La provincia gobernada por Alberto Weretilneck ya casi es un calco de Jujuy y Mendoza, donde no existe el Estado de derecho. Al igual que Milagro Sala, los dirigentes sindicales Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti fueron encarcelados por protestar y ahora enfrentan una causa absurda.
Por Fernando M. López
Jun 3, 2017
La criminalización de la protesta social y la persecución política se endurecen cada vez más en la provincia de Río Negro. Hace poco más de una semana fue detenido de manera arbitraria y salvaje el secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, y días después también encarcelaron al titular del gremio, Rodolfo Aguiar.
Ambos quedaron alojados en la Comisaría 1ra de Viedma luego de protestar contra el “Plan Castello” del gobernador Alberto Weretilneck, un megaendeudamiento de 580 millones de dólares aprobado por la Legislatura el 24 de mayo.
Ese día, antes de la votación, los trabajadores estatales se movilizaron desde distintos puntos de la provincia, en medio de un paro 24 horas, para reclamar que los legisladores escucharan su posición sobre el proyecto, pero terminaron siendo brutalmente reprimidos.
“Supimos que algo podía pasar cuando la policía caminera paró nuestros colectivos y arrebató los listados de los compañeros que llegaban a Viedma”, dijo a Contexto Rodrigo Vicente, coordinador nacional de ATE Rio Negro, y recordó que todo comenzó en el momento en que cayeron unas vallas que no tenían sostén.
“Los efectivos de Infantería empezaron a salir como hormigas de la Legislatura y apareció una camioneta del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate). Fueron directo a reprimir a los trabajadores que se estaba replegando del lugar. Tiraron gases lacrimógenos y gas pimienta a las mujeres”, relató el gremialista.
El “Plan Castello” fue sancionado en medio de la represión policial y luego un juzgado requirió la captura de los principales dirigentes de ATE, a los que les imputaron el delito de “coacción agravada”.
A Capretti lo fueron a buscar efectivos de civil y lo detuvieron en la puerta de su casa sin mostrar orden judicial ni identificación alguna, como ocurría en plena dictadura. Unos días más tarde, Aguiar se presentó voluntariamente ante la justicia y lo pusieron tras las rejas.
Juan Carlos Capurro, asesor jurídico de ATE-CTA, demostró que la imputación “era ilegal e inconducente, a todas luces contraria al derecho penal”. Fue entonces cuando el juez Carlos Mussi instruyó al fiscal Juan Pedro Puntel para que recaratulara la causa, algo que también es irregular.
“Ahora estamos con una imputación donde se dice que se intentó impedir que los legisladores pudieran sacar la ley. Lo curioso es que desde el punto de vista técnico-penal no existe el intento de coacción. Se produce o no se produce. Si la ley salió, no hubo coacción y el intento no es procedente. La doctrina penal es clara en este sentido, por lo cual estamos ante un nuevo berenjenal jurídico”, subrayó el abogado.
Por su parte, Vicente consideró que detrás de esta persecución lo que hay es un intento de amedrentamiento, de “tenernos fuera de juego mediático, político y gremial”, porque el gobierno de Weretilneck “necesitaba aprobar el Plan Castello en silencio para que nadie se enterara que se estaba endeudando a la provincia por más de 8 mil millones de pesos, es decir, 9.000 dólares por cada rionegrino”.
“Esto empezó con la llegada de Macri a Viedma”, sostuvo el sindicalista al referirse a la visita que realizó el presidente en el mes de febrero, momento en el que se acordaron los términos del megaendeudamiento provincial.
“Ese mismo día fue la primera detención de nuestro secretario general y de ahí en más empezamos a tener esta suerte de persecución. Hasta los teléfonos comenzaron a funcionar de manera extraña y con interferencias. Al menos, no parece casual que cada vez que quedamos en encontrarnos en algún lugar con los compañeros, haya un operativo policial”, señaló al denunciar posibles escuchas ilegales.
Weretilneck se suma así a otros gobernadores aliados de Macri, como el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Alfredo Cornejo, que pasan por encima de la democracia y el Estado de derecho en su afán de acallar el disenso y reprimir con dureza toda protesta social. Esta semana, Milagro Sala cumplió 500 días como presa política de Morales, a pesar de los reclamos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea liberada de manera inmediata. En la misma situación están otros dirigentes de la Tupac Amaru, como Nélida Rojas, detenida arbitrariamente en Mendoza.
“Hasta ahora viene siendo igual, veremos cómo actúa la justicia adicta y corrupta de Río Negro. Si lo que quieren es tener un Aguier 500 días preso, como lo está Milagro Sala, deben saber que no nos van a poder callar. Cada vez salen más a las calles porque las necesidades son muchas. Río Negro es un reflejo de lo nacional”, afirmó Vicente al referirse al desempleo, la pobreza y la precarización laboral.
Por lo pronto, desde ATE y la CTA convocaron para el próximo miércoles a una “jornada nacional de lucha” en reclamo de la libertad y sobreseimiento de los dirigentes detenidos, mientras que la seccional provincial del gremio llevará adelante a partir de ese día un paro de 48 horas.
Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE a nivel nacional, informó que la organización está “en estado de emergencia y alerta” por “la persecución política que se ha desencadenado en la provincia de Río Negro”.
“Buscan destruir a ATE y encarcelar a dirigentes como ya ha ocurrido en otros lugares del país, como parte de una medida ejemplificadora, que criminaliza la protesta social, judicializa los reclamos y se estigmatiza a dirigentes y militantes que expresan una opinión contraria a las políticas económicas del gobierno nacional y provincial”, remarcó Godoy.
Fuente:Contexto
02 de junio de 2017 ·
ATE denunció que en Río Negro "no hay división de Poderes"
Presos por protestar contra el endeudamiento
El secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, y su secretario adjunto, Aldo Capretti, fueron detenidos, acusados de “coacción agravada”. Otros dos dirigentes sociales tienen pedido de captura y se encuentran prófugos. ATE exigió su liberación y anunció una movilización para el miércoles 7.
Por Franco Spinetta
Imagen: DyN
“Es la primera vez que pasa desde el regreso de la democracia”. Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional, asegura a Página/12 que no hay antecedentes de los hechos que sucedieron a fines de mayo en la provincia de Río Negro, donde fueron detenidos dos dirigentes sindicales tras una marcha contra la propuesta del Ejecutivo provincial, que el 24 de mayo pasado consiguió que la Legislatura autorizara al gobernador Alberto Weretilneck a emitir deuda por 600 millones de dólares.
El paro y la movilización convocado por ATE aquella jornada culminó con una brutal represión, que dejó un saldo de más de 20 heridos, entre manifestantes y policías.
Dos días después, la policía provincial detuvo en su domicilio a Capretti. Testigos del hecho aseguraron que la detención fue realizada por personal de civil, sin identificación. Los agentes tocaron el timbre, preguntaron si la camioneta blanca estacionada en la calle era del dirigente sindical, ya que la habían chocado, y una vez en la calle, Capretti fue apresado, “tirado al piso y golpeado”.
La orden de captura había sido dictada por el fiscal Juan Pedro Puntel y promovida por el juez Juan Carlos Mussi. La misma directiva alcanzaba a Aguiar y a otros dos dirigentes, Miguel Ángel Báez y Ariel Edgardo Leguizamón.
El 29 de mayo, acompañado por Godoy, Aguiar dio una conferencia de prensa antes de entregarse a la Justicia. Allí, el dirigente rionegrino dijo que temía por su vida y la seguridad de mi familia. "Hay una escalada de violencia en la Provincia”, denunció. También advirtió que no era la primera vez que había presos políticos en la provincia. “La Justicia está actuando influenciada y presionada por el Poder Ejecutivo. Por estas horas, en Río Negro, la división de poderes no existe y el debilitamiento de las instituciones es extremo”, apuntó.
Aguiar, que también había sido detenido en Viedma en febrero durante una visita del presidente Mauricio Macri,calificó de “escandalosa” la causa por la que está imputado. “No existe ningún tipo de prueba material y objetiva que pueda acreditar las imputaciones que se nos pretenden realizar, salvo algún falso testimonio de alguna autoridad pública. No hay una sola fotografía o filmación que pueda demostrar que cometimos algún delito. Por eso, en nuestro caso, irán mucho más allá, forzarán las normas vigentes y nos intentarán imputar algún tipo de responsabilidad de naturaleza no material”, concluyó.
Tanto Aguiar como Capretti habían sido acusados originalmente de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daño agravado. Luego, el juez Mussi amplió la acusación a “coacción agravada” -que no es excarcelable-, hecho que Godoy consideró como “insólito”. “No hubo un solo legislador que denunciara que no pudo votar, o que haya dicho que se sintió coaccionado, y la ley salió igual aunque a nosotros no nos guste”, indicó.
Frente a esta situación, el sindicato de los estatales definió un plan de lucha que comenzará el miércoles 7 de junio, con varias movilizaciones en distintos puntos del país. Las más importantes serán en la Casa de Río Negro, en la Ciudad de Buenos Aires, y en Viedma, frente a la gobernación. “La situación es extremadamente grave”, advirtió Godoy.
Por su parte, el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Capurro, consideró como “ilegal” las detenciones y comparó la situación con el encarcelamiento de la dirigente jujeña, Milagro Sala. “Aguiar y Capretti tienen que ser sobreseídos y puestos en libertad de inmediato”, reclamó Capurro.
Sin embargo, Weretilneck parece convencido de profundizar el conflicto y volvió a cargar contra los dirigentes detenidos: “Estoy convencido de que quisieron matar a dos policías”.
Fuente:Pagina12
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