3 mayo, 2017
Pablo Louthier solicitó que se declare inconstitucional la pena de prisión perpetua requerida para los acusados de crímenes de lesa humanidad.
El defensor oficial Pablo Louthier pidió la extinción de las acciones penales y la absolución lisa y llana para los seis represores que están siendo juzgados por 32 crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar. En la audiencia de ayer el funcionario también solicitó la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la pena de prisión perpetua, en caso de que el Tribunal Oral Federal haga lugar a los requerimientos realizados en ese sentido por los abogados querellantes y el Ministerio Público Fiscal. El próximo lunes se dará a conocer el veredicto de este largo proceso que comenzó en octubre de 2015.
Los imputados son el general Héctor Ríos Ereñú, los coroneles Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, los comisarios Joaquín Guil y Arturo Madrigal y el comandante de Gendarmería Nacional Diego Alejandro Varas.
Louthier justificó el pedido de absolución de los nombrados con el argumento de la orfandad probatoria de los hechos que les imputan, la aplicación del principio de la duda y la inaplicabilidad de “la teoría del dominio del hecho” a la que se refiere en su famosa doctrina el destacado jurista alemán Claus Roxin. Frente a lo expuesto, el defensor sostuvo que en caso de que los camaristas se pronuncien por una condena, se les imponga a los acusados “una pena temporal mínima”.
En el caso del comisario Madrigal consideró que no hay pruebas para imputarle el delito de “partícipe necesario”, sino el de “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para las querellas y la fiscalía, este policía liberó la zona para posibilitar el secuestro y desaparición de la militante de izquierda Silvia Sáenz de Vuistaz (2 septiembre de 1976) en el pueblo de Embarcación. De igual manera rechazó la imputación de “coautor mediato de secuestro y desaparición” que pesa contra Gentil y Varas en el caso del dirigente rural Raúl Osores. La víctima fue detenida por la Gendarmería en Embarcación, de donde la condujeron a Orán y luego al penal de Villa las Rosas. Sus rastros se perdieron en mayo de 1976 cuando fue trasladado a la Jefatura de Policía con el ardid de que iba a ser liberado.
El defensor Louthier utilizó gran parte de su alegato para derribar las graves acusaciones que pesan contra el general Ríos Ereñú, que estuvo a cargo del Regimiento de Infantería de Tartagal, entre 1975 y 1977. Al también exjefe del Ejército durante la gestión de Alfonsín se le atribuye la eliminación de los dirigentes norteños Mario Bernardino Lona Orellana, Santos Abraham Garnica, David Reina León Paz, Sergio Wenceslao Copa, Silvia Sáenz de Vuistaz, Nicolasa del Valle Montilla, Gregorio Tufiño Ruiz, Benita Giménez de Medina, Raúl Aramayo y la privación ilegítima de la libertad de Rodolfo Alfredo Zelarayán y Ángel Antonio Juárez. “La pertenencia a determinada fuerza no necesariamente implica que mis defendidos hayan sido responsables de los hechos que les imputan”, señaló Louthier. En ese sentido, calificó de “arbitraria” la forma en que se encuadró la imputación a Ríos Ereñú, al tiempo que sostuvo que no hay ninguna prueba de que haya sido el jefe de la subzona 322.1 a los efectos de la lucha contra la subversión.
En el final de su alocución, el defensor expresó que los imputados son personas de avanzada edad, con graves problemas de salud y que una condena a perpetua implicaría “una pena de muerte”.
Fuente:RadioSalta
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