El fiscal que quiere más
Por Andrés Klipphan
Guillermo Marijuán, estrategia mediática para ascender. Es el puntal de las acusaciones contra ex funcionarios kirchneristas. Quiere ocupar el puesto de Gils Carbó. Alineamientos políticos y nuevo amor.
Como buena parte de sus colegas, Guillermo Marijuán ingresó de “pinche” a Tribunales mientras estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires. Sus 30 años de carrera judicial los realizó en el edificio de Comodoro Py 2002, en Retiro.
Comenzó como meritorio en el Juzgado Federal N° 4, por entonces a cargo de Amelia Berraz de Vidal, y de allí saltó con el cargo más bajo en la Fiscalía Federal N° 4, a cargo de Carlos Alberto Beraldi, que con apenas 26 años era el fiscal más joven de la historia de la justicia federal. Las vueltas de la vida quiso que hoy Beraldi, fanático de Boca Juniors, sea uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su sobrina Romina Mercado. Y que Marijuán sea el fiscal que más presión pública realiza para acorralar a la ex presidenta y a quienes formaron parte del círculo íntimo de poder y negocios que se movieron alrededor del kirchnerismo.
Amor sureño. En Tribunales cuentan que la novia es contadora y se conocieron en un allanamiento.
Marijuán no es un improvisado y siempre tuvo muy buena relación con la prensa, aunque hizo un culto de los off the record hasta que en los último tiempos los cambió por el un perfil tan alto como antikirchnerista; y no sólo por la frase de audio del whatsapp en la que planteaba que la ex presidenta quedaba “al borde de la detención”. Se recuerda todavía cuando hace poco tiempo su figura se recortó sobre la estepa patagónica con su vistosa campera turquesa Nike rodeado de efectivos policiales y una retroexcavadora en las propiedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez –preso desde hace casi 5 meses– para encontrar las bóvedas del empresario repletas de dólares y que hasta ahora no aparecieron. En el expediente, a cargo del juez Sebastián Casanello, y que pesquisa Marijuán –en el cual se trata de establecer cómo fue el entramado corrupto de la denominada “Ruta del dinero K”–, están presos, además del dueño de Austral Construcciones, su contador Daniel Pérez Gadin y su ex abogado Jorge Chueco. Son las mismas personas sobre las cuales Marijuán había solicitado su sobreseimiento por la supuesta extorsión que estos habían realizando sobre el financista Federico Elaskar, para que les venda su financiera SGI –la denominada Rosadita.
Otros tiempos, otras imputaciones
Ese 27 de abril de 2014, es decir mientras Cristina Fernández aún era la primera mandataria, el fiscal también le pidió a Casanello “el archivo y cierre de la causa”. La presunta extorsión que se habría ejercido sobre Elaskar fue difundido por la presunta víctima, en el programa PPT, que conduce Jorge Lanata, en Canal 13. La causa había caído en su despacho un año antes. Antes de hablar en cámara –y de arrepentirse, y de volver a contradecirse– Elaskar denunció los presuntos “aprietes del clan Báez”, ante el fiscal José María Campagnoli. El mismo fiscal reivindicado por parte de la oposición como una bandera del avance del kirchnerismo sobre la justicia independiente por haber sido separado de su cargo en forma preventiva por la Procuradora Alejandra Gils Carbó porque, al menos así se argumentó, Campagnoli excedido su competencia al investigar al empresario Báez.
El final de esa historia ya se conoce. Masivas marchas apoyaban al fiscal sancionado y el juicio en su contra se cayó, y fue repuesto en su cargo. Lo que se conoce menos es que Marijuán, lejos de solidarizarse con su colega en desgracia, firmó un durísimos dictamen en contra del todavía suspendido Campagnoli cuando la causa de Elaskar pasó a sus manos argumentando que su antecesor había demorado una serie de prueba sobre Báez, sus familiares, sus empresas, y hasta el llamado a indagatoria del empresario kirchnerista.
Nada dijo Marijuán que quien se negaba a esas medidas era la jueza instructora, Gabriela Lanz. Y más aún, fue el propio Marijuán quien dijo sobre Baéz: “Observando y analizando minuciosamente la voluminosa información, no se puede en modo alguno tener por acreditada la supuesta extorsión que se denunciara como cometida a mediados del año 2011”.
Marijuán, antes de decidir beneficiar a Báez en ese 2014, no tomó una sola medida de prueba y después de leer los 50 cuerpos de expediente producidos por Campagnoli le dijo a Casanello: “No hay víctima, ni algún elemento que nos lleve a controvertir la existencia de un verdadero negocio comercial sobre la firma SGI Argentina S.A.” y señaló que en consecuencia “no cabe hacer ninguna imputación a Báez y a los otros sospechosos porque el propio Elaskar dijo que él nunca había sido extorsionado” para vender la financiera, ubicada en Puerto Madero. Un dato como mínimo curioso, Marijuán no sostuvo sus afirmaciones por haber llamado como testigo a Elaskar, sino porque lo escucho desdecirse frente al periodista Rolando Graña, en el canal América.
La denuncia finalmente se acumuló en la ya famosa ruta del dinero K que estaba adormecida hasta que Marijuán y Casanello observaron por TV los 5 millones de dólares que uno de los hijos de Báez. Casanello finalmente hizo dos cosas, procesó sin prisión preventiva a Leonardo Fariña –que estaba preso en el marco de otra causa por evasión impositiva en la compra de campos en Mendoza a nombre de Báez– y a Elaskar por “lavado de activos” por supuestas maniobras para blanquear dinero que serían del empresario patagónico a través de la financiera SGI o “La Rosadita”.
La interna fiscal
Hasta la llegada de Alejandra Gils Carbó a la Procuración, Marijuán mantenía una relación cordial con la mayoría de sus pares y jueces, menos con el ex juez Norberto Oyarbide con quien mantenía una disputa personal. El ingreso a tribunales de jueces y fiscales de la denominada agrupación Justicia legítima dividió las aguas y Marijuán, enfrentado con su jefa, se distanció, no solo con los recién llegados, sino con sus colegas que hicieron amistad con ellos. Ahora, aseguran que quiere ir por su cargo. Marijuán era el nombre cantado para reemplazar a Gils Carbó o si Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, llegaba a la presidencia de la Nación. Pero ese traspié no lo desanimó y desde que asumió Mauricio Macri aceleró las causas contra los exponentes del Gobierno kirchnerista.
Polìtica y Justicia siguen cruzándose y basta con mencionar un dato reciente: el fiscal federal Federico Delgado promovió una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso de las bases de datos del ANSES para campañas de comunicación oficial. Lo hizo en base a una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras. La semana amterior a esa decisión, el fiscal Marijuán había desestimado la misma acusación pero presentados por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. Con una lógica distinta a la de Marijuán, Delgado entendió en su resolución que el uso de las bases de datos del ANSES por parte de los funcionarios “estaría violando el deber de seguridad inherente a su función específica”, y que los contenidos “en dicha base son de carácter no público”.
Esa misma semana Marijuán fue durante cuestionado al conocerse un audio suyo enviajo vía WhatsApp a una productora del periodista Luis Majul le dijera al conductor “que lo más importante, además del pedido de indagatoria –contra la ex presidenta–, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal”. Se trató, claramente de la filtración de una comunicación privada. También de una falsedad del fiscal ya que en la justicia federal el único que tiene el poder, la decisión de encarcelar a los imputados o procesados no es el fiscal, en este caso Marijuán, sino el juez de la causa, o sea Casanello.
Por ese incidente, el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó una denuncia en la que acusó a Marijuán de cometer los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público” y solicitó que se investigue también si no pudo haber realizado “tráfico de influencias”.
En su escrito, el legislador kirchnerista sostuvo que el mensaje difundido “revela, sin lugar a dudas, un ánimo persecutorio, amenazante y hasta vindicativo del fiscal Marijuán, hacia la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner” y menciona la aspiración del fiscal de llegar al sillón del Procurador General de la Nación que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó.
La denuncia tiene muy pocas chances de avanzar. Pero tanto el audio como el escrito de fuerte tono político, de Tailhade demuestran el real estado de las cosas en esta argentina crispada.
Los amores del fiscal
No sólo tiene simpatía por el macrismo, sino también empleo. Florencia tiene un contrato en el área legal –que aún no se hizo público en la página web– en el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
Casos y polémicas
En mayo de 2013, casi al mismo tiempo que llegaba a sus manos la causa contra Lázaro Báez por el presunto “apriete” a Elaskar, el fiscal Marijuán pidió al juez Sebastián Casanello, la declaración indagatoria de su jefa, la Procuradora Alejandra Gils Carbó por el delito de “abuso de poder” por la designación de fiscales subrogantes y ad hoc “de manera ilegal”, según dijo.
La denuncia generó una fuerte crítica de seis organismos de derechos humanos, entre ellos las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes lo denunciaron por "mal desempeño", acusándolo de poner en riesgo los juicios por crímenes de lesa humanidad. En un escrito los organismos de DD.HH. consideraron que “con sus acciones sin fundamento”, el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°9 “busca paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país durante la dictadura cívico-militar”, y que habían quedado sin fiscales que impulsasen esos juicios.
Lejos de esa polémica, ahora es el más activo de los fiscales en busca de avanzar en causas contra la ex presidenta: la principal es por la que pidió que se prohibiera su salida del país y que sea indagada por “encubrimiento” y “omisión de denuncia”. Es el caso que tiene al detenido Lázaro Baéz como protagonista por supuesto lavado de dinero y que también alcanza al ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kiciloff.
Fuente:Veintitres
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