El fiscal Federal Federico Delgado solicito investigar al presidente por el escándalo de los Panamá Papers
Resumen Latinoamericano / Página12/07 de abril 2016.-
El fiscal federal Federico Delgado decidió impulsar la acción penal contra el presidente Mauricio macri por presunta “omisión maliciosa” en su Declaración Jurada a raíz de la revelación de que participó en dos empresas offshore en Panamá y las islas Bahamas.
La resolución quedó ahora en manos del juez Sebastián Casanello, a quien el fiscal le requirió una serie de medidas de prueba, al tiempo que planteó que se investigue si se pueden haber cometido otros delitos.
Ayer el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez presentó una denuncia contra el mandatario por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
“En este caso habrá que determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, sostuvo Delgado en el requerimiento que fue girado a Casanello.
En declaraciones a Radio Continental, el fiscal explicó que “a efectos de llevar adelante la pesquisa, la fiscalía sugiere que se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos”, en referencia a la investigación Panamá Papers difundida el domingo pasado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).
Delgado remarcó que se deberá requerir “a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri” y solicitar al titular del organismo, Alberto Abad, “un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore”.
“Como primer paso hay que chequear si Macri, con intención y voluntad, omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante”, indicó. Como parte de la filtración internacional conocida como Panama Papers, en la que intervinieron más de 300 periodistas de todo el mundo, se conoció que Macri era vicepresidente de la empresa Fleg Trading, cuyo presidente era Franco Macri.
La información provino de los documentos internos del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca, a quien se vincula a la creación de sociedades offshore para ocultar patrimonios y otros posibles delitos.
La creación se trianguló, además, con un estudio de contadores uruguayos. Tanto el Presidente como su padre sostuvieron que la empresa era para hacer inversiones en Brasil. También aseguraron que nunca fue utilizada en los diez años que existió (la cerraron, dijeron, en enero de 2009).
El Gobierno filtró parte de la declaración jurada a la AFIP de Franco Macri, pero los documentos no probaron que el Presidente no fuera accionista, que no existieron operaciones a través de esa empresa, que no tenía una cuenta asociada ni tampoco que haya sido cerrada. De todas formas, insistieron en que Macri no recibió ni un peso y que por eso no era necesario que lo asentara en sus declaraciones juradas.
La segunda empresa de la que Macri participó (o participa) es Kagemusha, radicada en Panamá. En este caso, el mandatario también figura como vicepresidente, según consta en el Registro Público de Panamá. Sobre esta segunda compañía el Gobierno no ofreció ninguna explicación.
Panamá Papers: las ocho firmas offshore del hermano de Macri
Por Redacción APU / Resumen Latinoamericano/ 07 de Abril 2016.-
El hermano del presidente aún tiene ocho cuentas activas en un paraíso fiscal en Panamá. La mayoría fueron creadas apenas dos días después de que Mauricio Macri se convirtiera en Jefe de Gobierno porteño en 2007.
Tras el escándalo mediático que vincula al presidente argentino Mauricio Macri con cuentas de empresas “fantasmas” en el exterior, transcendió a la prensa la información de que otros miembros de su clan familiar también poseen sociedades en paraísos fiscales.
El caso más sorprendente es el de Gianfranco Macri, hermano del presidente. Cuenta en la actualidad con ocho firmas offshore activas en Panamá.
La mayoría de las empresas fueron constituidas apenas dos días después de que el actual Presidente se convirtiera en Jefe de Gobierno porteño en 2007.
Gianfranco no figura en el directorio de Fleg Trading, otra empresa “fantasma” donde si figura el resto del clan familiar que incluye al presidente, a Franco (padre) y a Mariano (hermano menor).
Gianfranco y Mauricio, por su parte, figuran como directores de Kagemusha SA desde hace 35 años. Por otro lado, el hermano del presidente dirige también otras siete empresas “fantasmas”.
Las firmas de Gianfranco fueron creadas en la primera quincena de septiembre del año 2007 bajo los nombres OpeDe Joy B28 Corp, Le Mare A18 Corp, Serenity C44 Corp., Yoo H45 Corp. y Office One G11 Corp.
Ahora, la Justicia decidió comenzar una investigación sobre Mauricio Macri por lo revelado por “Panama Papers”.
En la boca de todo el mundo.
REPERCUSIONES EN LA PRENSA INTERNACIONAL POR MACRI EN LOS PANAMA PAPERS
Resumen Latinoamericano / Página12 / 7 de Abril 2016.-
La aparición del presidente argentino en dos empresas offshore en Panamá llegó a la primera plana de The New York Times. Lo consideró uno de los acusados más comprometidos. La cadena de noticias CBS tituló “Anillo de corrupción” y eligió el rostro de Macri para ilustrar.
El diario The New York Times consideró que el caso del presidente argentino Mauricio Macri representa una de las “acusaciones más graves” reveladas por la investigación denominada Panama Papers. El artículo del diario estadounidense resaltó que tanto el mandatario argentino como otros altos líderes políticos usaron los paraísos fiscales para “proteger su vasta riqueza”. El eco argentino del megaescándalo internacional también fue cubierto por otros medios de diferentes países.
En una nota firmada por Liam Snack el diario estadounidense respondió al interrogante sobre cuáles son las acusaciones más graves hechas por los artículos, y destacó que casi 215 mil empresas ficticias y 14.153 clientes estaban atados a Mossack Fonseca, se unieron 143 políticos, sus familiares y estrechos colaboradores, incluyendo 12 líderes políticos de alto rango, a la utilización de paraísos fiscales para proteger su dinero. “Entre los nombrados se encontraron el presidente de Argentina Mauricio Macri, el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el premier de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el primer ministro de Paquistán, Nawaz Sharif, el rey Salman de Arabia Saudita, el antiguo emir de Qatar Hamad bin Khalifa al Thani, y su ex primer ministro Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, además de la estrella de fútbol argentino Lionel Messi”.
También la cadena CBS colocó a Mauricio Macri en el podio de las acusaciones, al poner su foto junto a la de Poroshenko y a la del rey de Arabia Saudita, bajo el título: “Anillo de corrupción”.
Por otro lado, el portal francés Liberation también focalizó en la responsabilidad del presidente argentino en una nota titulada “Fútbol y evasión fiscal, los dos deportes nacionales en Argentina”, en la que asegura que los argentinos no “han podido reaccionar” ante el hecho de que “su flamante presidente, quien se proclama portavoz de la lucha anticorrupción” haya aparecido en los Panama Papers.
Por su parte, con una manifestación de millonarios con pancartas que dicen “Je Suis Panamá”, la revista satírica Charlie Hebdo se burló del escándalo mundial tras la revelación de miles de documentos confidenciales que difundió el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).
Ya en el plano de la ironía, la casa de apuestas Paddy Power propuso anticiparse a la decisión de los políticos involucrados en el escándalo y apostar para ver quién renuncia primero. Y el favorito resultó ser el presidente Mauricio Macri, que paga 8 a 1.
Lo siguen el primer ministro de Paquistán Nawaz Sharif (10 a 1), y el presidente de Ucrania Petro Poroshenko (12 a 19. El cuarto es el primer ministro del Reino Unido David Cameron, que al igual que Macri utilizó a su padre para argumentar su inocencia.
Los siguen los presidentes de Francia Fraçois Hollande, de Rusia Vladimir Putin (aunque quien figura en los Panamá Papers es un colaborador suyo), y de China, Xi Jinping, con 33 a 1.
Panamá Papers: El primer cacerolazo contra Macri
Resumen Latinoamericano / InfoNews/ 07 de Abril 2016.-
Tras el discurso del Presidente, miles de manifestantes salieron a las calles en Plaza de Mayo, Mar del Plata y Rosario.
El presidente Mauricio Macri brindó esta tarde un discurso en Casa Rosada donde anunció que se presentará voluntariamente a la Justicia para que se “certifique” su responsabilidad en las cuentas off shore descubiertas en los Panama Papers y por la cual fue imputado por el fiscal Federico Delgado.
Sin embargo, tras el discurso, miles de personas se autoconvocaron en Plaza de Mayo y en otros ciudades como Mar del Plata y Rosario., disconformes por la actitud del mandatario Los manifestantes se congregaron con el objetivo de pedir mayor transparencia ante el escándalo de los Panama Papers y rechazar el ajuste y los miles de despidos que está llevando a cabo la gestión de Cambiemos en estos cuatro meses de gobierno.
PANAMA PAPERS EN ARGENTINA
PANAMACRI
Por Werner Pertot
El fiscal Delgado puso en marcha, y el juez Casanello le dio curso, a la investigación judicial de la responsabilidad del Presidente por sus sociedades offshore en paraísos fiscales. Después de la imputación, Macri dijo que irá a la Justicia.
INVESTIGAN AL PRESIDENTE MAURICIO MACRI POR SU VINCULACION CON DOS SOCIEDADES EN PARAISOS FISCALES
Las offshore, de Panamá a Comodoro Py
El fiscal Federico Delgado imputó al Presidente y pidió medidas de prueba. El juez Sebastián Casanello ya dio curso a la causa. Ayer se presentó una segunda denuncia ante la Procuraduría de Lavado de Activos. Macri salió a contestar.
Por Werner Pertot
“No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada”, afirmó el presidente Mauricio Macri.
El juez federal Sebastián Casanello avanzó en las primeras medidas de prueba en la causa que se inició contra el presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas a raíz de que se conoció que el mandatario formó o forma parte de dos empresas radicadas en paraísos fiscales. La denuncia fue iniciada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, quien hizo la presentación tras comprobar que se cerraban las vías de investigación en el Ejecutivo y el Legislativo. El fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y pidió una serie de medidas para determinar si Macri incurrió en un delito al no mencionar estas empresas. Además, solicitó que se analice la actividad de esas compañías para ver si Macri u otros socios habrían cometido otros crímenes. En tanto, el abogado Eduardo Barcesat presentó una segunda denuncia ante los fiscales que investigan lavado de dinero, que será remitida a Casanello.
Desde el Gobierno, salieron al contraataque: “No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada”, afirmó el presidente, que dijo que estaba a disposición de los jueces. Indicó también que se iba a presentar ante la Justicia civil y que creará un fideicomiso ciego con sus bienes
Los papeles
El escándalo de las empresas offshore se inició con la filtración internacional conocida como “Panamá Papers”, que fue organizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Se trata de 11,5 millones de documentos internos de un estudio de abogado de Panamá, Mossack Fonseca, que se especializa en constituir sociedades en paraísos fiscales para eludir los controles sobre el patrimonio.
Entre esos documentos, uno reveló la existencia de una empresa radicada en las Islas Bahamas llamada Fleg Trading, de la que participaba Macri como vicepresidente, mientras que su padre era el presidente. La empresa fue creada en 1998 a través del estudio de abogados en Panamá y de otro estudio de contadores en Uruguay.
Tanto Macri como su padre sostuvieron que era para hacer inversiones en Brasil, aunque nunca detallaron el motivo de la triangulación desde Argentina a Uruguay-Panamá-Bahamas. El presidente aseguró que su padre la había declarado ante la AFIP, pero las declaraciones juradas que el oficialismo filtró a la prensa no acreditan esto. Tampoco mostraron pruebas de que la empresa se haya cerrado en enero de 2009, como afirmó el presidente, ni detallaron quiénes son los accionistas de esa compañía.
Se limitaron a decir que Macri no es accionista, ni recibió ninguna suma de dinero como vicepresidente y que por eso no tenía por qué incluirla en sus declaraciones juradas. Y enviaron los papeles a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que preside Laura Alonso, para que ratifique esto mismo. Alonso ya dijo que considera que Macri no cometió ningún delito.
Una segunda empresa, radicada en Panamá, lo tiene a Macri como vicepresidente. Se llama Kagemusha y fue creada en 1981 en ese paraíso fiscal. Su objeto social le permite hacer casi cualquier actividad. El Gobierno no dio, hasta ahora, ninguna explicación sobre esta segunda empresa, que tampoco figura en las declaraciones juradas del presidente.
A la defensiva
A raíz de la imputación, el Gobierno salió ayer a responder con todo lo que tenía en una exposición de Macri en Casa Rosada, en la que no se aceptaron preguntas de los periodistas. “Sé que hay una gente preocupada por esta denuncia de los Panamá Papers. Estoy muy tranquilo. No soy accionista, como director no recibí ningún tipo de retribución. Hice las declaraciones juradas en forma correcta. Llevé estos papeles a la Oficina Anticorrupción. He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar”, reiteró Macri ayer. Página/12 solicitó la documentación en reiteradas oportunidades y recibió una negativa por parte del Gobierno, que ayer presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información.
“Me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir una declaración de certeza. No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada. Estoy a disposición de cualquier otro juez”, indicó el presidente, como quien no quiere la cosa. Señaló que va a incluir sus bienes en un fideicomiso ciego mientras esté frente a la función pública.
Imputado e investigado
El diputado Martínez presentó una denuncia penal contra Macri por presunto lavado de dinero y evasión impositiva ante la falta de explicaciones convincentes del Ejecutivo y la ausencia de documentos que prueben sus dichos. Martínez señaló que el envío de los documentos a Alonso, quien ya adelantó su opinión, no es confiable y recordó que el Congreso intentó avanzar en citar al presidente, pero el oficialismo bloqueó esa posibilidad. En su denuncia, advirtió que ese tipo de empresas “se forman con el único propósito de lavar dinero”.
La denuncia se sorteó y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Federico Delgado. El juez le corrió vista al fiscal y este último preparó el requerimiento de instrucción en menos de 24 horas. Delgado advierte que “no se le escapa la relevancia institucional de quien devino imputado”. “No obstante, la actividad judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, escribió Delgado, quien recordó que la figura penal se incorporó como parte de los compromisos internacionales de la Argentina para luchar contra la corrupción.
Como segundo paso, el fiscal advirtió que debe establecerse “si la ‘vida social’ de las empresas infligió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones políticas sobre ello. Pero aún así el trabajo de la Justicia es determinarlo”. Delgado solicitó, en este sentido, que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Delgado sugirió una batería de medidas de prueba, que deberán ser aprobadas por el juez Casanello: solicitar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) un “amplio informe” sobre las dos empresas, Fleg Trading y Kagemusha; pedir a la AFIP las declaraciones juradas de Macri y solicitarle a su titular, Alberto Abad, un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore. También aconsejó pedir opinión a la Oficina Anticorrupción y las Facultades de Derecho de la UBA y la Universidad Di Tella sobre si Macri debía incluir esa empresa “a la luz de la Ley de Ética Pública”.
Casanello tampoco perdió el tiempo: ya tomó las primera medidas de prueba. Convocó al diputado Martínez para que ratifique su denuncia, citó al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon –uno de los que tuvo acceso a los documentos de Panamá, junto con Mariel Fitz Patrick, de Canal 13–, y Silvia Martínez, una asesora de Margarita Stolbizer especializada en la Inspección General de Justicia (IGJ). También requirió información a la secretaría de Lucha contra la Corrupción.
Fuga de capitales
El abogado Eduardo Barcesat, junto a Arístides Corti y Jorge Cholvis del Instituto Enrique Sampay, presentó una segunda denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que conduce Carlos Gonella. La Procelac se lo remitirá a Casanello.
El escrito apunta contra Macri y otros funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos que “podrían configurar evasión fiscal o lavado de dinero proveniente de actos ilícitos”, dado que se trata de empresas offshore cuyos fondos provendrían de actividades en la Argentina “pero cuyas ganancias han sido desviadas a paraísos fiscales en presumible carácter de fuga de capitales”. Barcesat citó cifras de GAFI que indican que la cantidad de dinero sustraído a la economía argentina “podrían superar los 400 mil millones de dólares” y se refirió a la denuncia del ex vice del JP Morgan Hernán Arbizu sobre los mecanismos de evasión de grupos económicos a través de cuentas offshore de la filial suiza del HSBC. También indicó que los fondos buitre suelen utilizar sociedades en paraísos fiscales.
“La subsistencia de las sociedades offshore integrada por funcionarios argentinos en estos paraísos fiscales acredita que estamos en presencia de un delito continuado”, advirtió Barcesat quien, entre otras medidas, pidió que se cite a Arbizu, al ex titular de la IGJ Ricardo Nissen, al representante de Tax And Justice Network Jorge Gaggero y al ex titular de la UIF José Sbatella. También solicitó que se pidan a la AFIP, la OA, el Banco Central y la Auditoría General de la Nación toda investigación que hayan hecho sobre las empresas offshore.
Por último, Barcesat incluyó en su denuncia un correo electrónico de la titular de una ONG “Alerta Vida”, Rachel Holway, en el que detalla una causa al Grupo Socma que terminó en la Corte Suprema menemista con la absolución de Macri. A raíz de ese correo, Barcesat sugirió que se cite a Isabel Menditeguy, una de las ex esposas de Macri.
A Wolff tampoco le funcionó
“Nunca tuve participación accionaria en esa empresa. Y como la empresa nunca funcionó, nunca cobré un solo peso por esta empresa”, escribió en las redes sociales el diputado macrista y ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, para explicar su participación como director y tesorero en Massparking C.A.S.A. una sociedad inscripta en Panamá. Varios funcionarios y dirigentes del PRO aparecieron en los últimos días en registros de offshore e, invariablemente, la respuesta fue similar a la de Mauricio Macri: que el proyecto nunca funcionó, que no había ninguna cuenta corriente vinculada y que no tenían acciones, por lo que no correspondía que lo incluyeran en sus declaraciones juradas. Wolff, quien gusta aparecer en los medios hablando sobre la “corrupción K”, siguió el mismo libreto. Que Massparking SA fue en Argentina una de sus empresas –dedicada al rubro vial y estacionamiento– hasta que la vendió, en 2014, y entonces surgió la posibilidad de expandirse a Panamá. “Finalmente los proyectos en aquel país no prosperaron y la empresa quedó conformada, pero sin haber tenido una sola operación comercial”, repitió Wolff, con la misma mala suerte que todos los macristas con firmas en Panamá pero invariables fracasos comerciales.
Manifestantes en la Plaza de Mayo
Luego de la aparición del presidente Mauricio Macri para hacer algunos anuncios con los que buscó responder a la imputación judicial de ayer por su offshore en Panamá, varios grupos de personas comenzaron a juntarse espontáneamente en la Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno. Entre los motivos de rechazo que exhibían los manifestantes estaban los despidos, el aumento de tarifas, los aumentos de precios y la vinculación de Macri con los Panama Papers. También en Mar del Plata se juntó gente para protestar frente a la Catedral.
Fuente:Pagina12
BONFATTI SE EXPRESO SOBRE LA EMPRESA DE MACRI
"Se tiene que hacer responsable"
El presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, pidió que el presidente Mauricio Macri aclare cuál fue su real participación en empresas constituidas en un paraíso fiscal, cuando se trata de compañías radicadas en el exterior que se crean para evadir impuestos o tener dinero no declarado. "Si la compañía es de la familia, que es el argumento de Macri para justificar su participación en la firma offshore, igual se tiene que hacer responsable", remarcó Bonfatti. "Si no hay una ilegalidad al menos hay un principio ético que se ha violado", dijo el legislador socialista.
Respecto de la investigación conocida como Panamá Papers que involucra a Macri, entendió que "siempre es necesario que la Justicia actúe si hay casos de irregularidades" y si hay personas que cometieron ilícitos que tengan "la sanción que corresponde". Y manifiestó que "ningún santafesino que tiene un negocio de barrio o una pequeña o mediana industria tiene la necesidad de constituir una firma offshore".
"Entonces el Presidente de la Nación para qué la tiene (a la empresa fantasma), por qué alguien inscribe una sociedad en un paraíso fiscal", se preguntó Bonfatti. "Hablar de un paraíso fiscal es estar pensando, en eludir impuestos, tener dinero no declarado, con lo cual si no hay una ilegalidad al menos hay un principio ético que se ha violado. Los políticos no debemos tener ni violaciones éticas, ni morales, ni mucho menos ilegales".
En una ronda de prensa en la ciudad capital, el exgobernador pidió al Presidente que "rinda cuentas" sobre su proceder y remarcó que en más de 30 años de democracia el Partido Socialista no tiene hechos de corrupción en la función pública. "A los primeros que debe explicar lo que hizo (Macri), es a la sociedad argentina; más allá de que si la compañía offshore se utiliza o no se utiliza, porque si no se usó, por algo se la inscribió en un paraíso fiscal", indicó.
El presidente de la Cámara baja de Santa Fe también dijo que las explicaciones sobre la participación de Macri en una empresa offshore no la tienen que dar los funcionarios nacionales sino el propio Presidente. "Mucho menos Laura Alonso porque lo primero que tendría que haber hecho es investigar", señaló Bonfatti, en relación a la titular de la Oficina Anticorrupción y miembro del PRO, que se encargó de defender la postura oficial.
Consideró además que si la compañía radicada en el exterior no era del titular de la Casa Rosada sino de su familia, que es el argumento de Macri para justificar su participación en la firma offshore, igual se tiene que hacer responsable. "Si yo tengo una empresa familiar y creo que es inadecuado tener una inscripción en un paraíso fiscal, cuanto más digo: 'no me pongan dentro de la empresa'", opinó.
Fuente:Rosario12
MACRI SIGUE SIN DAR PRECISIONES SOBRE SU PARTICIPACION EN LAS EMPRESAS OFFSHORE
Varios anuncios y pocas explicaciones
El Presidente dijo que se presentará en la Justicia civil para pedir una “declaración de certeza” y que pondrá su fortuna en un fideicomiso ciego. Además, anunció el envío al Congreso de una ley de acceso a la información pública. “He informado la verdad”, dijo.
Por Sebastian Abrevaya
Macri en el Salón Blanco, acompañado por ministros, legisladores y funcionarios de Cambiemos.
Forzado por el inicio de una investigación penal en su contra, Mauricio Macri ensayó ayer una respuesta política al escándalo nacional e internacional desatado por Panama Papers. El Presidente dio un breve discurso en Casa Rosada en el que repitió los mismos argumentos que se difundieron mediante un comunicado oficial tras conocerse el domingo su participación en una sociedad offshore hasta 2009. “Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley, he informado la verdad y no tengo nada que ocultar”, aseguró Macri y adelantó que hoy se presentará ante la Justicia civil para solicitar una “declaración de certeza” respecto de la legalidad de sus declaraciones juradas. Además, volvió a decir que colocará su fortuna en un fideicomiso ciego, algo que había prometido tras ganar la elección en noviembre del año pasado y que hasta ayer no había concretado. Por último, el líder del PRO informó el envío al Congreso del proyecto de ley de acceso a la información pública, en el que el Ejecutivo venía trabajando hace meses.
Replicada en los diarios de todo el mundo, la decisión del fiscal Federico Delgado de imputar a Macri por el delito de omisión maliciosa chocó con la intención del macrismo de dar por cerrado el tema con las explicaciones brindadas el miércoles por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Ayer, ante un Salón Blanco poblado por buena parte del gabinete nacional, legisladores de Cambiemos y otros funcionarios, Macri volvió a referirse públicamente a sus sociedades offshore. “Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers, que ha salido y me ha involucrado a mí”, arrancó el Presidente. Repitió que no fue accionista de esas empresas, que no recibió ningún tipo de retribución y que hizo su declaración jurada “en forma correcta” desde que ocupó la Jefatura de Gobierno porteño. Además, señaló que envió la documentación correspondiente a la Oficina Anticorrupción, que encabeza la dirigente del PRO, Laura Alonso, quien ya defendió en las redes sociales el accionar del mandatario.
En paralelo a la investigación penal, el Presidente anunció que hoy se presentará en el fuero civil “para que un juez verifique” sus dichos y determine si ha habido alguna irregularidad en sus declaraciones juradas patrimoniales. Abogados y juristas cuestionaron que Macri recurra a la Justicia civil cuando no es competencia de ese fuero y ya tiene abierta una causa en el fuero penal. De todas maneras, el Presidente aclaró que estará “a disposición de cualquier otro juez que requiera información” para verificar sus dichos.
En ese contexto y tras unas palabras previas sobre la importancia de la confianza, la verdad y la transparencia, Macri anunció el envío al Congreso del proyecto sobre acceso a la información, que hasta la fecha está regulado mediante un decreto del ex presidente Néstor Kirchner de 2003. La iniciativa fue remitida ayer mismo al Parlamento y está previsto que su tratamiento comience en la Cámara de Diputados la próxima semana con la presencia del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, encargado de elaborar el proyecto. El ex dirigente de la Coalición Cívica fue uno de los funcionarios presentes en el anuncio de ayer, al igual que Peña, Garavano y otros ministros como Andrés Ibarra y Rogelio Frigerio. Otros asistentes fueron los diputados que trabajan temas de reforma institucional y transparencia como Karina Banfi y Carla Carrizo de la UCR y Fernando Sánchez, de la CC.
“Esta ley lo que busca es traer transparencia; traer participación porque no sólo se trata de que la gente sepa lo que se hace desde el Estado, sino que también pueda participar y opinar”, sostuvo Macri, que machacó con el discurso de “gobierno abierto”. Según el Presidente, la normativa permitirá que “cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en quince días, si no podrá ser sancionado”.
Sin ahondar demasiado, informó que se prevé la creación de una “oficina de acceso a la información” y habló de la necesidad de “terminar con la corrupción”. En ese contexto, promocionó como un “aporte” la creación del fideicomiso ciego, un instrumento financiero para que un tercero administre de manera independiente su patrimonio. “Esto ningún presidente lo había hecho y lo hago justamente porque no quiero que exista ninguna duda en nuestra relación, que vos no dudes ni por un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte, ayudarte a que salgas adelante, a que tengan un mejor futuro”, argumentó Macri, retomando el tono de la campaña electoral, cuando precisamente había dicho que si resultaba electo dejaría de administrar sus bienes. Esa misma herramienta la utilizó el ex presidente chileno Sebastián Piñera al asumir en el cargo.
Hasta la imputación, en el macrismo habían dado el tema por terminado. Sin embargo, después de conocida la decisión del fiscal, en la Casa Rosada se mostraron confiados en que la causa judicial contra Macri no prosperará, aunque tampoco negaban su impacto político.
Sus principales socios, la UCR y la Coalición Cívica, celebraron las declaraciones y las iniciativas de ayer. Elisa Carrió lo felicitó con un “muy bien” vía Twitter. “Los tres anuncios me parecieron muy bien y en la misma línea. El Presidente reaccionó con la madurez que requiere el cargo”, señaló en el mismo sentido Fernando Sánchez, uno de sus hombres más cercanos.
NORBERTO OYARBIDE PRESENTO SU RENUNCIA COMO JUEZ FEDERAL
Se abre una vacante codiciada
Tras veintiún años en la Justicia, Oyarbide supo sobrevivir a los diferentes gobiernos. Intervino en causas de alto voltaje político y afrontaba otro jury de enjuiciamiento.
Por Adriana Meyer
Ni antes ni ahora. Norberto Oyarbide, quien ayer renunció como juez federal luego de veintiún años de ocupar uno de los calientes despachos de los tribunales de Comodoro Py y cuatro décadas de carrera judicial, dijo que “jamás” recibió presiones de ningún tipo y que se va porque necesita “otras cosas” para su vida. El Ejecutivo tiene que decidir si le acepta la renuncia, pero teniendo en cuenta que el macrismo aspira a disponer de esa tentadora vacante en la Justicia federal, Oyarbide cumpliría su objetivo. En el Consejo de la Magistratura está en curso otro proceso de juicio político en su contra. Sin embargo, el saliente magistrado se adelantó y presentó su descargo por escrito sobre las medidas judiciales que suspendió luego de una comunicación con el anterior gobierno en una causa por lavado de dinero. Tras haber cumplido 65 años el 1º de enero, el controvertido juez de los moñitos que solía dialogar con cronistas en la puerta de su casa en Recoleta, que estuvo suspendido tres años acusado de proteger prostíbulos en connivencia con la Policía Federal y fue salvado por el peronismo en el Senado en medio de la conmoción mundial por el atentado a las Torres Gemelas, y que en uno de los expedientes de alto voltaje que pasaron por sus manos procesó a Mauricio Macri por espionaje, ahora espera que se concreten sus trámites para jubilarse.
Fue a sus empleados a quienes primero comunicó la decisión, en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, y después la oficializó ante el Ministerio de Justicia. Al rato, ante la prensa dijo: “Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final, necesito otras cosas para mi vida”. Y aseguró que “no hubo ningún ‘click’” que motivara su dimisión, sino que “esto llega, llega y llega, hay un agotamiento y un deseo de vivir la vida”.
Oyarbide mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario del área, Santiago Otamendi. Tras un lapso de pedido de informes, el ministerio enviará la renuncia al Presidente de la Nación para ser aceptada, lo que sucedería el 15 de abril, según informaron voceros oficiales. “Dejaré de ser juez el día que el señor Presidente acepte mi renuncia”, dijo ayer. Y recordó que estuvo “cinco años haciendo misión doble, en el juzgado federal 5 y en el 7, ahora a cargo del doctor (Sebastián) Casanello”. La mención no fue casual: como subrogante de ese juzgado Oyarbide procesó por asociación ilícita al entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
Por otra parte, el inicio de su trámite jubilatorio había coincidido con la citación del Consejo de la Magistratura, organismo que lo había llamado a una audiencia equivalente a una declaración indagatoria, en el marco de una denuncia de los diputados radicales Manuel Garrido, Mario Negri y José Cano por mal desempeño, acusado de haber levantado el allanamiento a una financiera tras el pedido de un funcionario nacional del anterior gobierno. En caso de que el plenario del Consejo iniciara un proceso acusatorio en breve se lo podría suspender, pero cuando Oyarbide obtenga la jubilación o su renuncia sea aceptada el proceso disciplinario cesará.
Al conocerse la noticia, la diputada nacional por la CC-ARI Elisa Carrió lo calificó como “el juez más corrupto de la Argentina” y afirmó que su renuncia “prueba el acuerdo” con el presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien acusó de ser el operador del macrismo en la justicia.
Además de la causa por las escuchas telefónicas ilegales que el macrismo implementó utilizando la estructura del gobierno de la Ciudad, Oyarbide también tramitó la de las irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos de construcción de viviendas sociales de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la de medicamentos adulterados en la que encarceló al dirigente bancario Juan José Zanola. En estos tres expedientes terminó apartado de las causas por decisión de sus superiores de la Cámara Federal porteña, quienes le dedicaron duras críticas a sus investigaciones. También pasó por sus manos la causa del supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, a quienes sobreseyó en 2009. La misma medida dictó al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa por las refacciones en su despacho del Senado, y fue acusado de “cajonear” causas contra ese funcionario, entre ellas una denuncia por presuntas anomalías en el manejo de fondos de la Anses y otra por sospecha de fraude en el canje de bonos de la deuda.
Oyarbide siempre pudo evitar la destitución. Sin embargo, estuvo tres años fuera del cargo durante el enjuiciamiento al que fue sometido por parte del Senado, y del que resultó absuelto en septiembre de 2001 con el voto del justicialismo. Tres jueces habían pedido su destitución por falta de ética, tras haber concurrido a un prostíbulo, haber omitido denunciar el delito de promoción y facilitación de la prostitución y tráfico de influencias por parte de su amigo Luciano Garbellano, haber incurrido en inconductas en su vida privada, enriquecimiento ilícito y amenazas contra empleados del restaurante Mirasol. Pero los senadores decidieron que “no había pruebas suficientes en su contra para condenarlo, salvo su homosexualidad (sic)”. En cualquier caso la acusación más grave ya había quedado en el camino: cobrar a cambio de dar protección policial a prostíbulos en Buenos Aires. Tras haberse definido a sí mismo durante ese proceso como un “muerto político”, volvió triunfal a su despacho, el 12 de septiembre de 2001. Y casi todos recuerdan en Comodoro Py los aires de revancha, sobre todo ante la mirada de sus colegas, con que se paseaba por los pasillos.
Fuente:Pagina12
Por la resurrección de la ley de medios
08/04/2016
El presidente del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, anticipó que su bloque realizará una presentación judicial para pedir que se declare nula la sesión en la que la Cámara baja avaló los decretos que crearon el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y sepultaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras normas.
“La Alianza Cambiemos violó el reglamento, en una sesión nula de nulidad absoluta con el objeto de ratificar el DNU 267/2015 que deroga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, señaló el titular del bloque a través de un comunicado de prensa.
En ese sentido, afirmó: “La conducta del oficialismo en la Cámara de Diputados fue vergonzante, porque se votó casi a escondidas”.
Recalde dijo que “la sesión de ayer no tenía quórum para comenzar” y que “el reglamento es claro al respecto; sin embargo, con la sesión ya caída y viendo que el oficialismo igual seguía adelante, el bloque participó”.
“El engaño se perpetró en medio de una confusión generada por ellos: mientras nuestro bloque pedía el voto nominal -es decir el voto que identifica a cada diputado-, se habilitó rápidamente la votación a mano alzada”, aseveró.
Y agregó: “La realidad es que no querían quedar expuestos ante la opinión pública los nombres de los diputados que se prestaron a ratificar el DNU, lo que constituye una verdadera votación offshore”.
“Saben que son responsables del atropello a la libertad de expresión y que consagran privilegios a los medios hegemónicos, permitiendo operaciones poco transparentes en la compra y venta de medios de comunicación”, expresó el abogado laboralista.
Indicó también que “los diputados oficialistas ocultaron sus nombres detrás del ardid de votar esta norma ilegitima a mano alzada. Por suerte tenemos las filmaciones que muestran sus rostros; no tendrán impunidad frente al pueblo”.
Desde el oficialismo parlamentario restaron importancia a este planteo del FPV-PJ y ratificaron que la sesión se realizó dentro de los términos reglamentarios.
Fuente:RedaccionRosario
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