7 de abril de 2016

TROPEL.



7 de Abril de 2016
PANAMA PAPERS
Denuncian penalmente a Macri por las sociedades OFF SHORE
El Diputado Nacional Darío Martínez (FpV) presentó la denuncia en Comodoro Py.

Martínez: “La justicia penal debe investigar si Macri cometió ilícitos”
En la mañana de hoy, el Diputado Nacional Darío Martínez (FpV – Nqn) presentó una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py para que sea la Justicia Penal la que investigue si el Presidente Macri cometió ilícitos en su participación en las sociedades OFF SHORE que divulgo la investigación Panamá Papers.
Martínez expreso que “está clara, comprobada y admitida la participación del Presidente Macri como Director y Vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son paraisos fiscales que habitualmente se usan para el banqueo de capitales y evasión de impuestos”.

Más adelante el legislador manifestó que “la investigación periodística expuso también que Néstor Grindetti, actual Intendente de Lanús, ex Ministro de Hacienda de la Administración Macri en la ciudad y ex ejecutivo del grupo SOCMA-SIDECO, en épocas en que Mauricio Macri era Gerente General o Presidente, también tienen estrecha vinculación con una sociedad registrada en Panamá, con cuentas en Suiza.”

El Diputado Neuquino agregó que “por si esto no alcanza, el actual Presidente del Club Boca Junior Daniel Angelini afirmó que las cuentas que tiene esa institución en paraísos fiscales son usadas por Boca para realizar transferencias, y que tal operatoria y antigüedad de las cuentas viene de hace más de 20 años, curiosamente cuando el actual Presidente de la Nación era Presidente de esa institución.”
Martínez explicó que “no alcanzan las vagas aclaraciones dadas oficialmente hasta el momento, y  como Laura Alonso, titular de la oficina anticorrupción que debería investigar hasta el esclarecimiento, salió inmediatamente en defensa pública del Presidente Macri, se hace imprescindible la acción de la justicia”.

Finalmente el legislador del FpV informo que presento una denuncia en los Tribunales Federales en Comodoro Py para que sea la justicia penal la que investigue si Mauricio Macri en su condición de Vicepresidente o Director de las sociedades FLEG TRADING LTD y/o KAMUSHA  S.A. y como Presidente Boca Junior y el Sr. Néstor Grindetti usando el poder especial para manejar la empresa MERCIER INTERNATIONAL, conocieron, colaboraron, decidieron o aprobaron maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva.

Declaración pública completa del Diputado Darío Martínez sobre la denuncia penal contra Macri.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  (ICIJ), con la participación de periodistas argentinos del Diario La Nación, de Canal 13 y de TN, desarrollaron un minucioso trabajo de investigación periodística analizando 11 millones de documentos que se filtraron del estudio Panameño Mossack Fonseca, conocido por hacer gestiones y constituir sociedades en paraísos fiscales.
                                              
Las conclusiones fueron publicadas en todo el Mundo el Domingo pasado, y fue el Diario La Nación el que las reveló en nuestro país.
                                               
Así nos enteramos que el Presidente Mauricio Macri fue Director y Vicepresidente de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas, desde 1998 identificada como Fleg Trading Ltd..
     
Un comunicado oficial de la Presidencia de la Nación ha reconocido que el Presidente Mauricio Macri integró el Directorio de la sociedad mencionada, aunque aclaró que se trataba de una sociedad que no tuvo movimiento, y en la cual el Presidente Macri no tenia acciones.
     
Por su parte, el señor Franco Macri en un comunicado, manifestó que se trataba de una sociedad de familia que había declarado en el Fisco Argentino, que fue creada ante la perspectiva de hacer una inversión en Brasil, de la cual él era presidente, e integraban también ese directorio su hijo Mauricio Macri como Vicepresidente y también otro de sus hijos, ya que necesitaba en esos lugares personas de extrema confianza, y que tal era el único motivo de la participación de Mauricio Macri en ese cargo.
     
Claro que Mauricio Macri es algo mas que hijo del señor Franco.
    
Hasta que pasó a ser Presidente del Club BOCA JUNIORS, el actual Presidente de la Nación fue gerente general y presidente de los Grupos SOCMA, SIDECO, y SEVEL, principales empresas de los Macri, donde compartió tareas y directorios con el señor Nestor Grindetti luego su Ministro de Hacienda en el Gobierno de la Ciudad, y actual intendente de Lanús.
     
De tal forma, es muy raro que el Presidente Macri no tuviera conocimiento y estuviera absolutamente desvinculado de los motivos que se tuvieron para constituir esa sociedad offshore, y fuera solo un presta firma de “absoluta confianza”.
       
Y en todo caso, cual es el motivo de constituir una sociedad en un paraíso fiscal si la inversión se realizaría en Brasil. Y además, para que necesitaba el señor Franco una persona de tanta confianza en el directorio de esa sociedad.
        
Pero además, la investigación reveló que el Presidente también era Vicepresidente de de la sociedad Kamusha S.A, registrada en Panamá, aun en funcionamiento, y sobre esto, nada se dijo oficialmente, salvo la afirmación genérica de que se trata de operaciones legales.

Mientras tanto, el señor Néstor Grindetti, actual Intendente de Lanús, y ex ejecutivo de las empresas del grupo SOCMA SIDECO de la familia Macri, y ex Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la gestión del Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, obtuvo un "poder especial" del estudio Mossack Fonseca para manejar Mercier International, empresa registrada en Panamá, y entre 2010 y 2013, al tiempo que era secretario de Hacienda porteño, manejó una cuenta de dicha firma en el banco Clariden Leu AG, con sede en Zurich, Suiza, actividades que no habría declarado en Argentina.

Finalmente, el club BOCA JUNIORS también resultó poseedor de cuentas offshore. Al respecto, su actual presidente, afirmo que “"antes estaba permitido tener cuentas en el exterior y Boca cobraba así sus transferencias, pero esto viene desde hace más de 20 años", curiosamente cuando Mauricio Macri era Presidente de esa Institución.  Angelici se desligó por completo del tema y agregó que  "En lo que va de mi gestión nunca abrí una cuenta en el exterior. Son las cuentas que estaban abiertas anteriormente".

Claro que el señor Angelici operador judicial del Presidente, tal lo denunciado por la Diputada Carrió, también resulta ser Presidente desde mayo de 2014 de Corvalan Services INC, una sociedad registrada en Panamá.

La inmensa mayoría de las sociedades en paraísos fiscales como Bahamas o Panamá se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones y bienes.

La existencia de todas esas sociedades y cuentas offshore que mencioné está probada         y admitida así como la participación en ellas de las personas indicadas, y su estrecha vinculación política , institucional  y económica, y es el Presidente de la Nación quien aparece en el centro de esta trama.

Es por todo ello que no alcanzan las explicaciones dadas hasta el momento, y se requiere una investigación que aclare cada una de estas situaciones.

La titular de la Oficina Anticorrupción, en lugar de investigar, salió inmediatamente en defensa del Presidente Macri, así que no parece que su accionar en este tema vaya a ser investigar objetivamente.

En tal sentido, es que presenté hoy una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py para que sea la Justicia Penal la que investigue si Mauricio Macri en su condición de Vicepresidente de Fleg Trading Ltd. y/o Kamusha S.A.,  y como Presidente del Club BOCA JUNIORS y el señor Néstor Grindetti usando el “poder especial” para manejar la empresa Mercier International, conocieron, colaboraron, decidieron, o aprobaron maniobras de lavado de dinero, o evasión impositiva en Argentina, Brasil u otro país,  y  si el motivo de la creación de esas sociedades y cuentas en Bahamas y Panamá fue ocultar esas maniobras.






































SEÑALES POPULARES
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Corresponsalía Región Comahue (Patagonia Norte)
Antonio Angel Coria






Los negocios poco claros del presidente
A meses de asumir el gobierno nacional, y tras producir un feroz ajuste en pos de reducir el gasto fiscal y de aplicar una serie de medidas que beneficiaron a los grupos más concentrados de la economía, Mauricio Macri se enfrenta por estos días a su primer escándalo público, de alcance internacional, que tiende a oscurecer su cuidada imagen política a pesar de la cobertura mediática.

No se podrá negar que gran parte de su exitoso discurso de campaña se montó sobre las denuncias de corrupción y falta de transparencia del gobierno anterior, la exigencia de mayor tolerancia y apertura al diálogo y las promesas de un cambio en la forma de hacer política. Sin embargo, a poco de conocerse uno de los hechos más trascendentes en materia de denuncia periodística que lo involucra, al igual que a muchos referentes de la política, el espectáculo y el deporte a nivel mundial, parece que se vuelve a la vieja receta: “no hay nada que explicar”.

Si bien es cierto que armar empresas en paraísos fiscales no constituye per se un delito, como salió a explicar con total desaprensión la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, designada precisamente en ese función para investigar ilícitos vinculados a la función pública, a nadie se le escapa que este tipo de maniobras tiene como objetivos evadir impuestos, blanquear dinero mal habido, ocultar fortunas o sortear requisitos legales de los países de origen, entre otros.

Más que la ilegalidad de estas acciones, que deberá ser evaluada en su momento por la justicia competente, lo que se juzga en primer instancia es el aspecto ético que este asunto encierra, ya que el principal mandatario del estado nacional figura como vicepresidente de dos empresas, por lo menos de dos hasta ahora, radicadas en países reconocidos por funcionar como “cuevas” o “guaridas” de dinero de dudosa procedencia. Lo que nos lleva a preguntar por qué el Ingeniero Macri participaría de la constitución de sociedades offshore, no asentadas en su declaración jurada, sino era su intención aprovechar lo que es su principal ventaja: permitir la fuga de capitales hacia el exterior con el enorme costo fiscal que sabemos que tiene para cualquier país.

También resulta sospechoso, entre otras tantas cosas, la cantidad de funcionarios ligados al presidente Macri que han aparecido en los documentos revelados por el Panama Papers vinculados a firmas asentadas en paraísos fiscales.

Por último, es realmente ofensivo para todos los argentinos y argentinas que todo esto se conozca en el medio de una situación de ajuste social, inflación creciente, caída del salario, despidos de trabajadores en el ámbito público y privado, aumento de la pobreza y transferencia de riquezas a los sectores más concentrados de la economía. Y acompañado de un discurso que promete que detrás de las penurias presentes se encuentra el bienestar futuro, aunque no se sabe bien cómo ocurrirá eso.

Por todo esto, desde el Partido Si exigimos que el jefe de Estado y sus funcionarios den explicaciones públicas sobre su participación en estas empresas offshore, que se investigue para que se constituyeron las mismas y que actividades realizaron, y que los organismos nacionales encargados de luchar contra la corrupción sean ocupados por personas idóneas e independientes y no aliados políticos del gobierno de turno.

Gustavo Gamboa
Secretario General
Mesa provincial Partido SI
0341 - 155 025329



DERECHOS HUMANOS:
Avruj negó haber tener o haber tenido una sociedad offshore en Panamá, pero… 
Por Juan José Salinas / Resumen Latinoamericano/ 5 de abril 2016.- 

Nuestro hombre en Panamá 
El atentado a la AMIA estuvo directamente vinculado al lavado de dinero en sociedades cáscara de Panamá, actividad que también fue el motivo de un atentado a un avión en ese país el 19 de julio de 1994, al día siguiente de lo de la AMIA, en el que murieron unas veinte personas. El objetivo fue Saul Schvartz, titular de la firma Simar Joyeros, un experto lavador requerido por la justicia italiana y protegido por los invasores norteamericanos de Panamá. Quienes ordenaron ambas acciones terroristas fueron los mismos. Traté el tema extensamente en Narcos, banqueros ; criminales, libro agotado pero cuya tercera edición, ampliada y actualizada, estará en las librerías en menos de un mes. En los años ’90, cuando se produjeron los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, Avruj era, claramente, un lugarteniente de el banquero Rubén Beraja, entonces presidente de la DAIA (no me atrevo afirmar si mano derecha, o izquierda) y tenía residencia en Panamá. Hoy Beraja está siendo juzgado por desviar las investigación del atentado, es decir, por proteger a los asesinos. Se supone que todos los movimientos de las sociedades cáscara en las que participaban Rubén Beraja (Mayflower, etc.), Salomón Cheb Terrab y otros cómplices del futuro vaciamiento del Banco Mayo con bancos israelíes y sospechosos de lavar dinero del tráfico de drogas y armas están en el enorme cúmulo de información que se irá publicando. Mientras tanto cumplo en informar que por indicación de Avruj fui despedido ayer (cuando me digné firmar la notificación, ya que el correspondiente telegrama no me llegó nunca) del Archivo Nacional de la Memoria, dónde trabajaba como investigador y prensero desde hace ocho años. No puedo decir que me haya sorprendido: Desde que a mediados de 1997, cuando aun estaba bajo contrato de la AMIA, publiqué AMIA, El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos (Planeta) y la DAIA me acusó insólitamente de antisemita, soporto estoicamente la inquina de la dirigencia encubridora de “la cole”. ¿Pormenores? En Caso Nisman: Secretos inconfesables.



Reconoció, sí, haber tenido una sociedad anónima 

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, negó haber tenido una sociedad offshore en Panamá
TÉLAM- El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aclaró hoy que nunca tuvo una sociedad offshore en Panamá, sino que formó parte de una sociedad anónima creada para cumplir “con fines normativos y en cumplimiento de todas las leyes vigentes”.

Según consignó en su edición de hoy el diario Página/12, Avruj figuraría como titular de la empresa Kalushy, creada en Panamá en 1992.

En un comunicado de prensa, la secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural informó que Avruj “trabajó en Venezuela para la organización B’nai B’rith, reconocida a nivel mundial por su tarea en derechos humanos, institución que lo designó director internacional del distrito 23 área Caribe, en Panamá, entre los años 1992 y 1995”.

Según se explicó, esa organización “constituyó a través de sus representantes la sociedad anónima Kalushy, a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Avruj asentar su residencia en aquel país”.

“La firma creada oportunamente es una sociedad anónima local, de carácter perpetua, y de ninguna manera se compadece con los parámetros de una sociedad offshore, ni tuvo movimiento alguno desde su registro el 20 de julio de 1992”, según se aclaró en el comunicado.

La secretaría informó además que Avruj “dejó de cumplir funciones en Panamá el 1 de enero de 1995 y, desde entonces, la sociedad permanece abierta por su condición constitutiva, pero sin movimiento alguno ni vinculación con la función del secretario”.

“Es necesario resaltar que la sociedad anónima no es una cuenta bancaria offshore, sino que se trata de una firma creada para cumplir con fines normativos y en cumplimiento de todas las leyes vigentes”, indicó el comunicado de prensa.
fuente : Pájaro rojo


REPORTAJE EXCLUSIVO A JOHN CHRISTENSEN, DIRECTOR DE TAX JUSTICE NETWORK
“USAR COMPAÑÍAS OFFSHORE CARECE DE TRANSPARENCIA Y DE INTEGRIDAD”
 A partir de las revelaciones de los Panama Papers, el titular de la principal ONG internacional dedicada a las “guaridas fiscales” analiza las implicaciones de la sociedad offshore de Macri. “Si un argentino abre una sociedad en Bahamas, lo más probable es que sea para evadir impuestos”, asegura.


JOHN CHRISTENSEN, DIRECTOR DE TJN, ENTIDAD ESPECIALIZADA EN EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LAS GUARIDAS FISCALES
“Macri debería demostrar que Fleg es legítima”
“Si un argentino abre una sociedad en las Bahamas, lo más probable es que lo haga para evadir impuestos”, respondió el especialista durante la entrevista exclusiva con Página/12. Conductas empresarias y el atractivo del ocultamiento.
Por Tomás Lukin

“Una personalidad pública necesita ser transparente en sus asuntos. El uso de empresas offshore carece de esa cualidad.” Christensen
Con un extenso equipo de contadores, abogados, investigadores y economistas alrededor del mundo, Tax Justice Network (TJN) es la principal ONG dedicada a investigar el accionar abusivo de las guaridas fiscales. “Si un argentino abre una sociedad en las Bahamas, lo más probable es que lo haga para evadir el pago de impuestos”, indicó el director de la organización, John Christensen, a Página/12. El economista que se desempeñó en la multinacional de servicios Deloitte y asesoró durante once años a las autoridades de Jersey, una pequeña isla ubicada en el canal de la Mancha que forma parte de la red de paraísos fiscales británicos, consideró que “cualquier político o personalidad pública necesita ser transparente sobre sus asuntos, y Mauricio Macri debe explicar públicamente cuál es su participación en la compañía radicada en las Bahamas y demostrar que es legítima”.

La isla de Jersey donde nació Christensen ocupa el puesto 16 entre más de 100 jurisdicciones ordenadas de acuerdo al secreto financiero que ofrecen a las multinacionales en la búsqueda de maniobras de evasión fiscal e individuos ricos ávidos de ocultar sus fortunas. Las Bahamas, el archipiélago caribeño donde la familia Macri radicó la empresa Fleg Trading Ltd, con la ayuda de los especialistas de Mossack Fonseca, están en el puesto 25.

A diferencia de las binarias “listas negras”, el indicador elaborado por TJN ofrece un abordaje integral del mundo offshore utilizado por la familia Macri: analiza las regulaciones, leyes y tratados de las diferentes jurisdicciones para elaborar el índice de secretismo que, luego, es ponderado de acuerdo al tamaño de la guarida y su relevancia para los mercados financieros globales. Con esos parámetros, Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur e Islas Caimán encabezan el ranking.

–¿Cuáles son los principales atractivos de esa guarida fiscal caribeña? –preguntó Página/12 a Christensen.
–Las Bahamas es una de las jurisdicciones con mayor grado de secretismo en el planeta. Esas islas obtuvieron un resultado sorprendentemente pobre, de 79 sobre 100, en el índice FSI que se difundió en noviembre. El modelo de negocios de las Bahamas está basado en la venta de secretismo financiero y legal que facilita una enorme variedad de crímenes de guante blanco. No sólo canalizan maniobras de evasión fiscal sino también otro tipo de operaciones vinculadas al abuso de información privilegiada en el sector privado, la malversación, la corrupción o el fraude.

–¿Por qué un argentino abriría una sociedad en Bahamas para realizar una inversión en Brasil?
–Casi con seguridad para evadir el pago de impuestos en Argentina y Brasil. Es algo que los expertos denominan doble no-imposición. La mayoría de las familias ricas y grandes empresas que crean estructuras offshore lo hacen para evadir y eludir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital, a la herencia, a los ingresos y otros tributos como sellos y a las propiedades. Les gusta utilizar nombres sofisticados como “administración patrimonial” (wealth management, en inglés), pero al final del día se suele reducir a la evasión fiscal.

–El presidente Mauricio Macri figura como director de una compañía offshore en ese territorio británico de ultramar creada por Mossak Fonseca que, según afirmó el gobierno argentino, se mantuvo inutilizada durante diez años.
–No he seguido la historia en detalle, pero cualquier político o personalidad pública necesita ser transparente sobre sus asuntos. Y Macri debe explicar públicamente cuál es su participación con la compañía radicada en Bahamas y demostrar si es legítima.

–¿Es factible que una empresa se mantenga abierta por una década sin registrar ninguna operación?
–En la mayoría de los casos, los directivos de las empresas no las mantienen inactivas durante una década, por lo que deberíamos tomar con escepticismo esas afirmaciones. Lo más probable es que una compañía de ese tipo sea utilizada para administrar activos offshore por motivos de evasión fiscal.

–¿Cuál sería una respuesta apropiada para un jefe de Estado?
–La transparencia y la integridad. Utilizar compañías offshore secretas carece de ambas cualidades.

Urbi et orbi
La firma Mossack Fonseca es un actor relevante a escala mundial y la filtración de 11,5 millones de documentos revelados a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación permiten identificar algunas de las extendidas prácticas abusivas más difundidas. Sin embargo, la dimensión de los paraísos fiscales es mucho mayor. “Los flujos financieros ilícitos y la evasión impositiva que afectan los procesos de desarrollo de muchos países alrededor del mundo son el resultado de una enorme falla en la arquitectura financiera global”, advirtió Christensen durante una entrevista realizada con este diario en noviembre. “A pesar de algunos avances observados a lo largo de los últimos años, los paraísos fiscales continúan bloqueando los cambios necesarios para hacer públicos los registros de información sobre los fideicomisos y compañías offshore. Nada de eso sería posible sin la complicidad de Estados Unidos e Inglaterra”, señaló entonces el directivo de TJN.
–Los Panama Papers no son la primera filtración de datos vinculados al uso abusivo de las guaridas fiscales. La lista de clientes del HSBC Private Bank de Ginebra y los llamados Luxleaks son dos casos recientes, ¿cómo espera que reacciones los distintos gobiernos y foros internacionales? –El G-20 ha prometido que promoverá mayores niveles de transparencia y, específicamente, transparencia en la estructura de propiedad de las compañías off- shore. A la fecha, los países miembros no han cumplido completamente con sus promesas. Pero, a la luz de los Panamá Papers, no pueden demorarse más.
Fuente:Pagina12




REPERCUSIONES EN LA PRENSA INTERNACIONAL POR MACRI EN LOS PANAMA PAPERS
En la boca de todo el mundo
La aparición del presidente argentino en dos empresas offshore en Panamá llegó a la primera plana de The New York Times. Lo consideró uno de los acusados más comprometidos. La cadena de noticias CBS tituló “Anillo de corrupción” y eligió el rostro de Macri para ilustrar.
La cadena CBS había entrevistado a Mauricio Macri hace pocas semanas en el programa 60 Minutos.
El diario The New York Times consideró que el caso del presidente argentino Mauricio Macri representa una de las “acusaciones más graves” reveladas por la investigación denominada Panama Papers. El artículo del diario estadounidense resaltó que tanto el mandatario argentino como otros altos líderes políticos usaron los paraísos fiscales para “proteger su vasta riqueza”. El eco argentino del megaescándalo internacional también fue cubierto por otros medios de diferentes países.

En una nota firmada por Liam Snack el diario estadounidense respondió al interrogante sobre cuáles son las acusaciones más graves hechas por los artículos, y destacó que casi 215 mil empresas ficticias y 14.153 clientes estaban atados a Mossack Fonseca, se unieron 143 políticos, sus familiares y estrechos colaboradores, incluyendo 12 líderes políticos de alto rango, a la utilización de paraísos fiscales para proteger su dinero. “Entre los nombrados se encontraron el presidente de Argentina Mauricio Macri, el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el premier de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el primer ministro de Paquistán, Nawaz Sharif, el rey Salman de Arabia Saudita, el antiguo emir de Qatar Hamad bin Khalifa al Thani, y su ex primer ministro Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, además de la estrella de fútbol argentino Lionel Messi”.

También la cadena CBS colocó a Mauricio Macri en el podio de las acusaciones, al poner su foto junto a la de Poroshenko y a la del rey de Arabia Saudita, bajo el título: “Anillo de corrupción”.

Por otro lado, el portal francés Liberation también focalizó en la responsabilidad del presidente argentino en una nota titulada “Fútbol y evasión fiscal, los dos deportes nacionales en Argentina”, en la que asegura que los argentinos no “han podido reaccionar” ante el hecho de que “su flamante presidente, quien se proclama portavoz de la lucha anticorrupción” haya aparecido en los Panama Papers.

Por su parte, con una manifestación de millonarios con pancartas que dicen “Je Suis Panamá”, la revista satírica Charlie Hebdo se burló del escándalo mundial tras la revelación de miles de documentos confidenciales que difundió el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Ya en el plano de la ironía, la casa de apuestas Paddy Power propuso anticiparse a la decisión de los políticos involucrados en el escándalo y apostar para ver quién renuncia primero. Y el favorito resultó ser el presidente Mauricio Macri, que paga 8 a 1. Lo siguen el primer ministro de Paquistán Nawaz Sharif (10 a 1), y el presidente de Ucrania Petro Poroshenko (12 a 19. El cuarto es el primer ministro del Reino Unido David Cameron, que al igual que Macri utilizó a su padre para argumentar su inocencia. Los siguen los presidentes de Francia Fraçois Hollande, de Rusia Vladimir Putin (aunque quien figura en los Panamá Papers es un colaborador suyo), y de China, Xi Jinping, con 33 a 1.
En Estados Unidos The New York Times y en Francia Liberation apuntaron contra el presidente argentino.
Fuente:Pagina12



EL FIT Y EL FPV INTENTARON TRATAR EN DIPUTADOS LOS PANAMA PAPERS
Para Cambiemos todo es normal
La izquierda propuso cambiar el orden del día para debatir el escándalo por la aparición de Macri en empresas offshore. El Frente para la Victoria apoyó la moción. Cambiemos sumó al grueso del FR, la CC y MPN y eludió el tema por 131 votos a 89.
El presidente del bloque del FpV, Héctor Recalde, y la diputada del FIT Myriam Bregman.

Para los diputados de Cambiemos tampoco hay nada que explicar. Durante la sesión especial de ayer convocada por el oficialismo para ratificar el DNU que modifica la ley de medios y tomarle juramento a tres nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), diputados de la oposición exigieron cambiar el temario y abocarse al escándalo de las cuentas fantasma que involucran al Presidente, al emporio empresario de su familia y a miembros de su Gobierno revelado por los Panamá Papers. Myriam Bregman, del FIT, arrojó la primera piedra: “No se puede ocultar el sol con las manos. Los diarios del mundo hablan de cómo el Presidente está involucrado en sociedades Offshore y el pueblo argentino está pendiente de esto”, dijo antes de solicitar, a través de una moción de orden, un cambio en el temario de ayer. Su pedido tuvo eco en bloque del FpV, que en la voz de Héctor Recalde acompañó la iniciativa y solicitó tratar, además, el tarifazo de servicios y transporte. Pero el interbloque del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, con el Frente Renovador como aliado, logró frenar el embate por más de 40 votos de diferencia.

“El presidente Mauricio Macri debe hacerse presente en esta Cámara de Diputados para dar las explicaciones del caso, en una sesión pública en la que todo el pueblo pueda verlo”, exigió Bregman y abrió el grifo para que los diputados de varios bloques se sumaran al pedido de explicaciones al Gobierno. “No queremos convalidar los decretazos a través de los cuales se aplica un brutal ajuste contra el pueblo trabajador”, sostuvo Néstor Pitrola, e insistió con que “Macri comparezca ante esta cámara”.

Recalde, en representación del FpV, que viene impulsando la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo, solicitó una votación nominal para avalar o descartar la propuesta. “Todas las cuestiones que aquí se debaten son importantes”, afirmó, “pero no podemos evadir el contexto, de gravedad institucional, en que se desarrolla esta sesión”.

Tras los dimes y diretes característicos de los trámites legislativos, se pasó a votar. Levantaron la mano a favor 89 diputados del FpV, el FIT, Libres del Sur, el socialismo santafesino y los dos monobloques que quedaron en pie de lo que fue Proyecto Sur. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, contó 131 votos en contra de los legisladores del Pro, la UCR, la Coalición Cívica de Elisa Carrió (no estuvo presente en el recinto durante la votación), el Movimiento Popular Neuquino (ex aliado del FpV) y el Frente Renovador de Sergio Massa (con la única excepción de Facundo Moyano). El bloque justicialista, encabezado por Diego “Sanguchito” Bossio, se abstuvo. La única diputada del GEN, Margarita Stolbizer, no participó de la sesión.

El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, fue el portavoz del blindaje sobre Macri. Pidió a sus colegas “ser más responsables a la hora de hacer ese tipo de planteos”, amparado en que, para aprobarse, el cambio en el temario necesitaba el voto afirmativo de tres cuartas partes del recinto. “Es una pérdida de tiempo”, ironizó sobre el planteo.

“La otrora oposición tiene una gran contradicción en su discurso”, le dijo más tarde Bregman a Página/12. “El PRO, la UCR y la Coalición Cívica realizaban encendidos discursos sobre la transparencia, y ahora avalan los despidos de trabajadores en el Estado, a quienes se acusa de ñoquis, cuando es el propio Presidente quien tiene cuentas fantasmas en el exterior para lavar dinero”, aseguró.

Para el diputado del FpV, Leo Grosso, la sesión “fue una vergüenza”. “La única prioridad del PRO fue justificar el decretazo para darle más poder a los monopolios mediáticos, que a su vez le garantizan comprar silencio frente al escándalo y el ajuste que sufre el pueblo”, sostuvo. “El ejemplo más claro son los Panama Papers, sobre el que pesa una gran cortina de humo”, agregó.

Contrapunto en el recinto
En medio de la sesión de ayer, en la que el oficialismo evadió tratar el escándalo de los Panamá Papers, el diputado radical por Santa Cruz, Eduardo Costa, arremetió contra su colega del FpV Julio De Vido, a quien ligó con los casos que involucran a Ricardo Jaime y Lázaro Baéz. “Es el contraejemplo de funcionario”, lo cruzó sobre su rol como ministro de Planificación durante el kirchnerismo, y pidió que sea apartado de la presidencia de la comisión de Energía, que De Vido ocupa desde hace una semana. En respuesta, De Vido hizo un repaso por los negocios de Costa, quien según su declaración jurada posee negocios petroleros, hoteleros e inmobiliarios por más de 70 millones de pesos. “Tuvo que callarse la boca”, coincidieron los legisladores que presenciaron el cruce.
Fuente:Pagina12


Diputados: rechazo al pedido para que Macri explique su rol en Panamá Papers 
Resumen Latinoamericano / Telam / 06 de abril de 2016 – 

LA CÁMARA RECHAZÓ UN PEDIDO DEL FRENTE DE IZQUIERDA PARA QUE EL PRESIDENTE CONCURRA AL CONGRESO A DAR EXPLICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS OFFSHORE, SEGÚN FIGURA EN LA INVESTIGACIÓN PANAMÁ PAPERS, Y QUE SE DEBATAN ADEMÁS LOS PROYECTOS QUE PROHÍBEN LOS DESPIDOS.

La sesión se inició 45 minutos después de lo previsto, tras un planteo del titular del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, que pidió demorar 30 minutos el comienzo del plenario, ante la falta de quórum para arrancar el debate.

Si bien el plenario fue convocado para avalar la designación de tres auditores de la AGN que serán propuestos por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el interbloque Cambiemos, y ratificar un conjunto de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Macri, la sesión se inició con una fuerte polémica por la investigación denominada Panamá Papers y los despidos.

En ese marco, la Cámara de Diputados rechazó por 131 contra 89 votos un planteo de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien pidió una moción de orden, que permita un apartamiento del reglamento, para debatir los proyectos que prohíben los despidos y suspensiones y la presencia del presidente en el Congreso.

“No se puede ocultar el sol con las manos. Los diarios del mundo hablan de cómo el presidente está involucrado en las sociedades off shore, esa noticia tienen en vilo a la sociedad.

La Argentina está viviendo un brutal ajuste. Por eso pedimos que se discuta en el recinto la prohibición de despidos y suspensiones en vez de esta vergonzosa sesión, en la que se discutan los DNU del verano que permitieron a Macri gobernar de forma ilegal”, advirtió Bregman para justificar su planteo.

Desde el Partido Obrero, Néstor Pitrola también reclamó que comparezca el presidente ante la Cámara de Diputados para “que dé explicaciones por sus empresas off shore y que esta cámara tenga el total de las actuaciones para conocer el conjunto de la información”.

En tanto, y en esa misma línea, el Frente para la Victoria, a través de su presidente de bloque, Héctor Recalde, pidió una cuestión de privilegio para denunciar un “ataque a las condiciones de vida de todos los ciudadanos”, al sostener que “los despidos, suspensiones y tarifazos aquejan a todos” y advirtió que “las decisiones de este gobierno son para los ricos”.

Negri, sin embargo, pidió ser más responsables a la hora de plantear apartamientos del reglamento, ya que necesitan al menos tres cuartos de la cámara, número que dijo era casi imposible de lograr por un sólo sector y consideraba que era una pérdida de tiempo impulsarlos en el recinto en esta sesión.
Envío:ResumenLatinoamericano




Congreso argentino avala “ley monopólica de medios” de Macri 
06-04-2016

La modificación de la Ley de Medios incentiva la centralización de información.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital creada bajo el gobierno de Cristina Fernández ya tiene aval del Parlamento, y con ello se crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en reemplazo de la AFSCA y de la AFTIC, que fueron disueltas.

La modificación de la ley de Servicios de comunicación Audiovisual, mejor conocida como Ley de Medios, da pie a la monopolización y centralización de la información.

El instrumento ordena la unificación de las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones con eje en una nueva autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones, mejor conocido como Enacom en este país.

Además, se crean nuevos consejos y comisiones unificadas que serán dependientes del ministerio de Comunicaciones para cualquier decisión, lo que propicia que los medios queden en pocas manos (monopolio), según información presentada por Página 12. 

Conozca en profundidad las claves para entender las modificaciones impuestas por el DNU a la Ley de Medios de Argentina:

¿Qué ordena el instrumento?

Crea el Enacom, un ente que disuelve a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), en los que participaban representantes de las universidades, los sindicatos y las provincias.

El Enacom estará conformado por un presidente y tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo, y otros tres que representarán a las tres primeras minorías parlamentarias. 

También será el ente único que controle las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones, y estará subordinado al Ejecutivo y un Consejo Federal de Comunicaciones.

Directivos del Enacom serán removidos “en forma directa y sin expresión de causa” por el Poder Ejecutivo.

¿Cuáles son los cambios fundamentales del DNU? 
El decreto establece una prórroga del plazo de licencias por 10 años y las hace transferibles, con la aprobación previa del Enacom.

Las empresas de cable pasan a tener una licencia nacional única, lo que las exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica

Amplía la cantidad de licencias: en el orden nacional, pasan de 10 a 15 y en el orden local, de 3 a 4. También aumenta de 15 a 45 por ciento las acciones de los titulares se podrán cotizar en bolsa.

Permite la venta libre de los medios audiovisuales.

Facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión.

El Artículo 8 del DNU establece que los prestadores de TV por suscripción deberán tener autorización del Enacom dentro de los 90 días de una eventual venta o transferencia de participaciones accionarias que impliquen pérdida de control sobre la empresa.

Las licencias para televisión que pagan por vínculo satelital se entregarán a demanda y se regirán por la ley de medios.

El control de las órbitas satelitales asignadas a la Argentina quedará en manos del ministerio de Comunicaciones.

Establece modificaciones a la Ley Argentina Digital y a la Ley de Medios.

¿Qué otras estructuras se crean?
Una Comisión que tendrá a su cargo “la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación” de las leyes de Medios y Argentina Digital. Se trata de una ley de comunicaciones convergentes que reemplace a las actuales.

Una comisión bicameral “de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización”, integrada por ocho senadores y ocho diputados.

¿Qué se busca?
El Gobierno busca crear un solo mercado de las comunicaciones donde confluyan las empresas telefónicas y las de TV por cable y todas compitan en todos los servicios, incluidos la telefonía móvil y el acceso a Internet.

¿Qué evita?
El DNU busca evitar “la ejecución selectiva de sanciones, el otorgamiento discrecional de licencias y cualquier mecanismo de premios y castigos arbitrarios” y critica a la ley de Medios por ser una “norma anticuada y distorsiva”.

La Coalición por una Comunicación Democrática rechazó el aval al DNU de Macri contra la Ley de Medios 
“Favorece la concentración del mercado audiovisual y las telecomunicaciones” 
La Coalición por una Comunicación Democrática denunció la maniobra que intenta el gobierno de Mauricio Macri “apenas 48 horas antes de tener que explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina como consecuencia de las modificaciones a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital”

En ese sentido el colectivo, que reúne a 300 organizaciones de todo el país, subrayó que la sesión especial solicitada por Cambiemos activa “un procedimiento para darle un aval parlamentario al decreto 267/2015” y solicitaron “a los legisladores nacionales de todas las pertenencias políticas se abstengan de convalidar una medida que avasalla al propio fuero parlamentario y no resiste ningún control de constitucionalidad”.

En un comunicado titulado “DNU que atenta contra los derechos ciudadanos”, la CCD precisó que el decreto “convirtió a las autoridades regulatorias del sector audiovisual y de TIC en un ente subordinado al control gubernamental con mayoría automática del Ejecutivo” y resaltó que “favorece la concentración del mercado audiovisual y las telecomunicaciones, poniendo en serio riesgo miles de fuentes de trabajo”.

Además, el colectivo advirtió sobre “la disolución de organismos de representación multisectorial y federal como el Consejo Federal (previstos en las leyes 26.522 y 27.078), el menoscabo al control parlamentario y la mercantilización de una actividad considerada como parte de los derechos humanos esenciales violan los estándares internacionales en la materia y por eso ha sido convocado el gobierno ante la CIDH de la OEA”.

En ese tono, las más de 300 organizaciones de la CCD denunciaron el “intento antidemocrático que convalida los abusos de poder a través de decretos innecesarios y carentes de cualquier urgencia, como no sea fomentar la concentración de medios en los sistemas convergentes y el ingreso de grandes operadores transnacionales” y exigieron “el debido proceso para el dictado de normas que protejan y promuevan los derechos ciudadanos en materia de comunicación social”.

Por último, la CCD convocó a legisladores y ciudadanos a la retransmisión de la Audiencia Pública ante la CIDH del viernes a las 10 en el Auditorio de la Cámara de Diputados, ubicado en Avenida Rivadavia 1865.
Envío:ResumenLatinoamericano



Pueblos Originarios denuncian que intentan despojarlos de sus tierras
Resumen Latinoamericano / elancasti / 06 de abril de 2016 – 

El Consejo de Participación Indígena denunciaró que comuneros de las Comunidades Indígenas de Corral Blanco y de Aguas Calientes corren peligro de ser despojados de las tierras que habitan desde hace siglos.

Una asamblea de 9 comunidades de pueblos originarios se reunió días pasados en Laguna Blanca, en el norte grande del departamento Belén.

En ese encuentro se debatieron los principales temas que preocupan a estos sectores, particularmente el de la propiedad de las tierras que habitan desde hace siglos y que ahora se ve amenazada por pedidos de desalojo.

Trascendió que las comunidades originarias de Aguas Calientes y Corral Blanco, paraje situado a 15 kilómetros de Laguna Blanca, recibieron días pasados un oficio del Juzgado de Belén en el que se intima a quienes allí habitan a desalojar las tierras.

Cabe acotar que algunas de esas comunidades ya cuentan con Personaría Jurídica, mediante la cual el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas las reconoce como pueblo originario.

En la mencionada asamblea, los representantes de las comunidades elaboraron un documento.

El texto completo del mismo es el siguiente: “Las autoridades tradicionales, Caciques de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, en representación de nuestras respectivas comunidades, reunidos en Asamblea los días 1 y 2 de abril de 2016, comunicamos a la opinión pública y a todos los organismos competentes nacionales, provinciales y municipales, la situación de inseguridad que padecen nuestras comunidades debido al avasallamiento de nuestros derechos ancestrales como comunidades indígenas preexistentes.

“En este sentido, solicitamos la solidaridad de la sociedad en su conjunto debido a la usurpación del territorio comunitario que están sufriendo los comuneros de las Comunidades Indígenas de Corral Blanco y de Aguas Calientes.

Repudiamos todos los actos violentos e intimidatorios que sufren los miembros de nuestras comunidades y hacemos responsable a todos los organismos estatales competentes de todos los despojos y abusos, particularmente al Poder Judicial, que puedan sufrir las propiedades de nuestros comuneros.

Solicitamos la urgente intervención estatal para que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos establecidos en la Constitución Nacional (Art.75, inciso 17). “Nos declaramos en estado de alerta y movilización, y por la Pachamama, por nosotros, nuestros ancestros y por nuestros hijos, defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriales”.

Firman el documento los caciques de las comunidades originarias Diaguita Aconquija, La Hoyada, Cerro Pintao, La Quebrada, La Angostura, Laguna Blanca, Paloma Yaco y el Consejo de Participación Indígena.



A PURO PARO, SE CAMINA EN UNIDAD

Por Federico Tártara / Resumen Latinoamericano/ 06 de abril 2016.– 

Al calor de la lucha en la calle, los gremios de trabajadores públicos y privados van construyendo una muralla para detener las políticas neoliberales de Macri.

Este Lunes, los docentes realizaron un paro nacional que incluyó la totalidad de los sindicatos, y hoy tras la catarata de despidos los bancarios y ATE realizan nuevas medidas de fuerza.

Mañana hacen huelga los médicos bonaerenses y los telefónicos- Foetra- van a la Plaza de Mayo. Hay que parar a Macri. El repiqueteo de los bombos genera una especie de suspenso en la nutrida columna que se desborda por las cuatro esquinas de Corrientes y Callao.

Hay banderas de todas las provincias, y de todos los sindicatos docentes. Hay que caminar algunas cuadras más, para llegar a la cabecera de la marcha. La primera fila es de guardapolvos que están intervenidos con frases y colores, que están puestos en cuerpos fabricados con palos.

Una segunda línea está conformada por lápices inflables y, cerca, corre un gran cordón humano que se esparce por los laterales de la marcha para dejar ver una consigna que explota en bronca: “No a la impunidad. Justicia por Carlos Fuentealba”.

Este Lunes, miles de maestros protagonizaron una multitudinaria manifestación al Palacio Pizzurno que contó con una movilización inédita por el alto grado de unidad de los gremios docentes. No sólo encabezaron la movida los distintos líderes docentes: Roberto “roby” Baradell, de SUTEBA, Eduardo Lopez, de UTE, María Lazzaro de Sadop; Jorge Adaro de Ademys; sino también estuvieron presentes Daniel “tano” Catalano de ATE, y Hugo Yasky, por la CTA; en un clima de unidad inédito, pero más que necesario para construir las murallas que impidan el avance de los despidos, las paritarias a la baja y la criminalización de la protesta social.

El tinte distintivo de la jornada fue expresado en los cánticos que- con la noticia despertando de los Panama Papers- se le cantaron a Macri: “que aprendió en la escuela de Panamá”, le expetaron desde los alto-parlantes. Horas más tarde, ante tamaña demostración de fuerza, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, patinó y dijo “que no hubo gran adhesión al paro”, en un último manotazo por tapar el sol con la mano.

Voces que paran: Bancarios y ATE 
Los trabajadores bancarios realizan desde hace semanas un acampe frente al Banco Central por el despido de 47 trabajadores y por las reiteradas negativas del “procesado” presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a sentarse a la mesa de los acuerdos. Los laburantes del Ministerio de Trabajo movilizan a la sede de Alem para repudiar los 280 puestos de trabajo que Jorge Triaca evaporó en cuestión de minutos, maniobra que cerró valiosísimas políticas de Estado como el programa “Asistir” y “Jóvenes con más y mejor empleo”. Estas dos organizaciones protagonizan por estas horas, paros que ponen en jaque al Gobierno Nacional, que pierde muchísimo aire en medio del clima super enrarecido por el escandolo de los Panamá Papers.

Desde los gremios se puntualiza una y otra vez que los despidos son arbitrarios, que “el verso de los ñoquis” se desplomó en segundos y que la bronca acumulada se cuenta de a miles. Que la intención es cerrar áreas, borrar políticas públicas y que por eso se despide, y se desmantela el Estado. Y que el Banco Central y el Banco Provincia, también son el Estado.

Este Lunes, al salir de la sede de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, dijo “que la cámara empresarial no presentó ninguna propuesta, sabiendo que desde Enero la tiene que presentar” y en relación a los 47 despidos en el Banco Central – no concurrieron los funcionarios del BCRA-: “dijimos que los traigan por la fuerza pública, pero tampoco nos hicieron caso”. Hoy los trabajadores bancarios van a un paro provincial ante el intento de privatizar el gerenciamiento de la banca estatal de la provincia de Buenos Aires, y el próximo Jueves 17 realizarán una medida a nivel nacional para hacer frente a los despidos y por la falta de una oferta en paritarias.

En referencia a la negociación de un aumento, Palazzo, señaló al responsable: “los canales de diálogo los obstruye Sturzenegger que pareciera ser que tiene más poder que Macri, porque toma decisiones que involucra a todo el sistema financiero, porque nosotros hemos hablado con algunos ministros que me reservo el nombre y han estado de acuerdo en avanzar en soluciones. Nosotros lamentamos que Sturzenegger intervenga así sea porque nadie lo voto para eso. Los bancos han obtenido ganancias con esta salvaje devaluación que hicieron al inicio de esta gestión”.

En este contexto, Hernan Izurieta, delegado general de ATE Ministerio de Trabajo, afirmó “es un paro con la adhesión y la participación de todas las reparticiones a lo largo y ancho del país, y en el caso de Capital vamos a estar concentrando al mediodía en la sede central, junto con organizaciones sociales y políticas que se solidarizan con nuestro reclamo”. “Tuvimos una reunión con el subsecretario de coordinación, pero no fue positiva. Nosotros planteamos que retrotraigan la medida, pero con los compañeros trabajando y no en la calle”.

Agenda común 
Este Domingo, en Página 12, Juan Carlos Schmid, expresó que el gobierno de Macri “ya va por los 120 días de gobierno y la única política que desplegaron es de shock” y sobre la unidad de los gremios enrolados en las CGT dijo que “ahora tenemos una agenda común”.
Envío:ResumenLatinoamericano




Vidal descontó el 70% del sueldo a los auxiliares docentes por hacer paro 

Resumen Latinoamericano / La PlataformaInfo / 06 de abril de 2016 – 

El gobierno bonaerense aplicó descuentos indiscriminados contra 65 mil auxiliares de la Educación, afectando hasta el 70% de sus haberes. La resolución afecta a personal con licencia de embarazo o con tratamientos oncológicos.

En una nueva muestra de la deshumanización en el manejo del poder, el gobierno bonaerense ejecutó ayer descuentos compulsivos a 65 mil auxiliares de la Educación afiliados a ATE y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), que vienen realizando un plan de lucha en rechazo al irrisorio aumento de 12,1% otorgado unilateralmente por la administración provincial, afectando así hasta el 80% de sus haberes.

La resolución afecta los sueldos de trabajadores, en su gran mayoría mujeres sostenes de familia, que se encuentran en el último lugar del escalafón provincial, con salarios que rondan los $8000. Así, el gobierno provincial sigue sin aceptar el fallo del juez Luis Federico Arias, quien ordenó reabrir la paritaria estatal ante el cúmulo de irregularidades cometidas desde la Dirección General de Cultura y Educación que conduce Alejandro Finocchiaro, una persona de estrecha relación con el exministro menemista, Carlos Corach.

El titular del SOEME, el ingeniero Marcelo Balcedo, calificó como “muy grave” la medida adoptada, ya que “no solo afecta a quienes vienen llevando adelante un legítimo plan de lucha contra un aumento salarial que los condena al hambre y a la pobreza, sino que también impacta en compañeras que están con carpeta médica por graves problemas de salud. Tenemos casos de personas que tienen cáncer que, por obvias razones, no están en condiciones de trabajar ni de participar en ningún tipo de medida de fuerza”. 

A la Justicia 
Ante esta situación, desde el SOEME se presentó una demanda en la Justicia platense para pedir que “se dicte en forma urgente una medida cautelar de prohibición de innovar prevista en el Art. 230 y una medida cautelar genérica establecida en el Art. 232 ambos del CPCC, ordenando al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar descuento alguno bajo los códigos ‘A1084 y A 1085’ o equivalente y, en su caso, el reintegro de la totalidad de los montos ilegítimamente descontados a los trabajadores afiliados a esta Entidad Gremial”.

La demanda aduce que “en una evidente actitud persecutoria y antisindical, el gobierno intervino el sistema de liquidación de haberes de la Dirección General de Cultura y Educación individualizando a los trabajadores que poseen código de descuento que lo identifica como afiliado del SOEME, luego procedió a aplicarles un código de descuento desconocido hasta la fecha, Nº 1085 “Ret., SIN AP.”, por montos equivalentes a $ 5000, $6000, $7000 que significan, en muchos casos el equivalente al 70% del salario neto del trabajador”.

Estos son sólo algunos de los afectados por la arbitraria medida del gobierno de la provincia:

-Olga Beatriz Gauna, DNI 12.925.914, sobre un salario de $13.566 en bruto, se le descontó la suma de $ 7.671.44, equivalente al casi 70% de su haber neto, cobrando la irrisoria suma de $ 2.335.66.

-Carmen Napolitano, DNI 12.137.153. Se encuentra internada por haber sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV), se le descontó $ 5.106.38

-Margarita Medina, DNI 10.203.569, paciente oncológica. Se le descontó $6.576.64. 

-Antonio Espósito, DNI 26.666.651, la esposa se encuentra en grave estado por enfermedad oncológica. Se le descontó $6.442.25.

-Lorena Álvarez Rodríguez, DNI 23.522.772, se encuentra con licencia por maternidad. Se le descontó $6019,08.

-Vanina Valenzuela, DNI 26.470.396, se encuentra bajo licencia por maternidad. Se le descontó $4.897.28.

-Griselda Rimoldi. De licencia médica y cuidando a un hijo discapacitado. Le descontaron el 80% de su sueldo. Cobró solo $1800.
Envío:ResumenLatinoamericano



LOS DIRIGENTES DE LAS TRES CGT Y LAS DOS CTA SE REUNIERON CON SENADORES Y PRESENTARON SUS RECLAMOS
“Hay que ponerles un límite a los despidos”
Los gremialistas reclamaron una ley de emergencia ocupacional para detener las cesantías que impulsa el gobierno nacional.
Por Julián Bruschtein
Barrionuevo, Moyano, Caló, Micheli, Yasky y otros dirigentes, ayer, en el Salón Azul del Senado.Imagen: Leandro Teysseire
Los dirigentes de las cinco centrales sindicales reclamaron ante los senadores que se sancione una ley de emergencia ocupacional. “Hay que ponerles un límite a los despidos que se están dando de forma masiva”, planteó el camionero Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo, a la Comisión de Trabajo y Previsión social, una vez que senadores y sindicalistas se acomodaron en el salón. De igual manera se expresó el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, al señalar que existe la “necesidad de una agenda social frente a una situación de crisis”. Los gremialistas se mostraron satisfechos por la presencia de “los representantes de todas las organizaciones de los trabajadores”, así como por la participación de senadores oficialistas y opositores.

“Hace falta un aumento de emergencia para los jubilados”, apuntó Moyano, quien puso en primer lugar la preocupación por los despidos en el Estado y recordó la “tremenda inflación que se dio en los últimos meses”, dijo, antes de mostrarse más conciliador. La mesa larga contenía a los dirigentes gremiales de todos los signos políticos detrás de una agenda en común. Cerca de Moyano estaban el líder de la CGT oficial, Antonio Caló, y el secretario general de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo. Formaron parte de la comitiva Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento, y el estatal de UPCN Andrés Rodríguez, entre otros dirigentes.

Al igual que una semana atrás, cuando los sindicalistas acudieron a un llamado de los diputados y les presentaron también sus reclamos y preocupaciones, los senadores extendieron la invitación a la Cámara alta. A diferencia de la reunión anterior, donde el oficialismo no envió a ningún representante, en el encuentro de ayer el macrismo sí participó. Estuvo la jefa del bloque del PRO, Laura Rodríguez Machado, que presenció toda la reunión junto a su par del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, a Juan Manuel Abal Medina y el senador de Proyecto Sur, Fernando Solanas, entre otros.

“Existe la necesidad de una agenda social frente a una situación de crisis que no sólo ataca al que pierde el empleo, sino que golpea al conjunto de la clase trabajadora”, dijo Yasky, luego de escuchar a sus pares. Agregó que no se podía “dejar de advertir el alarmante cuadro que representan los despidos” y apuntó directamente al objetivo central del encuentro, cuando exigió que la ley de emergencia ocupacional “no llegue tarde”. Luego habló el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien presentó el reclamo de “diálogo sin exclusión que fue eje de la campaña y no ha aparecido todavía”. Insistió en que la emergencia ocupacional era “el tema central” a resolver y les señaló a los senadores que estaban equivocados si pensaban que “los trabajadores del Estado son todos ñoquis”, apuntando a la campaña que desplegó el oficialismo para justificar los miles de despidos.

Bajo la dispersa mirada de algunos de los legisladores, Caló aseguró resaltó que la prioridad la tenía la emergencia ocupacional, y la pidió que sea “sancionada rápidamente”. El líder los metalúrgicos chicaneó un poco a los senadores al recordar que “así como el Congreso sancionó la ley del pago a los holdouts, se pueda aprobar la ley para pagarles a los trabajadores y desocupados en poco tiempo”. Inmediatamente se mostró cordial al hacer foco en que no quería “ser crítico del Gobierno que está empezando, pero en este camino no vamos a la pobreza cero”. El gastronómico Luis Barrionuevo también mostró sus cartas en son de paz. Dijo que no iban a “exigir sino a pedir ayuda para que no tengamos que emprender la lucha”. Hizo hincapié en los tarifazos anunciados la semana pasada y puntualizó que se tendría que “haber puesto un peso en el bolsillo de los trabajadores y los jubilados”.

En el Salón Azul del Senado fue el turno de los locales. Pichetto aseguró que era “imprescindible llegar a un acuerdo de envergadura” y apuntó a la conformación de una mesa de diálogo integrada por “los trabajadores y el sector empresario”. Luego, Abal Medina tomó la palabra y le dio la razón al planteo de los gremialistas. “Es absolutamente necesaria la agenda social”, señaló y puso a disposición la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside para trabajar los temas presentados por los gremios. También destacó que “el trabajador necesita respuestas y el Congreso tiene que estar a la altura para poder dar esas respuestas”.

La macrista Machado esperó pacientemente para expresar la “esperanzadora presencia de los representantes de las centrales obreras” en el Congreso y puso el acento en que “evidentemente hay que tener una discusión del sistema tributario”, otro de los temas planteados por los sindicatos, como la modificación del Impuesto a las Ganancias, “la universalización de las asignaciones familiares y el 82 por ciento móvil para los jubilados”.
Finalmente Solanas aprovechó para criticar las políticas del macrismo al señalar que “en estos casi cuatro meses se han sabido atender las demandas de los sectores más pudientes”. El cineasta dijo que no había ninguna “explicación para que la ciudadanía esté desamparada. Hay una deuda interna que es la deuda social”.

Los sindicalistas se retiraron satisfechos por el encuentro con los senadores, pero destacaban como “un hecho histórico” que se hayan presentado todos los dirigentes de las organizaciones obreras, además de “tener una agenda en común”. Sin embargo, por lo bajo apuntaban otra vez a la necesidad de “mostrar rapidez para sancionar la emergencia ocupacional”, dejando en el aire el resultado de la reunión.
Fuente:Pagina12


El boicot a los supermercados convocado para el jueves sumó adhesiones gremiales y políticas
Resumen Latinoamericano / Telam / 06 de abril de 2016 -
LA INICIATIVA “SÚPER VACÍOS” REUNIÓ ADHESIONES DE LA CGT QUE RESPONDE A HUGO MOYANO, LA CTA DE HUGO YASKY Y LA FUBA, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LOS DIRIGENTES POLÍTICOS QUE PARTICIPARON DEL ACTO.

El boicot a grandes cadenas de supermercados programado para el jueves bajo el lema “Súper Vacíos”, organizado por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Asociación de Consumidores Libres, formalizó hoy adhesiones del ámbito político y sindical, con críticas a los empresarios y al Gobierno. 

En una conferencia de prensa en la sede de la CTA Autónoma, conducida por Pablo Micheli, la iniciativa “Súper Vacíos” reunió adhesiones de la Confederación General del Trabajo (CGT) que responde a Hugo Moyano, la CTA de Hugo Yasky y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), así como también de los dirigentes políticos que participaron del acto. 

La diputada nacional y líder de GEN, Margarita Stolbizer; el senador nacional y titular de Proyecto Sur, Fernando Solanas; la diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda y el diputado provincial santafesino Rubén Giustiniani formaron parte de la adhesión política a la iniciativa y acompañaron con sus discursos en la sede de la CTA. 

“Estamos en camino de avanzar en un plan de acción” porque hay “mucha preocupación” y, “sin ocultar las diferencias” de los espacios políticos presentes “tenemos un gesto de madurez para hacer el boicot”, afirmó Micheli.

El gremialista agregó que existe un “abuso en el encarecimiento” de los productos, exhortó a “todos los argentinos” a participar de la acción colectiva y consideró que “permitirá continuar en este avance importante entre sectores diversos”.

“Que (la actividad del jueves) sirva para que los supermercados sepan que no pueden seguir abusando”, manifestó Micheli, quien concluyó en una crítica hacia el Gobierno, que “no puede estar ausente de esta manera”. 

El responsable del área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, uno de los impulsores de la medida junto a Héctor Polino y Micheli, aseveró que “no puede haber una sociedad que le dé menos a los que más necesitan y lo aceptemos pacíficamente”. 

Semino señaló también la imposibilidad de los jubilados de costear con su haber el costo de los alimentos y de los medicamentos. 

A su turno, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, resaltó que la iniciativa provino originalmente de la CTA y explicó que el boicot “no tiene por finalidad afectar el nivel de rentabilidad de las grandes cadenas sino demostrar de manera pacífica y solidaria que los consumidores están hartos y disconformes con las constantes remarcaciones” de precios. 

“Pretendemos ante el éxito que tendrá la medida que el Gobierno tome cartas en el asunto y se decida a cumplir con las leyes de defensa del consumidor, lealtad comercial, abastecimiento y cree un observatorio de precios, además de sancionar a conductas antisociales que lesionan la calidad de vida del pueblo”, añadió el ex diputado socialista. 

Donda, por su parte, señaló que “los formadores de precios distorsionan los precios para seguir llenándose los bolsillos y concentrando más la riqueza”, y agregó: “Este también es un reclamo hacia el Gobierno porque es quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo políticas públicas que garanticen a cada habitante del país una alimentación que haga posible su vida”.

La legisladora acusó al Gobierno de “permitirle a los formadores de precios hacer lo que quieran”, de sostener la “decisión política de que haya pobres y chicos con hambre” y de fomentar que eso suceda, ya que “no es una cuestión de la mano invisible del mercado”.

El titular de la Federación Agraria, Omar Príncipe, también apoyó la medida y afirmó que “los productores no somos formadores de precios ni generamos inflación” y señaló que “también hay responsabilidad del Estado, que tiene que poner en forma urgente en su agenda una reforma impositiva”. 

Asimismo, Stolbizer manifestó que “la sociedad hoy está acuciada por la problemática del empleo, la depreciación de salarios, y la no modificación del impuesto a las ganancias”, que son “cuestiones vinculadas”.

“Hay una agenda social desatendida y el Gobierno tiene su escala de valores en otra prioridad: decidieron que es mas importante, porque es más marketinero, promover un protocolo de persecución de las protestas sociales en lugar de atender las problemáticas que son las que generan las protestas”, acotó. 

“La actualidad es una consecuencia de la continuidad de una misma politica: han cambiado figuras pero el sistema tributario sigue siendo el mismo, agravado por una mayoría de medidas inmediatas que beneficiaron a los sectores mas pudientes”, criticó. 

Por último, Giustiniani estimó que “el jueves habrá una sorpresa porque hay mucha bronca de los sectores populares; cada día los precios se disparan y alcanza para menos con lo que se gana” al explicar que “hubo una combinación de devaluación, suba de tasas de interés, tarifazos y aumento indiscriminado de los precios, que no tiene otro nombre que ajuste salvaje sobre los sectores populares”.
Envío:ResumenLatinoamericano 



EL ESTUDIO BEIN ESTIMO QUE EN MARZO LOS PRECIOS SUBIERON 4,8 POR CIENTO
La inflación no tiene techo
Los mayores incrementos se registraron en educación y salud. En tres meses el incremento acumula 11,8 por ciento. La consultora anticipó que para abril el piso será de 5,4 puntos sólo por tarifas. El resto de las mediciones también relevó fuertes subas.
El rubro educación trepó en marzo un 24,3 por ciento por las cuotas de los colegios.
Imagen: DyN
Los precios minoristas avanzaron 4,8 por ciento en marzo, según un relevamiento del Estudio Bein. Es la mayor suba registrada por la consultora desde que la inflación trepó como consecuencia de las promesas de devaluación que realizó el macrismo durante la campaña electoral a fines de 2015. En noviembre el indicador había registrado un 2,9 por ciento, en diciembre un 3,8; en enero un 2,8 y en febrero un 3,7 por ciento, lo que deja en evidencia que la suba de precios se sigue acelerando, en esta ocasión debido a las fuertes subas en educación, salud, vivienda e indumentaria. El dato coincide con el 4,83 que informó el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT que dirige Hugo Moyano. A su vez, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz relevó un aumento de 6,6 por ciento, la consultora Elypsis dijo que los precios treparon 3,3, mientras que FIEL aseguró que la canasta de pobreza se encareció 6 por ciento y la de indigencia 5,5 por ciento. La única consultora que se mostró moderada fue T&A, dirigida por Camilo Tiscornia, que informó un aumento de “apenas” 2,5 por ciento. El Indec, por su parte, continúa con un inédito apagón estadístico desde que el economista Jorge Modesta se hizo cargo de la conducción del organismo.

El informe de Bein detalla que en lo que va del año los precios ya treparon un 11,8 por ciento y en la comparación interanual la suba trepa al 33,7 por ciento. La suba mensual estuvo liderada por un fuerte incremento en educación de 24,3 por ciento que se explica por el ajuste en las cuotas de los colegios privados y no incluye la mejora en los sueldos de docentes que computará en el índice de abril. En segundo lugar se ubicó el rubro salud que trepó 6,4 por ciento. En este caso, el aumento incluyó una suba de 9 por ciento acordada en las cuotas de la medicina privada y en el informe se aclaró que se decidió no computar el doble incremento que se registró en el mes (producto de la demora en la implementación de la suba de febrero) para no generar volatilidad en el índice.

El tercer lugar quedó vivienda con un ajuste de 5,5 por ciento que se debe al cómputo del 20 por ciento remanente de la tarifa eléctrica, dado que según la resolución y hasta tanto no se conozcan los consumos de la población para determinar los ahorros, se estableció que las distribuidoras sólo podían. El otro rubro que se ubicó por encima del nivel general fue indumentaria con un ajuste de 5,4 por ciento por el cambio de temporada. El resto de los capítulos exhibió variaciones que se ubicaron por debajo del nivel general: Transporte y Comunicaciones (4,6 por ciento), Alimentos y Bebidas (3,2), Equipamiento y Mantenimiento del hogar (2,3) y Esparcimiento (1,6 por ciento).

El informe de Bein aclara además que los nuevos anuncios de subas de tarifas en transporte gas y agua recién impactarán en el índice de abril. No obstante, la consultora estima que el ajuste de 100 por ciento en los boletos de colectivo y trenes, 67 por ciento en subtes, 295 por ciento en agua y 270 por ciento promedio en gas, agregarían a la tasa de inflación 5,4 puntos en abril y un 0,5 puntos de arrastre en mayo. No obstante, el informe aclara que probablemente el índice oficial de la Ciudad de Buenos Aires, tomado como referencia por el gobierno en lugar del Indec, probablemente arroje una cifra menor, sobre todo tomando en cuenta lo que hizo con los aumentos de febrero. En esa ocasión la suba de la tarifa eléctrica fue de 550 por ciento y de 450 cuando se computaba la tarifa social, pero la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad incorporó en el índice una suba promedio de sólo 250 por ciento.

El resto de las consultoras también informó fuertes ajustes en marzo. Elypsis dijo que trepó 3,3 por ciento y en términos interanuales llega a 34,1 por ciento, mientras que para FIEL Una familia tipo necesitó en marzo ingresos por 8179 pesos para no caer en la pobreza, lo que implica un alza de 6 por ciento contra febrero, y en el último año una suba de 37,1 por ciento. Según sus cálculos, la Canasta Básica Alimentaria de la
Ciudad de Buenos Aires –con la que se mide el nivel de indigencia– para un matrimonio con dos hijos alcanzó en marzo un valor de 4.402 pesos, lo que significa una suba de 5,5 por ciento frente a los 4172 pesos del mes anterior. A su vez, la CBA sumó en el primer trimestre del año incremento de 11,85 por ciento, y en los últimos doce meses trepó 34,9 por ciento.
Fuente:Pagina12

Las estadísticas oficiales desmienten el relato macrista
Mentiras sobre la “pesada herencia” caen a pedazos
07/04/2016
Por Esteban Guida (*)
Los datos dados por Jorge Todesca dejan sin fundamento estadístico las afirmaciones del presidente.
Los datos dados por Jorge Todesca dejan sin fundamento estadístico las afirmaciones del presidente.
El principal justificativo de las medidas que el gobierno de Mauricio Macri está tomando, con fuerte impacto en las familias de menores ingresos y de los trabajadores en general, es la supuesta “pesada herencia” que dejó el gobierno anterior. El coro de voces, que al unísono divulgan con la ayuda de los medios masivos de comunicación, intenta explicar que estas medidas son el remedio amargo que debe tomar una economía enferma para salir de la agonía terminal provocada por un estado ineficaz.

Este relato se apoya en declaraciones que, en muchos casos, carecen de fundamentos y que, con el correr de los días, éste se va cayendo con la fragilidad de un castillo de naipes. 

Lo llamativo es que quien termina desmintiendo las declaraciones de los funcionarios y funcionales macristas, son las propias estadísticas oficiales que emite el gobierno nacional a través de sus distintos organismos, por ejemplos: el cálculo del Déficit Fiscal del Sector Público Nacional y del Producto Bruto Interno argentino (PBI) y la cantidad de Reservas Internacionales en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El ministro de economía, Alfonso Prat Gay fue el primero en declarar que el déficit fiscal que dejaba el gobierno anterior superaba el 7 por ciento del PBI. Sin embargo, la publicación del dato oficial, utilizada por el mismo presidente Macri, estableció un déficit primario del 5,4 por ciento del PBI. A simple vista, esto ya muestra casi dos puntos menos que lo declarado por el ex JP Morgan.

Sin embargo, no hay que pasar por alto que en diciembre de 2015 se modificó la usual metodología del cálculo de gastos e ingresos del Sector Público que respondía a criterios definidos por organismos internacionales. Ahora, el cálculo decidido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (ex Ministerio de Economía) excluye del conjunto de Ingresos corrientes del Sector Público Nacional (entiéndase como el Estado Nacional) las rentas provenientes del BCRA y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, algo paradójico ya que según la Carta Orgánica del BCRA, el Estado Nacional es el único dueño del Banco Central, y, como es lógico, las ganancias del banco van a su dueño, o sea, el Estado.

Por otra parte, también incluyó en su cálculo del déficit fiscal la denominada “Deuda Flotante”, que son las obligaciones de pago pendientes de ejercicios anteriores con sus correspondientes actualizaciones de costos, y que representan un movimiento contable “habitual” porque se computan año tras años. En consecuencia, si se quisiera sumar estos gastos, habría que descontar los que pagos que se hicieron en 2015 pero que correspondían al año anterior.

Con respecto al PBI, la idea de una “economía que lleva años sin crecer” quedó totalmente derrumbada. El pasado 30 de marzo el “ahora creíble” INDEC dirigido por el macrista, Julio Todesca, publicó los datos del producto para el año 2015 y, lejos de presentar guarismos negativos, registró un crecimiento del 2,1 por ciento respecto al año anterior, duplicando las proyecciones de organismos internacionales para el promedio de países latinoamericanos.
Agregando los años anteriores (que forman parte del relato de la “pesada herencia”) se observa que, con los mismos datos publicados por la entidad oficial, el PBI argentino creció entre el año 2011 y el 2015 un 6 por ciento (a precios constantes), dato que deja sin fundamento estadístico la afirmación del señor presidente, respecto a que la Argentina lleva 4 años sin crecer.

El tercer ejemplo citado, tiene que ver con las Reservas Internacionales en el Banco Central cuyas arcas, según algunos famosos comunicadores, “el gobierno anterior había dejado totalmente vacías”. En efecto, muy lejos de tal falacia, el propio BCRA, dirigido por el macrista, Federico Sturzenegger, ha publicado la cifra de Reservas Internacionales, que al 10 de diciembre de 2015 era de 24.862 millones de dólares, nivel semejante al que se registra actualmente, si se omitiera el reciente ingreso de 5.000 millones de dólares que se obtuvo cambiando deuda interna por compromisos externos de corto plazo con un grupo de banco privados.

En efecto, las estadísticas oficiales del gobierno de Cambiemos, están aportando información suficiente para afirmar que la pesada herencia no es, precisamente, aquella que pintaba un país “desbastado”; además, ayudan a espejar con objetividad el encasillamiento banal que se suele hacer, entre defensores y críticos de un gobierno, que impide observar lo que verdaderamente importa.

Lo paradójico es que, muy lejos de observarse las bondades del “shock de confianza” que se auguraba con la llegada del nuevo gobierno, el presente empieza a mostrar que, cualquiera haya sido la “herencia”, la gran mayoría empieza a sentir el rigor del ajuste, mientras algunos pocos festejan con alegría un nuevo tiempo de acumulación.
(*) fundación@pueblosdelsur.org
www.pueblosdelsur.org

Fuente: El Eslabón
Fuente:RedaccionRosario



Macri no cumplirá promesa de pagar a fondos buitre este 14 de abril
Resumen Latinoamericano / Telesur / 06 de abril 2016 – 

La negociación de una postergación del plazo implicará cambios en los términos de los acuerdos por parte de los acreedores. Aunque el Gobierno de Mauricio Macri se comprometió a pagar este 14 de abril a los fondos buitre, ahora el ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, reconoció que no se podrá cumplir con lo previsto, por lo que se negociará una postergación del plazo. 

Este anuncio confirma la sospecha de que Argentina tendría que prorrogar la fecha a cambio de un alto costo financiero para el país. Los trámites para esta nueva negociación comenzarán este miércoles a sólo siete días de que se cumpla la fecha prevista en el acuerdo firmado con los cuatro demandantes liderados por NML, de Elliot Management. Fuentes cercanas a los holdouts (buitre) revelaron que estos están de acuerdo con una prórroga, debido a que la urgencia para pagar debería ser de Argentina. 

Además, según la visión que mantiene el grupo acreedor la reconsideración del plazo debe venir acompañada de cambios en los términos del acuerdo. La fecha de pago en efectivo del 14 de abril quedó establecida en el consenso alcanzado en febrero. 

El Congreso autorizó a Macri para endeudar al país con 12 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional y poder pagar a los buitre, lo que implicó la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano con las que la expresidenta Cristina Fernández blindó la economía ante esta deuda. 

Los fondos buitre esperaban que Argentina realizara el pago en efectivo el 14 de abril, según la fecha prevista en el acuerdo firmado a fines de febrero. Al parecer el grupo de capitales NML que obtendrá ganancias por mil 200 por ciento por encima de lo que le costó comprar los bonos de deuda está dispuesto a ampliar los plazos previstos en el acuerdo firmado. 

En contexto 
El Gobierno argentino espera un fallo favorable que permita pagar a los holdouts con bonos a 5, 10 y 30 años. En caso de que la decisión de la Cámara de Apelaciones sea contraria a la tomada por el juez Thomas Griesa, entonces no se realizaría el pago

En su momento, Griesa había fijado dos condiciones para levantar las restricciones: que se le pague a todos los holdouts que llegaron a un acuerdo con el país hasta el 29 de febrero, y que se apruebe el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, además de avalar la oferta a los holdouts. 

Estaba previsto que para el 11 de abril, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, iniciara una gira por Europa y Estados Unidos, junto a los bancos que colocarán los bonos. Entre 2011 y 2012 los fondos buitre, conformados por diferentes acreedores extranjeros, reclamaron el pago de la deuda de 1 mil 300 millones de dólares, el 100 por ciento de la misma deuda adquirida por Argentina.
Envío:ResumenLatinoamericano

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