7 de diciembre de 2016

TROPEL.

07.12.2016
MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS 
Duro golpe al Gobierno: la oposición acordó un proyecto único para modificar Ganancias 

Después de largas horas de negociación, el Frente Para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y los principales bloques opositores de la Cámara de Diputados llegaron a un dictamen unificado.

El mínimo no imponible sube a $33.500 para solteros y $44.000 para casados con 2 hijos. Además, se le cobrará el gravamen a las mineras, al juego, a la renta financiera y a los nuevos magistrados. Se excluye el aguinaldo de forma definitiva.

Tras un amplio acuerdo, la oposición logró darle media sanción en el recinto de la Cámara de Diputados a su propia iniciativa de reforma del Impuesto a las Ganancias, al cosechar 140 votos afirmativos, 86 negativos y 7 abstenciones.

El acuerdo se generó luego de que el oficialismo, por orden del Poder Ejecutivo, se negara a incursionar en un eventual entendimiento con el Frente Renovador y el bloque Justicialista en torno a un dictamen intermedio entre las aspiraciones de unos y otros. Así, referentes del massismo, el kirchnerismo y el Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados brindaron ayer una histórica conferencia de prensa en la que anunciaron un acuerdo para modificar el impuesto a las Ganancias.

El mínimo no imponible subiría a $33.500 y $44.000 para casados con 2 hijos (monto neto), y se modificarán las escalas. En el texto opositor que significa un fuerte revés legislativo para el macrismo, también se acordó elminar al aguinaldo del impuesto a las Ganancias por ley y que lo mismo suceda con las horas extras.

Además, si la iniciativa es aprovada pasarán a pagar el gravamen las mineras, el juego (7.5% las apuestas online, 10% las máquinas tragamonedas), la renta financiera (plazos fijos de más de $1 millón, dividendos y las lebacs) y los nuevos magistrados (pero no los empleados judiciales).

Este último punto se prevé que será discutido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente del bloque Justicialista, Oscar Romero, fue el primero en tomar la palabra y destacó "el aporte" de todos los bloques para alcanzar un acuerdo. Por su parte, El titular del bloque del FpV, Héctor Recalde, sostuvo que "para lograr el número mágico de 129 votos se necesitaba mucha comprensión, generosidad, amplitud y vías técnicas de consenso". A su turno, Victoria Donda de Libres del Sur, señaló:

"Para quienes venimos a defender los intereses de los trabajadores es un día de muchísima alegría. Estamos votando dos leyes que tienen que ver con los trabajadores registrados y con los trabajadores de la economía social". En tanto, la diputada Graciela Camaño del Frente Renovador, enfatizó:

"No vamos a admitir la crítica destemplada de aquellos que en nombre del Estado nos quieran tildar de irresponsables. Lo hicimos conscientes de la necesidad de los trabajadores que más cobran y de los que menos cobran, creemos que el objetivo del Gobierno era no discutir ganancias antes de las paritarias porque esto las condiciona".

En tanto, Alicia Siciliano del Partido Socialista expresó: "Bajamos sustantivamente los mínimos no imponibles de nuestras aspiraciones iniciales. La filosofía de que paguen menos pero que paguen todos, nosotros no los compartimos. Nuestro acuerdo es que tienen que pagar más ingresos los que más ganan. No puede ser que los trabajadores paguen y la renta financiera no".

Las siete abstenciones correspondieron a los diputados socialistas Hermes Binner y Lucila Duré (que se diferenciaron del resto de su interbloque) los misioneros Jorge Francio y Silvia Risko, y los legisladores del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa.
Fuente:PoliticaArgentina



Durísimo Solá: "El niño mimado quiere que papi pueda blanquear"
Miércoles 07 de Diciembre
El diputado por el Frente Renovador presentó una cuestión de privilegio contra el blanqueo para familiares de funcionarios y tiró munición pesada.

Felipe Solá "El Presidente hace un decreto que es violatorio de este Parlamento", disparó el hoy dirigente del Frente Renovador Felipe Solá en medio de una enfervorizada cuestión de privilegio contra el blanqueo de capitales que en los últimos días se amplió hasta incluso los familiares de los funcionarios.

Lo dijo durante el debate que protagonizaron los diputados en la sesión que se dijeron fuertes palabras sobre el decreto firmado por Mauricio Macri. "Tenemos que soportar la calidad de jueces morales de la República", le dedicó Solá a los integrantes de Cambiemos: "Nos quieren vender ese pescado podrido y después sacan estas cosas". Para terminar guardó la artillería más pesada:

"No dijeron nada con los Panamá Papers, de eso no se habla. De este decreto algunos han hablado con dignidad. Lo que hay que hacer es que nos acompañen en la acción cautelar, porque parece que no lo van a anular, porque el niño mimado quiere que su papi pueda blanquear", disparó.
Fuente:InfoNews



07 de diciembre de 2016 
Blanqueo de capitales 
DOS NUEVAS DENUNCIAS PARA IMPEDIR EL BLANQUEO A LOS FAMILIARES DE FUNCIONARIOS 
Más rechazos al decreto de Macri 
Se presentó una nueva denuncia penal en la Justicia y una cautelar con un pedido de inconstitucionalidad. Además, Recalde reclamó que el Congreso lo declare inconstitucional. Solá planteó una cuestión de privilegio contra Macri, Peña y Prat-Gay.
Recalde, Di Tullio, Conti y Tailhade (FpV); Solá (FR) y Donda (Libres del Sur), todos contra el decreto de Macri.Recalde, Di Tullio, Conti y Tailhade (FpV); Solá (FR) y Donda (Libres del Sur), todos contra el decreto de Macri.
Por: Sebastian Abrevaya
El decreto de Mauricio Macri que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales sigue sumando nuevos rechazos. En el Congreso, el Frente para la Victoria presentó ayer un proyecto para declararlo inconstitucional, mientras que el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, en un encendido discurso, planteó una cuestión de privilegio contra Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay, firmantes del decreto. Por otro lado, la Asociación Civil AJUS, en conjunto con los diputados Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti (FpV) presentaron una cautelar con un pedido de declaración de inconstitucionalidad. Además, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda presentó una denuncia penal por “abuso de autoridad” contra el Presidente y los otros dos funcionarios nacionales. La denuncia es similar a la que ya había realizado la diputada María Emilia Soria, acompañada por otros colegas suyos del FpV. La reacción de los distintos sectores de la oposición se suma a las críticas que hicieron en público hasta los propios socios de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica, quienes llamaron a revisar la decisión.

A cuatro meses de sancionada la ley de blanqueo de capitales, el decreto presidencial que la semana pasada habilitó a los familiares de los funcionarios públicos a suscribir al “régimen de sinceramiento fiscal” abrió varios frentes. Uno más político, en el Congreso Nacional, donde tanto el Frente Renovador como el Frente Para la Victoria encabezaron distintas iniciativas para frenarlo. El FpV, en cabeza de su presidente de bloque, Héctor Recalde, presentó un proyecto de resolución para declarar inconstitucional la decisión del Presidente. Se utilizó la figura de un proyecto de resolución porque el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias y sólo se pueden tratar los proyecto de ley incluídos en el temario por parte del Poder Ejecutivo. Recalde afirmó que la disposición firmada por Macri es “absolutamente inconstitucional” porque “va en contra del artículo 83 de la Ley de Blanqueo y viola la letra expresa de la ley”.

“Un decreto no puede decir todo lo contrario a lo que dice la ley”, insistió el jefe de la bancada del FpV y pidió que la declaración sea tratada el próximo 14 de diciembre. Con un discurso más duro, Solá aseguró que se trata de un acto “violatorio del Parlamento y de la Constitución”.

El ex gobernador bonaerense cargó sin nombrarlos contra “los que se adjudican la condición de jueces morales de la República”: “Permanentemente tenemos que soportar la calidad de jueces morales de la República. Permanentemente quieren instalar que una mitad de la argentina es corrupta y la otra mitad no, que viene a limpiar la corrupción de 20 o 30 años. Nos quieren vender ese pescado podrido y después sacan estas cosas. No dijeron nada de los Panama Papers, de eso no se habla”, disparó Solá y remató: “El niño mimado quiere que su ‘papi’ pueda blanquear porque si no es injusto, esa es la verdad de la milanesa”.

El diputado del Frente Renovador adelantó que también presentará en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar, en línea con lo que ya presentó ayer el Frente para la Victoria y la asociación AJUS. “Observamos que el decreto no solo atenta y excede el espíritu y la propia letra expresa de la Ley, al incorporar “solapadamente” a sujetos excluidos de los beneficios de la misma, sino que además atenta contra todo principio de republicanismo, desnaturalizando la voluntad expresa del Congreso de la Nación”, sostiene el escrito presentado ayer por el abogado Mariano Lovelli.

Además, la denuncia remarca que el Presidente no puede emitir decretos en materia tributaria, ya que la Constitución Nacional establece que es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Incluso, en este caso ni siquiera se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sino de un decreto simple. Lovelli también planteó la necesidad de interponer una medida cautelar y una medida interina para suspender los efectos del decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el decreto está vigente y los familiares de funcionarios que pidan adherirse al blanqueo podrán hacerlo.

Fuentes del Frente para la Victoria consideraban que aún si se declarara posteriormente la inconstitucionalidad del decreto, no podría revertirse la situación de los familiares que ya se hayan adherido al sinceramiento fiscal. La diputada Donda también presentó una denuncia penal contra Macri, Peña y su ex aliado político, Prat Gay. La legisladora de Libres del Sur, junto a sus compañeros de bancada, Federico Masso y Graciela Coussinet, los acusó del “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

La causa recayó en el Tribunal Criminal y Correccional Federal a cargo de Ariel Lijo. “Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Solá, quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido”, agregó Donda.

Desde la UCR el diputado Mario Negri también había criticado el decreto, igual que la titular de la CC porteña, Paula Oliveto. Hasta la vicepresidenta, Gabriela Michetti, tuvo que ensayar una curiosa justificación que remató con una confesión tácita de su desacuerdo: “no voy a decir lo que a mí me parece”, sostuvo.



07 de diciembre de 2016 
Emergencia social 
DIPUTADOS APROBÓ EL PROYECTO ACORDADO POR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON EL GOBIERNO
Más cerca de la emergencia social 
La propuesta, que prevé una inversión de 10 mil millones de pesos hasta 2019, obtuvo media sanción con 227 votos a favor, cuatro abstenciones del FIT y un solo voto en contra. Ahora deberá tratarla el Senado.
Las organizaciones sociales se movilizaron ayer al Congreso para apoyar el proyecto. (Fuente: Adrián Pérez)
Por: Miguel Jorquera 
Con un debate que incluyó fuertes críticas a la política económica de Mauricio Macri, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de emergencia social que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa le arrancaron al Gobierno con movilizaciones en la calle, como la que ayer se reprodujo frente al Congreso durante el debate.

El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado en sesiones extraordinarias, establece que el Gobierno destinará 10 mil millones de pesos mientras dure la emergencia hasta 2019, la creación de un Consejo de la Economía Popular para discutir un salario social complementario, y el incremento de las remuneraciones de los cooperativistas beneficiarios de los planes sociales –de 3200 a 4000 mil pesos mensuales y un medio aguinaldo o bono en diciembre de 2030 pesos–.

La propuesta fue respaldada por 227 votos positivos, la abstención de los cuatro diputados del FIT y un solo voto contra. Desde el oficialismo –que en principio se oponía a la emergencia– valoraron el acuerdo con las organizaciones sociales y el “sinceramiento del nuevo Indec sobre la pobreza en la Argentina”, además de volver a cargar las culpas sobre la “herencia recibida”.

El macrista Luciano Laspina calificó a la ley como un “instrumento para terminar con el conflicto social en la calle”. Los diputados que representan a las organizaciones sociales que lograron el acuerdo con el Gobierno, rescataron “el marco institucional” alcanzado para los trabajadores de la economía popular en “este capitalismo de exclusión”, y sostuvieron que no abandonarán la calle para pelear por sus derechos.

“El sector más empobrecido de la clase trabajadora logró, a través de la unidad de la calle, imponerle agenda a este gobierno de grupos económicos concentrados”, sostuvo Leonardo Grosso (PpV-Movimiento Evita). “Los reclamos por esta ley no llegaron por la voluntad de la política, llegaron porque los movimientos sociales inundaron las calles el 7 de agosto”, dijo, en referencia a la movilización por San Cayetano a Plaza de Mayo.

“Hay cinco millones de niños por debajo de la línea de la pobreza, y esos niños en esa situación hace catorce años que lo único que conocen es la cuchara, porque lo único que pueden comer en esta Argentina de la emergencia social es un plato de sopa, un plato de guiso o en el mejor de los casos alguna albóndiga con unos fideos”, sostuvo Federico Masso, de Libres del Sur, mostrando unos cubiertos.

Aunque acompañaron el proyecto con su voto, desde el Frente para la Victoria cuestionaron que el acuerdo con el Gobierno no incluyó la creación de un millón de puestos de trabajo ni los aumentos a las asignaciones por hijo y embarazo que sí contenía la media sanción de la emergencia que había aprobado el Senado. Fernanda Raverta criticó la “extorsión de Macri para exigir en el acuerdo la desmovilización de los movimientos sociales mientras dure la emergencia” y lo acusó de “querer comprar la paz social lo más barato posible”.

Edgardo Depetri cuestionó que el Gobierno destine 30 mil millones de pesos en tres años para los sectores más vulnerables de la sociedad y le perdonara 20 mil millones de multas a las compañías eléctricas Edenor y Edesur. Desde el Frente Renovador y el Bloque Justicialista celebraron el acuerdo, con críticas al Gobierno.

“Llegamos a este punto después de haber impulsado un proyecto en el Senado y después de haber comprendido las organizaciones sociales que tenía que haber un proyecto lógico”, indicó el diputado massista Héctor Daer, integrante del triunvirato de conducción de la CGT. El sindicalista pidió “autocrítica” al Gobierno y “terminar con el asistencialismo”.

“No se supera la emergencia social estatizando organizaciones de lucha”, sostuvo Néstor Pitrola (FIT) y agregó: “Contraponemos el derecho al trabajo y la lucha obrera y popular al asistencialismo clientelar y la cooptación de organizaciones sindicales y populares”. “Les están dando plata por no trabajar y encima les aumentan el subsidio. Paren la mano, prueben laburando. Esta ley fomenta la vagancia”, dijo Alfredo Olmedo, el empresario acusado de tener trabajo esclavo en sus campos de La Rioja. “No hay que darles plata para que tomen droga”, agregó el productor sojero, emulando al radical Ernesto Sanz sobre el destino de los planes sociales.
Fuente:Pagina12

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