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Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Asociación Civil con Estatus Consultivo Especial ante el ECOSOC de la ONU Organización acreditada en el registro de OSC de la OEA Tel: (05411) 4372-8594 / 4373-0397, Fax: (05411) 4814-3714 - E-mail: apdh@apdh.org.ar Av. Callao 569, 3er Cuerpo, 1er Piso - (1022) Buenos Aires, Argentina www.apdh.org.ar Declaración | Los cómplices civiles también son genocidasLa Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudia la presencia del Ministro de Trabajo Nacional, Jorge Triaca, en la misa en memoria del cómplice civil de la dictadura Miguel Ángel Egea, uno de los tantos empresarios beneficiados por el Terrorismo de Estado e imputado en la causa “Robo de Bienes de la Armada”. Del mismo modo y con el mismo énfasis condena la audiencia concedida por el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, a Cecilia Pando, defensora del Terrorismo de Estado y de los represores, a los que considera presos políticos. Estas acciones no sólo afectan gravemente la dignidad de las víctimas de delitos de Lesa Humanidad. Ellas quebrantan la obligación del Estado de rendirles homenajes públicos y violan claramente los "Principios y directrices básicos de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", en especial los Principios 10, el 22 y el 23-e. La APDH manifiesta su profundo rechazo a estas y otras acciones del mismo tenor realizadas por distintos funcionarios del Gobierno Nacional en la convicción de que horadan la política de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo expresa una vez más su compromiso con la continuidad de los juicios de Lesa Humanidad y con el enjuiciamiento de la denominada “pata civil” del Terrorismo de Estado, resaltando que la tríada Memoria, Verdad y Justicia le dan vigor y fortaleza a la democracia. Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 Declaración | La APDH apoya la ley anti-despidos y repudia la ola de despidos masivos
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) considera necesaria en el actual contexto, la aprobación de una ley marco contra los despidos que en gran cantidad están afectando la vida del conjunto de los trabajadores. Repudia una vez más, la masividad de los despidos que se vienen produciendo tanto en el ámbito público como en el privado y recuerda que la Constitución Nacional garantiza la estabilidad plena del empleo público (art. 14 bis).
La resolución de las tensiones macroeconómicas acumuladas en los últimos años se está llevando a cabo a través de la articulación de los mecanismos coercitivos característicos del giro liberal conservador de la política económica en curso: una estripitosa devaluación, quita de retenciones para las grandes cerealeras y mineras, pago a los fondos buitres, disminución del gasto público y aumento de las tarifas de los servicios públicos. El actual gobierno decide aplicar estas políticas socioeconómicas a través del ajuste del salario del salario real de los/as trabajadores y el aumento del desempleo, lo que conducirá, indefectiblemente, a una recesión que perjudicará a los sectores populares. Diferentes Pactos y Tratados Internacionales, y en particular el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), sostienen una concepción integral de los derechos humanos mediante la obligación de los Estados de evitar la privación a sus pueblos del conjunto de los medios de subsistencia económicos, sociales y culturales necesarios para la reproducción y conservación de la vida humana en las condiciones que el desarrollo civilizatorio ofrece. Por todo lo expuesto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como entidad defensora de los derechos humanos caracterizados por su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e integralidad, afirma que la política económica llevada adelante por el gobierno del presidente Mauricio Macri vulnera el insustituible derecho al trabajo y como consecuencia el resto de los derechos que hacen a una vida digna. Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 Declaración | La APDH condena la destitución de la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación ante la destitución de Dilma Rousseff del cargo de Presidenta de la hermana República de Brasil a través de una nueva forma de “golpe parlamentario” que castiga duramente la vida democrática e institucional de ese país y la región toda, y que tiene como objetivo restaurar un orden conservador, tal como ha ocurrido en Honduras y Paraguay; fracasado en Venezuela, Ecuador y Bolivia por la espontánea resistencia social interna y la pronta solidaridad regional de pueblos y gobiernos surgidos de la voluntad popular en el continente.
No sorprende la reiteración de estos episodios que se inscriben en el marco de la ofensiva injerencista de las últimas décadas impulsada por los planes de dominación imperialista implementados por Estados Unidos y sus socios europeos, con el explícito propósito de revertir los avances logrados por el surgimiento de nuevos movimientos sociales por la vigencia integral de los derechos humanos, acompañados por gobiernos que han promovido la unidad, integración y autodeterminación regional, transformación progresista que cabalmente ha representado hasta ahora el ciclo iniciado en Brasil por Lula da Silva en el año 2003 y continuado por Dilma Rousseff. Por estas razones la APDH, fiel a su trayectoria pluralista y democrática, asume la iniciativa de promover una acción mancomunada con todos los organismos defensores de los derechos humanos junto a la igualdad y el progreso social en el marco de la democracia, a impulsar una campaña en favor de los derechos del pueblo hermano de Brasil y, consecuentemente, denunciar, repudiar y propiciar el no reconocimiento internacional a toda pretensión ilegítima de imponer un inconstitucional gobierno de facto. Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 Comunicado de Prensa | APDH entregó al Relator sobre Racismo de Naciones Unidas denuncias sobre la situación de Milagro Sala y sobre los mapuches en Chubut
En representación del Comité por la Libertad de Milagro Sala, María Elena Naddeo y Cintia Ruiz, ambas integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entregaron al Relator Especial de Naciones Unidas sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, la denuncia sobre la arbitraria e ilegal prisión de la dirigente social Milagro Sala.
El Relator se reunión en la sede del CELS con distintas organizaciones de derechos humanos para recibir denuncias y propuestas sobre la situación de las comunidades de los pueblos originarios y los afrodescendientes y senegaleses. María Elena Naddeo relató de manera minuciosa el proceso absolutamente contrario a derecho que la amañada justicia de la Provincia de Jujuy aliada al Gobernador Morales ha desencadenado contra Milagro Sala y las cooperativas del movimiento Tupac Amaru. Habló también de las obras importantes en la construcción de vivienda social, las escuelas, los polideportivos, centros culturales, obras realizadas con el trabajo genuino de miles de jujeños y en donde esta invertido el dinero recibido por las cooperativas. No tenemos duda de que el ensañamiento con que se persigue a la Tupac Amaru y a Milagro Sala - que permanece detenida desde el 16 de enero pasado - tiene que ver con un profundo sentimiento de discriminación que el poder político y económico de la Provincia tiene por el carácter de la Agrupación, humilde, indígenas y multicultural y, por si fuera poco, con una dirigente mujer. Las compañeras Naddeo y Ruiz entregaron una carpeta con documentación sobre los sucesos de la Provincia de Jujuy y además un informe sobre persecución a ciudadanos mapuches de la zona de Esquel provincia de Chubut sobre quienes se quiere hacer valer la ley antiterrorista y que son objeto de espionaje ilegal, según ha denunciado la regional Chubut de la APDH. Agradecemos el informe a María Elena Naddeo. |
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