SENTENCIA EN SANTA FE
A los represores de “La Casita” les llegó la hora
29/03/2017
A la izquierda Romero Niklison y Schujman. En el extremo derecho Suárez Faisal. | Foto: Andrés Macera
Este jueves se conocerá la sentencia en el juicio contra cinco acusados de integrar el aparato represivo de la dictadura en la ciudad de Santa Fe, en un circuito que incluye la Comisaría 4ta, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y el centro clandestino de detención y tormentos conocido como “La Casita”. Los alegatos de las querellas y la fiscalía solicitaron penas de prisión perpetua y 25 de prisión para uno de los imputados, de 20 años para otros dos, 15 para la única mujer encartada (todos ex policías) y 4 para un ex juez federal. Las defensas solicitaron que los acusados sean absueltos.
En el proceso, iniciado el 2 de febrero, se ventilaron delitos cometidos en el marco del genocidio por el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe –y luego juez–, Víctor Hermes Brusa.
Entre las víctimas de esta causa se encuentra el responsable zonal, para Santa Fe y Paraná, de la agrupación Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, aproximadamente un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La Casita”. También figuran otras 12 personas –11 mujeres y un hombre–, secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y la misma “Casita”.
Desaparición y genocidio
Los alegatos de las querellas estuvieron a cargo de las abogadas Nadia Schujman, representante del hijo de Emilio Feresin (Juan Emilio Basso Feresin); y de Alejandra Romero Niklison, apoderada de Blanca Bernasconi, primera esposa del militante montonero desaparecido. Por el Ministerio Público de la Acusación, hizo lo propio el fiscal Martín Suárez Faisal.
La primera en ofrecer su alegato fue Schujman, quien destacó que “los delitos juzgados en este juicio son de lesa humanidad pero también de lesa patria”. Según remarcó la letrada, aquellos crímenes “fueron cometidos con el objetivo de rediseñar la economía de nuestro país, para servir a intereses ajenos a nuestro pueblo, tal cual está probado en la causa Alejandro Olmos que llevó el juez Ballesteros, en la que se demostró la ilegalidad y fraudulencia de la deuda externa contraída durante la dictadura genocida”.
“Este juicio, pequeño en cuanto a la duración, puede ser una muestra de lo que fue el terrorismo de Estado”, indicó Schujman. Y se explayó: “El rol de la inteligencia en la estructura represiva, los secuestros, torturas y homicidios; la coordinación de todas las fuerzas en pos de la represión, las violaciones, abortos forzados y abusos sexuales, el rol del poder judicial y la iglesia. La desaparición forzada, los delitos contra menores de edad, ese proyecto político cultural y sobre todo económico que dejo tantas secuelas en nuestro país”.
La abogada resaltó el trabajo de reconstrucción de lo ocurrido realizado por los testigos y sobrevivientes del juicio. “La labor de investigación en estas causas es una tarea de muchos, debido a que la maquinaria del Estado se dedicó a borrar toda prueba y pese a eso y gracias a esta labor colectiva, se lograron encontrar”, señaló la representante legal de Basso Feresin, y luego amplió la idea: “La memoria, luego de tantos años, puede borrar detalles, pero lo que ha quedado demostrado una vez más, es que lo testigos se apegan a la verdad, y ninguno dice lo que no sabe o no recuerda. Porque la mayor arma para acusar a quienes están sentados aquí es la verdad, siempre ha sido la verdad, esa verdad que como dijo Juan Emilio, es la verdad que nos debe la justicia”.
Schujman subrayó ante el Tribunal que se llegó a esta instancia “luego de 40 años, con mayoría de los imputados que ya fallecieron, al igual que los familiares de Emilio”. “Murió su madre y su padre –completó la abogada–, su mujer María Eugenia Saint Girons, entre muchos otros, pero aquí estoy representando a su hijo, militante de la organización Hijos desde hace muchos años, quien siempre entendió que la dictadura nos sucedió a todos y todas y que el juicio de cada uno es el de todos en la búsqueda de Verdad y Justicia”.
En el marco de la descripción de los hechos, Schujman recordó que el día 10 de febrero de 1977 Emilio Feresin debía encontrarse con el primo hermano de su compañera, Guillermo Horacio White, y que dicha cita se concretó en un bar de Santa Fe donde ambos fueron secuestrados, según los testimonios, en un operativo apoyado un carro militar y vehículos particulares.
También precisó la abogada que por relatos de sobrevivientes se conoció que Feresin primero estuvo en un centro clandestino de detención en Paraná, donde fue visto con claros signos de tormentos producidos por picana eléctrica y golpes, y luego en otro CCD en Santa Fe referenciado como La Casita. Mientras que a White se lo derivó a el CCD La Calamita, ubicado en Granadero Baigorria.
“Además de esos terribles padecimientos físicos, las inhumanas condiciones de detención, Emilio sufrió la tortura psicológica permanente de saber que su compañera María Eugenia y su bebé nacido el día de su cumpleaños habían sido secuestrados el 11 de febrero y estaban en manos también del Ejército”, indicó Schujman, para luego relatar que “el 24 de marzo de 1977 varios (detenidos de La Casita) escuchan como en el grupo de tareas que operaba en dicho CCD, entre los que se encuentra el encartado Ramos, en medio de una sesión de tortura empiezan a decir «se nos va» (por Feresin)”.
Tras completar su detallado repaso de las pruebas y testimonios presentados a lo largo del juicio, y de explicar la responsabilidad de Ramos en el hecho, Schujman solicitó que “Eduardo Ramos Campagnolo sea condenados a la pena de prisión perpetua, de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua”. La abogada fundamentó su pedido al considerar que el imputado es “coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional, agravada por la existencia de violencia y amenazas , tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, y homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para encubrir otros delitos, cometidos en perjuicio de Emilio Osvaldo Feresin”.
En sintonía con Schujman, la representante legal de la primera esposa de Feresin, Alejandra Romero Niklison, analizó la cuantiosa prueba producida a lo largo del proceso y destacó el valor de los testigos para hacerse presentes y brindar sus declaraciones “con mucho dolor y orgullo para que se haga justicia”. “Poner el cuerpo para testimoniar es mucho más que relatar una vivencia, es transmitir una verdad que ha sido deformada por el terrorismo de Estado y sus mecanismos perversos”, aseguró la abogada.
Romero Niklison hizo un apartado en su alegato para ampliar la fundamentación sobre por qué los crímenes de lesa humanidad deben ser considerados como parte de un genocidio, y citó la abundante jurisprudencia nacional e internacional en ese sentido.
A la hora de calificar los hechos la apoderada de Bernasconi consideró probado que “Ramos ejercía violencia sobre las víctimas sin mostrar el más mínimo arrepentimiento” y que “tenía un compromiso ideológico con la represión ilegal”. “Quienes actuaron como verdugos lo hicieron con convicción, ideologizados pues no hay verdugos que se pongan al servicio de un régimen político maléfico sin que conozcan las razones por las que deben matar a los que matan”, expresó Romero Niklison en ese tramo de su alegato en el que citó una sentencia anterior. Y siguió: “El principio central de una ideología asesina es excluir de la condición humana a quienes se propone aniquilar”. Finalmente la abogada pidió la pena de 25 años de prisión para Ramos Campagnuolo.
El alegato del fiscal general Martín Suárez Faisal
El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, pidió el pasado 10 de marzo la condena a cuatro años de prisión para el ex funcionario judicial Víctor Hermes Brusa y penas de 15, 20 (en dos casos) y 25 años de prisión para cuatro ex policías provinciales, en el juicio que se les sigue por crímenes de lesa humanidad contra víctimas que pasaron, entre otros lugares, por el centro clandestino de detención La Casita, que funcionó en una finca situada en una zona rural de Santo Tomé nunca localizada.
El relato de los testigos sobrevivientes sobre un episodio en La Casita, en que los represores dicen –en referencia al dirigente montonero y víctima en la causa, Emilio Feresin– “este se nos va” y, posteriormente, “se nos fue”, resultaron contundentes para la Fiscalía.
Los testimonios a los que se refirió el fiscal, que también fueron valorados por las querellas, son los de las víctimas restantes del juicio: Stella Maris Vallejos, Daniel Osvaldo Gatti, Vilma Raquel Guadalupe Juárez, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Hilda Celina Vivian Benavides, Mabel Ángela Caminos, Graciela Virginia Aguirre, Patricia Amalia Traba, Teresita María del Carmen Miño y Silvia Liliana Abdolatif, todos militantes de la Juventud Peronista.
Los relatos de los sobrevivientes sobre la agonía de Emilio Feresin y de los comentarios de los represores sobre que “este se nos va” resultaron contundentes para la Fiscalía en la acusación por homicidio.
En su exposición, Suárez Faisal requirió que se absuelva a Brusa por el beneficio de la duda en un caso de apremios ilegales contra otra de las víctimas. “Considero que llegada a esta instancia del juicio no se ha revalidado la prueba por la cual oportunamente el Fiscal Federal de primera instancia propició su acusación, por lo que hoy no corresponde sostenerla”, fundamentó, tras explicar que no había coincidencias en el testimonio brindado por un testigo en el debate y sus declaraciones anteriores respecto a la intervención de Brusa en esos hechos.
Para Brusa, entonces, el fiscal pidió cuatro años de prisión por el delito de apremios ilegales cometidos contra Daniel Gatti, a quien el ex funcionario judicial –que llegó a juez federal años después con la vigencia del estado de derecho– intentó obligarlo a firmar una declaración autoincriminatoria bajo la amenaza de regresarlo al centro clandestino de detención de la Comisaría 4ta de Santa Fe, cuando se encontraba detenido en la cárcel de Coronda.
El fiscal pidió, además, la condena a 25 años de prisión del ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, por su intervención en la muerte de Feresin. Suárez Faisal consideró acreditado que el deceso se produjo “como consecuencia de las múltiples y reiteradas torturas aplicadas por la patota conformada por Ramos y otras personas que han fallecido durante el trámite del presente proceso”. También lo acusó como responsable en siete casos de privación ilegal de la libertad agravada y en seis de tormentos agravados.
El fiscal también describió cómo Ramos Campagnolo se infiltró en la Facultad de Derecho para “marcar” estudiantes, y cómo participaba de las “patotas” que secuestraban y torturaban.
Al describir la inserción de Ramos Campagnuolo en el aparato represivo clandestino, el fiscal indicó que, como personal policial de inteligencia, el acusado se infiltró en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde cursó y “hasta aprobó algunas materias”. El propio Ramos reconoció en su declaración indagatoria haber “trabajado en el ámbito universitario”. “Su verdadera función –remarcó Suárez Faisal– era la de señalar o marcar objetivos, es decir, seleccionar a estudiantes o militantes que podrían ser considerados subversivos para el gobierno de facto, y luego proceder a su respectivos secuestros. Pero su labor dentro de la organización represiva no finalizaba allí, sino que además participaba –junto con “El Pollo” Colombini y “El Tío” Correa– de los denominados grupos de tareas, que allanaban ilegalmente domicilios, detenían a las personas previamente marcadas, para luego conducirlas a centros de detención”, donde “eran sometidos a interrogatorios bajo toda clase de torturas y tormentos”.
El fiscal también pidió la condena del ex comisario de la Seccional 4ta de Santa Fe, Ricardo Silvio Ferreyra, a quien describió como “la máxima autoridad de uno de los centros clandestinos de detención de mayor envergadura de la ciudad de Santa Fe, junto con la Comisaría Primera, donde ocupó previamente el cargo de Subjefe”. Le pidió la pena de 20 años de prisión por la privación ilegal de la libertad agravada de cuatro víctimas, la aplicación de tormentos agravados en tres casos, y por asociación ilícita. Ferreyra es el único de los cinco imputados que llegaron a este juicio que no tiene condena por este último delito. El resto fue condenado en un proceso tramitado en 2014.
Finalmente, Suárez Faisal pidió las condenas a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, para el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti, y la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi. “No caben dudas de que Perizzotti era el mandamás del mayor centro clandestino de detención de la región, el lugar más masivo, llamado Guardia de Infantería Reforzada, y que Aebi actuaba como su mano derecha”, indicó el fiscal.
Las defensas
Los alegatos de los acusados fueron ejercidos el jueves 16 de marzo por dos defensores oficiales. Si bien ambos aclararon que no ponían en duda la existencia del plan de exterminio orquestado por el terrorismo de Estado (algo que jamás ocurre cuando los letrados son particulares), los abogados por parte de la acusación analizaron la conducta de cada uno de sus defendidos como si fueran individuales, y no conectados en el marco de un dispositivo que los integraba.
Tras asegurar que los hechos criminales que se ventilaron en el juicio no estaban bajo dominio de sus defendidos, sino que dependía de fuerzas superiores, solicitaron la absolución de todos los imputados.
Ese mismo jueves, luego de rechazar el pedido de la representante legal y compañera de Basso Feresin, para que los hijos de ambos –de 6 y 9 años– puedan ingresar para la lectura del veredicto, los jueces anunciaron que la sentencia se daría a conocer el 30 de marzo.
Fuente: Diario de los juicios/El Eslabón
Fuente:RedaccionRosario
Jueves 30 de Marzo de 2017
Fuertes condenas en Santa Fe a represores de la dictadura
Uno de los acusados por crímenes en el centro clandestino de detención "La Casita" recibió pena de prisión perpetua.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este jueves a prisión perpetua a Eduardo Alberto Ramos e impuso otras fuertes condenas en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención conocido como "La Casita", en las afueras de la capital provincial.
Pasadas las 14, los magistrados Omar Digerónimo, Beatriz Barabani y Ricardo Moisés Vázquez leyeron el tramo dispositivo del fallo en una audiencia que había comenzado pasadas las 11 de la mañana, con las llamadas últimas palabras de los enjuiciados.
El oficial de inteligencia policial retirado Ramos fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado del que fue víctima en 1977 el dirigente montonero Emilio Osvaldo Feresìn, cuyo hijo Juan Emilio Feresin dijo a la agencia Télam que la sentencia marcó "un momento de justicia, de reivindicación de la lucha de todos los compañeros que sobrevivieron y dieron su testimonio para que el tribunal llegue a este fallo".
"Esto no se termina hoy aquí, va a seguir, porque todavía hay muchos genocidas caminando por las calles argentinas y que no recibieron condenas", afirmó.
En términos similares, su abogada patrocinante en la querella, Nadia Shucjmann, dijo estar "feliz" por el fallo y agregó: "Es lo que pedimos, cárcel perpetua para los genocidas. Los jueces estuvieron a la altura de las circunstancias y dejaron en claro a los imputados que no se dejarían ni amenazar ni amedrentar".
Además de Ramos, por privación ilegítima de la libertad y tormentos cometidos en perjuicio de un total de 13 víctimas y por haber integrado una asociación ilícita con los otros coimputados, fueron condenados el ex comisario Ricardo Silvio Ferreyra a 16 años de prisión (por cuatro casos) y el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área 212 Juan Calixto Perizzotti, a 20 años.
También fue sentenciada la ex escribiente de la GIR Marìa Eva Aebi a 12 años de prisión, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, y el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, en esa época funcionario judicial, fue condenado a 3 años de prisión por apremios ilegales.
Las penas impuestas a algunos de los acusados se unifican con otras anteriores y resultan de este modo en perpetua en el caso de Perizzotti y en una condena total a 23 años de prisión en el caso de Brusa, explicó el abogado Guillermo Munne, querellante en diversas causas por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe y militante de la agrupación H.I.J.O.S.
En el caso de Brusa, el fiscal Martín Suárez Faisal había considerado acreditados los apremios ilegales contra Daniel Gatti, para intentar que firmara una declaración autoincriminatoria, bajo amenaza de regresarlo desde la cárcel de Coronda al centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría 4ta. de Santa Fe.
Además de Feresin, fueron víctimas de los hechos investigados en esta causa Stella Maris Vallejos, Daniel Osvaldo Gatti, Vilma Raquel Guadalupe Juárez, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Hilda Celina Vivian Benavides, Mabel Ángela Caminos, Graciela Virginia Aguirre, Patricia Amalia Traba, Teresita María del Carmen Miño y Silvia Liliana Abdolatif, en la época, todos militantes de la Juventud Peronista.
El TOF dijo fecha para la lectura de los fundamentos de la sentencia para el día 6 del corriente a las 20, en la sede tribunalicia.
Fuente:DiarioUnoER
Condenaron a cuatro represores por crímenes cometidos en el centro de detención ilegal “La Casita”
30 Marzo 2017
Aebi, Perizzotti, Brusa, Ferreyra
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe impuso este jueves penas a los cuatro acusados y a la acusada en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra doce víctimas que permanecieron cautivas y fueron sometidas a tormentos en el centro clandestino de detención “La Casita” –entre otros lugares–, que funcionó en una finca de la zona rural de Santo Tomé.
Pasadas las 14, los magistrados Omar Digerónimo, Beatriz Barabani y Ricardo Moisés Vázquez leyeron el tramo dispositivo del fallo en una audiencia que había comenzado pasadas las 11 de la mañana, con las últimas palabras de los enjuiciados.
El oficial de inteligencia policial retirado Eduardo “Curro” Ramos fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado del que fue víctima en 1977 el dirigente montonero Emilio Osvaldo Feresín.
Su hijo, Juan Emilio “Juane” Basso Feresín, expresó que la sentencia marcó “un momento de justicia, de reivindicación de la lucha de todos los compañeros que sobrevivieron y dieron su testimonio para que el tribunal llegue a este fallo”.
“Esto no se termina hoy aquí, va a seguir, porque todavía hay muchos genocidas caminando por las calles argentinas y que no recibieron condenas“, afirmó.
El fiscal Martín Súarez Faisal puso de relieve que durante el debate se pudo acreditar el homicidio de Feresín, responsable zonal para Santa Fe y Paraná de la agrupación Montoneros. El militante, quien permanece desaparecido, fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y falleció alrededor de un mes después de aquella fecha durante las torturas que le impusieron en “La Casita”. Los testimonios de los sobrevivientes sobre su agonía y acerca de los comentarios de los represores que afirmaban que “este se nos va” y, posteriormente, “se nos fue” resultaron contundentes para que la Fiscalía acusara a Ramos por su homicidio. El ex policía formó parte de la patota que lo torturó hasta la muerte.
Además de Curro Ramos fueron condenados el ex comisario Ricardo Silvio Ferreyra a 16 años de prisión (por cuatro casos) y el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área 212 Juan Calixto Perizzotti, a 20 años por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos cometidos en perjuicio de un total de 13 víctimas y por haber integrado una asociación ilícita con los otros coimputados.
También fue sentenciada la ex escribiente de la Guardia de Infantería Reforzada María Eva Aebi a 12 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, y el ex juez federal Víctor Brusa, en esa época funcionario judicial, fue condenado a 3 años de prisión por apremios ilegales.
ACUMULACIÓN DE CONDENAS
Las penas impuestas a algunos de los acusados se unifican con otras anteriores y resultan de este modo en perpetua en el caso de Perizzotti y en una condena total a 23 años de prisión en el caso de Brusa, el abogado Guillermo Munne, querellante en diversas causas por crímenes de lesa humanidad.
En el caso de Brusa, el fiscal Martín Suárez Faisal había considerado acreditados los apremios ilegales contra Daniel Gatti para intentar que firmara una declaración autoincriminatoria, bajo amenaza de regresarlo desde la cárcel de Coronda al centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría 4ª de Santa Fe.
Además de Feresin, fueron víctimas de los hechos investigados en esta causa Stella Maris Vallejos, Daniel Osvaldo Gatti, Vilma Raquel Guadalupe Juárez, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Hilda Celina Vivian Benavides, Mabel Ángela Caminos, Graciela Virginia Aguirre, Patricia Amalia Traba, Teresita María del Carmen Miño y Silvia Liliana Abdolatif, en la época, todos militantes de la Juventud Peronista.
El TOF dijo fecha para la lectura de los fundamentos de la sentencia para el día 6 del corriente a las 20, en la sede tribunalicia.
Con información de Agencia Télam y Fiscales.gob.ar
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
jueves 30.03.2017
Cinco represores condenados Perpetua para Ramos por el crimen de un líder Montonero
Terminó el juicio oral por delitos de lesa humanidad, cometidos en el centro clandestino de detención denominado “La casita” de Santo Tomé durante 1977.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este jueves a los cinco represores que estaban siendo juzgados por violación a los derechos humanos en perjuicio de perseguidos políticos durante la última dictadura militar, ocurridos en el centro de detención clandestino denominado “La casita” de Santo Tomé. La pena más alta la recibió el ex miembro de la Policía de Santa Fe, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo (62), el “Curro”, a quien se le impuso prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado del referente de la agrupación Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin.
La parte resolutiva del fallo firmado por los jueces Beatriz Caballero de Barabani -presidente-, Omar Digerónimo y Ricardo Moisés Vásquez, alcanza al ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti (80); el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra (80); la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi (64); y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe y luego juez Víctor Hermes Brusa (68).
El juicio oral comenzó el 2 de febrero último y alcanzó su punto culmine el pasado 10 de marzo, cuando la Fiscalía y las dos querellas solicitaron en sus alegatos la imposición de severas penas para los acusados. El fiscal general Martín Suárez Faisal, junto con las querellantes Alejandra Romero Niklison -en representación de Blanca Bernasconi- y Nadia Schujman -por Juan Emilio Basso-, solicitaron perpetua -25 años- para Ramos; en tanto pidieron 20 años para Perizzotti, Ferreyra y Aebi; y 4 para Brusa.
Penas más altas
El debate estuvo centrado en el secuestro, tortura y desaparición del líder de la agrupación Montoneros, Emilio Feresín, ocurrido el 10 de febrero de 1977 en el centro de detención clandestina denominado “La Casita” de Santo Tomé -nunca localizada; y por el secuestro de nueve militantes de la Juventud Peronista -ocho mujeres y un varón-.
Por el más grave de los hechos Ramos fue considerado autor de los delitos de “homicidio doblemente agravado por ser cometido con alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas”, por “privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas” en perjuicio de 7 personas; y “tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos” contra 6 personas.
El tribunal -compuesto por jueces rosarinos-, unificó las condenas de 2009 y 2014 que pesan sobre el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía provincial y le impuso la pena única de prisión perpetua, rechazando además un planteo de inconstitucionalidad por la imposición de dicha pena.
En tanto Perizzotti, Ferreyra y Aebi fueron condenados a 20, 16 y 12 años de prisión respectivamente por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos”, ambas figuras agravadas en similar situación que Ramos. En tal sentido, se unificaron las condenas anteriores de Perizzotti (2009, 2014 y 2016) a la pena única de “prisión perpetua”; y de Aebi (2009 y 2014) a 24 años de cárcel.
Primera vez
Diferente fue el caso del excomisario Ferreyra, a quien también le atribuyeron la figura de “asociación ilícita”; y recibió su primera condena en el marco de los juicios de lesa humanidad que se realizan en el TOF de Santa Fe.
El ex juez Brusa fue sentenciado a 3 años de prisión por “apremios ilegales” en perjuicio de Daniel Osvaldo Gatti y el tribunal unificó su condena con la de 2009 una única sanción de 23 años de prisión. Además, fue absuelto por los apremios contra Vilma Juárez por desistimiento de acusación fiscal.
Las víctimas cuyos casos fueron ventilados durante el juicio fueron Daniel Osvaldo Gatti, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Vilma Juárez, Mabel Ángela Caminos, Graciela Virginia Aguirre, Teresita María del Cármen Miño, Silvia Liliana Abdolatif, Hilda Benavidez y el asesinado Emilio Osvaldo Feresin.
El tribunal anunció además que el próximo jueves 6 de abril a las 20 estarán disponibles los fundamentos del fallo; y que será tenida en cuenta la reserva de recursos hecha por los abogados defensores Fernando Sánchez -por Ramos, Aebi, Ferreyra y Brusa-; y Graciela Yocca -por Perizzotti-.
Cárcel común
En el punto 8 de la sentencia el Tribunal Oral Federal dispuso que los condenados cumplan la pena en cárcel común bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. En el caso de Ferreyra y Perizzotti, ambos de 80 años y en prisión domiciliaria, la medida se haría efectiva una vez que el fallo quede firme y estudios médicos mediante.
Genocidio
El fallo incorpora la disidencia parcial del juez Omar Digerónimo que calificó los delitos por los cuales fueron condenados Ferreyra, Perizzotti, Aebi, Ramos y Brusa como “genocidio en los términos del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1984 (decreto ley 6286/1956)”. El planteo fue realizado durante el alegato final de la querellante Romero Niklison que solicitó ‘que se tome en cuenta el delito de genocidio‘.
Fuente:ElLitoral
30/03/2017En Santa FeCausa “La Casita”: condenaron a Brusa y cuatro ex policías por delitos de lesa humanidad
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| Familiares del militante Feresín celebraron el fallo. |
A 16 años de prisión fue condenado el ex comisario de la Seccional 4ta de Santa Fe, Ricardo Silvio Ferreyra, cobre quien pesaba un pedido de condena de 20 años de prisión.
A 20 años de prisión, igual pena requerida por la Fiscalía, se condenó al ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; y a 12 años de prisión a la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi, para quien se había requerido una pena de 15 años.
Durante el debate se logró acreditar el homicidio durante la tortura del militante montonero Emilio Osvaldo Feresín, quien permanece desaparecido.
Feresín, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La Casita”.
Luego de la lectura de la sentencia, Juan Emilio Feresín, en diálogo con el móvil de LT10, desde la puerta del Tribunal destacó que "es un fallo para celebrar y aplaudimos el proceso que llevaron adelante los jueces", agregando: "Peleamos para que haya Justicia, nunca buscamos venganza sino que a través de las leyes se juzgue a estos genocidas a pesar de todos los años que pasaron".
En tanto, opinó que "nosotros pedíamos que se tome como genocidio pero esta es una discusión que no se va a resolver en un tribunal. Nosotros pedimos prisión perpetua para Ramos Campagnolo, y consideramos que fue cometido en el marco de un genocidio, pero eso no hace a una valoración negativa", manifestó conforme.
Nadia Schujman, abogada querellante, reconoció la sentencia como "ejemplar". "El Tribunal estuvo en los hechos a la altura de la circunstancias y nos dio lo que queríamos, pedimos perpetua y eso dieron, en cárcel común y efectiva", destacó.
Fuente: LT10.Fuente:AnalisisDigital
31-03-2017
CENTRO CLANDESTINO LA CASITA
Se dictó sentencia en la causa por delitos de lesa humanidad
Fue este jueves en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Se condenó a los responsables de secuestros y torturas de 13 personas y del homicidio de Emilio Feresin con penas de 3 años de prisión y cadena perpetua.
“Santa Fe demuestra una vez más que continúa con los procesos judiciales a los responsables de delitos de lesa humanidad. Esta sentencia sigue marcando el camino con las políticas de memoria, verdad y justicia. De todas formas, es necesario ampliar la observación más allá de la sentencia, porque sentar a los responsables y cómplices del terrorismo de Estado en el banquillo de los acusados es un hecho histórico en todo el país, en el que la provincia sigue marcando el camino”, resaltó Molinas.
Conjuntamente, el funcionario provincial remarcó que “es una enorme satisfacción que importantes causas por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado avancen, lleguen a juicio y reciban condena”. Y añadió que “es resultado de la construcción colectiva de muchas personas que hicieron su aporte a lo largo de estos años”.
CONDENAS
El exjefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti fue condenado a 20 años de prisión; el excomisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra, fue condenado a 16 años de prisión; la exescribiente de la GIR, María Eva Aebi, fue condenada a 12 años de prisión; en tanto, el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe –y luego juez– Víctor Hermes Brusa fue condenado a tres años de prisión; y el exayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, recibió la pena de cadena perpetua.
LA CAUSA
Los hechos imputados comprenden los secuestros y torturas de 13 personas que pasaron por el centro clandestino de detención “La Casita”, en las afuera de la ciudad de Santa Fe, y el homicidio del responsable zonal de Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio.
Las otras 12 personas –11 mujeres y un hombre–, fueron secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en “La Casita”.
Perizzotti, Ramos Campagnolo y Aebi fueron juzgados por la privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas contra siete de esas víctimas y por seis hechos de tormentos. Ramos Campagnolo, además, fue juzgado como coautor del homicidio de Feresin.
Ferreyra, en tanto, fue acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos agravados de cuatro víctimas y por el delito de asociación ilícita, por haber formado parte de una asociación criminal de más de tres integrantes para perpetrar delitos indeterminados, junto a sus coimputados, quienes ya fueron condenados en orden a ese crimen.
Por su parte, Brusa fue acusado en su carácter de funcionario judicial por la aplicación de apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas. Por último, cabe destacar que en esta causa estuvo imputado hasta su muerte el año pasado el ex 2° jefe del Destacamento de Inteligencia 122, Jorge Roberto Diab, quien falleció en arresto domiciliario mientras cumplía la condena por la causa “Campagnolo-Dunda”. Actuaron el fiscal general ante el TOCF de Santa Fe, Martín Suárez Faisal. El tribunal estuvo presidido por Omar Digerónimo e integrado por Beatriz Barabani y Ricardo Moisés Vázquez.
La abogada Nadia Schujman actuó por la querella, en representación del hijo y de la primera esposa de Emilio Feresin, respectivamente.
ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA
En nuestra provincia se pusieron en marcha causas emblemáticas y el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales; y la creación de un Registro de expresos políticos.
A través del área Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno provincial asume un firme compromiso con la implementación de políticas públicas dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad más democrática, sin exclusiones y con lugar para todos y todas.
En Santa Fe, los juicios a los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar se pusieron en marcha en 2009.
El área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad colabora con las víctimas, familiares, testigos, abogados querellantes, fiscales y jueces. Además, trabaja en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y en la localización de Centros Clandestinos de Detención.
Con la implementación del Programa de Protección de Testigos y Querellantes el Estado asume el compromiso de proteger a sus ciudadanos, y particularmente a aquellos que son testigos, querellantes y patrocinantes, cuyos aportes revisten fundamental importancia para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos.
Fuente:SinMordaza
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