19 de mayo de 2017

MASACRE DE PALOMITAS: SE ALLANA EL CAMINO PARA QUE EL EXJUEZ LONA SEA JUZGADO.

Se allana el camino para que el exjuez Lona sea juzgado 
16/05/2017
El juicio por la masacre de Palomitas estará a cargo de un juez de Tucumán. Por el caso Ragone falta designar a un camarista.
De a poco se está despejando el camino para que, finalmente, el exjuez federal Ricardo Lona pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en las dos causas que está procesado. El primer paso se dio la semana pasada con la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones N§ 2 de confirmar la designación del juez federal de primera instancia de Tucumán, Daniel Bejas, para que pueda iniciar el proceso de juzgar a Lona por la "masacre de Palomitas" 

Se trata de la causa más complicada que deberá afrontar el exmagistrado, no solo por el peso específico del caso, sino por el grado de responsabilidad que se le imputa: "Partícipe necesario". Fernando Poviña, otro juez de Tucumán, fue el que lo procesó. En esta causa Ricardo Lona será juzgado con el sistema del viejo Código de Procedimiento Penal en el que intervendrá un solo juez, y todo el procedimiento del juicio se instruirá por escrito. 

Distinto será el juicio por el secuestro y desaparición del exgobernador MIGUEL RAGONEen el que Lona está imputado de encubrimiento por no haber promovido la persecución de los autores de ese crimen. Para esta semana se aguarda que la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación designe al tercer juez y que el Tribunal Oral Federal N§ 2 pueda iniciar cuanto antes el juicio oral y público. Ya están confirmados Gabriela Catalano y el tucumano Gabriel Casas. 

Las dificultades para integrar este tribunal surgieron por las sucesivas excusaciones de 4 magistrados. Los primeros fueron los vocales Abel Fleming y Domingo Batule. Luego hicieron lo propio Federico Díaz (Santiago del Estero) y Marta Liliana Snopek (Jujuy). En todos los casos las excusaciones estuvieron bien justificadas, de acuerdo con lo resuelto por el camarista Casas al que se designó para que analizara esta cuestión.

"En la región no hay jueces disponibles para completar el tribunal, por lo que será necesario buscar alguno en Córdoba o más al sur", expresó una fuente judicial. La falta de magistrados ha sido una constante todas las veces que se tuvo que ventilar juicios de lesa humanidad en Salta y ésta no fue la excepción. 

Las artimañas 
Desde el comienzo del proceso Lona ha recurrido a diversas artimañas para demorar el proceso a como dé lugar. En 2014 intentó suspender una indagatoria con el argumento de que no se iba a someter al interrogatorio de "fiscales foráneos". Se refería a la intervención del jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciber--delincuencia (UFECI), Horacio Azzolín. En el caso del juez Bejas, la defensa de Lona cuestionó el procedimiento de su designación dejando entrever que la Cámara Federal de Casación lo eligió a "dedo". Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones no solo rechazó el planteo sino el pedido de que se haga un sorteo y confirmó al magistrado tucumano. 

Otro detalle que no deja de llamar la atención es el hecho de que Ricardo Lona haya contratado, paradójicamente, los servicios de exjueces que dictaron condenas en casos emblemáticos del terrorismo de Estado. Este es el caso de Ricardo Gil Lavedra, quien integró el tribunal que en 1985 juzgó y sentenció a los militares que gobernaron el país a partir del golpe de 1976. Ya en 2003 Lona había recurrido al jurista Andrés D'Alessio, otro de los reconocidos excamaristas que participó del denominado "Juicio a las Juntas". En este caso fue por el jury de enjuiciamiento que afrontó por encubrimiento del fusilamiento de los 11 presos políticos en Palomitas en julio de 1976, del que resultó absuelto.

El décimo juicio ya tiene fecha 
El décimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Salta comenzará el 29 del corriente y en el banquillo de los acusados estarán de nuevo el coronel Miguel Raúl Gentil y el comisario Joaquín Guil. Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, integrado por Gabriela Catalano, Domingo José Batule y Abel Fleming, quienes harán su debut en un debate de esta magnitud. En esta oportunidad se ventilará el caso de un militante de la Juventud Peronista que fue víctima de privación ilegítimamente de la libertad y torturas por parte de personal de la Policía de la Provincia entre fines de 1974 y 1975. La víctima, Marcial Uro, fue detenida por personas de civil que ingresaron por la fuerza a su domicilio del barrio Finca Independencia, de donde lo trasladaron hasta la Central de Policía donde sufrió todo tipo de tormentos. 

Para los representantes del Ministerio Público se encuentra probado con el grado de convicción requerido que entre el 23 de noviembre de 1974 y el 31 de diciembre de 1975, Uro fue detenido desde su domicilio por un grupo de policías y trasladado hacia la Jefatura de Policía de Salta. Allí fue encapuchado y sometido a distintos tipos de tormentos e interrogado para que aportara datos de sus actividades y sus compañeros.

Además, se acreditó que fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, donde el jefe de la fuerza, Federico Livy, lo obligó a realizar tareas domésticas en su domicilio. Uro tenía una importante militancia social, habiendo realizado trabajos en las villas de Salta y fundado una cooperativa de carpintería y herrería en tres terrenos otorgados por el entonces gobernador Miguel Ragone.
Envío:AgnDDHH

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