Persecución a Milagro Sala
PIDEN INTERVENIR EL PODER JUDICIAL DE JUJUY POR EL CASO DE MILAGRO SALA
“La intervención es la única salida”
La solicitud quedó planteada en un proyecto que advierte que el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional al no cumplir el reclamo de la ONU de liberar a la dirigente social. Los detalles de la iniciativa.
Por: Irina Hauser
La posibilidad de intervenir el Poder Judicial de Jujuy tomó forma esta semana en un proyecto de ley que plantea que el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional al incumplir con la liberación de Milagro Sala indicada por una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y que es una atribución del Congreso interceder para que se respeten las obligaciones con el sistema interamericano. También para garantizar, dice el texto, “el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”. Advierte, además, son agravantes las expresiones del gobernador radical Gerardo Morales –en las que afirmó que no iba a liberar a la dirigente de la organización Tupac Amaru– porque “afecta la forma republicana de gobierno”, una forma de jactarse “su dominio sobre las decisiones que deberían tomar los jueces”. El proyecto fue presentado por el diputado Adrián Grana (Frente para la Victoria) y lleva las firmas de otros trece legisladores del bloque. Aunque no está incluido en las sesiones extraordinarias y quedaría para marzo, pone sobre el tapete la gravedad del escenario.
La propuesta de Grana sugiere una intervención por 60 días, prorrogables por 60 más, la designación de un interventor federal y la declaración en comisión del Poder Judicial de la provincia. El interventor tendría como misión: suspender en sus funciones a los jueces o juezas que hayan participado en expedientes judiciales en los que esté o haya estado privada de su libertad Milagro Sala; nombrar reemplazantes interinos/as provenientes de otras jurisdicciones; e iniciar una investigación sobre la violación de derechos de Sala y tomar las medidas necesarias para el respeto de los derechos en Jujuy. Deberían abocarse en forma inmediata a los expedientes que afectan a la legisladora del Parlasur.
Hoy son dos los jueces que mantienen en pie la detención de Milagro Sala y que, si avanza la intervención, estarían en problemas. Uno es Pablo Pullén Llermanos, quien le atribuye a Sala la tentativa de homicidio de una niña de 11 años herida en un tiroteo en 2007, que era un ajuste de cuentas. En rigor, en un comienzo el juez le imputó el encubrimiento de un prófugo, Jorge Páez: decía que le daba plata a su hija para ayudarlo; cuando a Páez lo detuvieron, éste declaró que no disparó ni intentó un ajuste de cuentas con Alberto Cardozo, que él se quedó en un auto y que fue obligado por Milagro ese día a cambio de un ofrecimiento económico. Pullén Llermanos sólo toma como prueba el testimonio de Páez, que a la vez es incriminado por cinco testigos. Pullén Llermanos también la tiene detenida en otro caso por lesiones graves. Otro juez, Gastón Mercau, la detuvo por supuesta extorsión, administración fraudulenta y asociación ilícita por presuntas irregularidades en firmas de convenios con cooperativas a fines de 2015 (aunque esos expedientes no fueron firmados por Sala o la Tupac Amaru ni cobrados por ella). Todas son posteriores a su detención de Sala el 16 de enero a raíz de un acampe frente a la casa de gobierno local. A partir de ahí se multiplican las causas.
“La intervención del Poder Judicial es la única salida porque ha quedado demostrado Milagro no puede contar con una justicia independiente: los jueces y fiscales direccionan sus investigaciones, primero ordenan detener a Milagro y después buscan pruebas sobre los hechos denunciados; Morales dijo en enero ‘no voy a negociar la libertad de Milagro Sala por el levantamiento del acampe’ y hace unas semanas afirmó ‘ yo no voy a liberar a esa mujer’, en Jujuy hoy Milagro Sala no puede contar con una justicia independiente del poder político”, comentó Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de Sala en aval al proyecto.
Hace casi un año, apenas asumió la gobernación Morales mostró su interés en el máximo dominio sobre el Poder Judicial local: logró ampliar la Corte provincial de cinco a nueve miembros por una reforma legislativa tan grosera que dos de los diputados que votaron esa modificación a los dos días asumieron como integrantes, ellos mismos, del superior tribunal: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Un tercero, Federico Otaola, también había sido legislador de la UCR. Esta Corte intervino por primera vez en el caso de Sala la semana pasada, y rechazó sus planteos de arbitrariedad y es lo que hará que el caso llegue a la Corte nacional.
El proyecto de ley no sólo recuerda la resolución del grupo de trabajo de la ONU que señala la arbitrariedad de la detención y la privación del derecho de defensa, sino que recuerda que el 3 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió información sobre qué acciones implementó el Estado para acatar la decisión del Grupo de Trabajo y hace unos días se hizo pública la carta del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigiendo la inmediata liberación de Milagro Sala.
Fuente:Pagina12
Medios de comunicación y activistas en la mira de Mauricio Macri
La activista Milagro Sala permanece detenida arbitrariamente desde enero de 2016. | Foto: Majo Malvares
Publicado 9 diciembre 2016
Despidos masivos, incremento de la pobreza, persecución de activistas y a medios de comunicación han formado parte de las políticas de gobierno de Mauricio Macri.
El 16 de enero de 2016 la líder de Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Milagro Sala, fue trasladada a la comisaría de la Mujer en Argentina bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, luego de ser imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real".
El motivo de su encarcelamiento ocurrió tras una acción de protesta: el acampe en la Plaza Belgrano ante la negativa de diálogo del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Sala rechazaba el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri.
El Comité por la Libertad de Milagro Sala marchará la próxima semana para reiterar sus denuncias ante la detención de la líder Tupac Amaru. A juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención de la activista es sinónimo de criminalización a la protesta y de persecución política.
La Mesa de trabajo de la ONU exigió en octubre pasado la liberación inmediata de la líder sindical, sin embargo, el Gobierno no ha respondido a la solicitud. En un comunicado, el organismo internacional denunció que hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo y esto constituye una vulnerabilidad de la independencia judicial.
Persecución de Hebe de Bonafini
El 4 de agosto de 2016, el juez argentino Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la detención de la presidenta de la organización de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por no haberse presentado a declarar tras la "acusación" hecha en su contra por supuestos desvíos de fondos pertenecientes al Estado por el programa de viviendas "Sueños Compartidos".
Un día después, el juez Martínez de Giorgi dejó sin efecto la orden de detención dictada contra la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. El magistrado concedió la exención de prisión bajo juramento.
La arremetida por parte de las autoridades argentinas fue inmediata, ordenaron el allanamiento a la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, señalando a la presidenta de rebeldía. Sin embargo, varios dirigentes políticos obstaculizaron a los cuerpos policiales y se llevó a cabo una masiva manifestación en apoyo a Bonafini.
Ataques contra movimientos sociales
Durante el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina se han registrado varios ataques a los movimientos sociales en medio de políticas neoliberales que han socavado los espacios democráticos.
El 5 de noviembre tres personas con armas automáticas atacaron la sede porteña de Tupac Amaru para exigir el cese de su lucha por la libertad de la dirigente Milagro Sala. “Esto es un nuevo acto de intimidación en un país que hasta tanto no libere a Milagro y cumpla con la resolución de la ONU, estará al margen de la institucionalidad internacional", denunció Alejandro Garfagnin, coordinador nacional de Tupac Amaru.
Persecución y ataques a medios de comunicación
El 23 de diciembre de 2015, a pocos días de haber ganado la presidencia de Argentina, Mauricio Macri intervino a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic), dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales del país suramericano.
El dato: La Ley de Medios de Argentina, un logro de la presidenta Cristina Fernández, llevó a la apertura y democratización del sistema de medios audiovisuales que se encontraba bajo control de los grandes conglomerados mediáticos en especial del Grupo Clarín.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital fue avalada por el Parlamento el 6 de abril de 2016. Esta medida dio pie a la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en reemplazo de la Afsca y de la Aftic.
Trabajadores y periodistas del diario Tiempo Argentino denunciaron en julio de 2016 el ataque por parte de unas 20 personas que ingresaron a las instalaciones de este y causaron graves daños a las instalaciones.
De acuerdo con las denuncias, las personas irrumpieron golpeando y echando a los trabajadores. En el inmueble funciona Radio América, que junto con el diario son los medios “abandonados por la antigua patronal”, y recuperados por los trabajadores que permanecieron varios meses sin cobrar.
Salida de la señal de teleSUR
El 29 de junio se concretó la salida de la señal de teleSUR de la oferta informativa de Argentina. Esta medida del Gobierno argentino fue calificada por analistas como una muestra de censura y carencia de pluralidad.
Organizaciones sociales y políticas de Argentina manifestaron su repudio a la salida de la señal de teleSUR en ese país al considerar que atenta contra millones de personas que eligen escuchar diversas voces sobre la realidad nacional e internacional.
Fuente:TeleSur
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