marzo 16 2017
En el contexto de lo que el gobierno de Cambiemos gusta de llamar “modernización” del Estado nacional se viene avanzando en una serie de peligrosas transformaciones en la conservación de archivos y documentos, justificadas en la necesidad de avanzar en implementación del documento electrónico.
Pero esta política, que tiene una lógica indiscutible y que se viene implementando en muchos países, debe aplicarse con una serie de resguardos y precauciones para no abrir las puertas a una destrucción de documentos (casual o intencionada) de carácter irreversible.
Desde Notas dialogamos con Ezequiel Haro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio del Interior, quien explicó que los primeros avances del Ministerio de Modernización tuvieron que ver con la implementación Decreto N° 561/16 para instalar la gestión a través del documento electrónico. “En este decreto se establece además de manera concentrada la autoridad jurídica y administrativa en el Ministerio de Modernización, en especial la Secretaría de Modernización Administrativa, bajo el mando de Eduardo Martelli, con la activa colaboración de Pablo Clusellas como Secretario Legal y Técnico de Presidencia; quienes ya implementaron este sistema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó Haro.
En octubre de 2016 se dictó el Decreto N° 1131, que ya implica una avanzada directa contra el Archivo General de la Nación (AGN) en tanto deroga aspectos claves de la ley 15930 y anula funciones claves del Departamento Archivo Intermedio, encargado de asesorar al conjunto de la Administración Pública Nacional y a privados en materia de gestión documental. Esta normativa regula el proceso de valoración y selección para la eliminación o guarda de la documentación de carácter histórico en todos los soportes, pero la derogación “elimina estos mecanismos sin reemplazarlos por otros”.
Durante los primeros días de 2017 se dio el paso más grave y cualitativo. La Resolución Nº 44/17 de la Secretaría de Modernización del Ministerio homónimo pone concretamente en peligro el correcto ejercicio de las funciones de gestión documental de la Administración Pública Nacional y así, según Haro, “vulnera el ejercicio de derechos del conjunto de la ciudadanía y del Estado”.
La norma establece: “Vencidos los plazos de guarda de las actuaciones administrativas se deberá procederá su depuración. Esta acción deberá ser autorizada previamente por un funcionario con rango no inferior a Director General o Nacional perteneciente al organismo o jurisdicción donde se hubiera archivado el expediente”. Es decir que, como explicó el delegado, “cualquier funcionario de nivel intermedio puede definir de manera unilateral sin parámetros claros qué documentación se tira y cual no, sin ningún mecanismo de control por otro organismo”. Esta normativa constituye además “un mamarracho jurídico” porque contradice dos normas de mayor rango (la ley 15930 y el decreto 1131 “¡sancionado por ellos mismos!”).
De aplicarse esta política, el AGN perdería incumbencia y ya no intervendría en la evaluación documental en tanto la responsabilidad de definir el valor primario de la documentación sería potestad del Ministerio de Modernización, transformando al AGN en mero receptor del patrimonio que algún funcionario considere de valor “histórico”.
Esto contradice de manera tajante todas las recomendaciones de las normas de gestión documental y archivísticas internacionales (Consejo Internacional de Archivos, Normas ISO y desarrollo de InterPARES, entre otras) que recomiendan la intervención de los Archivos Generales o Nacionales en todo el ciclo vital del documento.
“Entendemos que esta metodología de funcionamiento promueve malas prácticas en la gestión documental, ya que presupone la idea de que ‘lo histórico’ es algo que puede decidirse con criterios individuales, sin tener en cuenta que la preservación de documentación se vincula a derechos imprescriptibles”, enfatizó Haro.
También alertó acerca del peligro que puede implicar en cuanto a pérdida irreparable de información, trabas en el acceso a la misma y vulneración de derechos ciudadanos, así como dificultades en el ejercicio de la función pública en lo que hace a los principios fundamentales del acceso a la información y la transparencia de gobierno
Como ejemplo de lo que podría implicar una errada política de conservación documental, Haro contó que el AGN provee tanto los documentos requeridos por particulares que quieren tramitar una ciudadanía europea (libros de Migraciones de los siglos XIX y XX) como documentos requeridos por organismos de derechos humanos gracias a los que se han logrado condenas de genocidas de la última dictadura militar.
El delegado de ATE afirmó que la situación es “urgente” ya que se está pasando al terreno de los hechos. Ya se comunicó desde el Boletín Oficial el proyecto de eliminación de documentos judiciales de entre 1940 y 1980 sin la asistencia del AGN (y convocando “a todo aquel interesado a que reclame la documentación si tiene valor histórico o es de su interés”, lo que Haro calificó como “un despropósito absoluto”). “Estas prácticas del Poder Judicial no son de ahora, pero las acciones de Modernización dan vía libre a estos atentados contra la seguridad jurídica y el patrimonio documental, por ende contra la memoria histórica que construimos como pueblo, como Nación”, definió Haro.
Esta amenaza sobre la memoria histórica ha generado múltiples acciones de repudio, particularmente de historiadores y archivistas que hace semanas motorizan un petitorio “de resguardo del patrimonio histórico nacional” impulsado por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AAIH) que ya logró más de 10 mil adhesiones.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas también solicitó la conservación de expedientes, ya que la información contenida en los legajos abiertos entre 1972 y 1983 puede resultar relevante para la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado.
“Es urgente que de inmediato anulen la normativa que han sancionado y que todos los sectores de la sociedad discutamos en serio una nueva legislación que fortalezca la posición del AGN y la perspectiva archivística en la gestión documental. Esa es la mejor forma de llevar adelante una modernización adecuada del Estado y una implementación correcta del documento electrónico”, planteó Haro. “Evitemos el desastre que puede implicar la implementación de esta política ya que existe un alto riesgo de que lleven adelante un genocidio de la memoria documental”, concluyó.
Fuente;Notas
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