Muy especialmente desde el año 2005, Uruguay comenzó a transitar el arduo y difícil camino de dar cumplimiento a las normas de DDHH que regulan el tránsito de dictaduras hacia la democracia en los diferentes aspectos.
A nivel internacional, este proceso es conocido por los juristas y expertos como justicia transicional.
Los Estados tienen la obligación de investigar, esclarecer y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y tienen, también, que resarcir a las víctimas por el daño y el sufrimiento ocasionado.
El próximo mes de octubre se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley 18 033. Sin dudas, una de las leyes más significativas que se aprobaron en Uruguay para hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Estado, Contribuyó a superar, en parte, las secuelas del mismo.
Como resultado de una amplia y extensa movilización de nuestro colectivo, junto a otras organizaciones sindicales y de derechos humanos, el original proyecto de ley gubernamental fue ampliado, profundizado y mejorado durante el tratamiento parlamentario.
En los hechos, tácitamente, el Estado uruguayo asumió su responsabilidad por la imposibilidad de miles de compatriotas de trabajar y de aportar a la seguridad social para acceder a una jubilación al llegar a la vejez.
También asumió, implícitamente, que el Estado uruguayo fue omiso en cumplir con sus obligaciones al retornar a la democracia con miles de ciudadanos que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
Lograr la aprobación de la Ley 18 033 fue una gran conquista de nuestro colectivo. Junto con la lucha desplegada por restablecer plenamente la pretensión punitiva del Estado, desde ese mismo instante comenzamos a movilizarnos para seguir avanzando, para superar las carencias e insuficiencias de la ley en múltiples planos.
Con el ánimo propositivo que siempre ha caracterizado a Crysol, el año pasado, nuestra organización presentó formalmente al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia de la República un proyecto destinado a superar las fallas de la ley 18 033 teniendo muy en cuenta lo señalado sobre ella por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff.
El proyecto presentado por Crysol es sensato, razonable, ajustado a derecho y viable. Aborda el restablecimiento de los derechos jubilatorios y también los aspectos referidos a la salud.
En ese marco, La Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia de la República y Crysol (Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay), estamos organizando un seminario para reflexionar sobre lo avanzado, desde la perspectiva de las normas de DDHH y poder definir colectivamente los desafíos pendientes.
La actividad se llevará a cabo el Miércoles 28 de Setiembre de 2016 a las 10 horas en la Sala Francisco Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Palacio Legislativo.
El tema que se abordará será: “Las deudas pendientes a 10 años de la aprobación de la Ley 18 033 desde una perspectiva integral”.
En la oportunidad harán uso de la palabra el Prof. Gerardo Caetano, el Presidente de Crysol Gastón Grisoni, el Dr. Felipe Michelini, Coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de la Presidencia de la República, la Dra. Ariela Peralta, Presidenta de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo y el Sr. Amerigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Región.
Esperamos contar con la más amplia presencia para otorgarle más trascendencia y significado a esta actividad, porque hay que seguir avanzando, forjando, también en este plano, el Nunca Más.
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