Pregunta de un represor al presidente
13/10/2016
Foto: Franco Trovato Fuoco.
Con demoras para su inicio, y bajo un cielo encapotado que rápidamente comenzó a garuar –razón por la cual se suspendió la radio abierta prevista–, el tercer juicio oral y público que tiene como protagonistas a integrantes del Batallón 121 de Inteligencia del Ejército dio sus primeros pasos a media mañana de este jueves, cuando el secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal N° 1, Osvaldo Facciano, emprendió la larga lectura de los distintos requerimientos de elevación a juicio.
Antes de la lectura de los requerimientos, se produjo en pequeño dislate cuando el Amelong exhibió el cartel, razón por la cual fue expulsado por el tribunal. Mientras el represor era llevado por los gendarmes, comenzó a disparar una serie de improperios hacia los jueces, en los que se alcanzaron a escuchar quejas por el lugar de detención al que fueron traídos los acusados desde el penal Marcos Paz: la cárcel de Piñero.
Por sus gritos, se entendió que al parecer, los baños de la cárcel santafesina no son los suficientemente higiénicos para Amelong, observación con la que coincidió el mayor (RE) Jorge Alberto Fariña, otro de los imputados, quien que al igual que su camarada de armas empezó a quejarse y también fue desalojado.
Facciano leyó parte de las acusaciones de la fiscalía y las querellas, contra los diez los represores acusados por crímenes de lesa humanidad como homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos, que fueron cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia contra 47 víctimas del Terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas.
Además de Amelong y Fariña, los imputados son los militares (RE) Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la policía provincial).
Entre otros delitos, en el proceso se investigarán los asesinatos y desapariciones de Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela –cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados– y Jorge Luis Ruffa –sus restos fueron identificados–.
También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Feliciano Dri, Carlos Alberto Novillo, Alejandro Luis Novillo, Graciela Inés Zitta, Susana Elena Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.
El tribunal está integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte.
Los querellantes Alicia Gutiérrez, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Álvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf, María Rosa White, son representados legalmente por Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos–. Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano son los abogados por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Dos “enfermos”
En la audiencia de este jueves no estuvo Guerrieri, el más connotado de los imputados. Según explicó su defensor Gonzalo Miño, su ausencia se debió a una indisposición de salud, que acreditó con documentación.
En la jornada también se expuso otro problema sanitario, en este caso sobre la presunta debilidad mental de Pelliza. Su defensa presentó el pedido de que sea apartado del juicio por que el reo no estaría en sus cabales. Sobre ese punto el tribunal informó que el asunto se resolvería en las próximas jornadas.
Fuera del tribunal
A pesar de la lluvia, que hizo suspender la radio abierta convocada por el Espacio Juicio y Castigo –que nuclea a organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas de la ciudad–, el “aguante” a los testigos y querellantes se hizo de todos modos.
Entre los presentes en la puerta de los tribunales federales de calle Oroño, estuvieron además de los habituales representantes del Espacio Juicio y Castigo, testigos, querellantes y referentes políticos, integrantes del Comité por la libertad de Milagro Sala y de el grupo Documenta Baigorria, quienes aprovecharon el marco en el que se juzgan los delitos cometidos en La Calamita para insistir con la expropiación del predio, sobre el que se recordó que hay una promesa inconclusa del gobernador Miguel Lifschitz.
Tras el cierre de la audiencia, a las 16 de este jueves, los magistrados anunciaron que el debate oral continuará este viernes de 9.30 a 12.30.
Fuente:RedaccionRosario
POR CRIMENES CONTRA 47 VICTIMAS COMENZO EL 9º JUICIO DE LESA HUMANIDAD
Su única defensa es la provocación
Amelong, que tiene una condena a perpetua firme, levantó un cartel que decía "sigue el curro", y el Tribunal lo echó de la sala. Son diez acusados por secuestros y homicidios. Rodolfo Isach es el único que afronta su primer juicio.
Juan Daniel Amelong se quejó a viva voz por el "circo" de los juicios que afronta.
Se juzgan los crímenes cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidos. El tercer tramo de la causa Guerrieri parecía comenzar con las formalidades de siempre en el Tribunal Oral Federal número 1, cuando Juan Daniel Amelong levantó un cartelito que decía "Macri miente? Sigue el 'curro'". El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, le pidió el papel, y cuando se acercó, Amelong le puso las quejas: no comían desde el día anterior. El convicto atinó a volver a sentarse y dijo: "No sé para qué hacemos esto, si ya sabemos cómo termina. A dos de éstos ya los tuve en otro juicio. Si empiezan el circo, yo sigo con el circo". Jorge Fariña aprovechó para poner sus propias quejas: "Tengo 74 años, yo también tengo derechos humanos". Todos los represores han sido juzgados con todas las garantías constitucionales.
El magistrado los echó de la sala y el resto de los acusados aprovechó para irse a un espacio contiguo. Fariña y Amelong tienen condenas a prisión perpetua que ya están firmes, en la primera parte de esta causa, por la desaparición de 17 personas, entre otros delitos. Así comenzó el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Rosario. En el pasillo, Amelong todavía tuvo ánimo para provocar al concejal Eduardo Toniolli, hijo de una de sus víctimas. "Qué hacés, Toniolli", lo saludó. El único de los acusados en este proceso que nunca fue juzgado es Rodolfo Isach, quien deberá responder por homicidios.
Los represores acusados estaban en fila, sentados en sus sillas, contra la pared. Walter Pagano, Fariña, Ariel López, Juan Cabrera, Amelong, Marino González, Isach y Armando Pelliza. Separado por un gendarme seguía Eduardo Costanzo. Guerrieri no estuvo ayer porque tuvo cólicos, pero convalidó el comienzo del juicio. Las partes estuvieron de acuerdo para evitar más demoras.
Cuando lo expulsaron de la sala, Amelong -decidido a generar conflicto- dijo también que le revocaba el poder a su defensor. Otro de los defensores públicos, Fabio Procajlo, arguyó que su defendido -Pelliza- no estaba en condiciones de ser sometido a juicio por su salud mental. El tema será tratado hoy, en la audiencia que comenzará a las 9.30, en Oroño 940. Para asistir, sólo hace falta llevar el DNI con una fotocopia.
Tras el incidente con Amelong y Fariña, el resto de los acusados pidió retirarse a una sala contigua, donde seguirán el juicio por televisión. Sólo Isach se quedó en la sala de audiencias.
En la primera jornada del juicio, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio oral para que cada imputado sepa de qué se lo acusa, de acuerdo con las garantías procesales. Allí se enumeraron las desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos que sufrió cada una de las víctimas que pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención (ccd) La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, que dependían del Batallón de Inteligencia 121. Guerrieri era el segundo jefe de inteligencia de ese Batallón.
El tribunal que preside Escobar Cello se completa con María Ivon Vella y Luciano Lauría. El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Adolfo Villate está a cargo de la acusación, mientras Nadia Schujman querella por la organización HIJOS y Santiago Bereciartua por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La lectura del requerimiento estuvo a cargo del secretario Osvaldo Facciano, quien resumió el circuito de ccd que estaban bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121. La Calamita funcionaba como tal desde septiembre de 1976, mientras la Quinta de Funes fue alquilada en septiembre de 1977. "Allí se encontraron cautivos un grupo de personas que fueron ultimados en La Intermedia, con excepción de Raquel Negro y Tulio Valenzuela", dice el requerimiento, donde se puntualiza que los secuestrados eran "obligados a actuar al exterior como si no estuvieran privados de la libertad". La fiscalía considera que ese accionar "no tenía ningún fin humanitario sino que profundizaba el tormento y la aflicción de las víctimas".
Entre las víctimas (ver aparte) cuyas privaciones ilegítimas de la libertad se juzgan en este juicio, además de quienes estuvieron en Quinta de Funes, hay otras personas desaparecidas en La Calamita.
Una chance para saber qué pasó con ellos
Mientras el Espacio Juicio y Castigo hacía el "aguante" a testigos y querellantes en la puerta del Tribunal, y luego en el pasillo de acceso por la lluvia, ayer comenzaba el proceso oral y público para juzgar crímenes contra 47 víctimas. Se juzgarán los asesinatos y se buscará conocer la verdad del destino de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela -cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados- y Jorge Luis Ruffa, cuyos restos fueron identificados.
También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Feliciano Dri, Carlos Alberto Novillo, Alejandro Luis Novillo, Graciela Inés Zitta, Susana Elena Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.
Los querellantes Alicia Gutiérrez, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Álvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf, María Rosa White, serán representados legalmente por Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato, que integran el equipo jurídico de la organización Hijos. Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano serán los abogados por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Fuente:Rosario12
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