Miércoles, 27 Julio 2016
El fiscal Walter Romero pidió ayer penas de 10 a 25 años además de prisión perpetua para los 22 represores que están siendo juzgados en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de 28 víctimas, de las cuales 14 están desaparecidas.
Al final de su alegato ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Neuquén, Romero solicitó prisión perpetua para Luis Alberto Farías Barrera y Oscar Lorenzo Reinhold, y pidió 25 años para Raúl Guglielminetti, Antonio Camarelli, Osvaldo Laurella Crippa, Jorge Di Pasquale, Saturnino Martínez, Jorge Molina Ezcurra, Enrique Olea, Sergio San Martín, Miguel Quiñones, Hilarión de la Pas Sosa, Jorge Alberto Soza y Gustavo Vitón. En tanto, pidió 13 años de prisión para Gerónimo Huircain; 12 años para Emilio Rozar, Enrique Sires, Ramón Saboredo, Miguel Cancrini, Julio Villalobo y Néstor Castelli.
Finalmente, para Gustavo Sommer el fiscal solicitó una condena de 10 años. Entre los imputados se encuentran efectivos del Ejército, Gendarmería, Policía Federal y policías de Río Negro y Neuquén. Además, Romero requirió que se suspenda el goce de toda jubilación o pensión que perciben actualmente los acusados así como también que se ordene la detención de quienes se encuentran en libertad, tal el caso de los imputados Cancrini, Huircain, Martínez, Quiñones, Rozar, Sires, Saboredo, Villalobo, Vitón y Castelli. Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el tribunal condene por violación, como delito de lesa humanidad, a los responsables del secuestro y desaparición de Gabriel Carmona, un empleado municipal de Cipolletti detenido en esa ciudad en agosto de 1977 y trasladado al centro clandestino de detención La Escuelita, emplazado al fondo del Batallón de Ingenieros 181, donde fue torturado y violado.
En ese sentido, responsabilizó por este hecho a Molina Ezcurra, Reinhold, Olea y San Martín. “La violación fue una práctica sistemática aplicada contra la víctima en cautiverio”, sostuvo Romero durante su alegato acusatorio. Luego de la exposición de Romero, Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, calificó de “magnífico” el alegato del fiscal.
“Las acusaciones estuvieron a la altura de lo que nosotros esperamos que es justicia completa”, dijo Labrune. Agregó que en el alegato del representante del Ministerio Público Fiscal “están planteadas las participaciones de las instituciones que actuaron durante la represión y de los responsables individuales. Es el prolegómeno de una sentencia que estará de acuerdo a los requerimientos de la sociedad”.(lamañana)
Fuente:Notinac
Los interrogadores del centro clandestino
27 JUL 2016
El fiscal remarcó que los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale participaron de los interrogatorios bajo tortura en La Escuelita, en tanto describió que también participaban de los secuestros, y lo ejemplificó con las “comisiones especiales” descriptas en sus legajos cada vez que viajaban a los operativos, por ejemplo, a Chos Malal (caso Felipe Lara) o Bariloche (caso Juan Herman, fuera de este juicio).
Sobre Néstor Castelli consideró que prestó la “colaboración indispensable” para que se detuviera en la escuela militar de instrucción andina a las victimas Luis Levita en abril de 1977, y los desaparecidos de Roca y Cipolletti, Juan Mateo Nieto y Carlos Magariños, cuando era segundo jefe de la Brigada, en 1978.
En el inicio del alegato, le atribuyó a Castelli la autoría del expediente secreto “Operación Comahue” (distribuído en diciembre de 1975) mediante el cual se destinó la cancha de pelota paleta dentro de la escuela militar andina (en el km 9.5 de la avenida Bustello de Bariloche) como centro clandestino de detención, y se llevaron a cabo allí las detenciones bajo tormentos para los perseguidos políticos a partir del golpe, como fue el caso de Germán Molina e Iván González –al igual que Levita– en este juicio.
Fuente:RioNegro.com
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