5 de enero de 2017

MILAGRO SALA.

Lunes 02 de Enero de 2017 
Aseguran que hay una "clara animosidad del poder político"contra Sala 
Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete, estuvo el sábado junto a la líder de la Túpac Amaru y reclamó su libertad año nuevo.
El ahora dirigente del Frente Renovador (FR) estuvo en el penal de Alto Comedero, en Jujuy. 
Tras su visita al penal de Alto Comedero, donde Milagro Sala se encuentra detenida desde hace un año, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández consideró que existe una "clara animosidad del poder político de Jujuy" contra la líder de la Túpac Amaru, de quien dijo que debería estar libre porque la asiste el "principio de inocencia" hasta que "se pruebe lo contrario".

El dirigente del Frente Renovador (FR) marcó como una situación procesal irregular el hecho de que sólo esté privada de la libertad la dirigente social kirchnerista y hayan quedado afuera de la lupa de la Justicia los intendentes que entregaron los fondos para la construcción de viviendas que, supuestamente, no fueron erigidas.

"¿Por qué (Sergio) Schoklender está libre y Milagro está presa? ¿Por qué los intendentes por los que pasó el dinero no están en la causa? La única explicación que hay es que existe, respecto de Sala, una clara animosidad del poder político de Jujuy, que tiende a someterla", analizó.

En tanto, Fernández coincidió con la lectura suscrita por el kirchnerismo y algunos sectores de la izquierda respecto de que la detención sin condena de Sala es una suerte de acción aleccionadora sobre el conjunto de la dirigencia opositora y el movimiento popular, para mantener a raya la protesta.

"Al gobierno de Jujuy le sirve para ofrecer una suerte de metamensaje a los opositores, para decirles "ojo con lo que hacen, porque les puede pasar lo mismo que a Milagro", subrayó el dirigente massista.

Según sostuvo, "en la legislación argentina el principio de inocencia rige hasta que se pruebe lo contrario", por lo que "una persona tiene derecho a estar en libertad mientras el proceso se sustancia".

Fernández aclaró que su visita a Sala no se debió a compartir una ideología en común ni ser "socio político" de ella sino para "preservar el estado de derecho, que es algo que costó mucho" recuperar luego de la última dictadura militar.

"Cuando una persona está injustamente detenida, toda la sociedad, como tal, debe sentirse resentida. Esto lo hago por todos y para preservar el estado de derecho, que es algo que nos costó mucho. Le toco a Milagro, pero le puede ocurrir a cualquiera", reflexionó.

Al respecto, añadió: "Cuando flexibilizamos los criterios legales y empezamos a permitir estas cosas, el riesgo es muy grande. Que Human Rights Watch haya vuelto a poner al país en una lista de países que detiene ilegalmente a la gente, me parte el alma. La Argentina, que fue modelo de juzgamiento de la dictadura. ¿Cómo se entiende que esté ocurriendo?".

El sábado, Fernández visitó a Sala en el penal donde se encuentra recluida. Y sostuvo que su detención "es arbitraria", al tiempo que le pidió al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "que no cometa el error de persistir en esto".

El dirigente del Frente Renovador se expresó al ingresar al penal en el que Sala está detenida desde enero pasado, hecho que fue cuestionado por organismos internacionales y que tiñó de polémica las sentencias dictadas en su contra la semana pasada por la Justicia jujeña.

"Estoy convencido de que la detención de Sala, a quien es la segunda vez que voy a ver y con quien seguramente tengo más diferencias que coincidencias, es arbitraria", afirmó el ex funcionario nacional.

Al respecto, precisó: "Desde que la Argentina suscribió al Pacto de San José de Costa Rica, todos tenemos derecho a soportar un proceso en libertad y sólo podemos ser encarcelados cuando las condenas están sobre nosotros".
Fuente:LaCapital



Milagro Sala es una presa política 

ESTA CONDENADA, PERO MUY INJUSTAMENTE
04/01/2017
Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, la dirigente de la Tupac Amaru “no es una presa política” porque ha sido condenada por un Tribunal. Una visión formalista y acorde con la realidad de buena parte del Poder Judicial en Jujuy y Argentina.
IRINA SANTESTEBAN 
Las declaraciones de Garavano en el sentido que Milagro Sala no sería una presa política porque cuando “hay un juez que aplica la ley y un tribunal que dicta sentencia no se puede hablar de presos políticos”, son una muestra más del doble rasero que utiliza el gobierno argentino para calificar detenciones arbitrarias como esa.

A poco de asumir, Mauricio Macri se cruzó con la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en la cumbre del Mercosur, reclamando a Venezuela por sus “presos políticos”. Se refería a Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión por haber sido uno de los organizadores del levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2014, y en cuyas movilizaciones (“guarimbas”) murieron 43 ciudadanos. Para Macri, este dirigente formado en Estados Unidos y vinculado a la CIA, condenado por un Tribunal, es un “preso político”. Y reclamando por su libertad se enfrentó en una cumbre internacional con la representante de un país que siempre tuvo una actitud amistosa y solidaria con Argentina.

Presa política. 

En cambio, puertas adentro del país que gobierna desde hace poco más de un año, el criterio del PRO-Cambiemos es muy diferente. Para Macri, Milagro Sala no es una presa política, y el ministro de Justicia considera que la condena dictada descarta tal posibilidad.

Sin embargo, la calificación de “político” de un detenido no lo determina un juicio ni una condena de un Tribunal, sino el contexto político que rodea su caso. Nelson Mandela, preso durante 27 años en Sudáfrica durante el régimen del apartheid, fue condenado por tribunales conformados según las leyes vigentes en ese país y fue un detenido político, por cuya libertad reclamaron millones de personas y movimientos democráticos de todo el mundo.

La detención de Sala ha sido materia de análisis del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la OEA. Ambos organismos han reclamado su liberación al Estado argentino, y la negativa de éste a considerar tal requerimiento, le ocasiona al país un desprestigio que nada tiene que ver con aquella promesa de Macri de “volver al mundo”.

Condena sin pruebas. 
Garavano reconoció que no podía decir “si estuvo bien o mal condenada”, en referencia a Milagro, pero sí afirmó que el juicio y la pena impuesta, son “un buen ejemplo de una Justicia que funciona”.

Juristas de fuste como Julio Maier o Eugenio Zaffaroni, éste último ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, han criticado el juicio contra la dirigente jujeña, por la debilidad de las probanzas que sustentaron la condena a 3 años por el delito de “daño agravado” e “instigación”, en ocasión de una movilización que se realizó en repudio al entonces senador y hoy gobernador, Gerardo Morales. Es que de las audiencias orales surgió claramente que el “escrache” fue protagonizado por otras organizaciones piqueteras, y no por la Tupac Amaru; que Sala no participó de esa movilización y que el único testigo que declara que ella fue la “instigadora y organizadora” es un hombre enfrentado con ella y hoy empleado en la administración de Morales.

Criminalización de la protesta. 

La jujeña fue condenada también en un segundo juicio, de carácter contravencional, por el acampe que realizaron diversas organizaciones sociales entre el 14 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016, en la plaza Belgrano de San Salvador, reclamando una respuesta del gobernador a diversos pedidos para que abriera una instancia de diálogo con esas organizaciones.

La condena en este juicio fue de “inhabilitación” por 3 años y 3 meses, para integrar cualquier tipo de asociación y la obligación de realizar “trabajo social” para Caritas. Una paradoja, pues si algo no pueden negar sus detractores, es la inmensa obra social de la Tupac Amaru: miles de viviendas, escuelas, dispensarios, fábricas de ladrillos, y hasta piscinas con parque acuático para los niños. Hoy, gran parte de esa obra está abandonada y destruida, por el odio y la revancha de los partidarios de Morales.

Para el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el juicio por el acampe es una clara “criminalización” de la protesta social, que servirá de peligroso antecedente para otros procesos contra activistas sindicales o sociales.

“Noche del apagón”. 

En las declaraciones del ministro de Justicia, hubo también alusión a la lentitud de la Justicia; Garavano se pronunció sobre la necesidad de que los casos “no queden en un limbo” y de acelerar los procesos para demostrar “la inocencia o culpabilidad” de los acusados en un juicio oral.

En el comienzo de las audiencias del juicio contra Milagro, su abogada Elizabeth Gómez Alcorta, criticó al Tribunal Oral que para realizar el juicio contra su defendida, había postergado otro, de importancia mucho mayor. Se refería a las audiencias por la causa de la “Noche del Apagón”, que juzgará los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y civiles, en julio de 1976, cuando fueron secuestrados centenares de trabajadores del ingenio Ledesma (de la familia Blaquier) y vecinos de Libertador, Calilegua y El Talar.

Ese juicio fue postergado para comenzar el 6 de marzo próximo, y entre los acusados se encuentra Pedro Blaquier, dueño del ingenio y de las camionetas que usaron los militares para trasladar a los secuestrados, de los cuales 33 continúan desaparecidos. Blaquier fue beneficiado con la falta de mérito por la Cámara de Casación Penal el año pasado, pero la procuradora Irma García Netto apeló esa medida ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó sean llevados a juicio oral, para que un Tribunal dictamine sobre su culpabilidad o inocencia. En esa causa, se investiga el secuestro y desaparición del intendente radical de Libertador San Martín, Luis Aredez, y de los sindicalistas Omar Gainza y Carlos Alberto Melián.

“Prácticas terroristas”. 

Gómez Alcorta vio similitudes entre las prácticas de la dictadura, puestas de manifiesto en la “Noche del Apagón” y el caso de su defendida Milagro Sala. En una entrevista publicada por el diario Página/12, la abogada afirmó que la detención de militantes de la Tupac para que “delaten” a Milagro, o declaren en su contra, y si no lo hacen, se les “arman” causas, son una muestra de ello.

Aunque parezca exagerada esta comparación, el caso del joven Nelson Cardozo, sobrino de uno de los presos vinculados con la Tupac, así lo demuestra. Nelson fue encontrado muerto en su celda del pabellón 3 del penal de Gorriti, el pasado 6 de diciembre. El subdirector del Servicio Penitenciario de Jujuy, Ramón Ruiz, recién dio a conocer su muerte a las 15 horas, asegurando que se había tratado de un “suicidio”. Pero la autopsia forense demostró que el joven había muerto por “asfixia manual” y por golpes, por lo que los siete oficiales penitenciarios que estaban a cargo del pabellón y el propio subdirector Ruiz fueron imputados de partícipes necesarios por el homicidio y detenidos por orden del fiscal Aldo Lozano. Nelson Cardozo era sobrino de Alberto “Beto” Cardozo, referente de la agrupación Tekuré, parte de la Red de Organizaciones Barriales, uno de los presos políticos de Morales, junto a Milagro, quien permanece detenido por supuesto intento de homicidio en el penal donde su sobrino fue asesinado y en el marco de una causa en la que Sala también está acusada. Cardozo denunció que él también recibió presiones para inculpar a Sala en delitos a cambio de su libertad.

Sigue la servilleta. 
Alguna vez, en épocas menemistas, se popularizó la expresión “jueces de la servilleta”, en referencia a magistrados dóciles a las directivas del entonces ministro Carlos Corach. Parece que en una charla de café, había escrito en una servilleta los nombres de los jueces que le respondían. Eran otras épocas, pero hoy no parece ser tan diferente.

En Jujuy es conocida la adhesión de la mayoría de los jueces a Morales, quien se aseguró una “mayoría automática” en el Superior Tribunal de Justicia, a los pocos días de asumir como mandatario provincial, al designar a cuatro nuevos jueces. Previamente, la ley de ampliación del STJ se había votado en la Legislatura, y dos de esos legisladores, luego de levantar la mano para aprobar esa medida, fueron designados en el máximo tribunal.

En la Justicia Federal, luego del cambio de gobierno, algunos jueces y fiscales que tienen causas que hace años no agilizan, comenzaron una frenética actividad judicial, tendiente a esclarecer supuestos casos de corrupción, en su gran mayoría, contra funcionarios del gobierno anterior.

Sin embargo, salvo las detenciones de Lázaro Báez y José López, más las imputaciones a la ex presidenta, esas causas no parecen avanzar con pruebas suficientes como para ser dilucidadas en el juicio oral. Tan es así, que Cristina Fernández ha solicitado que comiencen las audiencias, para que esas acusaciones sean sostenidas delante de un Tribunal, que deberá resolver, en definitiva, por absolverla o condenarla.

“Acelerar”. 

En el mismo sentido que Garavano, el ministro del Interior y el jefe de gabinete, Rogelio Frigerio y Marcos Peña, también se quejaron del “desaceleramiento” de algunas de las causas por supuestos hechos de corrupción.

¿Será que necesitan seguir bombardeando con los mismos titulares, del tipo de “se robaron todo”, para esconder problemas mucho más graves que aquejan a los argentinos desde que asumió Macri y su gabinete de representantes de las grandes empresas?
Fuente:LaArena





miércoles, 28 de diciembre de 2016
El día de los inocentes
Por Baltasar Garzón

A punto de hacer un año que Milagro Sala fuera detenida, que sobre ella pese una acumulación de cargos y se encuentre en una situación de privación de libertad que me hace sonrojar como profesional de la justicia, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, Argentina, donde se ve su proceso, ha decidido que hasta el 28 de diciembre no se leerá la sentencia por la actual causa juzgada, la supuesta organización de un escrache contra el gobernador Morales.

El 28 de diciembre coincide en España con la celebración del Día de los Inocentes, en conmemoración de aquellos cientos de niños, apenas recién nacidos, que la historia bíblica relata que Herodes mandó matar para evitar que alguno de ellos fuera el esperado Mesías y acabara con su reinado.

No puedo evitar el paralelismo de esa orden injusta y criminal con esta acción de la justicia argentina de la mano ¡ay! como parece evidenciarse, del poder político que contraviene la sensatez, el espíritu de la ley y hace temer por la independencia judicial y por ende por los derechos de los ciudadanos de ese país.

Pase lo que pase el 28, el daño a la causa de la justicia ya está hecho. Lo más grave es que se consiente esta situación por un sector de la judicatura, de la política y de la sociedad, sin más argumentos que la parcialidad y el sectarismo contra quien ha defendido valores democráticos de una forma decidida y honesta, como Milagro Sala.

El modo en que fue detenida a petición de la Fiscalía tras un primer rechazo del juez; la propia detención el 16 de enero de este año con un importante despliegue policial para “capturarla” en su casa, las excusas para rechazar el habeas corpus solicitado... antecedentes que culminan con la orden de excarcelación del juez el 29 de enero automáticamente anulada por un nuevo arresto basado en defraudación, extorsión y asociación ilícita, demuestran la contaminación insubsanable de cualquier acción contra Milagro, transformándose en una auténtica persecución política.

Leo, con perplejidad, esta relación de acontecimientos no en una crónica periodística sino en un documento de redacción irrefutable por su rigurosa documentación.

Me refiero a la opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que ha dedicado tiempo, indagaciones y reflexión a este caso para concluir primero en marzo con un llamamiento urgente al Gobierno del presidente Mauricio Macri para la puesta en libertad de la detenida o, en caso contrario, presente una justificación por escrito.

Ya en octubre, el organismo de Naciones Unidas reclamó la liberación inmediata de Milagro Sala.

Esta resolución, es de valor imperativo para Argentina, derivado de la Carta de San Francisco de 26 de junio de 1945 (artículos 1, 56, 103) y de la Resolución 60/251 de la Asamblea General por la que se aprobó la creación el Consejo de Derechos Humanos.

La sumisión expresa o tácita de los Estados a los procedimientos de control de derechos humanos como el GTDA (Argentina votó a favor de aquella Resolución) imponen el deber de cumplir, sin excusa alguna. En caso contrario, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá que adoptar algún tipo de decisión que el ejecutivo se vea obligado a asumir. 

Sin embargo, impertérrito, el presidente Macri desoye estas voces y estas normas, al igual que no le han hecho mella las denuncias, peticiones y reclamaciones de organismos internacionales, de entidades de Derechos Humanos de todo el mundo, de académicos, de investigadores, de juristas, del Primer Ministro de Canadá, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del propio secretario general de la OEA,  que mediante un escrito abogaba por la inmediata liberación.

En el entreacto, un proceso a medida contra Milagro Sala, en el que aparecen una serie de jueces situados ad hoc, e incluso la posibilidad de remoción de un juez y un fiscal que no parecen encajar en lo que dicta la voluntad política y una esperpéntica propuesta de ley sobre la libertad o no de quien, a estas alturas, es claramente la víctima de todo este despropósito.

¿Y todo esto para qué? ¿Por qué es merecedora de tanta atención y de tan severo castigo esta mujer? Su delito parece ser tremendo: Organizar a los excluidos, buscar herramientas para que trabajaran y vivieran dignamente, aprovechar la oportunidad que el Gobierno de Kirchner facilitó para cambiar una vida de miseria por una vida digna a miles de personas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he estado allí, he hablado con los afectados, he comprobado que se sentían protagonistas de su propia historia, sin trampas, sin mentiras.

Y eso es muy peligroso. Una vez  eliminada la Presidenta e incluso cuestionada legalmente, Macri, en su objetivo de enterrar todos aquellos avances y libertades duramente obtenidos por el pueblo argentino en los últimos doce años, puso en la mira las cooperativas de Tupac Amaru, 15.000 cooperativistas de los cuales sólo un tercio se relaciona con la organización. Me dicen que al día de hoy se están desmantelando instalaciones y actividades.

A esa iniciativa de indudable importancia por la cohesión y fuerza social que implica, hay que sumar que Milagro Sala fundó el partido de la Soberanía Popular. Fue en 2012 y un año después ya contaba con cien mil afiliados. No, el Gobierno de Macri tiene claro el riesgo que suponen Sala y sus acciones.

Como también siente ese miedo el gobernador Morales, incapaz de defender políticamente lo que reprocha a aquélla.

La imputada se presentó, apenas hace unos días, ante el tribunal, por la acusación de haber intervenido en una manifestación contra el gobernador Morales en 2009 cuando era senador. Pese a que esté demostrado que no se encontraba presente, los magistrados consideran que protagonizaba la organización del escrache. Por ese motivo la juzgan por amenazas coactivas, con una pena duplicada de cuatro años. Además de las dos acusaciones de instigar a cometer delitos y tumulto en concurso real, tras su detención, en plena orgía jurídica, se añadieron dos nuevos cargos, acción de amenazas ante supuestos altercados con la policía y asociación ilícita referidos a la gestión de recursos del Estado. Acusación esta última del propio Morales que refiere que faltan 29 millones de pesos, habla de obras sin realizar y demás temas económicos.

Mientras la vista se celebraba, en la calle la policía reprimía de forma contundente a dirigentes del Frente para la Victoria que deseaban acompañar a Sala. En fin, un espectáculo que escenifica el descrédito evidente de la acción de la justicia.

Ella dijo ser víctima de una persecución política, afirmación que a todas luces tiene indicios de ser correcta y añadió algo más sobre tal escrache, que también creo, porque la conozco: “Si lo hubiera organizado habría estado al frente”. Percibe por tanto su situación con claridad y así lo ha expresado de forma irónica dirigiéndose a su principal acusador: “Le pido perdón a Gerardo Morales por ser negra y coya (indígena)”.

Entre tanto, frente a la presión internacional y el malestar de muchos ciudadanos argentinos Macri se remite a la  acción de los tribunales. Pero en el fondo no puede estar tranquilo. Lo quiera o no Argentina  tiene la obligación de cumplir las resoluciones del Grupo de Trabajo de la ONU. Olvida este dirigente el aserto que sabiamente expusiera el canciller alemán Willy Brandt: “abrir la puerta a la primera injusticia es hacerlo a todas las que le siguen”

Nunca dejará de maravillarme esa política del avestruz de la que hacen gala algunos mandatarios de obviar lo evidente.

En este caso no querer ver el ejemplo de politización de la justicia que está dando Argentina; el tremendo error que se ha cometido al seguir ese camino y la esclerosis de un sistema que permite el control político del sistema judicial.

Y ello sin que levante ampollas en un país en el que la consolidación de los derechos humanos era una realidad y que ahora, por beneficios oscuros e ideologías que confunden la defensa de los ciudadanos con los intereses propios, conducen al descrédito y al señalamiento internacional.

Escribió el historiador Flavio Josefo que  Herodes, el supuesto autor de la matanza de los inocentes, estaba tan preocupado porque no se llorase su muerte, que dio orden de que en el momento de su fallecimiento se ejecutase a un colectivo de hombres ilustres para asegurarse así que en aquella hora fatídica hubiera muestras de auténtico dolor.

La disposición no se cumplió y nadie se lamentó en el funeral del monarca. La historia enseña pues que ése es el destino de aquellos gobernantes que no miran por su pueblo.


* Magistrado juez 

Comité por la Libertad de Milagro Sala
El comité está conformado por diversos referentes y organizaciones sociales, políticas, sindicales, universitarias, religiosas y de derechos humanos, tanto de Argentina como de otras partes del mundo. Estela de CarlottoEugenio ZaffaroniBaltazar Garzón y Piedad Córdoba conforman su Presidencia Honoraria. El mismo se propone hacer campañas de difusión de las verdaderas motivaciones de la detención de Milagro y la situación de persecución política que viven los movimientos sociales en la provincia de Jujuy, denunciando la responsabilidad del gobernador Morales y del presidente Macri en foros nacionales e internacionales, y llevar adelante acciones callejeras como pintadas, murales y volanteadas.[51]

Envio:AexPPCdba.

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