspensión de actividades: en El Litoral de San Juan, el comercio está cerrado.
Córdoba
Ataques al transporte público: en Cereté fue atacado un vehículo de pasajeros con armas de fuego.
Suspensión de actividades: afectados 14 municipios, dentro de los cuales están Ayapel, Buenavista, Canalete, Los Córdobas, Lorica, Montería, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Valencia, no hay comercio, hay restricción del transporte público y cancelación de clases en los colegios. No se han reportado víctimas en estos hechos.
Incendio de vehículos: en Pueblo Nuevo, un vehículo de carga.
Eventos propaganda: en San Bernardo, pintaron graffitis en un vehículo de pasajeros. Sin víctimas registradas.
Sucre
Suspensión de actividades: en Guaranda y San Onofre, se cancelaron las actividades comerciales y educativas.
En 10 municipios circularon panfletos atribuidos al Clan Úsuga con el anuncio del paro, dentro de los cuales están Colosó, Coveñas, El Roble, los Palmitos, San Onofre, San Benito Abab, Sampués y Sincelejo.
Norte de Santander
Suspensión de actividades: en Cúcuta, en el corregimiento de Guaramito, se suspendieron las actividades académicas.
Magdalena: en Santa Marta circularon panfletos con amenazas, similares a los que han circulado en los demás departamentos afectados por el paro.
Santander
En Bucaramanga y Girón circularon panfletos amenazantes firmados por este GPDP.
Bolívar
No se han registrado acciones ofensivas violentas ni víctimas.
Con tiros al aire y quema de buses, hombres encapuchados intimidan en Medellín
Los hechos se dan en medio del anunciado paro armado del clan Úsuga. Alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, dice que el Estado debe responder con fuerza a estas intimidaciones.
En la mañana de este viernes, 12 hombres encapuchados interceptaron un bus alimentador del metro en la comuna 16 de Medellín y obligaron a que el conductor se bajara, para posteriormente incinerar el vehículo. En la noche anterior, los habitantes de la zona escucharon por más de media hora disparos de fusiles y metralletas y sus casas amanecieron pintadas con mensajes alusivos al clan Úsuga.
Esa banda criminal lleva a cabo un paro armado ilegal desde este jueves en varios departamentos del país. Córdoba, Chocó y Atlántico son otros de los departamentos que ha padecido hostigamientos y donde la gente no sale a las calles por temor a sufrir represalias por parte de los delincuentes.
Sobre la quema del bus en Lomas de Belén, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que así como las bandas criminales demuestran fuerza las autoridades responderán con fuerza. “Ese paro armado quiere manifestar que las bandas están en las ciudades, juegan con el miedo de la gente. Seguir negando realidades le hace daño a la ciudad. Ojo con lo que está pasando en el país mientras la atención se concentra en los diálogos de La Habana y con el Eln, estas bandas criminales se fueron fortaleciendo y se fueron tomando territorios enteros”.
El mandatario agregó que “los criminales son los que tienen que tener miedo, no los ciudadanos. Necesitamos más fortaleza, no puede haber decisiones y aguas tibias”. Según la Gobernación de Antioquia, por lo menos 18 municipios del departamento reportaron cese total en sus principales actividades el jueves, como el comercio, el transporte y el sector educativo, por temor a las amenazas del Clan Úsuga.
El mandatario agregó que “los criminales son los que tienen que tener miedo, no los ciudadanos. Necesitamos más fortaleza, no puede haber decisiones y aguas tibias”. Según la Gobernación de Antioquia, por lo menos 18 municipios del departamento reportaron cese total en sus principales actividades el jueves, como el comercio, el transporte y el sector educativo, por temor a las amenazas del Clan Úsuga.
En Sincelejo (Sucre), varios colegios como las Mercedes y Altaír de la Sabana suspendieron sus actividades académicas luego de que en redes sociales circulara un audio en el que un sujeto asegura que los estudiantes se tienen que quedar en sus casas, y que las mototaxis y los taxis tienen prohibido transitar en las calles. “Cuidado con los toques de queda y con los policías, a esos también nos los llevamos”, se escuchado en el audio.
Sobre esto, la Policía informó que la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría está al tanto de la situación. “Estos narcotraficantes, en su desespero, pretende continuar con sus manifestaciones hasta el fin de semana y seguro lo harán cada vez que demos un golpe contundente contra esas estructuras. No repliquemos cadena de mensajes, imágenes con contenido intimidatorio. Ayúdenos a que estos violentos ganen”, afirmó la institución.
¿Qué busca alias ‘Otoniel’ al convocar movilización en el Urabá?
Esta región, azotada por la violencia durante décadas, es un puente para la entrada y salida de drogas y armamento del país.
¿Qué busca alias ‘Otoniel’ al convocar movilización en el Urabá?
La sorpresiva convocatoria de un paro en la región del Urabá llama la atención porque no fue organizado por la sociedad civil sino por el Clan Úsuga, grupo armado ilegal, que comanda nada más y nada menos que alias Otoniel, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo y por quien Estados Unidos ofrece recompensa de 5 millones de dólares.
A través de un comunicado esa banda criminal anunció que decreta un paro “a partir de las 00 horas del 31 de marzo, hasta las 00 horas del 1 de abril de 2016 para que se cese con todo tipo de actividades económicas, laborales y académicas” en la región antioqueña.
La pregunta que salta a la vista es ¿con qué fin las denominadas “Autodefensas Gaitanistas” llaman a la población a unirse a dicha movilización? Es claro, que no escogieron un sitio cualquiera, sino una parte del país que está bajo el poder de esta organización ilegal que, generando zozobra y terror a sus habitantes hoy en día se da el lujo, al estilo del capo del narcotráfico Pablo Escobar con el Cartel de Medellín, de llamar a la gente a aglomerarse en las calles para demostrar su poderío en la región, retando una vez más al Estado al señalar que allí tiene “dominio territorial”.
La intención de este grupo armado, de acuerdo al documento, es “conmemorar” la muerte de Francisco José Morelo Peñate, alias ‘Negro Sarley’, quien precisamente resultó muerto en un operativo de la Policía el 24 de abril de 2013. (Lea: Las vírgenes del ‘Clan Úsuga’, niñas reclutadas para una red de proxenetismo)
La intención de este grupo armado, de acuerdo al documento, es “conmemorar” la muerte de Francisco José Morelo Peñate, alias ‘Negro Sarley’, quien precisamente resultó muerto en un operativo de la Policía el 24 de abril de 2013. (Lea: Las vírgenes del ‘Clan Úsuga’, niñas reclutadas para una red de proxenetismo)
Este llamado se da precisamente cuando la Policía Nacional se encuentra en alerta debido al ‘Plan Pistola’ que inició el Clan Úsuga la semana pasada y que ha cobrado la vida hasta el momento de seis policías en hechos violentos registrados en los días de la Semana Santa en Cartagena, Cauca, Antioquia y Nariño. El presidente Juan Manuel Santos calificó este acto de “cobarde” y le reiteró al Clan Úsuga que “la Fuerza Pública está detrás de ustedes y no va a descansar un solo minuto hasta tenerlos a buen recaudo”.
El primer asesinato ocurrió en Caloto (Cauca), donde el patrullero Hugo Efrén Pacheco Martínez fue abaleado. En Medellín de igual forma murió el agente Carlos Augusto López Flórez. Un auxiliar bachiller y dos de agentes más fueron asesinados en un retén en una vía de Cartagena y finalmente en el municipio de Contadero (Nariño), le quitaron la vida a los efectivos Duván Andrés Franco González y Carlos Elvis Herrera Castañeda.
Por su parte, el comandante de la Policía de la región antioqueña, el coronel Javier Darío Sierra, reiteró que las autoridades dispusieron de un operativo especial para garantizar la seguridad y disipar toda alerta de una acción armada, que “se trata simplemente de acciones de ese grupo criminal para generar zozobra y pánico”, señaló.
Según la investigación de la Policía, este documento es una respuesta por las afectaciones que las autoridades le han causado a ese grupo armado, que ha concentrado su accionar principalmente en esa zona del occidente del país, centro de disputa, hace muchos años, entre la guerrilla y los paramilitares, que por su ubicación geográfica, se ha convertido en un puente con el extranjero para entrada y salida de drogas y armamento.
“Clan Úsuga no tendrá tratamiento político”: Santos
La banda criminal, que promovió un paro armado de dos días en ocho departamentos, busca una negociación similar a la de las guerrillas. Gobierno ratificó que el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia.
La presión ejercida a través de las armas por el clan Úsuga, la banda delincuencial más grande del país y heredera de buena parte del poder de las antiguas Autodefensas, amedrentó por unas horas a algunos municipios en ocho departamentos pero está lejos de doblegar al Estado en su objetivo de conseguir un trato político similar al que tiene el Eln y las Farc.
Así lo dejó claro el presidente Juan Manuel Santos al término de un consejo de seguridad que lideró este viernes en Montería, tras los dos días de paro armado ilegal impuesto por los Úsuga en 36 municipios. El mandatario aseguró que, aunque la banda criminal ha insistido en que sea reconocido como una organización política, por ningún motivo se le dará ese estatus. Y que por el contrario las acciones de las Fuerza Pública se reforzarán.
“Yo personalmente he recibido varios mensajes y en el día de hoy vuelven a reiterar lo que ellos pretenden. Dicen que son una organización con dominio territorial, con unidad de mando y operaciones militares continuas a lo largo del tiempo. Esa frase es la misma que utilizan los organismos internaciones para darle algún tratamiento político a una organización. Y les digo que les he dicho que les he dicho en repetidas ocasiones: ‘si quieren, sométanse a la justicia, sométanse a la Fiscalía y esa es la forma si quieren entregarse”, dijo Santos.
De acuerdo con el presidente, hasta la fecha se han capturado 789 miembros de la banda criminal y se les han incautado más de 125 millones de dólares en los últimos tres meses. Unas 56 personas vinculadas a los Úsuga también fueron detenidas por sus contribuciones al paro de los últimos dos días, que afectó principalmente a Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre.
De acuerdo con el presidente, hasta la fecha se han capturado 789 miembros de la banda criminal y se les han incautado más de 125 millones de dólares en los últimos tres meses. Unas 56 personas vinculadas a los Úsuga también fueron detenidas por sus contribuciones al paro de los últimos dos días, que afectó principalmente a Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre.
El mensaje del Gobierno es claro: la ofensiva militar se duplicará en las ciudades capitales y zonas rurales y el lunes se realizará un acompañamiento para retornar a las actividades escolares, que en varias zonas del país se suspendieron debido a las intimidaciones de los Úsuga, difundidas a través de redes sociales y panfletos.
Una de las estrategias anunciadas por el Estado para combatir a la banda criminal será la organización de una red de cooperantes de la población y el ofrecimiento de millonarios recompensas por información que permitan dar con el paradero de los cabecillas. Por información que permita hallar a alias “Gavilán” se ofrecen $500 millones; por alias “Bigote, $150 millones; por alias “El negro Perea”, $150 millones; por alias “El paisa”, $150 millones; y por alias “Pablito”, 150 millones.
Entrevista con lideresa campesina del Congreso de los Pueblos:
“Queremos una paz con transformaciones
para el pueblo colombiano”
Por Fernando _Vicente Prieto / Resumen Latinoamericano / 1 de abril 2016.- El miércoles 30 de marzo, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron públicamente el inicio de diálogos de paz. Sobre este tema, conversamos con Marylen Serna, lideresa del Movimiento Campesino de Cajibio, en el departamento de Cauca, vocera de Congreso de los Pueblos y delegada en el Comité nacional de impulso a la Mesa Social para la Paz.
. ¿Qué análisis hacen de los anuncios de diálogo entre el gobierno y el ELN?
– Es un análisis de esperanza, de muy buena expectativa en cuanto se hace necesario que las dos insurgencias tengan su lugar para negociar con el gobierno, sus apuestas de un nuevo país, porque es la lucha que han dado durante los últimos 50 años. Por otro lado, consideramos también que estos diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional permiten avanzar hacia la participación de la sociedad en la construcción de la paz.
No solamente por el planteamiento que ha hecho el ELN de que la sociedad debe ser la que desarrolle la agenda de negociación: sino también porque las organizaciones sociales y los movimientos estamos planteando desde hace mucho tiempo espacios propios, espacios decisorios participativos y democráticos para poder negociar con el gobierno las soluciones que permitan para superar las causas políticas, económicas y sociales del conflicto social y armado. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado a la sociedad para que se apreste para la participación en la construcción de la paz.
– Respecto a la agenda que mencionas, el presidente Juan Manuel Santos excluyó algunos temas del debate, planteando explícitamente que no se negociaban. ¿Cuál es su visión?
– Cuando hablamos de la participación de la sociedad en la construcción de la paz, nos referimos a varios elementos. El primero es el elemento de la unidad. Poder establecer realmente un acuerdo político entre muchos sectores de la sociedad, para exigir los escenarios y las garantías para esa participación directa y vinculante.
Por otro lado el tema de la identificación de las políticas en común, que son temas que refieren a cambios sustanciales para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, como son la política agraria, la política minero-energética, los tratados de libre comercio, la política de salud, de educación, el reconocimiento de los actores sociales como sujetos políticos, como en el caso del campesinado. Esa agenda que realmente nos unifique y nos lleve a ponernos de acuerdo para exigir un mecanismo de participación.
Por último el mecanismo de sentarse a negociar al gobierno. Que para nosotros -cada vez más nos convencemos- pasa por la movilización. Si bien hay escenarios de negociación, el gobierno ha sido muy claro en que no va a negociar el modelo económico y el modelo político, que son el fundamento del conflicto armado que vive el país. Y nosotros hemos dicho que se debe negociar ese modelo económico y político. Que esas políticas que van en contra de los territorios y de las comunidades deben ponerse en una mesa de negociación, que deben darse las discusión para que se den cambios y para que la política sea más favorable al pueblo colombiano.
En ese sentido, realmente hay una visión distinta. Nosotros queremos una paz con participación, decisoria, vinculante, con garantías pero sobre todo con transformaciones para el pueblo colombiano.
– ¿Qué iniciativas hacia esta unidad y agenda común ya están en curso y cuáles evalúan ustedes que se pueden abrir o reforzar a partir de los anuncios de esta semana?
– Reconociendo que la lucha de los movimientos sociales es una lucha histórica -desde antes del conflicto armado las organizaciones venimos haciendo una resistencia en el territorio y también construyendo alternativas de vida que se puedan convertir en políticas públicas-, también hay que destacar el surgimiento de nuevos movimientos sociales en Colombia que han aglutinado a grandes sectores de la sociedad.
A su vez, en los últimos tiempos, se ha dado la articulación de esos procesos nacionales, como la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular, que recoge 13 de las principales plataformas agrarias del país, que surge de las movilizaciones agrarias de 2013 y que hoy tiene un pliego único nacional agrario, que es importante, profundamente político. Con una mesa única de negociación con el gobierno nacional, de cara a nuevas políticas agrarias y que hoy se apresta a una movilización unitaria.
Estos tres elementos -pliego único, mesa única y movilización unitaria- hacen parte de esa construcción de las agendas de paz en el país. Nos aprestamos a una gran movilización en 2016, no sólo del movimiento agrario, sino también del movimiento obrero, del transporte, por la salud y la educación, y otros, que nos tiene que llevar a consolidar cada vez más una propuesta o proyecto de país, un mandato nacional que permita hacer esa negociación en clave de paz.
Estos ejercicios del movimiento social que son concretos, que son permanentes, que son en clave de transformación son nuestro aporte al proceso de construcción de la paz. Esos espacios de unidad son los que tenemos que poner a jugar, para alcanzar esa paz verdadera que queremos construir a través de la participación real.
– ¿Cuáles son las medidas más urgentes en cuanto a las garantías de seguridad para la paz?
– A nivel de las garantías para la participación, hemos dicho que en primer lugar el gobierno debe hacer un reconocimiento del movimiento social: el respeto a las comunidades, a sus dinámicas organizativas y a sus líderes. Por lo tanto no debe continuarse el ejercicio de judicialización y persecución al movimiento social, porque el movimiento social hace parte de los que construyen la paz en el país.
En segundo lugar, el desmonte del paramilitarismo, que es un actor real que está golpeando a los territorios y a las comunidades para detener esta ola de participación y de movilización en torno al tema de la paz y a la defensa de los territorios.
En sí, respeto a los derechos humanos. No puede ser posible que siga existiendo la persecución a las comunidades, porque son ellas la base de la construcción de la paz con justicia social. Y también la voluntad política del gobierno para escuchar a las comunidades, a las organizaciones, para hacer realmente un ejercicio democrático.
fuente: Notas
Envío:ResumenLatinoamericano
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