Rectores, decanos, docentes e investigadores de universidades públicas, junto a integrantes del Comité por la libertad de Milagro Sala, se movilizarán el próximo sábado 1° de octubre hasta la cárcel de Alto Comedero, en Jujuy, para expresar su solidaridad con la militante social y los otros presos políticos de la organización Tupac Amaru. También le entregarán a Sala el Premio José María Aricó al compromiso social y político, que resolvió otorgarle la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Además, se le hará entrega del Reconocimiento Hugo Chávez a la Integración Latinoamericana, concedido por la Federación Universitaria de Córdoba.
Fuente:Pagina12
El triste honor de Jujuy
Por Tomás Eliaschev
Capital nacional de la represión. Lo plantean ONGs de derechos humanos, gremiales y sociales y legisladores. Violencia policial y racismo, de Milagro Sala a un recolector callejero.
Si la intención de las autoridades jujeñas era sembrar el terror entre amplios sectores de la población, se puede decir que sus diez meses de gestión vienen siendo un rotundo éxito. A tal punto que la provincia de Jujuy acaba de obtener el dudoso mérito de haber sido nombrada como “capital nacional de la represión y de la impunidad”. Fue en el marco de un encuentro de organizaciones de derechos humanos, gremiales y sociales que, junto a legisladores nacionales, se congregaron en la capital provincial para recabar denuncias de violencia institucional y policial.
El viernes 9 de septiembre, en un hotel de San Salvador de Jujuy, víctimas de violaciones a los derechos humanos se acercaron desde distintos puntos de la provincia para hacerse escuchar. Una de las participantes fue Graciela López, de la Red de Organizaciones Sociales. La referente contó el hostigamiento policial y judicial que viene sufriendo por su cercanía a Milagro Sala, la dirigente de la Tupac Amaru detenida ilegalmente –según denuncian los organismos– desde enero pasado, junto a otros diez integrantes de ese movimiento.
Tres días después, el lunes 12, López sufrió un violento allanamiento a su vivienda en Palpalá por parte de más de medio centenar de efectivos de la Brigada de Investigaciones, varios de ellos encapuchados y con armas largas, con numerosas camionetas y motos. “Creí que me iban a matar. Les dije que esperen porque me estaba bañando y patearon la puerta. Me tiraron al piso. Me patearon en la cabeza y me apuntaron con un rifle en el cuello – denunció López a Veintitrés–. Los policías me preguntaban ‘¿dónde está la plata de Milagro?’. Y me robaron toda la plata que tenía, que eran los 12.500 pesos que había retirado del banco por dos meses en mi trabajo como maestranza en la Legislatura provincial: era el primer sueldo que cobraba desde octubre pasado. Recién a la hora y media llamaron a un testigo. Fue un allanamiento ilegal, estas cosas no deberían pasar en democracia. En Jujuy parece que estamos sufriendo una dictadura”.
“El gobierno de Gerardo Morales no dejó sector de la oposición, social y gremial sin atacar. Por eso en la comisión recibimos tantas denuncias. Fue muy impactante”, contó a esta revista Myriam Bregman, fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. De acuerdo con la dirigente, “a partir de que Morales asumió, instauró un estado represivo, con militarización en las calles y en los barrios, según comprobamos. Todo eso avanza día a día de forma muy peligrosa”.
Natalia Morales, delegada de los trabajadores estatales de la Secretaría de Agricultura Familiar, señaló que “persiguen y golpean a la juventud por su cara de pobre o indígena, con la lamentable ayuda de un código contravencional antiobrero y antidemocrático que se empezó a aplicar este año”. La militante sindical, que también es referente provincial del PTS-FIT, puntualizó que “el Poder Judicial es adicto al gobierno provincial”. Según enumeró, son numerosos los ataques contra los trabajadores. “En mi caso, fui despedida junto a mis compañeros por persecución ideológica a principios de año. Me reincorporaron con la lucha. Posteriormente, se produjeron ataques al movimiento obrero: en el Ingenio La Esperanza suspendieron y abrieron causas penales a trabajadores solo por luchar, en el Ingenio Ledesma reprimieron con balas de gomas y gases y ahora le quieren cobrar una multa al sindicato, y en Aceros Zapla abrieron causas penales a trabajadores por un conflicto de 2013. Además, estatales, municipales y docentes sufren una caza de brujas, les arman listas negras en el marco de sus reclamos y les quieren descontar los días de paro”. A los once integrantes de la Tupac Amaru detenidos se les debe sumar la detención, en mayo pasado y durante 10 días, de tres dirigentes del SEOM, la organización que conduce Carlos “Perro” Santillán.
En la reunión de la comisión hubo dos denuncias que generaron mucho impacto. Una fue la de Anacleto Lamas, de 61 años, que recolecta basura para hacer abono orgánico en Humahuaca. En enero pasado, tres hombres con ropa camuflada, que resultaron policías, lo detuvieron. “¿Qué tiene en las bolsas, droga?”, lo increparon. Como el hombre quiso saber de qué hablaban, comenzaron a pegarle y a proferirle insultos racistas. “¿Qué te importa, coya de mierda?”, le decían mientras lo pateaban en el suelo. Fue la primera de tres palizas que le propinaron. Lo detuvieron, le siguieron pegando en el calabozo y en el patio de la comisaría.
Este grave caso sigue impune, como el sucedido el pasado 29 de agosto en San Pablo Reyes. Allí, siete jóvenes fueron detenidos en el marco de un “allanamiento masivo y violento”. De acuerdo a la denuncia, ingresaron a nueve domicilios sin orden de allanamiento. Ninguno de los detenidos tenía nada que ver con el robo que había motivado el operativo policial. Según denunciaron, fue por “prejuicios y estigmatizaciones en torno a la apariencia física de los jóvenes”. Para resguardar la integridad de las víctimas, la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste presentó un habeas corpus.
“Lo que escuchamos realmente da cuenta de un verdadero Estado policial”, resumió Bregman, que recientemente denunció en la Cámara Baja “aprietes” por parte de Carlos Pedro Blaquier, el empresario acusado por crímenes de lesa humanidad y que aún no fue juzgado. “Blaquier es quien está detrás de Morales”, acusó López. Y Natalia Morales graficó: “Decimos que Jujuy, además de capital nacional de la represión, es capital nacional de la impunidad porque Blaquier, responsable de la detención y desaparición de trabajadores, sigue generando grandes ganancias a costa de la explotación, y el año pasado le dictaron la falta de mérito”.
Fuente:Veintitres
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