por Arturo Helman
Se inició el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Corrientes, con el procesamiento a dos ex oficiales de la Gendarmería y cinco del Ejército, acusados de la desaparición de un militante y los secuestros y torturas a otros 11, vinculados a las Ligas Agrarias durante la dictadura cívica militar.
Los imputados son el ex jefe de la Agrupación Mesopotamia Sur de Gendarmería Nacional de Curuzu Cuatiá, Domingo José Issler; el ex jefe de la Sección Comando y Servicios del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional, Ángel Ricardo López Ferro; el ex jefe del Área 243 con sede en el Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, Guillermo Ramón Añaños; los ex jefes del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, Juan Carlos Medrano Caro y Alfredo Manuel Arrillaga; el ex Jefe de Sección de la Compañía de Ingenieros 3 de Monte Caseros, Julio Miguel Plazaola y el ex jefe del Cuartel de Vigilancia de Alvear, Julio Santiago Canteros.
A Issler se le imputa la autoría de siete privaciones ilegítimas de la libertad en la Agrupación Mesopotamia Sur, cometidas contra los militantes Carmen Cantero, Ana Olivo, Ramona Benítez, Jorge Eduardo Puntín, Claudia Ibarrola, Ana Lucía Vega y Pedro Tomasella.
A Ángel López Ferro se lo acusa de imposición de severidades y a Julio Canteros de ser partícipe necesario de la desaparición del contador Raúl Figueredo, en tanto que a Ramón Añaños, Medrano Caro, Arrillaga y Plazaola, le caben las acusaciones de autores y partícipes de privaciones ilegítimas de la libertad.
Vale señalar, el ex jefe de brigada Alfredo Arrillaga detenta ya dos condenas a perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad juzgados en el fuero penal federal de Mar del Plata.
En cuanto a las víctimas, Figueredo, quien permanece desaparecido desde el 30 de septiembre de 1977 cuando fue secuestrado en su casa de la localidad correntina de Alvear, sufrieron las privaciones ilegítimas de su libertad de las que se los acusan a los militares que están siendo juzgados, Teresa Rouvier Garay de Alisio, Benigno Anselmo Kloster, Miguel Galantini y Martín Diego Espinoza.
En razón de la avanzada edad de los acusados, el tribunal permitió que comparezcan por videoconferencia desde Bariloche el ex gendarme Ángel López Ferro y desde la Cámara Federal de Casación Penal en Buenos Aires Issler, Añaños, Medrano Caro, Arrillaga y Plazaola.
En tanto que sí presenció la jornada de debate en Corrientes el ex coronel Canteros. Durante las sucesivas audiencias de la pasada semana se presentaron sobrevivientes de estos actos llevados a cabo por estos ex militares, familiares y amigos de los desaparecidos y ex detenidos políticos.
En sus testimonios, dos hermanos de Figueredo mencionaron al coronel Canteros como jefe del destacamento militar de Alvear –a 400 kilómetros de la capital- donde el 30 de septiembre de 1977 fue secuestrado y previamente amenazado por su actividad como asesor de una cooperativa.
Blanca y Rito Figueredo, hermanos del militante desaparecido Raúl Figueredo, declararon; “Había una motivación económica para desaparecer a Raúl”, dijo Rito Figueredo ante el tribunal de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni.
“Raúl trabajaba con la cooperativa de carniceros de Alvear y dos o tres días después de regresar de Buenos Aires donde fue a vender cueros, lo secuestraron”, señaló el testigo, quien luego mencionó que esa actividad comercial causaba “perjuicio económico” al negocio de un mayor del Ejército que en la misma localidad tenía un saladero de cueros.
Según contó el testigo al tribunal, por circunstancias vinculadas a su actividad como contador de la cooperativa, el militar “le mandó a decir a mi hermano que le seguía los pasos” y que “deje de hacer lo que estaba haciendo o se atenga a las consecuencias”.
Por otra parte, los hermanos relataron hoy que tras el episodio en el que se produjo el secuestro el militar señalado visitó la casa familiar y “se llevó pertenencias de mi hermano, como cuadros de Juan Manuel de Rosas y Francisco Peñaloza”.
En la tercera jornada de debate realizada en el juicio declaró una de las víctimas, María Claudia Ybarrola, quien en noviembre de 1976, a los 16 años, fue secuestrada y detenida en un destacamento de Gendarmería tanto como en una comisaría de la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde sufrió abusos sexuales y torturas.
Llamo la atención que no se profundizara sobre este hecho, ya que sería un agravante a las denuncias ya efectuadas contra estos ex militares.
Arturo Helman Con aporte de los informes realizados por Juan Manuel Laprovita (Telam)
Fuente:ReddeComunicadoresdelMercosur
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