Tras el nuevo cambio de declaración del mediático comisionista Leonardo Fariña, el fiscal Guillermo Marijuán pidió que se investigue a Cristina Kirchner y a Julio De Vido por presunto lavado de dinero
Guillermo Marijuan pidió que se investigue a la expresidenta y al exministro de Planificación Federal junto a otras 13 personas, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó ayer el detenido Leonardo Fariña, quien volvió a los términos de su primera declaración televisiva de la cual se había desdicho también por televisión.
A todos se los sospecha en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de activos a través de la financiera SGI, establecida en un departamento de Puerto Madero, y conocida como “La Rosadita”, y por la cual está detenido el empresario Lázaro Báez.
Durante su indagatoria, Fariña habría pedido ser considerado un arrepentido y, según trascendidos, volvió a los términos de su primera declaración televisiva: dijo que transportó 55 millones de euros de Báez al extranjero, pero un día más tarde se desdijo.
Por supuesto que ahora puede agregar condimentos a aquellas declaraciones y hasta sumar políticos a su relato, aunque nunca antes lo hizo.
Hasta ahora, el juez Sebastián Casanello no había encontrado vinculaciones del caso con la política y acusó a Báez de lavar dinero proveniente de un ocultamiento de gastos de Austral Construcciones realizado mediante facturas falsas.
Es decir, lavado originado en evasión impositiva. Fariña lleva dos años preso por evasión fiscal y para conseguir una rebaja de la pena prevista, algo que sólo puede obtener en el juicio oral, tendrá que probar sus dichos.
Hasta ahora aparecieron evidencias de que Báez y su familia tienen cuentas en Suiza y en Nevada, Estados Unidos. Curiosamente las de Nevada habrían sido abiertas mediante sociedades creadas por Mossack-Fonseca, el mismo estudio utilizado por el presidente Mauricio Macri, imputado por sociedades offshore.
Vaticinan una alta adhesión a la primera medida de fuerza conjunta de las principales centrales sindicales contra los ajustes de Mauricio Macri
9 de abril 2016.-
El diputado y titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, adelantó una alta adhesión en la convocatoria prevista para el 29 de abril hecha por en rechazo de los despidos en los sectores público y privado, y dijo que ese punto “se antepone a todo” en la agenda del sector.
“Nuestro planteo es una agenda que ya tiene largo tiempo, y se han incorporado dos cuestiones: la emergencia ocupacional y la emergencia alimentaria”, sostuvo Plaini y destacó que los bloques del Senado que participaron de la reunión en que estuvieron las tres CGT y las dos CTA “se comprometieron a acompañar” el reclamo.
El legislador indicó que la “Mesa de Unidad” de la CGT, en la que confluyen las centrales Alsina, Azopardo y Azul y Blanca, resolvieron realizar una “movilización” el viernes 29 de abril, “en principio” al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, aclaró que “dada la magnitud” de la iniciativa, en virtud del acompañamiento de las dos centrales de la CTA, se analizaba si la marcha se lleva a cabo “en otro lugar”, tras lo cual apostó que “puede llegar a ser una movilización multitudinaria”.
En declaraciones a radio Diez, advirtió que “cuando el Estado empieza con los despidos, generalmente produce un efecto dominó y el sector privado aprovecha y hace lo mismo”. “Esa es la gran preocupación que tiene el movimiento sindical. El tema de los despidos se antepone a too lo demás”, concluyó.
Carta abierta a las autoridades de la Biblioteca Nacional de Argentina por el Premio Nobel Alternativo, Martín Almada
Resumen Latinoamericano/ 9 de Abril 2016.-
Asuncion, 8 de abril del 2016
A LAS AUTORIDADES DE LA PRESTIGIOSA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, BUENOS AIRES.
ASUNTO: CON “ CAMBIEMOS LLEGO A LA ARGENTINA EL ESPANTO CULTURAL “.
Hace aproximadamente 7 años en representación de América Latina asistí al acto recordatorio de la quema de la Biblioteca de la Universidad de Humboldt, Berlin, por orden de Hitler por ser el “ nido anti nazi ”,por excelencia. La quema se produjo el 6 de mayo de 1933 supuestamente para re conquistar las mentes perdidas de la juventud estudiosa alemana. A este propósito vale la pena recordar lo que decía el intelectual Heinrich HEINE,1817,”Ahí donde se quema libros se queman también personas”. Repetimos “Ahí donde se echan documentalistas se persiguen a los hombres cultos”.
El 26 de noviembre de 1974 fui secuestrado por la policía política paraguaya y llevado en Asuncion ante un Tribunal militar integrado por militares de Argentina ,Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay donde luego de analizar el contenido de mi tesis doctoral defendida en la Universidad Nacional de La Plata, fui acusado de TERRORISTA INTELECTUAL.
La detención, tortura y 3 años en el Campo de Concentración, me costó el asesinato de mi esposa ,confiscación de nuestros bienes y cerca de 15 años de exilio.
A mi regreso a Asuncion proseguí la investigación sobre la causa de la muerte de mi esposa y por que militares extranjeros me torturaron en mi país.?. Resultado final con apoyo judicial encontré EL NIDO DEL CONDOR, con mas de 700.000 paginas que comprometen a todos los genocidas de la Región. Eso fue el 22 de diciembre de 1992. La UNESCO declaró nuestro Archivo, MEMORIA DEL MUNDO.
Los gobiernos militares de la época consideraban a las Bibliotecas como focos causantes de la rebelión . Las medidas tomadas , realmente fueron una CONSPIRACION CONTRA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO A TRAVES DE LA OPERACIÓN CONDOR.PACTO CRIMINAL ,cuyo ideólogo fue el entonces Secretario de Estado norteamericano HENRY KISSINGER, PREMIO NOBE DE LA PAZ.
Tengo la impresión que el SINIESTRO CONDOR SIGUE VOLANDO NO SOBRE LOS TECHOS DE ESA PRESTIGIOSA BIBLIOTECA sino en los pasillos, en las oficinas administrativa en contacto con los Bancos nacionales y transnacionales con miras a despedir a los funcionarios inteligentes para volver asi a la época oscurantistas que hemos vividos en los años 70.
En mi condición de victima de la OPERACIÓN CONDOR Y descubridor de sus Archivos secretos vengo a solicitar se evite en Buenos Aires otra herida al pueblo trabajador argentino.
Señores Directores de la mas prestigiosa BIBLIOTECA NACIONAL ARGENTINA/LATINOAMERICANA .
Una democracia autentica solo se construye sobre la verdad y tenemos que trabajar por ella sin desaliento para que la Argentina deje de ser el país que nació y creció en el olvido de sus tragedias. Concretamente, por la salud de la democracia latinoamericana dejen por favor sin efecto las arbitrarias medidas que están tomando que tiene una fuerte dosis de inspiración “ NACIONAL SOCIALISTA “.
Muy atentamente.
MARTIN ALMADA PREMIO NOBEL ALTERNATIVO y MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ).
Entrevista a Mario Javier Firmenich Panamá papers: Un escándalo de proporciones incalculables
Por María Fernanda de la Quintana / Resumen Latinoamericano/ 9 de abril 2016.-
¿Qué opinión te merece que jefes de Estado y empresarios hayan mantenido en secreto sus movimientos financieros en sociedades offshore? ¿Para qué sirve tener una cuenta offshore o en un paraíso fiscal?
La aparición de los “papeles de Panamá” es un escándalo de proporciones incalculables. En ellos se demuestra lo que, muchas veces, se ha denunciado, pero una cosa es lo que pensamos y denunciamos políticamente y otra cosa es cuando las pruebas aparecen y se publican. La aparición de dirigentes de todas las áreas corporativas, del área financiera, política y cultural de nuestra época; miembros de casas reales, parientes de personajes públicos, en general, deportistas, artistas, primeros ministros, presidentes, jeques, empresarios, banqueros, sindicalistas, miembros del poder judicial y políticos ligados a estas cuentas offshore, lo que demuestra es el manejo turbio, opaco, por parte de estos personajes público respecto del manejo de sus fortunas, en muchos casos, ligadas a contratos con el sector público. Lo que está por verse es porque estas fortunas han tenido que ser viabilizadas a través de los llamados paraísos fiscales. A priori, tener dinero en una cuenta offshore no es un delito en sí mismo, lo que sí está puesto en cuestión es porqué estos personajes no han invertido ese dinero en sus países nacionales, bajo el control del fisco. Si esos dineros se canalizaron a través de cuentas offshore en los denominados paraísos fiscales es porque el objetivo que han tenido es evadir impuestos, no declarar la existencia de ese dinero. Después, estará por verse si ese dinero es legal o ilegal, es decir, si es dinero “en blanco o en negro”.
Tener cuentas offshore sirve para poder evadir el control público de los Estados, que suelen suscribir tratados internacionales que son muy estrictos respecto del origen de los fondos, del blanqueo de activos, del control fiscal acerca de los impuestos que se deben cobrar sobre esas fortunas. Lo que se evade es el control público, no sólo del origen sino también de los distintos usos sociales que debería darse a ese dinero. Promover el desarrollo equitativo de las fuerzas productivas, en beneficio de la sociedad toda. Eso es lo que los Estados tratan, en teoría, de promover con sus distintas políticas públicas. Cuando hay dinero que está en paraísos fiscales, lo que se busca es opacar todo el entramado del circuito financiero de esas fortunas, que nunca llegan a transformarse en productivas, sino simplemente en rentísticas. Esa es el Capital financiero trasnacional que hoy tiene más poder que los Estados. ¿Pero por qué decimos que tienen más poder que los Estados? Porque el Estado no puede controlar de dónde proviene, qué beneficios está obteniendo, a qué tipos de interés están sujetos, qué rentabilidad se le está sacando a ese dinero y que imposición se le genera a esa rentabilidad. Entonces, lo que se busca es escapar al control público, de los usos sociales que ese dinero tiene, tanto en su origen como en su destino. Eso es corrupción, y debe ser social y judicialmente castigada.
¿Por qué crees que omitió estos datos en sus declaraciones juradas siendo jefe de gobierno de CABA?
La omisión de esos datos en sus declaraciones juradas es un delito. La justicia debería investigar con profundidad. Está claro que no suma, en la concepción política, asumirse millonario y evasor, a través de una declaración jurada. En el sentido común que los medios opositores al gobierno anterior habían construido, las cuentas offshore eran sinónimo de corrupción. El personaje “político” que Durán Barba estaba construyendo era el de un empresario exitoso, no el de un empresario corrupto. Lamentablemente, la enorme mayoría de empresarios contratistas del Estado, son corruptos. Durante la campaña presidencial del año pasado, fue parte del discurso de toda la militancia la denuncia respecto de la complicidad que ha tenido el grupo Socma, del cual el Presidente Macri ha formado parte, respecto de los negociados, hechos como contratistas del estado desde la última dictadura cívico-militar para acá. Estas corporaciones están acostumbradas, es casi un uso y costumbre de ese tipo de grupos económicos, a falsear o aplicar lo que hoy se denomina contabilidad creativa respecto de las facturaciones, sub o sobrefacturaciones en blanco y facturaciones en negro, refiriéndonos al actual movimiento de dinero que tienen, no sólo entre el sector público y privado sino, también dentro el sector privado, tal como se venía denunciando, durante la campaña. Lo curioso es que un hombre como Macri, proviniendo de donde proviene en términos empresariales, represente a la Presidencia de la Nación, siendo juez y parte en la tarea que tiene el Estado, en general, y el Presidente en particular, de administrar con justicia, criterios éticos y de justicia social, una puja distributiva que sea lo más equitativa posible.
Estos hechos marcan la urgencia de una refundación del sistema de representación institucional político, ¿cómo ponerlo en práctica?
La refundación del sistema institucional de representación, en el marco de las democracias liberales actuales depende de la cultura política de cada país. En términos latinoamericanos, sudamericanos y argentinos, la puesta en práctica tiene que ver con avanzar hacia modelos de representación en donde la participación política esté ligada al control sobre el dinero público, tiene que haber un nivel de transparencia y equidad distributiva que hoy no está dado. Hay que avanzar hacia la publicación transparente del manejo de cada uno de los pesos que el Estado maneja como Presupuesto nacional en cada uno de los de los niveles de gobierno y después estaría por verse como eso se aplica atendiendo a las particularidades de cada uno de los países. Es una tarea que va a llevar muchos años pero en algún momento hay que iniciar el debate. De ese debate debe surgir una propuesta política clara que defina las herramientas institucionales a desarrollar. Necesitamos una Revolución Ética en la política, para que desde allí podamos redefinir los mecanismos para deconstruir todo este paradigma de la trampa financiera internacional del siglo XXI. Existe un reclamo social muy profundo que transversaliza a todas las clases sociales, respecto del control directo que debe tener la población en general sobre el dinero público. Hay que destacar que el reclamo de transparencia pública es global y que el consenso social respecto de cómo se gasta ese dinero es una variable que las democracias occidentales deberían empezar a tomar cómo un reclamo social que irá in crescendo. Durante el siglo XXI, la democracia deberá avanzar hacia mayores grados de participación popular, y además, reformular los mecanismos institucionales que garanticen la plena inclusión de toda la población en los derechos humanos y sociales básicos que cada sociedad defina de manera democrática, participativa y popular. Sólo así haremos previsible el futuro de nuestra sociedad. Dignidad social y sostenibilidad político-económica del sistema son las claves a trabajar desde el nacionalismo popular revolucionario. En eso estamos.
¿Qué opinas de que la titular de la Oficina Anticorrupción salió a defender al Presidente, cuando su rol es investigar la posible participación en un acto de corrupción?
Lo primero que debemos aclarar es que la idoeneidad para el cargo está en cuestión en su origen mismo. Quien hoy ocupa dicho cargo no es ni siquiera abogada. Por otro lado, lo que se empieza a poner en cuestión es la connivencia que existe entre los distintos sectores dirigenciales y el capitalismo financiero internacional. Está claro que un gobierno como el actual, en dónde la gran mayoría de las carteras ministeriales están en manos de gerentes de multinacionales en Argentina, o en la región, el objetivo real a la hora de gobernar no tiene que ver con beneficiar al pueblo en términos de redistribución de rentas, sino en generar un mecanismo de mayor concentración del Capital. El papel de la Oficina Anticorrupción debería ser controlar de manera efectiva la idoneidad, en términos éticos, de los diferentes funcionarios del gobierno. Mucho más, en la figura del máximo mandatario. Está claro que la orientación política de quien está al frente de la Oficina Anticorrupción es muy cercana al Presidente de la Nación, de hecho son del mismo partido político, y eso es un absurdo. Con lo cual terminan siendo jueces y parte de lo que se debería estar investigando. Esto es inadmisible. En Islandia, el Primer Ministro terminó renunciando, mientras nuestro Presidente se hace el distraído. Es irónico que un partido como el PRO, que tanto reclama criterios “primermundistas” de transparencia, hoy se aferre a la cultura instalada en nuestro Poder Judicial de “barrer bajo la alfombra” la mugre del gobierno de turno, y levantar la alfombra cuando un gobierno se va. Este mecanismo oportunista, hace que desde las instituciones, se generen criterios de impunidad desde el Poder. Esto también debería terminar. El doble rasero de la derecha, respecto del discurso de la corrupción, es una muestra más de la hipocresía de quienes conducen los destinos de la Patria, siendo parte de los poderes fácticos de la clase dominante. Hoy nos gobiernan las Corporaciones, quienes siendo los inventores y principales beneficiarios de la corrupción, intentan erigirse en los voceros de la moralidad y no se les cae la cara de vergüenza. No tienen autoridad ética ni moral para enfrentar este flagelo. La corrupción es un problema estructural del capitalismo neoliberal y hoy las corporaciones financieras hegemonizan el poder en este sistema.
Todos sospechamos que nadie usa una sociedad offshore con fines lícitos y que más allá del principio de inocencia, estas sociedades están para delinquir, evadir impuestos o lavar dinero. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan estas sociedades dentro de un país?
Estas sociedades offshore, suelen funcionar en paraísos fiscales, que tienen reglamentaciones prácticamente inexistentes respecto del control del dinero. Sobre todo del origen del dinero, que se canaliza a través de ellas y que, además, tienen unos regímenes fiscales vergonzosos. Lo que tenemos que remarcar es el origen del dinero. Porque no suele ser investigado en estas sociedades offshore, ya que se han construido con una lógica de la trampa, para canalizar dinero negro. Dinero procedente, en la gran mayoría de casos, del lavado de activos. Haciendo una comparación gráfica, con la literatura, se podría decir que estas sociedades offshore que funcionan en los paraísos fiscales son algo parecido a las famosas islas del tesoro, en la época dónde en el caribe, los piratas escondían sus fortunas, siendo éstas los tesoros mal habidos. Aquella realidad que dio origen a tantas novelas de ficción, y que incluso ha llegado a grande superproducciones del cine, hoy se demuestra real. Estamos asistiendo a un capitalismo pirata, donde los diversos capitanes se disputan el poder que les brinda don dinero, sin el menor de los escrúpulos. Con una impunidad obscena. A esa gente, la viabilidad social del sistema, la dignidad de las personas en la sociedad humana y el equilibrio ecológico del planeta, no le importa absolutamente nada. Sólo les interesa preservar sus intereses materiales particulares. La supervivencia de la especie no es un tema de interés para ellos.
¿De qué forma se relaciona el tema de los fondos buitres con los paraísos fiscales? ¿Cómo operan dentro de los países? ¿El dinero en negro proveniente del delito organizado se relaciona con los paraísos fiscales?
Los fondos buitres, el capitalismo financiero internacional, las cuentas offshore y los paraísos fiscales forman parte de una misma trama. Esta trama es el mecanismo que tiene el capitalismo financiero internacional de canalizar fondos que no cumplen con ningún criterio de justicia, ni en términos fiscales, ni jurídico-legales, ni de justicia social redistributiva. Esas fortunas y todos los mecanismos de financiamiento usureros que se hacen a partir de las necesidades financieras de los Estados, cuyos sistemas institucionales terminan canalizando, como jurídicamente legales, fondos que no se sabe si son bien o mal habidos. El capitalismo financiero internacional delega, de ese modo, el trabajo sucio en los fondos buitres, para que ellos canalicen aquellos “bonos basura”, bonos soberanos defaulteados, de países que están imposibilitados de poder pagarlos. Los fondos buitres los compran, para luego esperar a que, en otra situación política o económica, aquellos mismos Estados puedan pagarlos, luego de ser litigados, con márgenes de beneficios obscenos. Esos márgenes que se obtienen tienen una rentabilidad financiera que, para este capitalismo actual, es legal. Pero, una cosa es que sean legales, y otra es que sean sostenibles. Respectos de los maxi beneficios que, en el capitalismo actual, se obtienen para la economía delictiva son cuantiosos e inmorales. Aquí hay una discusión profunda que dar desde la política. Porque si bien se lo denomina delito, economía negra, en realidad la trata de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico o cualquier otro tráfico de bienes y/o servicios ilegales, no podrían existir sin una connivencia mafiosa de los diversos agentes públicos, sean jueces, policías, militares o políticos. No sólo se ve afectada la cuestión ligada a la evasión impositiva, sino también la integridad moral de la sociedad toda y la de sus instituciones. ¿No podríamos sospechar que el sistema hace la “vista gorda”? Porque, en muchas ocasiones, son los mismos profesionales, las mismas corporaciones, las que se dedican a lavar el dinero que proviene del trabajo esclavo, de la trata de personas, del tráfico de armas, del narcotráfico, etc. Queda claro que el nivel de complicidad y connivencia que existe entre las corporaciones financieras y las corporaciones delictivas es enorme. Ahí tenemos un margen de acción política muy grande, porque nuestras instituciones nos han llevado a la naturalización de esa realidad. Hoy se da una cierta propagandización, a través de los medios masivos de comunicación, de la industria del cine, de la industria del teatro, del futbol, etc. respecto del delito. Esta cultura dominante pone en cuestión el tipo de vida que como sociedad deseamos. Estamos asistiendo a una crisis civilizacional. Los valores que “naturalmente” sostenemos deben ser redefinidos. Debemos ponerlos en cuestión, pensar y discutir otros modos de vida. Hay que proponer instrumentos ciertos para ser canalizados en una propuesta política que promuevan una nueva institucionalidad que se base en la convivencia entre culturas y entre diferentes posturas políticas dentro de una misma cultura. La convivencia entre aquellos que sostenemos que la justicia social es posible, sin menoscabar la libertad ni la convivencia, en sí misma. En el marco del capitalismo actual, que es un capitalismo pirata, que está llegando a una situación límite, en términos de sustentabilidad de la especie humana y su organización social, la convivencia pacífica no está garantizada. Tampoco lo está entre las distintas culturas, ni dentro de los países, ni entre los países. Es necesario que la sociedad humana sea sostenible; social, política y culturalmente. La política debe discutir el futuro que deseamos para nuestro mundo y nuestro sistema de valores. ¿Se puede sostener en el tiempo un sistema de vida en donde la concentración de renta lleva a que porcentajes mínimos de la población se lleven enormes porcentajes de renta de la sociedad en su conjunto?
*Mario Javier Firmenich, Licenciado en Economía, por la Universidad de Barcelona. Profesor de Historia Económica y Social, e Historia Económica Argentina en la Facultad Ciencias Económicas de Universidad Nacional de Córdoba (UNC), delegado sindical de dicha Facultad, y Doctorando en Administración y Políticas Publicas del Instituto de Formación en Administración y Políticas Publicas de la UNC. Militante desde hace más de 25 años.-
AUDIENCIA EN LA CIDH POR EL AVANCE DEL GOBIERNO SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.
Por la pluralidad y la diversidad de las voces
Por Washington Uranga /Resumen Latinoamericano/ Página12/ 09 de Abril 2016.-
Representantes de organizaciones sociales advirtieron sobre el impacto de las medidas tomadas por Mauricio Macri y exigieron que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados”.
Los funcionarios macristas no respondieron los cuestionamientos.
Los peticionantes (Horacio Verbitsky y Damián Loreti), plantearon cuestionamientos que no tuvieron respuesta por parte de los representantes del Gobierno (Claudio Avruj y Miguel de Godoy).
Teniendo como marco el 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones sociales encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) exigieron en Washington al gobierno del presidente Mauricio Macri que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados” por los decretos que anularon parte de la normativa legal sobre servicios de comunicación audiovisual y “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”.
Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los decretos dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de Diputados fueron realizados “en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente”.
De esta manera, quedaron configuradas dos posiciones antagónicas respecto de la política comunicacional en el país donde los temas más relevantes se agrupan en torno a la libertad de expresión, pluralidad de voces, participación ciudadana de la sociedad civil en el ámbito de las comunicaciones y concentración de la propiedad de los medios.
La audiencia se concretó a partir de una presentación hecha por el CELS que fue acompañada por un gran número de entidades que conforman la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).
Poco antes del cierre de la audiencia hizo uso de la palabra el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el abogado uruguayo Edison Lanza, quien después de agradecer y valorar la participación de los representantes gubernamentales, puso énfasis en la necesidad de que el gobierno argentino dé respuestas frente a la demanda de participación activa de los actores de la sociedad civil en la elaboración de una futura ley de comunicaciones y acerca de los recaudos que el oficialismo debería tomar para cumplir con los estándares internacionales que limitan la concentración de la propiedad de los medios.
La representación de la sociedad civil fue encabezada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, a quien acompañaron Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes), Damián Loreti (CELS), Néstor Busso (Farco), Daniel Badenes (Redcom) y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Por el Gobierno asistieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom, Silvana Giúdici.
La audiencia, presidida por el comisionado James Cavallaro, se inició con una presentación de Verbitsky, quien comenzó su presentación haciendo referencia al “muy alto impacto” que generó la “anulación” de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) dado que “con el pretexto de las falencias en la aplicación” se sustituyó “un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil”.
Según señaló el presidente del CELS, “si la implementación de la ley era incompleta e imperfecta, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada”.
Si bien no hubo intercambio directo entre las partes, salvo en un breve cruce final, la mayoría de los argumentos de los peticionantes se alinearon para reclamar la conculcación de derechos respecto de la comunicación que surgen de las medidas oficiales, mientras que las voces del Gobierno apuntaron a señalar “la hegemonía comunicacional del gobierno anterior”, el “hostigamiento” a periodistas y la distribución “arbitraria” de la publicidad oficial. Frente a tales afirmaciones, Verbitsky dejó sentado que la delegación oficial se dedicó a hablar “del pasado” y no respondió a los cuestionamientos que se le formularon, advirtiendo también que si bien se aduce que las medidas adoptadas son “transitorias”, tienen ya efectos jurídicos directos.
El presidente del CELS habló también de “una política de hechos consumados, que habilita una mayor concentración, en vez de limitarla”, como ha recomendado la misma CIDH. En una de las intervenciones más extensas, Damián Loreti advirtió sobre los “graves impactos” en materia de libertad de expresión en la Argentina que se generan a partir de las medidas recientes adoptadas por el Gobierno, que producen, entre otras consecuencias, “la afectación de la autarquía legal de los organismos encargados de la aplicación de leyes se servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones”.
El abogado especializado en el tema y doctor en Comunicación hizo también apreciaciones legales respecto de la necesidad de establecer límites al proceso de concentración de la propiedad y para que se garantice “la diversidad de medios para la democracia”, observando que es altamente contrario a ello el régimen de renovación automática de las concesiones a los licenciatarios.
Para Loreti, la libertad de expresión se apoya en “pluralidad de voces (medidas antimonopólicas); diversidad de las voces (medidas de inclusión social), y no discriminación (acceso en condiciones de igualdad a los procesos de asignación de frecuencias)”. Martín Becerra sostuvo que no se solicitó la audiencia para analizar las intenciones del Gobierno respecto de la “convergencia” ni para evaluar el “desempeño de gobiernos anteriores”, sino para “examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno” que “agrava el problema de la concentración” de la propiedad de medios, y “gubernamentaliza” la “aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
Miguel de Godoy, hablando en nombre del Gobierno, sostuvo la disposición oficial a dialogar con los ahora peticionantes y se comprometió a abrir “instancias de diálogo porque eso es lo que más nos interesa”, dado que “cuando uno dialoga con todos, la solución siempre puede ser buena”.
La audiencia en Washington sirvió para terminar de configurar el escenario del debate de la comunicación en el país, discusión que habrá de prolongarse también en los escenarios internacionales.
Audiencia en la CIDH: “¿Qué va a hacer el Estado con la concentración de medios?”
La pregunta quedó formulada ayer durante la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitada por el CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) para denunciar los efectos violatorios de los estándares del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos que tienen los decretos vigentes firmados por el Gobierno nacional contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“La comitiva de las organizaciones sociales fue contundente en sus argumentos, mientras que el Estado nacional no hizo otra cosa que desviar la atención y no dar respuestas a ninguno de los requerimientos y cuestionamientos”, evaluó Daniel Badenes, quien participó de la audiencia en representación de las universidades como presidente de la REDCOM, y también es vicepresidente de AReCIA.
“De parte de la comisión fue una reunión muy formal, pero se puede destacar la intervención de (el comisionado Francisco José) Eguiguren, quien destacó la preocupación por la cuestión de la concentración y ciertos apuntes del relator de Libertad de Expresión para América Latina, Edison Lanza, al reconocer que la autoridad de aplicación actual (Enacom) no cumple con los estándares del sistema americano, además de ver con mucha preocupación las desregulación en el sistema de televisión por suscripción”, resumió Badenes, quien luego de la audiencia entregó a Lanza un carpeta con el último censo de revistas culturales elaborado por AReCIA y un informe sobre la concentración en el sector gráfico, que la asociación denunció ya ante la CIDH el año pasado.
“La concentración de medios sin dudas es dañina, es contraria al derecho de los receptores de la información”, aseguró el comisionado Francisco José Eguiguren, quien consultó al Estado argentino “qué va a hacer frente al tema” y amplió el debate “de la concentración a nivel de medios de la prensa escrita”.
“El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico”, destacó el titular del CELS, Horacio Verbitzky, quien encabezó la comitiva de las organizaciones integrantes de la CCD. La intervención de Eguiiguren se produjo tras la exposición de la comitiva de los peticionantes y la del Gobierno nacional —encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el titular de la Enacom, Miguel de Godoy—, que evitó hablar sobre los cuestionamientos a la modalidad y el alcance negativo para los medios cooperativos y comunitarios de las medidas tomadas contra las leyes de Comunicación de Servicio Audiovisual y Argentina Digital.
Estas “preocupaciones” fueron resaltadas por Lanza, quien advirtió al Estado que la conformación actual del Enacom no cumple con los estándares de derecho internacional y que los decretos —en particular la liberación de restricciones al servicio de televisión por suscripción— pueden afectar los derechos de las audiencias. No obstante, destacó el carácter “transitorio” de los decretos, esgrimido por la comitiva del Gobierno nacional, que evitó referirse a los “derechos adquiridos” que otorgan la vigencia de los DNU para las empresas concentradas de medios.
“Decimos que las medidas transitorias generan derechos y probablemente hay medidas que son transitorias para siempre. Desde el sector gráfico lo sabemos: todavía nos rige un decreto sin que haya aparecido una ley que regule seriamente al sector”, sostuvo Badenes.
Durante su intervención, Lanza también destacó “la obligación que tiene el Estado a facilitar el acceso a todas las plataformas más allá de que sean convergentes o no de todos los medios de comunicación: comerciales, públicos o comunitarios”.
También Eguiguren planteó algo al respecto, quien consultó qué haría el Estado con “la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados a una propuesta empresarial”.
El cierre de la comitiva de organizaciones integrantes de la CCD estuvo a cargo de Oscar Nocetti, representante de la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa y de la CCD- La Pampa, quien aseguró que “con el DNU, el nuevo gobierno ha desguazado el carácter antimonopólico de la Ley de Medios y le ha quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que impedían depradar el servicio de televisión por cable”. “Las cooperativas estamos en mucho riesgo”, alertó.
Para ver el video completo de la audiencia:
http://youtu.be/19PLdKiUEng
LA AUDIENCIA EN LA CIDH SE SIGUIO VIA STREAMING DESDE EL CONGRESO “Estuvimos bien representados”
En el auditorio del Congreso se congregaron comunicadores, académicos y legisladores opositores. Hubo críticas a los representantes del Gobierno por no contestar el objeto de la reunión y elogios a los peticionantes.
Por Ailín Bullentini
A partir de las 10, la audiencia en Washington fue seguida vía streaming desde el auditorio del Congreso. ”Sinvergüenza”, gritó un hombre a la pantalla gigante. La imagen mostraba al secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Claudio Avruj, sentado en la sala de audiencias de la sede central de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Recién terminaba su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), a la que acudió en representación del Gobierno para dar explicaciones sobre la violación a los estándares internacionales de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que implicaron los decretos de necesidad y urgencia que modificaron lineamientos claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tal como argumentaron organizaciones sociales y colectivos de comunicación. Avruj decía que su gobierno había llegado “para restituir el pleno cumplimiento a la libertad de expresión” en la Argentina y que, desde diciembre de 2015, el país “volvió al pleno Estado de derecho”.
“Sos un sinvergüenza”, reiteró el hombre, una de las decenas de personas que se acercaron al Congreso para ver en vivo vía streaming la exposición, convocadas por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). El clima de atención se mantuvo desde las 10 en el auditorio del anexo A del Parlamento cuando, a miles de kilómetros de distancia, los asistentes a la sede de la OEA en la capital estadounidense ocuparon sus asientos y el presidente del organismo, James Cavallaro, inauguró la audiencia número 39.
Entonces, en el barrio porteño de Congreso –así como también en varias universidades nacionales del país que replicaron la experiencia de la transmisión en vivo–, la ansiedad se contuvo y las luces se apagaron. Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comenzó a exponer los principales puntos de la presentación que esa organización, acompañada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (Redcom), y otros colectivos de la CCD realizaron poco más de un mes atrás sobre “la afectación a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producidos por los tres decretos del Poder Ejecutivo (236, 267 y 13) que modificaron la LSCA”.
Las voces, en Washington, cambiaron a buen ritmo, dado que los representantes de las organizaciones peticionantes tenían no más de 20 minutos para dejar todo expuesto sobre la mesa. El especialista en políticas de comunicación Martín Becerra tomó la posta tras el presidente del CELS y luego lo sucedió el abogado Damián Loretti.
Desde Buenos Aires, los planteos se siguieron con entusiasmo y algunos alientos susurrados al estilo “eso mismo” o exactamente”. “Vamos Daniel”, envalentonaron en volumen más alto al titular de la Redcom, Daniel Badenes. Para entonces, el auditorio ya estaba lleno, entre comunicadores, universitarios, investigadores, trabajadores y algunos pocos legisladores como los diputados del Frente para la Victoria Remo Carlotto, Liliana Mazzure, Eduardo Seminara y Cristina Alvarez Rodríguez.
A su turno, el titular de Farco, Néstor Busso, habló en nombre de las radios comunitarias. Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, resumió el petitorio al organismo internacional superando apenas el minuto 23. La evaluación de la ponencia por parte de los integrantes de la CCD que escucharon a la distancia fue altamente positivo. “Argumentos claros y precisos”, consideró Mariela Pugliese, de Farco.
“Se ajustaron al motivo de la audiencia y fueron contundentes”, remarcó el titular de la Carrera de Comunicación de la UBA, Diego de Charras. “Estuvimos muy bien representados”, añadió Laura Yanella, de FM En Tránsito. De la exposición del Gobierno opinaron todo lo contrario. Pugliese tomó la palabra que Verbitsky, en Washington, usó para calificar los discursos de Avruj y comitiva. “Impertinente.
Así fue, absolutamente impertinente su respuesta porque lo que plantearon no tiene nada que ver con lo peticionado. No hablaron de los decretos”, postuló la comunicadora. Los discursos del secretario nacional de Derechos Humanos, de su par bonaerense, Santiago Canton, y del titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel De Godoy, fueron discutidos a viva voz en el auditorio del Congreso.
Y aunque no habló, la ex diputada Silvana Giúdici, actual integrante del directorio del Enacom, fervorosa atacante de la LSCA en épocas de debate legislativo y mejor aliada del Grupo Clarín en tiempos de litigios, fue la más abucheada cuando la enfocaron. Como en el resto de las áreas sobre las que gobierna, la gestión de Cambiemos acudió a “la pesada herencia” para justificar sus propios pasos, pero no hicieron referencia alguna a los decretos con los que modificaron la LSCA.
De Charras lo lamentó y analizó la actitud como “representativa” de la actitud general de la gestión de Cambiemos. “Enuncian mucho la palabra ‘diálogo’, pero no escuchan los planteos de su interlocutor. Este planteo era sobre la incompatibilidad de tres decretos y la modificación de dos leyes. Sobre eso no dijeron absolutamente nada. Actuaron como si siguieran en campaña electoral”, puntualizó.
A Carlotto el “posicionamiento sin ningún argumento relacionado con lo discutido” por parte del Gobierno nacional lo sorprendió. Mazzure recordó la sesión especial en la que el miércoles pasado oficialismo forzó a votar a mano alzada la aprobación del DNU 267 y remarcó que “después de eso no se podía esperar otra cosa” porque “los argumentos fueron casi los mismos”: la supuesta persecución a periodistas, el uso de la cadena nacional, el “atraso” tecnológico y la “necesidad” de acudir a la convergencia, como estandartes del “cambio”.
Al igual que Seminara, ambos se pusieron a disposición de “una agenda de trabajo en todo el país” para “dar la batalla”. Los funcionarios de la CIDH celebraron el diálogo y no fueron mucho más allá. Quienes se congregaron ayer en el auditorio del Congreso destacaron que el pedido de intervención al organismo haya generado la presencia del Gobierno en la audiencia. “Logramos llevarlos hasta ahí, es mucho”, apuntaron.
A la hora de hacer balances, la mayoría de los participantes prefirió quedarse con la intervención del comisionado Francisco Eguiguren antes que la del relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, bastante más ambigua. “Las preguntas de Eguiguren apuntaron al corazón de los decretos, a la concentración de medios, fueron claras y bastante agudas. En cambio, Lanza destacó demasiado el discurso de transición que implican estos decretos cuando en realidad ya están permitiendo cambios concretos: está habiendo concentración mediática ahora y mientras más avance más medios comunitarios van a caer”, postuló Pugliese. Amanda Alma, de Red Par, consideró que la posición de la comisión fue la “clásica” de “ponerse en un lugar de mediador entre demandas de sociedad civil y Estado, abonando a una idea de encuentro, participación colectiva”, pero, aunque “la disputa es entre dos modelos de comunicación completamente diferentes, es importante plantear el tema en la agenda pública”.
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