17 de julio de 2016

TROPEL.

Gobierno de Macri se reunió con jóvenes neonazis en la Casa Rosada /Vergonzosa participación en la reunión de otras “juventudes políticas” que blanquearon la convocatoria 
Resumen Latinoamericano /El Destape, 15 julio 2016.- 

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió con representantes de Bandera Vecinal, la organización de ultraderecha de Alejandro Biondini.

En menos de una semana el Gobierno homenajeó a Aldo Rico, hizo participar de un desfile militar a Emilio Nani, reconocido por reivindicar la dictadura, y ayer recibió a representantes de un partido neonazi en la Casa Rosada.

Bandera Vecinal, el partido que conduce el ultraderechista Alejandro Biondini, fue recibido por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La reunión se dio en el marco de la Mesa de Juventudes que aglutina a diferentes representantes jóvenes de varios partidos políticos.

Esta Mesa es conducida por el Subsecretario Nacional de Juventud, Pedro Robledo, presidente de la Juventud PRO a nivel nacional.

Sucedió ayer por la tarde y tras las críticas Robledo intentó argumentar que Bandera Vecinal no había sido invitado y responsabilizó al personal de recepción. Mostró la lista de invitados donde no figuraban. Sin embargo, el partido de Biondini salió a responderle que ellos estaban invitados y compartieron fotos de los jóvenes militantes del partido neonazi en la Rosada y sentados a la mesa en plena reunión con Peña.

ESTO ES LO QUE DICEN LOS INTEGRANTES DEL GRUPO NEONAZI “LA PASSAPONTI” (14.07.2016) –

Informamos que en la tarde de hoy la Juventud del Partido Bandera Vecinal (La Passaponti), fue invitada y participó en la Casa Rosada del encuentro “Mesa de Juventudes Políticas Partidarias” convocado por el Jefe de Gabinete, Lic. Marcos Peña, y el Subsecretario de Juventud de la Nación, Sr. Pedro Robledo.

En representación de nuestro Movimiento, concurrieron al evento los compañeros Gastón Gama y Gabriel Kloster. Participaron también de la mesa los referentes de diferentes fuerzas políticas, como el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista, la Coalición Cívica ARI, el Frente Renovador, el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Fe, el partido GEN, el Partido Proyecto Sur, Confianza Pública, Compromiso Federal y Unión por Córdoba, entre otros. El temario de la reunión fue abordar el debate sobre el Servicio Militar Obligatorio, la implementación del Boleto Estudiantil, y la instauración de la Boleta Única Electrónica en las elecciones legislativas del 2017. Nuestros dirigentes coincidieron, en general, con las otras fuerzas respecto de la necesidad de avanzar en los dos últimos puntos.

Sobre la primera cuestión, Bandera Vecinal fue la única fuerza que sostuvo férreamente la necesidad de reinstaurar el Servicio Militar Obligatorio, pero bajo un nuevo modelo moderno y socialmente integrador.

Asimismo, dada la importancia institucional de este tema, los representantes Nacionalistas reclamaron que sea la ciudadanía quien defina la cuestión a través de la convocatoria de un plesbicito popular, realizado de manera conjunta con los comicios del año que viene. Más allá de los acuerdos o disidencias, Bandera Vecinal destaca como muy positiva este tipo de iniciativas, que posibilitan un fructífero y democrático debate e intercambio de ideas entre los representantes de la nueva generacion de los partidos políticos



Efectuaron jornada de protesta por el asesinato de Nehuen Rodríguez que aún sigue impune 
Resumen Latinoamericano /16 julio 2016.-

Fotos de la jornada de este sábado junto a Mi Cara Mi Ropa Mi Barrio No Son Delito, reclamando y expresandonos todos juntos para exigir de una vez por todas JUSTICIA POR NEHUEN y justicia por todos los pibes victimas de violencia institucional y gatillo fácil en los barrios!
Daniel Castagnasso ASESINO!
NO ES UN POLICÍA, ES TODA LA INSTITUCIÓN!
LA LUCHA CONTINUA!
Nehuen fue embestido por una camioneta Ford Ranger de la Policía Metropolitana el 15 de diciembre del 2014. El joven fue asesinado en la esquina de Brandsen y Carillo en el barrio de la Boca. Había terminado el secundario unos días antes. Tenía pensado seguir estudiando. Quería seguir la carrera de Seguridad e Higiene. Le gustaba jugar al futbol. Había jugado en las inferiores de Huracán.

La causa lleva su curso en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 4 de la Ciudad y la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal N° 23. Daniel Castgnasso, el oficial imputado por su asesinato no se encuentra con prisión preventiva, sigue trabajando en la fuerza de seguridad porteña.




Envío:ResumenLatinoamericano



17.07.2016
En base a un cuestionario a 816 empresas 
Aseguran que el empleo en negro creció un 40% en las Pymes durante el primer semestre 
Los datos surgen de un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM).

El 91,60% de los trabajadores dijo que aceptó nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que les genera la posibilidad de perder sus empleos.

Según un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), el trabajo informal creció un 40% durante el primer semestre, en comparación interanual. Miguel Álgel Calvete, quien dirige ese instituto, explicó:

"Los despidos masivos, en el ámbito público y privado, la baja rentabilidad de las Pymes y la inestabilidad económica favorecieron la precariedad contractual".

Los datos surgen de un relevamiento realizado sobre la base de un cuestionario a 816 Pymes ubicadas en el ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires, La Matanza, San Martín, Rosario, Santa Fe capital, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata.

Asimismo, se incluyeron relevamientos de campo en vía pública y en diferentes Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES. La agencia DyN detalla que sobre el total de las firmas encuestadas, puntualmente el estudio se ejecutó sobre un 38% de empresas de comercios y servicios, un 16% del sector metal mecánico, un 13% del ámbito textil, un 12% del rubro gastronómico, un 11% del área de producción de plásticos y un 10% ligadas a la industria química.

IDECOM informó que un 29,30% de las Pymes consultadas "reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre tres y cinco empleados promedio al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral". "Además, el 13,30% de las Pymes afirmaron que celebraron con ese mismo promedio de empleados contratos de prestación de servicios trimestrales o semestrales a cambio de exigirles la inscripción en el régimen del monotributo", agregó.

El informe de INDECOM puntualizó que sobre ese total de Pymes, "el 32,20% afirmó que lo hizo para evitar la suspensión de los trabajadores, el 47,60% para no despedirlos y 20,20% restante para no llegar al quiebre definitivo". Por otra parte, el 44% de las personas consultadas reconoció que se quedó "afuera del régimen de trabajo registrado en lo que va del año".

En tanto, un 41,60% de los consultados reconoció que volvió a insertarse en el mercado laboral, pero destacó que lo hizo bajo condiciones informales, mientras que el 58,40% restante afirmó que aún sigue sin empleo.

Los datos difundidos dan cuenta de "una baja del 38,50% en la evolución de los trabajadores cotizantes que permanecen registrados, es decir, aquellos que deberían haber obtenido aportes patronales en esos meses".

En el caso de las Pymes, el 33,10% reconoció que debe todos los aportes jubilatorios y de obras sociales, y el 66,90% restante reconoce que adeuda varios períodos y que especula con la posibilidad de adherirse a una moratoria en lo que resta del 2016.

Las estadísticas evidencian que "en los primeros seis meses se registró uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años, ya que a la desocupación se suman las suspensiones, los incumplimientos en los aportes y la caída del empleo registrado".

Asimismo, el informe arrojó que "el 91,60% de los trabajadores dijo que aceptó estas nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que les genera la posibilidad de perder sus empleos".

Como dato positivo, Calvete destacó que "la reciente sanción en el Congreso de la Ley de incentivo Pyme, que pregona importantes beneficios para ese sector, permite proyectar que podría haber algunos índices de mejoría de cara a la segunda quincena de septiembre". Sin embargo, agregó que "eso ocurrirá siempre y cuando esa norma este acompañada por políticas del Estado que comiencen a despegar los indicativos económicos y fomenten un escenario con menor inflación y mayor consumo que devuelva la confianza y la previsibilidad al mercado laboral"
Fuente:PoliticaArgentina



ROSARIO
Déficit habitacional
El nuevo Procrear es más PRO que “crear”
16/07/2016
Foto: Andrés Macera.
Foto: Andrés Macera.
El gobierno de Mauricio Macri anunció la puesta en marcha de una nueva línea de créditos hipotecarios para la vivienda. Si bien lleva el mismo nombre (Procrear) que el plan desarrollado durante la última etapa del kirchnerismo, en claro reconocimiento a la aceptación que tuvo, nada tiene que ver con los objetivos que persigue al momento de abordar el déficit habitacional que afecta a miles y miles de familias a lo largo y ancho del país. Por caso, en Rosario, la “ciudad inmobiliaria”, acceder al techo propio es casi inalcanzable para la clase media-baja, lo que refleja una crítica situación habitacional frente a un alto grado de especulación. Mientras, los inquilinos, quedan redimidos a las leyes del mercado.

A partir de la reformulación macrista del Procrear se podrá acceder a una casa nueva o usada cuyo valor máximo no supere 1.500.000 pesos, a pagar hasta en 20 años de plazo para familias que hoy alquilan, con ingresos formales de entre dos y cuatro salarios mínimos (entre 13.600 y 27.200 pesos). El programa será para la compra de casas nuevas o usadas, ya no para la edificación o refacción, con lo cual el sector de la construcción, el más golpeado por el parate económico y los despidos, no se verá del todo beneficiado, al igual que otros eslabones de la cadena constructiva.

El plan Procrear versión Macri no persigue un fin social sino más bien financiero. Los créditos estarán denominados en UVI, la unidad de valor que ajusta por la inflación. Y si bien permite reducir el valor de la cuota inicial, similar a un alquiler, lo que lo hace atractivo, con el paso del tiempo se vuelve impagable para sectores con ingresos bajos y medios, sobre todo si se repite el escenario inestable de este año, donde el salario real perderá por goleada contra la escalada inflacionaria.

Los nuevos créditos hipotecarios ya no tendrán tasa subsidiada por el Estado, sino que serán préstamos que se devolverán con capital indexado al compás de la evolución de los precios que mide el Indec. No habrá más sorteos sino “puntaje de prioridad”. Este sistema crediticio ya fracasó en otras partes del mundo. Algo parecido ocurrió en Estados Unidos, donde se hizo una burbuja de deuda hipotecaria que cuando explotó dejó a miles de personas sin techo y disparó una fuerte crisis económica, aunque los bancos, como los gatos, siempre caen parados.

Incluso en Argentina muchos recordaron por estos días la aplicación de la “circular 1050” del Banco Central, promovida por el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. En aquel gobierno de facto de Videla y compañía se dieron créditos con el sistema de indexación, las cuotas de la devolución del préstamo subieron muchísimo más rápido que los ingresos, se ejecutaron las hipotecas y miles de personas quedaron en la calle tras perder sus viviendas.

El “Procrear Solución Casa Propia” que relanzó Macri busca llegar a unas 25 mil familias. Con el Procrear del kirchnerismo, destinado a la construcción en terreno propio, compra de terreno más construcción y/o ampliación, refacción y terminación de vivienda, se otorgaron y construyeron o ampliaron 170 mil viviendas, y otras 23 mil se realizaron a través de desarrollos urbanísticos que propició el gobierno de Cristina Fernández.

“Vaciaron el Procrear”
Para Sebastián Artola, del espacio Rosario para la Victoria, Macri “vació el Procrear” porque “deja de ser la política pública de acceso a la primera vivienda que permitió construir en tres años casi 200 mil viviendas en todo el país y más de 24 mil en la provincia de Santa Fe, con la generación de 329 mil puestos de trabajo en la construcción, para pasar a ser un negocio financiero de los bancos privados, en beneficio del sector inmobiliario y con cero impacto en la creación de trabajo”.

“A su vez pierde la transparencia que le daba la adjudicación vía sorteo, para establecer un sistema de puntajes, con un criterio poco claro de selección, donde hablan de la revisión de los antecedentes en materia de «historia laboral» y «calificación crediticia», que suena más a restrictivo y excluyente que a inclusivo y equitativo”, sostuvo Artola en un comunicado de prensa.

Y añadió: “A lo que se suma un piso de ingreso equivalente a dos salarios mínimos, cuando antes no se establecía un ingreso mínimo, lo que permitía que fuera de acceso para sectores medios bajos, con trabajo informal”.

Según el dirigente local, “a todo esto hay que agregar un dato del contexto social y económico que vivimos. Con un tremendo deterioro del poder adquisitivo de buena parte de la sociedad, como resultado del ajuste, los tarifazos y la devaluación, la pregunta de sentido común es ¿cuántas familias hoy están en condiciones y se van a animar a tomar un crédito indexable por diez, quince o veinte años?”.

Artola es autor de proyectos de ordenanza para crear en Rosario la Defensoría Pública del Inquilino y una Tasa al Inmueble Ocioso. “En el fondo la que subyace a esta reformulación del Procrear anunciado por el gobierno de Macri es una mirada que concibe a la vivienda como un negocio y no como un derecho que tenemos todos”, consideró.

Y finalizó: “La vivienda no es un bien cualquiera para ser transable en el mercado, librado a la lógica de la especulación y la maximización de la tasa de ganancia. Es un derecho básico de la condición humana, reconocido por el Constitución. Por lo tanto es el Estado, en sus tres niveles, el que debe generar las condiciones de acceso a la misma por parte de todos los sectores sociales”.

Nire Roldán, de la Concejalía Popular de Rosario, espacio que se hace eco de reclamos de inquilinos y de problemas habitacionales, consideró que el Procrear de Macri “busca beneficiar a desarrolladores inmobiliarios y deja de lado a los sectores más vulnerables”.

“El Procrear debería estar destinado a crear viviendas públicas en alquiler para solucionar dos cosas: la especulación inmobiliaria creada en los contratos de alquiler y, por otro lado, se construirían viviendas con la posibilidad de que en algún momento esos inquilinos puedan comprar el inmueble”, indicó Roldán en declaraciones periodísticas.

El ex concejal, presidente del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular, consideró que “debería haber un crédito de fomento, con la tasa de interés subsidiada por el Estado, y con un financiamiento a 25 años donde no se pague más del 25 o 30 por ciento del salario del trabajador. El trabajador nunca debería pagar más de 3.000 pesos”.

El nuevo Procrear que lanzó Macri va en sintonía con el plan económico de Cambiemos: incentiva la especulación, con un negocio inmobiliario otra vez dolarizado. El propósito de la versión M de este plan habitacional está lejos de crear mejores condiciones sociales y crediticias que lleven a que el acceso a la casa propia deje de ser un sueño lejano para buena parte de la población.

Rosario, ciudad inmobiliaria
En Rosario, cerca de 38.000 familias (10% del total) necesitan con urgencia una solución habitacional y al 50 por ciento de los hogares (240.876 familias) no les alcanza el ingreso para alquilar ni siquiera un departamento de un dormitorio en el Distrito Centro sin comprometer la satisfacción de otras necesidades. Así lo reveló un informe del Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso) de Santa Fe, dedicado a estudiar el mercado rosarino de la vivienda, donde el 18,84 por ciento del total de los hogares son inquilinos y el 72,2% son propietarios de la casa.

“La producción o compra de la vivienda como sustituto de los activos financieros para evitar la desvalorización del ahorro constituye el principal motivo por el cual aproximadamente 80.000 viviendas se encuentran vacías en la actualidad. Esta demanda extra en el mercado de compra y venta de inmuebles encareció las propiedades por encima de las posibilidades de la mayoría de los rosarinos, muchos viéndose empujados al contrato de alquiler”, señaló el informe que habla de un proceso de “inquinilización de Rosario”.

El trabajo del Ceso amplía: “La falta de control estatal se refleja en la sobreoferta de viviendas. En el departamento Rosario existen 434.485 viviendas y 392.533 familias, es decir, que hay 41.952 más casas que familias. Mientras miles de familias viven hacinadas, unas 80.000 viviendas se encuentran vacías”.

Para contrarrestar el mal funcionamiento del mercado inmobiliario, desde el Ceso sugieren una serie de regulaciones que actualmente se aplican en otros países. “Un impuesto a la vivienda vacía generaría incentivo para ofertarlas, lo que reduciría el precio de mercado. Además permitiría financiar otras políticas habitacionales como subsidios a los alquileres”, señalaron.

Y tiraron otras ideas para hacer frente al déficit habitacional en la ciudad: “Obligar a un porcentaje de los permisos de edificación disponer una porción de los metros cuadrados para vivienda social e impulsar una empresa inmobiliaria de utilidad pública con acceso preferencial al financiamiento del Estado provincial o nacional para la construcción de departamentos de alquiler”.
Fuente: El Eslabón
Fuente:RedaccionRosario



La vieja loca idea de la colimba

Los legisladores de la oposición, en alerta. El diputado Olmedo, aliado a Cambiemos, busca consenso con los ministros. Macri y la nueva política hacia las FF.AA.

Cada tanto, el fantasma del servicio militar obligatorio viene a rondar la agenda social y política por obra de quienes añoran el pasado. A lo largo de casi un siglo de nuestra historia, la ceremonia del sorteo, la incorporación y los abusos de autoridad ejercidos en los cuarteles formaron parte de la vida de la mayoría de los jóvenes que desde pequeños se imaginaron vestidos de soldados al menos por un año. Un nuevo proyecto de ley se encuentra a la espera de ser tratado en la Comisión de Defensa de la Cámara baja. Se trata de la promoción de un servicio militar obligatorio y comunitario que con algunas variantes respecto de iniciativas anteriores fue presentado por el diputado nacional Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos, aliado de Cambiemos. En su texto, el expediente interno 0232 alude la obligatoriedad exclusiva de prestar servicio a jóvenes de 18 años, mujeres y hombres, que no estudien ni trabajen, en cuarteles militares. Desde el momento en que los ciudadanos traspasan los portones del cuartel tendrán estado militar y se pondrán bajo la órbita de sus autoridades. “Deben estar dispuestos a darlo todo”, propone el parte el proyecto del diputado salteño que ya provocó alertas. “Se verá si hay consenso para tratarlo durante el segundo semestre del año pero el Ministerio de Defensa tiene otras propuestas”, explicó el diputado radical Héctor Gutiérrez, vicepresidente de la Comisión de Defensa “Personalmente, no comparto la idea del servicio militar. Hay otras formas de trabajar para solucionar los problemas de ese millón de jóvenes que no trabajan ni estudian”.

En la Comisión de Defensa existen algunos reparos a darle luz verde a la iniciativa.

Alfredo Olmedo no fue el único político en pedir la conscripción con el fin de sacar a los jóvenes de la calle. En 2014, el ex senador bonaerense Mario Ishii también se pronunció por una incorporación masiva a las filas de las Fuerzas Armadas. Olmedo fue más persistente. Hizo la propuesta varias veces por medio de proyectos girados al Congreso y hasta le encargó una encuesta a un conocido consultor para conocer la opinión de la población: siete de cada diez argentinos aprobaban la vuelta de la colimba.

Cambio de época
Tras la muerte del soldado Omar Carrasco en 1994, el ex presidente Menem dio de baja al servicio militar obligatorio cambiándolo por un servicio de soldados voluntarios, rentados y con posibilidades de “engancharse” en la carrera militar. Uno de los artículos de la ley que derogó la “colimba” dice que “en el caso excepcional de que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados, el Poder Ejecutivo podrá convocar a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad”.

Es precisamente esta norma la que busca eliminar un grupo de diputados nacionales socialistas, con Alicia Ciciliani a la cabeza, mediante un proyecto presentado en el mes de junio. “Los jóvenes vinieron a pedirnos que avancemos con el proyecto porque en el Parlamento hay iniciativas para reflotar el servicio militar obligatorio. Ese modelo de un año de entrenamiento quizá fue necesario en el siglo pasado, donde las posibilidades de una guerra eran parte de una cuestión cultural dentro de la sociedad”, argumentó Ciciliani a Veintitrés, y rechazó la teoría de la contención de los jóvenes en riesgo.

“En los cuarteles, el entrenamiento en el uso de armas exige una disciplina bajo un orden jerárquico muy fuerte. Falsamente, algunos alegan que para combatir las adicciones debería volverse a la brutalidad sin conocer el fondo del problema. Hay que derogarla porque nunca falta algún desubicado que sugiere ese modelo. Muchos creen que el servicio militar es positivo hoy, pero lo proponen porque es una manera de volver al pasado”

 Entrevista a Alfredo Olmedo. 
“Busco normalizar la sociedad”
Hizo la conscripción?
–Hice el liceo militar, que en cuatro años es el reemplazo del servicio militar. Allí me forjé en valores, respeto a la Patria y a los padres, y es por eso que llevo adelante esta idea donde soy un convencido de que es una de las soluciones de la Argentina y de la juventud por sobre todas las cosas.

–¿Cree que incorporando jóvenes que no estudian ni trabajan a las Fuerzas Armadas se soluciona algo?
Muchos de ellos no tuvieron posibilidades, por lo que sería un castigo doble.

–El servicio militar iguala para arriba y da posibilidades para todos.
Estoy pidiendo un servicio militar sin uso de armas y distinto al de antes. Hoy no se respeta un plato de comida ni a la autoridad, y para el que lo tiene todo será una oportunidad para que valore lo que posee. Muchas veces, el que más tiene termina sin hacer nada porque cree que el padre tiene la obligación de sostenerlo. El fracaso en la vida termina cuando estos jóvenes sin valores no saben qué valores transmitirles a sus hijos cuando los tengan. Busco normalizar la sociedad donde quedó demostrado que, de tantos derechos, muchas veces los mismos beneficiarios se quedaron sin derechos.

–¿Por qué hacerlo en el ámbito militar?
–La gente quiere el servicio militar obligatorio y no solo para los que no estudian ni trabajan. Lamentablemente murió el soldado Carrasco, y hoy mueren miles de jóvenes por distintos motivos como accidentes o adicciones. Hay muchos muertos en vida y sin proyectos a futuro.

–Usted sabe que, como antes, van a existir los “acomodos”.
–Creo que el país ha cambiado y nos dimos cuenta de que el mal uso de la política nos llevó a la actual situación. Entonces, el que haga el servicio va a salir a la sociedad como un hombre con todas las letras y honrado de haber servido a la patria.

–¿Cuál es la diferencia con los anteriores proyectos?
–La diferencia es que antes no contemplaba la incorporación de mujeres.

–¿Y los homosexuales? La colimba de antes los excluía.
–No hay problema, no van a estar excluidos. El texto no lo dice pero no discrimina ni prohíbe, quizá debió haberse aclarado.

–¿Y con los objetores de conciencia?
–Si llegara a haber algún padre que objete, tendrá que ir a la Justicia. Queda en la conciencia de cada padre si quiere a un hijo en la calle o con valores. El Ejército Argentino nació con la patria y el problema que tuvimos es que se invirtieron o mezclaron los roles. 

–Hay chicos que tienen problemas desde mucho antes de los 18 años. ¿Un año es suficiente para solucionarles la vida?
–Si a ese joven le sube la autoestima, algo va a cambiar porque es muy difícil salir de eso. Pero hay que empezar por algún lado, y es algo que va a demorar.

–¿Por qué deben abstenerse de militar en política o sindicatos?
–No van a poder mientras estén en el servicio. Repito: si no estudia ni trabaja, adentro. Esto es a favor de ellos y no en contra, no es un castigo.

–¿En qué instancia se encuentra su proyecto?
–Ahora que ya votamos las leyes urgentes voy a pedir una audiencia con los tres ministros para que evalúen la posibilidad de llevarlo adelante.

El Pro y las Fuerzas Armadas 

La llegada de Cambiemos a la Casa Rosada trajo aparejado un cambio de paradigma en la relación del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas. El decreto 721 firmado por Mauricio Macri generó fuertes polémicas porque transfirió facultades del poder político a las Fuerzas Armadas y consecuentemente debilita el control civil sobre los asuntos vinculados a la defensa nacional. Dicho decreto, que deroga otro firmado por el presidente Raúl Alfonsín en 1984, autoriza a los jefes de las Fuerzas Armadas a que dispongan cambios de destino del personal militar, efectuar designaciones del personal con mayor grado de autonomía y nombrar al personal militar retirado en funciones docentes.

Las Fuerzas Armadas asumen todas estas facultades, sin la necesaria supervisión del Ministerio de Defensa, como hasta entonces. El cambio de paradigma también quedó en evidencia con el cierre y desmantelamiento que llevó adelante el Gobierno de varias subsecretarías de Derechos Humanos, como ocurrió en el Banco Central y el Ministerio de Seguridad.

En la última Feria del Libro, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una nueva edición del Nunca Más que conserva el prólogo original de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) –correspondiente a la publicación de 1985– pero borró el que se agregó en la edición de 2006, cuando la secretaría estaba a cargo de Eduardo Luis Duhalde. Con dicho prólogo se buscó corregir la teoría de los dos demonios que contenía el texto correspondiente al prólogo original y que ponía en un plano de igualdad los delitos cometidos por las organizaciones armadas con los crímenes del terrorismo de Estado.

El cambio de rol y funciones que el macrismo pretende llevar adelante en los Museos de la Memoria van en la dirección que apunta a “cerrar las heridas del pasado”, más que a mantener viva la memoria. Si bien no se pusieron trabas a los juicios por crímenes de lesa humanidad que siguen en proceso, una serie de sucesos marcan un giro con respecto a la interpretación de los años más oscuros de la historia argentina y también al rol que deben cumplir los militares en la actualidad.

El crimen que cambió la ley
Omar Carrasco se había incorporado al Grupo de Artillería 161 de Zapala en marzo de 1994. Después de tres jornadas de instrucción en esa guarnición neuquina, el soldado conscripto desapareció de la vista de sus compañeros y fue reportado como desertor. Su ausencia fue también corroborada por sus padres que fueron a visitarlo en su primer franco. Las autoridades militares habrían debido comunicarles la novedad días antes, lo que despertó sospechas. Un mes más tarde el cuerpo de Carrasco fue encontrado sin vida, y con signos de golpes y violencia, en los fondos del cuartel. Se desató entonces una ola de indignación que llegó a la Justicia y no resultó indiferente para el presidente de la Nación. Por la muerte del soldado, el subteniente Ignacio Canevaro fue condenado a 15 años de prisión, mientras que una pena a 10 años de prisión pesó sobre los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. Carrasco fue uno más de la lista de colimbas que dieron su vida por la “patria” en los 92 años que duró la ley Ricchieri. Su muerte borró al servicio militar obligatorio transformándolo en voluntario.
Fuente:Veintitres

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