EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA RECIBIO A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Un reclamo por temor a un retroceso
Tras un encuentro en Diputados, le plantearon al titular de la Corte las quejas por la dilación en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Lita Boitano, Taty Almeida, Ricardo Lorenzetti y Estela de Carlotto, en la Corte.
Durante una hora, diez organismos defensores de los Derechos Humanos le plantearon cara a cara al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, su “preocupación” por la dilación en el tratamiento de las causas por delitos de lesa humanidad y diversos inconvenientes que se agudizaron en los últimos meses. “Nos vamos con una sensación ambigua”, describió Carlos Pisoni, integrante de Hijos, “nos dio rápido la audiencia” pero al mismo tiempo se excusó ante los reclamos (ver página 15). Le pidieron que ratifique públicamente que “los juicios son una política de Estado” y manifestaron su inquietud por el “ataque” que está sufriendo el juez federal Daniel Rafecas. Lorenzetti dijo que no se podía pronunciar sobre el magistrado porque es un tema que puede llegar al alto tribunal.
Los organismos le entregaron una carta a Lorenzetti en la que detallan los motivos del malestar:
Lorenzetti le aseguró a la delegación que él sigue siendo el mismo que declaró públicamente que los juicios por delitos de lesa humanidad son una cuestión de Estado. El supremo apeló a deslindar responsabilidades. Dijo que el nombramiento de jueces es una atribución del Consejo de la Magistratura, que el control de las prisiones domiciliarias depende de la Cámara de Casación y discrepó con el dato de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad acerca de que el 66 por ciento de los condenados no tienen sentencia firme.
Las Abuelas, Madres-Línea Fundadora, Hijos (Capital), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, el Cels, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares y compañeros de las 12 de la Santa Cruz, la Apdh, Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte, Asociación Buena Memoria, Apdh La Matanza y la Fundación Memoria Histótica y Social Argentina, se retiraron con prevenciones.
- Es alarmante el estancamiento que advertimos. En la actualidad existen sólo 16 causas en juicio oral en todo el país. En algunas jurisdicciones se acumulan gran cantidad de expedientes que esperan la fijación de juicio oral. Un caso paradigmático ocurre en San Martín en donde se encuentran elevadas 16 causas de las que aún no existe fecha cierta para dar inicio al debate. En La Plata, 11 causas están en una situación similar.
- Actualmente son cerca de 700 los condenados por delitos de lesa humanidad, de los cuales sólo 136 tienen sentencia firme. Es decir que más del 66 por ciento de los condenados tienen su sentencia recurrida. “Esperamos que sean confirmadas con la celeridad que demandan los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en estas causas”.
- Se registran 360 causas entre las cuales se encuentran aquellas en las que se investiga la responsabilidad empresarial. Son preocupantes las demoras que se registran en los casos Ledesma, Las Marías, la Nueva Provincia y Papel Prensa, “que llevan mucho tiempo en etapa de investigación, con abundante producción de prueba y, pese a ello, se encuentran en etapas procesales prematuras con infinidad de recursos que atentan contra su avance”.
- Hay 489 imputados con prisión domiciliaria y son muchos los que han cometido “groseras violaciones a este régimen debido al nulo control”. El número de los detenidos que se encuentran en el servicio penitenciario asciende al total de 535, esto arroja que la diferencia entre unos y otros, sea exigua y demande la generación de mecanismos eficaces de control para que no se convierta en una cobertura para obtener impunidad.
- Hay 163 causas elevadas a juicio y 248 en instruccuón, lo que genera un cuadro de situación que “amerita de su parte adoptar los recuados pertinentes a fin de que cada una culmine y no en la frustrante impunidad por razones biológicas”.
Lorenzetti le aseguró a la delegación que él sigue siendo el mismo que declaró públicamente que los juicios por delitos de lesa humanidad son una cuestión de Estado. El supremo apeló a deslindar responsabilidades. Dijo que el nombramiento de jueces es una atribución del Consejo de la Magistratura, que el control de las prisiones domiciliarias depende de la Cámara de Casación y discrepó con el dato de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad acerca de que el 66 por ciento de los condenados no tienen sentencia firme.
Las Abuelas, Madres-Línea Fundadora, Hijos (Capital), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, el Cels, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares y compañeros de las 12 de la Santa Cruz, la Apdh, Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte, Asociación Buena Memoria, Apdh La Matanza y la Fundación Memoria Histótica y Social Argentina, se retiraron con prevenciones.
Fuente:Pagina12
Argentinos exigen continuidad de juicios a represores y genocidas
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE, 2016
Corresponsal: Edgardo Esteban
Fuente:teleSUR
ATE y la CTA A en Diputados
Preocupación por los juicios de lesa humanidad en todo el país
PUBLICADO EL 12 SEPTIEMBRE, 2016
ATE y la CTA son querellantes en las causas de lesa humanidad y participaron de un encuentro en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.
En ese contexto el secretario de derechos humanos de ATE provincia y la CTA Autónoma, Emiliano Hueravilo; el dirigente del CDP de ATE, Germán Mogilner; y el asesor letrado, Marcelo Ponce Núñez, trasladaron su preocupación por el lento avance de los juicios.
Sobre este escenario, Hueravilo advirtió que “se hizo una jornada de derechos humanos para ver cómo siguen los juicios de lesa humanidad convocados por organismos de DDHH, ATE y la CTA Autónoma”.
“Realizamos un análisis sobre el estado en el que se encuentran las casusas y respecto a qué hacer para que continúen los juicios. Actualmente faltan jueces y fiscales para que se lleven adelanten los juicios con celeridad”, detalló.
Y agregó: “consideramos necesario que haya tribunales destinados a trabajar en el marco de las causas. Por este reclamo esta tarde iba a haber una reunión con el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti”.
A su vez, adelantó que “por esta tema la semana próxima también se pedirá una reunión con la vice presidenta de la nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, y con el presidente de la Cámara de Diputados”.
Es preciso recordar que en la región capital la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz sigue siendo una posibilidad. Esta es otra de las cuestiones, dentro del temario, a abordar con el juez Ricardo Lorenzetti.
Fuente:ATEBs.As.
ENCUENTRO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS PARA ANALIZAR EL ESTADO DE LOS JUICIOS
“Preocupados por las señales de inercia”
Abogados, familiares y sobrevivientes consensuaron un plan de acción para revertir las dificultades y los retrocesos que advierten en los procesos judiciales sobre el terrorismo de Estado. Hay reclamos para los tres poderes.
Por Ailín Bullentini
Lita Boitano, Estela de Carlotto y Taty Almeida junto a representantes de organismos y abogados.
Una veintena de abogados, referentes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado se reunieron para analizar las “dificultades y los retrocesos” que experimentan en los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país y consensuaron un plan de acción para “luchar contra la inercia” que encuentran en diferentes espacios del gobierno nacional, del Poder Judicial y del Legislativo. En el Congreso de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares, Hijos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre varias otras agrupaciones, anunciaron que solicitarán reuniones con funcionarios de los tres poderes –esta tarde los recibió el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti– y anunciaron la realización de la tradicional Marcha de la Resistencia para los primeros días de diciembre próximo.
“Estamos preocupados ante las señales de inercia y falta de impulso que se evidencian en los tres poderes del Estado” en materia de memoria, verdad y justicia, inauguró las conclusiones del encuentro la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, tarea que compartió con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, desde un escenario que también ocuparon otras madres y abuelas, y referentes de cada una de las organizaciones impulsoras del plenario: Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hijos Capital, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los Familiares y Compañeros de las 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica, el CELS, la Asociación Buena Memoria y la Comisión por la Memoria Campo de Mayo, entre otras.Entre todos, consensuaron el despliegue de pedidos de reuniones de manera conjunta a referentes de esos poderes para denunciar lo expuesto y comprometieron su participación en la Marcha de la Resistencia, que organizarán en Plaza de Mayo el 7 y 8 de diciembre próximos. Poco antes de comenzar el encuentro, voceros de Lorenzetti les hicieron llegar una cita con el presidente de la Corte para esa misma tarde (ver aparte). Pedirán reuniones con el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; con los titulares del Senado y de la Cámara baja, Gabriela Michetti y Emilio Monzó; y con la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien le manifestarán “el apoyo al trabajo del Ministerio Público Fiscal”.
Lita Boitano, de Familiares, pidió por la libertad de Milagro Sala y ratificó la “defensa total y unánime” al juez federal Daniel Rafecas, “a quien atacan por ser un juez incorruptible”. La Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida calificó de “emocionante” al encuentro que se extendió durante tres horas ayer por la mañana y colmó el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados. “Acá se respira unión y fuerza, lo que nos permite gritar que no vamos a bajar los brazos”, dijo antes de leer el documento final que todos los participantes habían consensuado tras una veintena de exposiciones de abogados, sobrevivientes, referentes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas del plan sistemático de exterminio desarrollado por la última dictadura cívico militar.
Inercia judicial
Los organismos señalaron como “preocupante” el “ritmo cansino” que el Poder Judicial aplica a la realización de los juicios, la “lentitud para el desarrollo de los debates orales y públicos” y la “demora para conformar tribunales y obtener espacios propios para la realización de las audiencias”.
En ese sentido se pronunciaron casi todas las exposiciones que tuvieron lugar en el plenario, encabezadas por el breve informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad: “Hay una baja de ritmo, pero no está parado el proceso”, advirtió Carolina Varsky, quien mencionó que el “ritmo más lento” se refleja en “menor cantidad de sentencias, menos audiencias por juicios, problemas para integrar los tribunales, estancamiento en la programación de los juicios, demoras en la instrucción de las causas y en la revisión de las condenas”.
Los sobrevivientes del centro clandestino El Vesubio, aportaron que hace 13 años esperan que la causa por los crímenes en ese sitio sea elevada a juicio. Los abogados de Formosa señalaron que allí “hace cuatro años que no hay juez” y el subrogante, de Corrientes, “viene una vez por semana”. El juicio que se desarrolla en San Rafael, Mendoza, sufre la misma situación, con “una audiencia cada 15 días”, apuntó la militante Sofía Dandrea. Adriana Taboada, referente de la megacausa Campo de Mayo, denunció que “por desinformación y desinteligencia entre agencias judiciales, los juicios no avanzan y nosotros quedamos en el medio”.
Reproches al Ejecutivo
Entre las actitudes reprochables al Poder Ejecutivo, los organismos consideraron “preocupante” el “cambio de paradigma en el discurso oficial” que, entienden, tiende a “consolidar el terrorismo de Estado como una guerra sucia o violencia política” y que lo encuentran evidenciado en “declaraciones negacionistas de funcionarios públicos” o la asistencia a actos oficiales de “personajes vinculados con el golpismo o que lo defienden”. En esa línea, también leen otras actitudes del Gobierno de Mauricio Macri, como el retiro de la querella de la causa contra Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central entre 1979 y 1981, por delitos de lesa humanidad, la inacción ante las prisiones domiciliarias otorgadas a procesados y condenados por esos delitos; la derogación de una resolución del Ministerio de Defensa que impedía que los investigados fueran atendidos en hospitales militares y el decreto 721 que le “devolvió la autonomía a las fuerzas armadas”. Por otra parte, denunciaron “una fuerte embestida” contra la procuradora Gils Carbó y recordaron los recortes sufridos por el Programa Verdad y Justicia y el centro asistencial Fernando Ulloa.
Para Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, también la situación es “preocupante”: “La impresión que tengo es que van a buscar el camino de vaciamiento lento, de muerte natural de estas políticas”, advirtió el diputado que posibilitó que el encuentro de los organismos se llevara a cabo en el anexo de la Cámara.
Reclamos a los legisladores
Carlotto advirtió que elaboró un pedido a Michetti y a Monzó para que “finalmente se arme la comisión bicameral que debe investigar los delitos económicos de la última dictadura” que debería haber comenzado a trabajar en marzo pasado. Dijo que aún no obtuvo respuesta. En ese punto radica la exigencia que los organismos le dedicaron ayer, tras el plenario de exposiciones, al Poder Legislativo: “En esta casa legislativa exigimos a los presidentes de los bloques legislativos que la pongan a funcionar”, advirtieron en el documento final. “Los obstáculos para avanzar en investigar o juzgar delitos de lesa humanidad se agudizan ante la impunidad para los partícipes civiles de esa dictadura genocida y para todos los culpables civiles que siguen sin tener juicio y castigo”, concluyeron.
Fuente:Pagina12
Hay una Tendencia Creciente de Otorgar Domiciliarias a Represores
Lun, 12/09/2016
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un informe que revela que desde marzo de 2015 hubo más de 100 imputados beneficiados con la prisión domiciliaria. “Se observa una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario, que abarca prácticamente todo el periodo relevado.
Entre marzo y diciembre de 2015, el aumento fue de 55 imputados, mientras que en lo que va de 2016 (8 meses) el aumento ha sido de 50 imputados. Así, en el período que va de marzo de 2015 hasta agosto de 2016, la cantidad de represores que accedieron a ese benefició ascendió de 384 a 489.
El informe de la Procuraduría, que encabeza el fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky, relevó las condiciones de detención de los 1055 detenidos por delitos cometidos en la última dictadura en todo el país. Otro dato interesante del estudio es que es casi la misma cantidad de detenidos en la cárcel (535) y en su domicilio (489).
Este dato “discute con cualquier manifestación que sugiera que el beneficio de la prisión domiciliaria se deniega en forma sistemática”.
“Esta semana –continuó el escrito consensuado por todas las organizaciones- se cumplen 10 años de la condena a perpetua para el genocida Miguel Etchecolatz y hay jueces de la nación que han decidido darle la posibilidad de volver a su casa con el único argumento de su edad. Nos preguntamos si a este mismo poder judicial no le importa acaso la edad de cada abuela que sigue buscando a su nieto o nieta; de cada madre que lucha por saber dónde está el cuerpo de su hijo o hija, de cada familiar que querella para tener justicia”.
Los organizadores del Encuentro se quejaron, además, de que se están produciendo retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan a todas las conquistas que se han logrado en el país, conformando un ejemplo a nivel mundial de la lucha contra la impunidad.
En otro orden, señalaron “con preocupación” que la justicia tenga “un ritmo cansino para la realización de los juicios” que tienen a los genocidas como protagonistas. Según los referentes de los Derechos Humanos, esto se debe a la demora para conformar la integración de los tribunales, entre otras excusas.
La responsabilidad empresarial en el último golpe militar fue uno de los temas que más se profundizó. En ese sentido, las organizaciones sostuvieron que “fueron cómplices del brazo armado del terrorismo de estado” y evidenciaron que “el Poder Legislativo tiene pendiente la conformación y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas de la última dictadura militar que debía estar en funcionamiento a partir de marzo”.
Esta deuda fue advertida a la presidencia del Senado, Diputados y a los jefes de los distintos bloques pero sin resultados positivos. “El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado en un informe reciente que lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que esta comisión no se haya puesto en funcionamiento”, detallaron.
Además, identificaron la existencia de una “fuerte embestida contra Alejandra Gils Carbó; la reducción de empleados de distintos programas que pasaron de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y los despidos de varios empleados del Centro de Asistencia a Víctimas”.
Los oradores tuvieron en cuenta que el “Programa Nacional de Protección de Testigos está encabezado por el subteniente del Ejército Francisco Lagos” y que la Agencia de Noticias Infojus, que dependía del Ministerio de Justicia y cubría los juicios de lesa humanidad, fue desmantelada.
De la misma manera, señalaron que se disolvió “la Subgerencia de Promoción de Derechos Humanos del Banco Central creada para investigar delitos económicos durante la dictadura”.
Fuente:PoliticaCorrentina
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