06/10/2016 La defensa reclamó la absoluciónCausa Céparo: pidieron penas que van de los 16 a los 21 años de cárcel para el ex policía provincial
Se reanudó hoy el juicio oral contra Atilio Ricardo Céparo. La jornada estuvo sellada por algunos detalles que no pasaron desapercibidos por el edificio del Tribunal Oral Federal (TOF) de calle Urquiza. Al ingreso de la vieja casa -como sucede en cada audiencia por delitos de lesa humanidad-, se colocó en una ventana una bandera de la Regional Paraná de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). En contraste, la otra ventana fue vestida con dos paños que tenían consignas reivindicando la actuación de fuerzas del Estado en la última dictadura cívico-militar. Es decir, una bandera con la inscripción HIJOS estuvo colgada en un lateral de la fachada del TOF. Y del otro lado podía leerse una consigna alusiva a policías y militares detenidos por delitos de lesa humanidad como “presos políticos” por el “negocio de los derechos humanos”. Adentro, en la sala de audiencias, unas cinco o seis personas se colgaron carteles del cuello con enunciados similares: “Asesinos de grupos armados”; “Militantes Montoneros - ERP”; “Muertos por ERP - Montoneros”. Luego de ausentarse las últimas jornadas de debate la semana pasada, hoy reapareció Céparo. A poco de reanudado el juicio, Ostolaza solicitó al tribunal compuesto por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros si le permitían a su representado retirarse de la sala para evitar el estrés que le provoca. Cuando los magistrados admitieron el pedido del defensor y el ex policía se levantó de su silla, el grupo de cinco o seis personas con carteles festejó la medida con un aplauso. La actitud valió un llamado de atención de la presidenta del tribunal, que ordenó a los presentes abstenerse de ese tipo de manifestaciones. Otra de las presencias llamativas fue la del vocal del STJ, Bernardo Salduna, quien reservó un lugar especialmente y estuvo hasta el final de los alegatos. Salduna se sentó junto a las hijas de Céparo. Cabe señalar que hasta que fue preso -en diciembre de 2014-, el ex policía de la provincia se desempeñó como chofer del máximo órgano judicial de Entre Ríos. Incluso, otro de los vocales del STJ, Emilio Castrillón, es la actual pareja de una de las seis hijas de Céparo. Amenaza y reapertura de una causa La semana pasada, uno de los testigos, Jacinto José Escobar, retirado en democracia como subjefe de la Policía de la provincia, contó que fue amenazado para declarar a favor de Céparo en esta causa. Frente al tribunal dijo que antes de ser citado para testificar, recibió un llamado al teléfono de línea de su casa, en Gualeguaychú. “Una voz femenina me hizo una serie de consideraciones sobre lo que iba a declarar en la causa Céparo. Se trató de una amenaza. Me dijeron que iban a ultimar a mi familia y a mí”, relató. Escobar señaló en ese sentido que hizo la denuncia por amenaza en un Juzgado de Gualeguaychú, pero la causa quedó en la nada. El TOF de Paraná pidió esa información a Gualeguaychú. Este miércoles se dio a conocer que la causa fue archivada porque se solicitó un informe a la empresa de telefonía, para constatar los llamados que se habían recibido en el domicilio particular de Escobar, pero la empresa de teléfono dio un detalle de fechas que no se correspondía con la denuncia. Según se prometió en el reporte que el Juzgado gualeguaychuense envió al TOF, la investigación será reabierta. Este no fue el único caso de amenazas en el marco de la causa Céparo. Lionel López, uno de los testigos clave que comprometió seriamente la actuación de Céparo -ya que lo identificó al momento del secuestro de la enfermera en el Sanatorio La Entrerriana-, también recibió numerosas llamadas a su teléfono personal y hasta una visita inesperada a su domicilio. López declaró eso en el expediente que instruyó el juez Leandro Ríos, y apuntó a una de las hijas de Céparo como responsable, Francia Céparo. Por haberle contado esos episodios al juez federal, López recibió una carta documento por la cual se lo intimó a rectificar o ratificar una supuesta denuncia por amenazas. “Yo lo declaré, no lo denuncié, entonces nunca respondí esa carta”, relató López la semana pasada. Para Fiscalía, Céparo debe pagar con 16 años de cárcel Candioti expuso su alegato y ubicó los hechos juzgados en un contexto de “implementación de un plan sistemático de represión, donde muchos jóvenes fueron secuestrados sin razón, incomunicados, detenidos, vendados o encapuchados, tabicados e interrogados bajo la aplicación de tormentos que, vinculado a las condiciones de detención, constituyeron delitos de tortura”. Recordó que en la jurisdicción hay tres condenas por delitos de lesa humanidad que dan cuenta, con detalle, de la represión que asoló el país en la última dictadura cívico-militar: causa Hospital Militar, causa Harguindeguy; y causa Área Paraná. En ese contexto situó los hechos ventilados en la causa Céparo. Repasó los acontecimientos en una línea temporal. Detalló toda la prueba documental que los respalda y resaltó la contundencia de los testimonios pronunciados en el debate. Calificó al grupo de policías de la provincia que secuestró jóvenes como “patota” y sindicó a Céparo como uno de sus integrantes. Se detuvo en la tortura que le aplicaron a la víctima mientras estuvo en cautiverio e hizo hincapié en la intensidad de la misma a través del pasaje de energía eléctrica por los genitales y zonas sensibles del cuerpo como los senos y el abdomen. Recalcó que la víctima ubicó “con claridad” a Céparo en la sesión de tortura. Argumentó que los testimonios en la causa son congruentes con la declaración de la víctima, y calificó esa coherencia como una forma de probar la veracidad de la denuncia. Rescató la denuncia que la víctima hizo en 1984 ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y sostuvo que esa primera declaración fue rubricada por todos los testimonios producidos desde 2012 en adelante, cuando la enfermera volvió a denunciar lo que le pasó y se abrió esta causa. “Céparo es responsable de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos de la víctima. Fue parte de la patota policial porque no era alguien ajeno a la represión ilegal. Es más, hizo el curso de lucha contra la subversión, por más que en la indagatoria lo haya negado”, asentó y recalcó que “la versión del imputado está totalmente controvertida”. Al momento de pedir la pena, el fiscal General añadió que no caben dudas que la víctima fue secuestrada, privada de su libertad e interrogaba bajo tortura “por motivos políticos”. “Creían que pertenecía a un grupo que no pertenecía y por eso, increíblemente después de torturarla salvajemente le pidieron perdón”, señaló. Solicitó 16 años de prisión, más inhabilitación absoluta perpetua y las costas del juicio, y explicó: “Se trata de un concurso real por dos hechos distintos -privación de la libertad y tormentos-. Estos dos hechos llevan a que los señores jueces, en el caso que los jueces condenen al imputado, la pena debe comprender ambos injustos. También hay que tener en cuenta la magnitud del injusto porque la privación de la libertad se dio por varios días y por la alevosía de la tortura. El tormento puede ser el tabicamiento, pero aquí consistió en el pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo de la víctima desnuda. La víctima prefería que la matasen a que la vuelvan a torturar, así se lo pidió a Claverí -el jefe de la Comisaría Quinta, donde estaba alojada-. El actuar sobre seguro es otra de las consideraciones. Céparo sabía que estaba actuando con una víctima indefensa, al amparo del poder estatal”. “La impunidad con la que se manejaban permitió a Céparo secuestrarla a plena luz del día, en el trabajo, y llevarla al pleno centro de Paraná y torturarla salvajemente. Una impunidad absoluta y confío en que la Justicia de la Constitución y de los señores jueces, y esto seguro de que así será, termine con esta impunidad y dicte una sentencia condenatoria por estos gravísimos hechos”, recalcó y recordó: “¿Recuerdan los jueces cuando la víctima declaró y le preguntaron si había servido como reparación este juicio? Ella respondió no sé, porque por un lado sirvió contar lo que padeció, pero por otro lado las vivencias del horror volvieron. Estoy seguro que esa reparación tan anhelada por la víctima va a llegar y será cuando los jueces dicten la sentencia y condenen a Céparo por delitos de lesa humanidad”, completó. Para la querella, 21 años de prisión efectiva Para abrir su alegato, Boeykens aseveró que como representantes de HIJOS se opusieron al cierre de la instrucción en esta causa. “Hay un solo imputado y una sola víctima, cuando esto fue parte de un plan mucho más grande de represión y exterminio”, marcó. Apuntó en ese contexto sobre “las teorías que en este momento sobrevuelan en este juicio, sobre los dos demonios y la teoría de los excesos”. “La teoría de los excesos tiene que ver con lo que nosotros nos oponíamos a que pase y finalmente ocurrió: Céparo no fue un lobo solitario, sino que fue un engranaje más de una maquinaria mucho más grande que asoló el país”, graficó. “Las víctimas no fueron aisladas y los represores tampoco. Pero el Juzgado Federal de Paraná sólo imputa cuando la víctima puede identificar a su represor. No vincula pruebas y a veces se requiere más trabajo para dar con los responsables. En las imputaciones faltan consideraciones respecto de la calidad de los delitos y esto atenta con el fin histórico y reparador de estos juicios”, cuestionó. “Venimos a acusar a Céparo como uno de los responsables del engranaje de la represión, y venimos en representación de todos los movimientos de derechos humanos de la provincia. Céparo es coautor del delito internacional de genocidio, porque eso fue lo que pasó en Argentina, un genocidio. Pido que esto se tome en la sentencia de esta causa, como este tribunal ya lo tomó en Harguindeguy”, remarcó. Por su parte, Uranga reconstruyó en detalle los hechos ventilados en debate. Sostuvo que la víctima tiene diversos padecimientos físicos y mentales como consecuencia de su secuestro y básicamente de la tortura a la que fue sometida. “Queremos poder ubicar en la Jefatura de Policía de la provincia un centro clandestino de tortura”, acotó y señaló que “esta detención se enmarca entre otras detenciones de trabajadoras de la salud en Paraná”. La abogada se detuvo asimismo en que “la violencia de género fue una cuestión saliente” en todo lo que vivió la denunciante. “Mientras la torturaban, a ella le preguntaban cuántas veces se había abierto de piernas. Incluso, los policías que intentaron protegerla lo hicieron por su condición de mujer”, alertó. Uranga pidió reparar a la víctima con la pena y a la sociedad en su conjunto. “Consideramos que debe ser prisión efectiva, porque en menos de 15 minutos puede estar en cualquier centro de alta complejidad para que lo atiendan. En caso de que su situación de salud se agravara y le dieran la domiciliaria, pedimos que se agudicen los controles”, solicitó. Por último, la querellante pidió que se investigue la complicidad y participación de otros integrantes de las fuerzas del Estado; y que se extraigan de este expediente las declaraciones de los testigos-víctima para otras investigaciones. La defensa pidió la absolución Para el abogado José Ostolaza, la denuncia contra Céparo es una fábula. Acusó que a su representado “se lo eligió” por haber sido parte de Investigaciones de la Policía y sostuvo que la participación de Céparo “no existió” en todo lo que se denuncia. Atacó “falta de pruebas” que demuestren la tortura a la que fue sometida la víctima, y manifestó que su denuncia fue cambiando en el tiempo. “Parece que ser víctima de lesa humanidad les da una carta blanca para mentir. Acá vinieron a mentir porque no puede ser que después de 40 años recuerden los hechos con más nitidez que cuando declararon con inmediatez. Estas son mentiras implantadas o sugeridas”, arremetió. “Trataron de justificar todo con testigos que no estuvieron presentes o murieron”, esbozó y apuntó contra el testigo Lionel López. Reivindicó el relato de la hija de Céparo y cruzó una “falsa memoria”. “No hay elemento que acredite la denuncia de la mujer”, dijo y reclamó la absolución por duda. En el caso de ser condenado Céparo, pidió que por no sea tenido en cuenta el agravante por persecución política. “Céparo era un joven en esa época y antes de ser detenido era una persona útil a la sociedad, con trabajo y con una familia”, acotó. Por último pidió la prisión domiciliaria, y se fundó en informes de médicos del servicio penitenciario y de la Corte Suprema de Justicia. “El jueves o viernes se lo trasladó de urgencia al San Martín y los médicos dicen que existe un riesgo del 30 por ciento de que vuelva a tener un paro cardio-respiratorio”, sostuvo. | ||
6 de octubre de 2016
PARANÁ - CAUSA CÉPARO: PIDIERON PENAS QUE VAN DE 16 A 21 AÑOS.
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