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| Contundentes testimonios apuntan de lleno contra el imputado Atilio Céparo. |
Atilio Ricardo Céparo esperó el inicio del debate en una sala acondicionada para la ocasión. Llegó acompañado por cinco de sus seis hijas. Incluso, una de ellas se sentó con él y su abogado defensor, José Ostolaza. Una ambulancia del Ministerio de Salud estuvo en inmediaciones de la dependencia judicial ubicada en calla Urquiza de Paraná, pronta ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Así se dispuso porque el represor que está detenido en la Unidad Penal 1, viene reclamando la prisión domiciliaria por problemas cardíacos. Más allá de los recaudos que se tomaron, Céparo -suegro del vocal del Superior Tribunal de Justicia Emilio Castrillón-, presenció toda la audiencia sin sobresaltos.
El ex policía es juzgado por privación ilegítima de la libertad estando en función pública, haciendo abuso de funciones, sin las formalidades previstas por la ley, desempeñando un acto de servicio, y en esa situación por cometer acto de vejación o aplicar apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, a la que secuestró de su lugar de trabajo en 1976.
El tribunal compuesto por Lilia Carnero -presidenta-, Noemí Berros y Roberto López Arango, escuchará durante las próximas jornadas una veintena de testimonios en torno a los hechos denunciados por la víctima. También se hará una inspección judicial en la Jefatura de la Policía de la provincia, donde la mujer denunció que fue torturada con picana eléctrica.
El requerimiento de elevación a juicio que fue leído este lunes, relata que el 23 de septiembre de 1976, una enfermera del Sanatorio La Entrerriana fue secuestrada por tres policías a los que no puedo identificar. Fue trasladada a la Jefatura Central de Policía, y luego a la Comisaría Quinta. A Céparo lo identificó un hombre que estaba en el Sanatorio en el momento que se llevaron a la mujer. Lo conocía porque ambos vivían en La Paz.
La detención de la enfermera fue sin ninguna razón: no se comunicó el arresto a ninguna autoridad y tampoco se exhibió la orden de un juez. El secuestro se produjo al día siguiente de que una patota se llevara a una compañera con quien la enfermera compartía la vivienda.
La víctima permaneció en la comisaría del barrio San Agustín de Paraná hasta que Céparo volvió a buscarla y la trasladó nuevamente a la Jefatura. En la sede de calle Córdoba la enfermera lo reconoció porque el ex policía se identificó con su nombre. Allí la torturaron. La sometieron a un interrogatorio y le aplicaron la picana eléctrica. Estando en esa situación, la mujer también contó que se le corrió la venda de los ojos y pudo observar a Céparo mientras le ataba los pies al borde de la cama.
El debate oral se reanudará este martes con el testimonio de la denunciante. Hasta su casa se movilizará una comitiva judicial compuesta por el tribunal; el fiscal José Ignacio Candioti; los querellantes de HIJOS, Marcelo Boeykens y Sofía Uranga; y el defensor, entre otros.
Tres contundentes testimonios
Las declaraciones de Lionel López; Cecilia Arcaute y Ramón Evaristo Giacchi fueron contundentes en el inicio del debate. Los tres testimonios comprometieron al imputado. Incluso, uno de ellos relató cómo fue intimidado luego de que Céparo fuera detenido en diciembre de 2014.
“En 1976 mi esposa estuvo 33 días en terapia intensiva en el Sanatorio La Entrerriana. Yo vivía en La Paz pero por esa razón estaba en Paraná. La enfermera -denunciante- atendía muy bien a mi esposa y yo le tomé aprecio. El 23 de septiembre de ese año vi que Céparo -a quien identificaba de La Paz- fue a buscar a la mujer a terapia intensiva y le dio la orden de acompañarlo. Ella no volvió hasta siete u ocho días después”, contó López y agregó: “Cuando volví a verla ella me abrazó y no paraba de llorar. Me contó todo lo que le habían hecho y que no se lo deseaba ni al más enemigo”.
El testigo también se refirió a intimidaciones que sufrió luego de que Céparo fuera detenido en diciembre de 2014. “Yo me enteré un viernes que fue detenido el jueves anterior. Desde ese momento comenzaron a llamarme por teléfono. Era un número con característica de La Paz pero nunca atendí. También se presentó alguien ese domingo en mi casa. Pero no abrí la puerta”, narró. Luego de ese episodio se presentó en la Justicia y declaró que se sentía “intimidado” pero no radicó denuncia. A raíz de ello recibió una carta documento para que en 48 horas rectifique o ratifique su denuncia por amenazas. “Nunca respondí esa carta porque yo no hice ninguna denuncia”, acotó el hombre. }
Por otro lado, Cecilia Arcaute, por aquellos años directora de la carrera de Enfermería en Paraná, asentó que conoce a la víctima porque fue su alumna. “Supe que la habían detenido porque un médico de la Entrerriana me lo dijo. Con mi esposo tratamos de localizarla. Fuimos a la Jefatura de Policía y también fuimos a la Comisaría Quinta pero nos dijeron que allí no estaba. Me quedé preocupada por varios días hasta que ella apareció y me contó lo que la habían torturado, picaneado y había quedado muy mal. Estaba conmocionada, shockeada. Ella no sabía por qué la habían detenido”, contó.
Una tercera declaración, de Ramón Evaristo Giacchi, también fue en el mismo sentido que las anteriores. El hombre que es médico conoció a la enfermera porque compartieron un ámbito laboral y se formó un “muy buen concepto de ella”. “La conocí en el ´86. En ese tiempo todo el mundo hablaba de lo que había pasado, estaba todo caliente. Al poco tiempo que la conocí ella me contó que la habían secuestrado y torturado”, comentó.
Los que recuerdan poco
De los cinco testigos, dos de ellos recordaron poco. Se trata de una mujer que se desempeñó como “escribiente” -tal como ella lo definió- de informes médicos en el Servicio Médico Sanitario de la Policía provincial. Frágil de memoria, Mirta Chávez se mostró nerviosa y sólo recordaba haber hecho informes sobre “gente que se accidentaba en la vía pública”. “Nunca vi un preso político, a ningún militar ni a ningún policía vestido de civil”, aseguró. No obstante reconoció que había calabozos muy cerca del área donde se desempeñaba, en la Jefatura de Policía, a donde alojaban “contraventores” que luego derivaban a las comisarías.
Por otro lado, el médico policial Aro Luis Ogosuku, que trabajaba en el área sanitaria de la Jefatura, también declaró con tono olvidadizo. Incluso no reconoció ningún calabozo en la Jefatura de Policía de la provincia y hasta desconoció un croquis hecho en la investigación penal. “No atendí ningún detenido en la Jefatura”, afirmó y añadió que sólo asistía a “presos comunes en las comisarías”.
Céparo se abstuvo
El procesado Atilio Céparo se abstuvo de declarar, por lo cual se leyó la exposición que dio en la instrucción de la causa. “En ese momento dijo que no se acuerda de lo que denunció la víctima porque pasaron 40 años. No conozco a esa señora”, aseveró y dijo que “no estaba en su naturaleza” lo que le endilgaba la víctima, que en la Policía “sólo hacía trabajos administrativos” y que nunca recibió “órdenes contra subversivas”. Así lo aseguró, pese a que en su legajo constan antecedentes de formación “contra subversiva”.
Céparo fue separado de la Policía provincial mucho antes de esta denuncia, incluso el país estaba todavía sumido al terrorismo de estado. En 1981 quedó cesante por cobrar multas indebidas en nombre de Estado. Luego se dedicó a ser chofer, hasta que fue detenido en el marco de esta causa, cuando se desempeñaba como conductor de vehículos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. No es un dato ineludible que sea el suegro del vocal Castrillón.Fuente;AnalisisDigital
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