Control de daños
Por Victoria Ginzberg
Imagen: Joaquín Salguero
Luego de la multitudinaria y emocionante manifestación con la que la sociedad argentina dejó en claro que el regreso de los represores de la última dictadura a las calles es un límite ético que no va a dejar pasar así nomás, las repercusiones del fallo del 2x1 se fueron diluyendo en la agenda pública. Sin embargo, el tema no está resuelto y puede (debería) irrumpir en escena en plena campaña electoral.
La propia Corte Suprema envió una señal. Después de que el Congreso votara la ley 27362, que interpreta la norma conocida como “del 2x1” y señala que no es aplicable para delitos de lesa humanidad, el máximo tribunal informó públicamente que correría vista a las partes para que dieran su opinión. Es decir, admitió que se había producido un hecho nuevo que podría cambiar los futuros fallos sobre el mismo asunto. Lo que hizo fue enviar a querellas y defensas los expedientes que estaban en el tribunal en los que los represores habían pedido, al igual que Luis Muiña, la aplicación del cómputo doble de sus días de prisión preventiva. Porque el planteo de Muiña no era único ni novedoso. Lo concreto es que en el corto plazo –poco antes de la feria judicial de invierno– estarán dadas las condiciones para que la Corte se corrija y haga un control de daños.
Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz, los tres ministros que formaron la mayoría en el fallo del 2x1, están frente a un dilema. O se retractan de lo que dijeron hace poco (poquísimo, nada, en tiempos jurídicos) o pasan a la historia como los impulsores de una nueva impunidad, con el descrédito y el rechazo que eso conlleva. En eso estarán solos. El Gobierno, que si no tuviera que pagar un costo político avanzaría en ese sentido sin reparos, los abandonó a su suerte. De una u otra forma los magistrados pagarán un precio. Todo indica que optarán (uno o dos de ellos) por el mal menor. Rosatti está decidido a modificar su postura luego de la ley del Congreso. Highton podría acompañarlo. Rosencrantz, el ideólogo del fallo Muiña, mantendrá su voto.
Entre Rosatti y Ricardo Lorenzetti parece haber una guerra declarada. Ambos son santafesinos y se conocen desde hace tiempo; Lorenzetti asumió en la Corte mientras Rosatti era ministro de Justicia. Lorenzetti, que venía golpeado por las denuncias de Elisa Carrió, y que debía haber imaginado que su relación con el macrismo sería diferente, consiguió aire luego del escándalo del 2x1, del que quedó al margen por haber firmado junto con Juan Carlos Maqueda el voto de minoría. Cuentan en el Palacio de Tribunales que Rosatti culpa a Lorenzetti por el manejo de la agenda –resorte del presidente del tribunal– en el caso del 2x1. Y lo atribuye a diferencias que venían teniendo ambos, por ejemplo, en el vínculo con los jueces federales. Más allá de los reproches que puedan ser atendibles, a Rosatti nadie lo obligó a firmar el fallo que permitiría la libertad de Alfredo Astiz, El Tigre Acosta y cientos de otros represores. Ahora, gracias al Congreso, Rosatti tendrá su segunda oportunidad, algo que en la Corte no se suele dar tan seguido.
¿Qué argumentos se usarán para dar vuelta el fallo del 2x1? Esta semana, las partes comenzaron a presentar sus escritos ante la Corte. Abuelas de Plaza de Mayo lo hizo el miércoles. La semana próxima lo harán el CELS y otros querellantes. Lo mismo las defensas, que buscarán aferrarse con uñas y dientes al fallo “Bignone” (Muiña). Finalmente deberá sumarse el criterio de la Procuración. Los ministros que cambiarán su voto deberán salvar un escollo, ¿es la ley 27.362 (la aprobada por el Congreso luego del fallo de la Corte) una norma posterior y por lo tanto inaplicable en virtud de la irretroactividad de la ley penal? Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo plantearon, en la misma línea que harán otros organismos de derechos humanos, que al ser una “ley interpretativa”, según la doctrina “viene a formar una sola con aquella que interpreta”. Argumentaron que la ley del 2x1 es una “conmutación general de penas”, y que como tal no puede ser aplicada a delitos de lesa humanidad de acuerdo a tratados internacionales que la Argentina había firmado aún antes de la sanción de aquella norma. Incluso encontraron un precedente similar de 1984 en el que el Congreso dictó una conmutación general de penas (y la Corte la consideró como tal) muy similar al 2x1 destinada a personas que habían sido condenadas durante la última dictadura. También citaron antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en una situación casi análoga en Colombia, aludió al “deber de imponer penas adecuadas” en función de la gravedad de los hechos y dijo que los Estados deben asegurar que “las penas impuestas y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad”.
Jueces y fiscales de todo el país vienen sosteniendo además la inconstitucionalidad de la ley del 2x1 para delitos de lesa humanidad en base a que la reducción de las penas para este tipo de crímenes implica el incumplimiento del estado argentino ante la comunidad internacional. Pero la “nueva Corte”, por decirlo de alguna manera, no es muy fanática del derecho internacional. El fallo Fontevecchia, que implica el desconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es otro “cambio” que se podría corregir ante un realineamiento de las mayorías, tan fluctuantes en el último tiempo. En las decisiones de jueces y fiscales de todo el país que se sucedieron luego del fallo Muiña lo novedoso no fue la argumentación jurídica sino el dato político: la “sublevación” de los tribunales. La “nueva Corte” tendrá que reconstruir su autoridad, legitimidad y respeto de acá en adelante.
Recordemos que la ley del 2x1 estuvo vigente entre 1994 y 2001, mientras la gran mayoría de los represores no podía ni siquiera ser investigado debido a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ninguno de los acusados en estos expedientes estuvo preso mientras regía la ley que establecía el cómputo doble de los días de prisión preventiva luego de los dos años. Sancionada como intento de resolver la superpoblación carcelaria, la norma sería aplicada, si se ratificara el fallo de la Corte, a muchas personas que están bajo arresto domiciliario. Por eso el argumento de las querellas es que el objetivo de la ley del 2x1 nunca fue reducir la pena para crímenes de lesa humanidad, tal como lo señalaron los legisladores. ¿Será una salida política? No menos de lo que sería ratificar el fallo Muiña.
Cuando la Corte revierta la decisión de dejar en libertad a todos los represores juntos, podrá volver a la estrategia del goteo, de las prisiones domiciliarias, de las concesiones caso por caso. Como en la economía, ganó el sector del gobierno que se inclina por el gradualismo ante los que quisieron imponer una política de shock. Pero los arrestos domiciliarios o privilegios que puedan conseguir algunos condenados por delitos de lesa humanidad no deben empañar que, de todas maneras, a pesar de los intentos del Gobierno por avanzar más despacio o más rápido sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, la Argentina sigue siendo ejemplo mundial por el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura. Como Barack Obama y Francois Hollande, Angela Merkel dedicó parte de su breve estancia en el país a recordar y honrar a las víctimas del terrorismo de Estado, a pesar de las burradas y la incomprensión de funcionarios o legisladores de Cambiemos. El fallo de la Corte se convirtió en un búmeran que ratificó la centralidad que el tema tiene para la sociedad.
Fuente:Pagina12
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