Finalizaron los alegatos de la querella en los juicios de lesa humanidad
En la Megacausa IV, la querella terminó su argumentación y presentación de pruebas. Pedirán condenas en cárcel común y efectiva por delitos de Lesa Humanidad, en el marco de genocidio.
Jueves 8 de septiembre
Esta semana finalizaron los alegatos de la parte querellante, tanto del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Megacausa IV que señala no solo las responsabilidades militares sino también, y por primera vez en el país, la responsabilidad civil de jueces y fiscales. Entre los acusados están los magistrados Romano, Miret, Petra Recabarren, Carrizo y Guzzo, este último ya fallecido.
Ellos recibían las denuncias de los familiares de los detenidos desaparecidos pero, siendo competentes, decían que no se podía hacer nada y así se encargaron de que decenas de recursos quedaran sin efectos. No solo se denuncia la complicidad con la desaparición sino también la responsabilidad de actuación en los Centros Clandestinos de Detención (CCD).
La querella señaló en su última intervención que los testimonios, la documentación y las investigaciones, demuestran que en el Palacio Policial funcionó un CCD conocido como D2 que fue utilizado para sembrar el terror y donde realizaban sus “tareas” tres principales responsables.
Dos de ellos (Eduardo Smaha y Juan Oyarzábal) fallecieron por lo que quedó como único imputado Armando Fernández. Parte de las acusaciones tienen que ver con los hechos ocurridos entre febrero y marzo de 1976 en los que fueron secuestrados Daniel Rabanal; Miguel Ángel Gil; Marcos Ibáñez; Rodolfo Molina; Silvia Ontivero; Fernando Rule; Stella Maris Ferrón; Ivonne Larrieu; Alberto Muñoz; Vicenta Zárate; Guido Actis y Haydée Fernández. Además se realizó el pedido de condena para los acusados por la causa de Ángeles Gutiérrez de Moyano, donde se responsabiliza a Juan Oyarzabal y Paulino Furió.
Los casos de Juan José Galamba; Raúl Gómez; Margarita Dolz; Mario y Gustavo Camín; Víctor Herrera; Daniel y Juan Carlos Romero y Ramón Sosa, todos desaparecidos/as, forman parte de esta causa en la que está acusado Alcides París Francisca, jefe de la Policía de Mendoza en 1978.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo acusa de privación abusiva de la libertad y homicidio doblemente agravado por lo que pidió prisión perpetua. Diego Lavado, del MEDH, remarcó que fueron delitos de lesa humanidad en el marco de la figura de genocidio.
Finalmente, la querella instó a los acusados remarcando que tiene la posibilidad de decir dónde están los compañeros desaparecidos, dónde están sus cuerpos y qué pasó con ellos. Contra los jueces acusados se pidió la pena de prisión perpetua, común y efectiva con la figura de delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio.
Las audiencias se reanudarán el lunes 19 de septiembre en el turno de la defensa. Los abogados de los genocidas solicitaron una prórroga de 10 días hábiles más para preparar su alegato.
Fuente:laIzquierdaDiario
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