Causa Área Paraná: Audiencia de apelación tras la condena a siete represores
Será el 22 de setiembre.
La medida fue dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. La querella y la fiscalía podrán mejorar su fundamentación. Las condenas habían sido sensiblemente menores a las solicitadas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná convocó a una audiencia de apelación en el marco de la causa Área Paraná, por la que fueron condenados siete represores: Cosme Demonte a prisión perpetua; Jorge Appiani a 18 años de prisión, José Appelhans a 14; Hugo Moyano a ocho; Alberto Rivas y Rosa Bidinost a seis y Oscar Obaid a tres años.
Será el 22 de setiembre a las 17, donde las partes tendrán un tiempo máximo de exposición de 30 minutos, según lo establece el viejo Código Procesal Penal. Sofía Uranga, abogada querellante por HIJOS en la causa Área Paraná, contó a Elonce TV que "será una audiencia oral y pública en la que las querellas, la Fiscalía y las defensas que apelaron las sentencias, expongan los motivos de la apelación para que luego, el Tribunal decida si revisa las mismas si cambia algún punto o no".
"Las consideraciones que haremos están referidas a los montos de las penas y otras calificaciones jurídicas y que nosotros interpretamos que se hizo una incorrecta aplicación del derecho, porque hay incongruencias importantes en las sentencias y también, queremos hacer una valoración histórica y política, que nosotros entendemos que el juez Leandro Ríos, hizo una valoración que atrasa unos treinta años de los hechos que se evaluaron en la causa", dijo Uranga a Elonce TV.
Uranga señaló que tras la decisión de la Cámara las sentencias quedarán firmes y las condenas estarían en condiciones de ser efectivamente cumplidas. Otros de los integrantes de la querella, Marcelo Boeykens, confirmó en diálogo con Uno que se mejorará la fundamentación de la apelación que se realizó tras conocerse la sentencia.
"El mismo día del fallo presentamos un escrito apelando la sentencia por causarnos gravamen irreparable. Luego de ello, presentamos la fundamentación de la sentencia y le pedimos a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que se abra una instancia de oralidad pública, para poder allí mejorar de la expresión de agravio que habíamos hecho", recordó el abogado.
En su momento, la querella había manifestado su desacuerdo con varios aspectos de las condenas, principalmente sobre los hechos que fueron imputados, aquellos por los cuales algunos de los imputados fueron sobreseídos y la autoría de participación que les otorgó el juez Leandro Ríos a cada uno de los acusados.
"No convenimos que hayan tenido el rol que él les dio, sino que eran todos coautores materiales. Él aplicó otra figura, fundamentalmente en el monto de la pena, pero sucede que la autoría de la participación hace que cambie el monto de la pena", subrayó. Para la querella el contexto histórico cuando se cometieron los hechos reviste una importancia sustancial.
Al respecto Boeykens argumentó: "Nosotros pedimos que se aplique la figura genocidio, no solo que no se aplicó sino que tampoco se le dio trámite al pedido. Son varios puntos". Además de los querellantes, durante la audiencia también tendrán la posibilidad de exponer la fiscalía representada por José Candioti y Mario Silva, y el defensor técnico oficial José Boxler, en representación del condenado Jorge Appiani.
Los camaristas Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero, rechazaron varios de los planteos formulados por Appiani, pero se le concedió la posibilidad de que se realicen mediciones para constatar las distancias de los centros clandestinos de detención ex-Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2; Casita de la Base; comisaría El Brete; escuela Álvarez Condarco; exescuela María Rosa BalBarrey; predio de calle Rondeau 1396 (Paraná) y el predio Municipal ProHuerta.
Este procedimiento estará a cargo de la Agrupación V Entre Ríos de Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad que tendrá que elaborar un informe sobre los lugares indicados y las determinaciones requeridas.
En la causa Área Paraná se dictó sentencia en diciembre de 2015, tras una larga espera de 40 años y donde se investigaron delitos de lesa humanidad contra 52 víctimas, entre ellos cinco desaparecidos.
Fuente:ElOnce
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