Por Claudio Socolsky
LO ADVIRTIO EL SECRETARIO DE LA UOM ROSARIO POR LAS SUSPENSIONES
Cerca de una media de fuerza
"Si no se frenan las importaciones y los trabajadores no recuperan el poder adquisitivo, la situación será cada vez más grave", consideró el dirigente metalúrgico. La denominada línea blanca ya contabiliza 800 suspensiones.
Por Claudio Socolsky
Antonio Donello, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario.
El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, Antonio Donello, advirtió ayer que debido a las suspensiones que enfrenta el sector por la apertura de importaciones están "cerca de una medida de fuerza". El dirigente gremial se refirió en particular a las industrias de la denominada línea blanca que contabilizan 800 suspensiones. "En la mayoría de los casos están cobrando el 90 por ciento del sueldo y no van a trabajar porque las fábricas están cerradas", precisó Donello, quien además expresó su preocupación por la situación de las carroceras rosarinas, otro de los sectores más afectados por el ingreso de unidades completas desde Brasil, que esta semana terminaron de presentar los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), al igual que dos fundiciones. "Si no se frenan las importaciones y los trabajadores no recuperan el poder adquisitivo, la situación será cada vez más grave", consideró el secretario general de la UOM, que pedirá en los próximos días una reunión con el ministro de Trabajo provincial, Julio Genesini, para buscar más herramientas que protegan a los trabajadores.
"Todo esto se debe a las importaciones, que se descontrolaron, a los tarifazos, a la caída del consumo del trabajador, y la del mercado interno, que se cae trayendo cosas importadas", disparó ayer Donello en declaraciones a LT8. Según el titular de la UOM, "eso le está pegando mucho a la producción nacional. Si no se corrigen esos tres puntos vamos a tener muchos problemas muy pronto en la región de Rosario".
Las empresas del sector apelan a la firma de acuerdos en el Ministerio de Trabajo por el combo de apertura de importaciones, tarifazos y caída de la actividad económica. El abogado de la UOM, Pablo Cerra, precisó ante la consulta de Rosario/12 que ayer firmó el PPC la carrocera Metalsur, mientras que hoy harán lo propio las carrocerías Lucero y Rossi, que se suman a Saldivia, una de las empresas que había firmado la medida hace varias semanas, completando un escenario que preocupa al gremio metalúrgico porque emplean a mil trabajadores en forma directa y más de tres mil en forma indirecta.
Otro sector que está muy complicado por la apertura de las importaciones es el de las fundiciones. Fundemap, ubicada en San Lorenzo, y Amrro, de Rosario, firmaron ayer un PPC, sumándose a los que ya firmó la fundición Santiago Martínez. Entre las tres empresas emplean a 500 personas.
La planta Navarro de Acindar, que cuenta con 200 operarios, cerrará mañana uno de los tres turnos. La empresa propuso retiros voluntarios a los 30 trabajadores del turno que va a cerrar, y 17 ya lo aceptaron. Pero desde la UOM sospechan que detrás de esa jugada se esconde el verdadero objetivo de cerrar la planta definitivamente a fin de año.
Desde el pasado mes de febrero, el Observatorio Laboral de la UOM viene advirtiendo sobre la difícil situación que atraviesan las empresas metalúrgicas de Rosario y la región por la apertura indiscriminada de las importaciones. El escenario cada vez más complicado llevó a Donello a señalar: "Estamos cerca de una media de fuerza. La gente se está dando cuenta de que ya no llega a fin de mes".
"Le quisimos dar tiempo al gobierno y uno no quiso ser alarmista, pero nos están dejando sin otro camino. Nos están llevando directamente a un conflicto. Pero más que por el conflicto estamos preocupados por los puestos de trabajo. Si el gobierno no cambia de rumbo los argentinos la vamos a pasar realmente muy mal", agregó.
La advertencia de una medida de fuerza que ayer lanzó el titular de la UOM se conocen en la misma semana en la que el gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción, y la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), presentaron el Observatorio de las Importaciones, un ámbito conformado por equipos técnicos del sector público y privado para monitorear los efectos de la apertura que afectan a buena parte de las industrias santafesinas, especialmente en las metalúrgicas.
En el informe presentado el pasado lunes en la sede de la Fisfe por el ministro de la producción, Luis Contigiani, y el titular de los industriales, Guillermo Moretti, revelaron que los sectores más afectados son los que fabrican heladeras, exhibidoras, licuadoras, carroceras y calzado. También advirtieron que otros sectores que podrían sentir en el futuro el impacto del flujo importador son el textil, golosinas, motos, motopartes, artículos de cocina, colchones y sommiers.
Suspensiones en Acindar
Acindar, la empresa siderúrgica ubicada en Villa Constitución suspendió a 300 trabajadores de la fábrica por una semana. La medida se lleva adelante desde el lunes pasado hasta el 1 de agosto. Desde la compañía informaron que buscan nivelar el stock ante la caída en la demanda y la proyección de una fuerte baja en la producción para los próximos 18 meses. La firma, propiedad de la multinacional ArcelorMittal, ya había tomado algunas medidas ante los inconvenientes económicos. Durante abril y mayo redujeron su producción por dos meses, hubo suspensiones, retiros voluntarios, y además no le renovaron el contrato a 41 operarios contratados.
Fuente:Pagina12
La UOM Rosario en alerta Si hay más despidos se vienen los paros
28/07/2016
Foto: rosarionoticias.info
Desde la UOM Rosario señalaron que “si en dos meses no cambian las medidas económicas del gobierno nacional, se viene una escalada de despidos en las pymes del sector metalúrgico.
En ese sentido, Donello precisó que “muchas de estas empresas –entre 5 y 15– ya se han presentado en el Ministerio de Trabajo declarándose en crisis”. El paso posterior “pueden ser los despidos”, alertó el dirigente.
Para el gremialista, la ratificación de ciertas medidas tomadas por el gobierno nacional –“Tarifazos, caída de la producción y la ventas hacen insostenible el sector”– complica cada vez más al sector industrial argentino y en particular a las fábricas establecidas en Rosario y la región.
Donello explicó que “por lo menos hay mil suspensiones en el sector, 820 en la línea blanca y muchas otras en empresas chicas”. Y agregó: “Si este gobierno no corrige las medidas que tomó, como las importaciones, el tarifazo o la pérdida del poder adquisitivo, la vamos a pasar mal. Cada vez estamos más cerca de hacer paro o una movilización”.
Carroceras
Donello también pronosticó un panorama desalentador en las carroceras de Rosario y región. “Si no frenan las importaciones se cae el empleo”, anunció.
En ese sector hay 1.500 empleos directos y otros tantos indirectos. “Viene en caída libre la producción local luego de la apertura de importaciones. Traen todo de Brasil”, apuntó el titular de la UOM Rosario.
Fuente:RedaccionRosario
29.07.2016
Nuevo pedido para destituir al defensor generalEl senador Lisandro Enrico presentó una nota con nueve causales para promover su destitución. La primera que se menciona es la "actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales". Hace dos años hubo una iniciativa en la Legislatura que no prosperó.
Gabriel Ganón
"Este no es un proceso administrativo, sino político. Por eso es la Legislatura la que tiene que decidir y analizar las causales de remoción", dijo Enrico en diálogo con la prensa luego de la sesión de ayer.
"Esperamos que la Comisión de Acuerdos lo analice seriamente y con el nuevo reglamento la Comisión debe convocar al defensor para que haga su explicación y defensa y después la comisión debe emitir un despacho aconsejando o no la remoción del funcionario cuestionado", agregó el legislador que dijo que hay un plazo máximo de seis meses para llevar a cabo el proceso y que corren a partir de ahora.
Enrico dijo que en principio las causales son nueve (ver aparte), pero que no descartaba que durante el proceso que se le iniciará a Ganón puedan surgir nuevas imputaciones. "Obviamente cada vez que se incorpore una causal el defensor va a tener derecho a ejercer su defensa", aclaró Enrico.
Al ser consultado sobre el origen de las causales, el senador por General López dijo que "algunas son públicas y notorias" y que otras ingresaron al recinto y otras se fueron recolectando. "Las que son públicas, por lo general son expresiones suyas en redes sociales. Hay todo un elemento de prueba con el que estamos acompañando (la nota). Es un hecho que reviste gravedad y que debe ser analizado como corresponde porque esta Legislatura le dio el voto de confianza al funcionario y es la misma Legislatura la que debe analizar este pedido de remoción", concluyó.
El anterior intento de destitución se había promovido hace dos años aproximadamente y finalmente no prosperó. Ahora Enrico insiste con iniciar el proceso para remover al funcionario judicial. Para bien de las instituciones desde fines de mayo tanto los fiscales y defensores acusados, como sus acusadores tienen un reglamento que deja claro cómo se debe realizar el proceso, los derechos y las obligaciones de ambas partes.
Los motivos que presentó Enrico
En la nota que la Presidencia del Senado remitirá a la Comisión de Acuerdos, se enumeran nueve supuestas causales para pedir la remoción del defensor general de la provincia, Gabriel Ganón. La primera que se menciona es la "actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales".
Luego se enuncian: "Parcialidad política incompatible con el cargo; privación del derecho de defensa a los agentes policiales; manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo; impartir instrucciones violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal.
También se le atribuye "intervención procesal indebida siendo defensor general; actuación procesal indebida en una causa de Justicia de Menores; designación irregular del abogado Enrique Font; uso del tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a su función".
Fuente:AgenciaFe
Cuestionan en la ONU violencia y debilitamiento institucional en la provincia
El Comité de Derechos Humanos presentó su quinto informe periódico en el que reiteró su preocupación con respecto a la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública
29 de Julio de 2016
La violencia institucional (policial y penitenciaria) fue apuntada por la ONU. La violencia institucional (policial y penitenciaria) fue apuntada por la ONU. (www.notiuno.com)
Las sesiones del 117° período del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la Argentina presentó su quinto informe periódico en Ginebra, Suiza. Desde la organización se remarcó en relación a Santa Fe, una tendencia a la regresión de los Derechos Humanos seguida de un debilitamiento institucional.
También reiteró la preocupación con respecto a la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública. El Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe estuvo presente con una delegación que presentó un informe.
En esta oportunidad, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos, públicamente ponderó lo expuesto y manifestó su preocupación en torno a varias cuestiones, entre otras, el modo en que el Estado argentino debe garantizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo en un sistema federal; la fuerte tendencia a la regresión de los Derechos Humanos seguida de un debilitamiento institucional; la violencia institucional (policial y penitenciaria); la ausencia -en algunos casos- y falta de funcionamiento -en otros- de Mecanismos de Prevención contra la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, solicitando al Estado que se le de entidad real a dicho mecanismo en todo el territorio nacional; la falta de investigación de hechos vinculados a la violencia institucional; la ausencia de estadísticas con datos desagregados en la materia; el auto gobierno de las cárceles, la existencia de requisas vejatorias, la corrupción penitenciaria y policial.
Respecto a los registros de casos de torturas señaló que no hay coincidencia entre lo que se registra por parte de diferentes instituciones y lo que el Estado investiga. Concretamente en cuanto a la Defensa Pública, remarcó al Estado la importancia de dotar a esta institución de verdadera autonomía en comparación con el Ministerio Público Fiscal, sobre todo a nivel provincial. Recalcó que se deben realizar mas esfuerzos para hacer efectivo el cumplimiento del Pacto a nivel provincial.
Cuestionó al Estado sobre los modelos de reforma de justicia. Insistió en que existe un déficit concreto y dificultades del Estado en prevenir la violencia institucional y las desapariciones forzadas. Por su parte, otro miembro del Comité, Nigel Rodley, respecto al Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe sostuvo "es maravilloso que existan instituciones como esta" e interrogó al Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en la Provincia, concretamente de los casos “Roberto Irusta”, “Franco Casco” y “Gerardo Escobar”, solicitando se investiguen estos hechos. Y agregó que “pareciera que existe una cierta impunidad que permite que se cometan excesos, cuestión a la que no se responde con las medidas adecuadas.
Pareciera que estamos frente a una práctica de tortura encubierta”. A su turno, otro de los miembros del Comité, Sarah Cleveland dejó en claro que, en relación al Estado argentino, sus problemas no vienen dados por su marco normativo (que lo tiene y es ponderado), sino de concretas políticas institucionales y de los recursos (humanos, materiales y financieros) o falta de ellos para aplicar las políticas pertinentes.
También el Comisionado Lazhari Bouzid cuestionó al Estado en relación a las detenciones por averiguación de identidad, a decir del experto: “¿por qué detener a una persona para verificar su identidad? ¿Qué se gana con ello? ¿Existen denuncias contra la policía? ¿Se investigan? ¿Hay querellas?” La experta Ivanna Jélic, respecto a la violencia contra la mujer y la aplicación de la ley 27210 (de asistencia legal gratuita a víctimas de violencia de género) , preguntó si el Estado efectivamente garantiza el patrocinio jurídico gratuito a estas víctimas. Además solicitó que el Estado explique si existen medidas concretas en los casos de trata para luchar contra la policía involucrada.
En sus observaciones finales respecto de Argentina -conocidas recientemente-, especialmente para ser tenidas en cuenta para la provincia de Santa Fe, el Comité de Derechos Humanos reiteró su preocupación con respecto a la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública, lo cual afecta en la calidad de los servicios prestados. Al Comité le preocupa que la Defensoría Pública Federal, como las provinciales, no cuenten con recursos suficientes para la plena ejecución de sus mandatos (art.14).
El Comité destacó que el Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que la Defensa Pública Federal y las Provinciales logren disponer de los recursos necesarios, así como también autonomía funcional y presupuestaria respecto a otros órganos del Estado, para poder desempeñar sus funciones eficazmente, en todas las regiones del país. En otro aspecto, el organismo internacional de las Naciones Unidas solicitó al Estado nacional y los territorios provinciales asegurar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia.
Fuente:Rosario3
Vecinos de Tablada piden frenar un inminente desalojo
Un grupo de vecinos de barrio Tablada reclama una audiencia al gobernador para resolver la situación de 350 familias que serían desalojadas. Había protesta frente a la sede local de Gobernación
Vecinos de Tablada piden frenar un inminente desalojo
Alrededor de 350 familias residen en la zona comprendida por las calles Ayacucho, Colón e Ivanovski, terreno que era propiedad del Ferrocaril Argentino, denuncian que les llegó una orden de desalojo por parte de un privado, con fecha límite el primero de agosto.
La semana pasada acercaron una carta al gobernador Miguel Lisfchitz, para pedirle audiencia donde tratar el tema, pero al no haber tenido respuesta, este viernes se manifestaban a la sede de Gobernación, en Santa Fe y Moreno.
En diálogo con Sí 98.9, Alejandra, vecina de Tablada, indicó que “el pedido de desalojo ya llegó a varios vecinos y el primer plazo vence el primero de agosto, dejando a una familia en la calle", pero resaltó que "son unas 350 las familias que residen en esa zona”.
Más allá de la movilización de este viernes, los manifestantes no descartaron continuar o profundizar su protesta si no hay respuestas: “No nos movemos hasta no saber qué va a pasar con las familias”, remarcaron.
Fuente:RosarioPlus
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