Los trabajadores tomaron la planta de Pepsico: Quieren impedir que la empresa se lleve los equipos de producción
Los trabajadores entraron a la planta de Vicente López hoy a la mañana, al advertir que estaban trasladando los equipos de producción. “Vamos a realizar una permanencia pacífica hasta que la empresa ponga en marcha la planta. Están invirtiendo millones en Mar del Plata. Es mentira que están en crisis”, dijeron los delegados.
La planta Pepsico de Vicente López, donde trabajan 600 operarios, anunció su cierre el miércoles pasado.
Imagen: Télam
Los trabajadores despedidos de la planta de Pepsico de Vicente López decidieron ingresar a la fábrica para impedir que la firma multinacional traslade los equipos de producción. “Vamos a realizar una permanencia pacífica hasta que la empresa ponga en marcha la planta. Están invirtiendo millones en Mar del Plata, es mentira que está en crisis”, advirtió el delegado Camilo Mones. Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo impulsó el proceso preventivo de crisis solicitado por la empresa para avanzar con las indemnizaciones de los 600 despidos.
La toma de la fábrica ocurrió a primera hora de la mañana, cuando los trabajadores realizaban una asamblea para acordar la movilización y corte de la autopista Panamericana, a la altura de la avenida San Martín, en la localidad del norte del conurbano bonaerense. “Los compañeros nos avisaron que la Policía comenzó a levantar un operativo en los portones de la empresa y que venía gente de la empresa a llevarse los equipos, con los que podemos garantizar la producción y el sustento de nuestras familias”, explicó otro de los voceros de la asamblea de trabajadores y sentenció: “¡Que no se lleven nada!”.
A cinco días del cierre de la planta, de la que los empleados se enteraron a través de un cartel pegado en el portón de ingreso, los voceros recordaron que en el lugar “hay compañeras pasándola mal en las noches, llorando con sus hijos. Compañeras que saben que no van a conseguir trabajo en otro lugar por la situación socio-económica que estamos viviendo”.
El viernes pasado, cuando se decretó un cuarto intermedio en la negociación con la multinacional, el delegado Héctor Gerez fue muy crítico del rol que ocupa la cartera laboral, encabezada por Jorge Triaca, al sostener: “Dicen que se sienten traicionados por la empresa y son ellos los que le están haciendo el favor”. Gerez se refirió al proceso preventivo de crisis habilitado por Triaca y la propuesta llevada a la mesa de negociaciones, en la que los trabajadores sólo recibieron la promesa de tener sus indemnizaciones en los próximos diez días.
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Otra fábrica que cierra: Gráfica Fangraf,en Floresta
Los dueños de la planta cambiaron la cerradura y esta mañana los trabajadores no pudieron entrar a trabajar. Nadie les había avisado nada. Los 25 trabajadores de la fábrica se mantienen en la puerta, a la espera de que algún directivo les dé una respuesta.
Imagen: Twitter
Los trabajadores de la gráfica Fangraf, ubicada en el barrio porteño de Floresta, se encontraron esta mañana con la puerta de la planta cerrada y no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo. Denuncian que los dueños cerraron la empresa sin previo aviso y dejaron a los 25 trabajadores en la calle. La semana pasada, y con un modo similar, PepsiCo cerró su planta de Vicente López y despidió a 600 trabajadores.
“Llegamos y nos encontramos con las puertas cerradas. El encargado quiso abrir como todos los días, pero no pudo. Cambiaron la cerradura”, contó Laura, una de las trabajadoras de Fangraf, en declaraciones a la radio AM 750. Según el relato de la trabajadora, el viernes la gráfica funcionó normalmente.
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Sin respuestas de Vidal, los maestros bonaerenses definen su plan de lucha
El Frente de Unidad Docente (FUD) definirá esta semana un nuevo plan de lucha, que incluirá paros y movilizaciones, ante la falta de una propuesta salarial “satisfactoria” por parte del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.
En un comunicado, los seis gremios docentes que integran el FUDB informaron que “ante la falta de respuestas del gobierno provincial” se resolvió que la semana próxima se debatirá con todos los docentes la “continuidad del plan de lucha”, que incluirá “paros, movilizaciones, jornadas de protesta y campañas de denuncia”.
Los gremios denunciaron la “incapacidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires de resolver no sólo la situación salarial sino de condiciones de trabajo de los docentes” y sostuvieron que la gobernadora Vidal y el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, “demostraron su desprecio y maltrato a los docentes bonaerenses sometiéndolos a un congelamiento del salario durante 11 meses”.
“Desde el FUDB no vamos a permitir que avancen contra nuestros derechos como trabajadores de la educación. Que el gobierno provincial y sus funcionarios se hagan cargo de sus responsabilidades y den respuestas concretas a la educación bonaerense”, sostuvieron en el comunicado.
El último encuentro entre los gremios y el gobierno bonaerense fue el lunes 12 de junio, cuando el Ejecutivo ofreció un 21% de aumento salarial con cláusula gatillo, una suma por presentismo y 2.000 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo en 2016, que inmediatamente los sindicatos rechazaron por considerar a la propuesta “insuficiente”.
Dos días después, el 14 de junio, los sindicatos Suteba, FEB, Sadop, UDA, AMET y Udocba realizaron un paro de 24 horas, en lo que fue la decimosexta medida de fuerza del año en el distrito bonaerense, con una población de 4,5 millones de alumnos.
El secretario general de Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, dijo hoy que “esta semana no hubo ningún tipo de reunión con el gobierno porque están muy ocupados cerrando listas”.
“Desde el 6 de febrero, cuando comenzaron las negociaciones, ya pasaron 138 días sin una propuesta salarial seria”, afirmó y agregó que “ya están diciendo que Finocchiaro se va como ministro nacional y así es muy difícil negociar”, ante las versiones del eventual remplazo de ese funcionario por Esteban Bullrich, quien será candidato a senador por Cambiemos en el distrito.
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TRABAJADORES DE PRENSA RADIO NACIONAL
Los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública, la Agencia de Noticias Telam y Radio Nacional, expresamos nuestro repudio a la participación en la pantalla de la TV Pública de Nicolás Wiñazki, quien afirmó que la Agencia Telam “es un reducto de empleados kirchneristas”, en una clara operación de prensa, que fue debidamente repudiada por diversos sectores del periodismo
Los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública, la Agencia de Noticias Telam y Radio Nacional, expresamos nuestro repudio a la participación en la pantalla de la TV Pública de Nicolás Wiñazki, en el programa “Cada Noche” en su emisión del viernes 23 de junio de 2017.
Los periodistas y trabajadores de los medios públicos tenemos memoria y recordamos que Wiñazki fue quien, en un mensaje netamente persecutorio, afirmó que la Agencia Telam “es un reducto de empleados kirchneristas”. Esta definición, con la sola intención de descalificar a quienes desempeñan tareas en ese medio, pone en duda su desempeño como periodista y exhibe una intención desaprensiva para con la información y el manejo de datos certeros. Una clara operación de prensa, que fue debidamente repudiada por diversos sectores del periodismo.
Nos resulta incomprensible la presencia de Wiñazki en la pantalla de la TV Pública, precisamente tratándose de un individuo que no dudó en marcar de manera macartista a colegas.
Es evidente que el nivel periodístico exhibido por el programa “Cada Noche”, a partir de las presencias de entrevistados como César Luis Menotti o Martín Balza, cae en picada con la asistencia de Wiñazki. Es notoria la paradoja, ya que quien bastardea a los medios públicos y sus trabajadores, ahora es entrevistado como un referente del periodismo de actualidad.
A su vez, su presencia es profundamente contradictoria con el discurso con el que asumió la actual gestión de los medios públicos y de la TV Pública en particular. Así lo demuestra el hecho de que se utilice media hora de nuestra pantalla para un entrevistado que sostiene que “quisieron santacrucificar a la Argentina” -en palabras del propio Wiñazki-, sin que a la vez se consulten otras voces, ante tamaño brulote. Es claro, por lo tanto, el avasallamiento de la pluralidad y democracia informativa en un programa periodístico en el que los trabajadores y las trabajadoras de prensa de la TV Pública no tenemos ningún tipo de participación.
Por último, llamamos la atención a los funcionarios de los medios públicos y en particular a los responsables de los contenidos periodísticos, ya que situaciones como ésta no sólo son una ofensa para los trabajadores y trabajadoras sino que son una falta de respeto para los espectadores de la TV Pública y significan, por lo menos, un descuido de nuestra pantalla que no podemos admitir.
COMISIONES INTERNAS DE TELAM- RADIO NACIONAL- TV PÚBLICA
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Grave: amenazan a la periodista que reveló el robo de documentos al Ministerio de Seguridad
Lunes 26 de Junio
Desde ayer, Irina Sternik sufre intentos de hackeo, ataques, insultos y expresiones discriminatorias. Fue quien explicó la verdadera gravedad del hecho ocurrido en enero.
Insultos, expresiones discriminatorias y amenazas es el precio que está pagando la periodista Irina Sternik por haber escrito una nota hace menos de un mes en el diario La Nación, donde reveló el alcance real del ataque informático que recibió el Ministerio de Seguridad en el último verano.
En ese momento, oficialmente se dijo que solo se había tratado del hackeo de la cuenta de Twitter de la ministra Bullrich. Sin embargo, lo cierto es que los intrusos también accedieron a una cuenta de mail del ministerio y, a partir de allí, a información clasificada y confidencial de casos que supuestamente lleva adelante el Departamento de Inteligenciacontra el Crimen Organizado de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal.
Ayer la periodista comenzó a recibir agresiones e intentos de hackeo en su cuenta de Twitter, lo cual denunció a través de la propia red social. “Intento de hackeo, ya van 10”, dice en una de las publicaciones, donde muestra la correspondiente captura de pantalla.
Además, el ataque va acompañado de expresiones violentas, amenazas e incluso referencias a una enfermedad que sufrió años atrás.
Consultada por Infonews, la periodista señaló: “Es extraño que Twitter permita este tipo de contenidos. Algunas cuentas violentas tienen miles de seguidores. También es raro que los políticos no hagan nada ni den declaraciones sobre la cantidad de hackeos y amenazas a la integridad de las personas que hubo en los últimos meses”.
Consultada por Infonews, la periodista señaló: “Es extraño que Twitter permita este tipo de contenidos. Algunas cuentas violentas tienen miles de seguidores. También es raro que los políticos no hagan nada ni den declaraciones sobre la cantidad de hackeos y amenazas a la integridad de las personas que hubo en los últimos meses”.
“Si por publicar noticias equipos de trolls salen a atacar así, el periodismo independiente estara cada vez más complicado”, concluyó.
Intento de hackeo, ya van 10.
Ademas de estar queriendome hackear mi cuenta, me dicen cosas lindas como estas.
Fracaso de gestión: los manteros vuelven a la calle por la caída en las ventas
Fracaso de gestión: los manteros vuelven a la calle por la caída en las ventas
En enero de 2017 los manteros de la zona de Once, Plaza Miserere, fueron reprimidos salvajemente por las fuerzas policiales. Luego del conflicto, el gobierno conducido por Horacio Rodríguez Larreta los sacó de las veredas para hacinarlos en galpones. Apenas cinco meses después, pocos clientes participan en esos predios, y esa es la razón por la cual los manteros volverán a las calles, para tratar de recuperar algo del volumen de ventas.
Esa suerte de galpones-feria, fueron abiertos en torno a Plaza Miserere. La poca concurrencia y la baja en las ventas obliga a los puesteros a retornar a la venta ambulante, pese a los controles de la policía.
Una de las ferias está ubicada en la intersección de Boulogne Sur Mer y Perón; otra de ellas se encuentra en La Rioja e Hipólito Yrigoyen. Los manteros tuvieron que tomar la decisión de volver a salir a las calles ante la abrumadora caída en sus ventas. Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 7ma, interviniente en la zona, libró actas por venta pública y decomiso de mercaderías durante los últimos días.
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Trabajadoras de Trolebuses cordobeses movilizan contra los despidos y la discriminación
Las conductoras de trolebuses movilizan hoy para reclamar la reincorporación de las despedidas. Denuncian que a pesar de que las mujeres son sólo el 6% de los empleados del sector representan el 40% de los despedidos.
Este lunes las trabajadoras de trolebuses cordobeses se movilizan hacia la municipalidad para denunciar la discriminación laboral y sindical que sufren “por ser mujeres y luchadoras”. La marcha, bajo la consigna #TodasSomosUTA, será junto al movimiento de mujeres, al resto de los despedidos hombres y a los trabajadores y trabajadoras en general.
Las trabajadoras denuncian que el Ministerio de Trabajo de la Provincia continúa sin hacer cumplir el acta del día 9 de junio y la conciliación obligatoria. Luego de la nueva audiencia, el Ministerio prorrogó la Conciliación y le comunicó a las empresas que “aclaren la situación laboral de todos los trabajadores del sistema”, pero esto no obliga de ninguna manera a que cumplan las actas acordadas, y por lo tanto, lo que continúa es la dilatación del conflicto y los despidos.
“Se busca que atravesemos un laberinto de audiencias sin fin cuando lo simple y concreto es hacer cumplir lo que ya se firmó para que los despidos no procedan, es decir, para que se reincorporen a los compañeros y compañeras y se paguen las horas caídas”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa.
“El mayor agravio por parte de la patronal y Mestre se produjo entre las compañeras de Trolebuses. Esto constituye un golpe discriminatorio y misógino sin precedentes, porque de los 160 despidos, 60 son a compañeras mujeres”, expresaron.
“De la totalidad de trabajadores del transporte, las mujeres constituimos el 6%, sin embargo, integramos el 40% de los despedidos. Este dato muestra bien clarito que se está consagrando un hecho de violencia de género sobre nosotras, las compañeras de Trolebuses, que en la mayoría de los casos, somos sostén de familia”, añadieron.
“Quieren aleccionarnos por haber defendido nuestro derecho al salario y a que se respete la democracia sindical: dos pilares fundamentales de cualquier trabajador”, agregaron.
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Denuncian razzias policiales en colectivos de madrugada en la provincia de Buenos Aires
Foto Facebook CPM
En el marco de un operativo policial realizado anoche en la estación de Quilmes agentes de la policía bonaerense detuvieron de manera sistemática colectivos interurbanos, obligaron a sus pasajeros a descender, los cachearon y requisaron de manera violenta.
La misma práctica ilegal y arbitraria también había sido denunciada antes en las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría. La Comisión Provincial Por la Memoria denunció que estos hechos “que pretenden ampararse en la excusa del combate del delito, constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático”.
El operativo policial desplegado anoche en la estación de Quilmes se concentró en las paradas de la línea 263 y 281. Allí, los efectivos policiales detenían los colectivos, obligaban a bajar a todos los pasajeros, les ponían las manos contra el vehículo y los cacheaban. Además revisaban todas las pertenencias personales y exigían documentos. Si alguno no lo presentaba se le impedía volver a subir.
El hecho registrado y documentado por integrantes de la APDH, se inscribe en una serie de denuncias similares en otras localidades de la provincia de Buenos Aires que dan cuenta de un dato preocupante: la extensión de prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública vulnerando derechos y garantías constitucionales a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas.
Operativos similares se registraron en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, en al menos once puntos rotativos y en distintos horarios. Pasajeros de micros de la empresa Plaza o de la línea 275 padecieron el mismo procedimiento: hacer descender a los hombres, ponerlos en fila de espaldas al micro, con las manos arriba, para ser luego revisados ellos y sus pertenencias. En ningún momento informaron los motivos del operativo más allá de que varios pasajeros lo solicitaron, ni mostraron orden judicial alguna.
“Resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del gobierno y del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura. Lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos”, denuncian desde el organismo de Derechos Humanos provincial.
“Mientras tanto, los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen, porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena. Por esto, en la semana próxima la CPM avanzará en una serie de presentaciones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Legislatura provincial para que se detengan estas prácticas”, concluyen.
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Campaña de los científicos contra el ajuste en el área
“Buscan vaciar el Conicet”
Las organizaciones de investigadores lanzaron una campaña en las redes, con una versión del tema “Despacito”, para acompañar mañana la presentación en Diputados de tres proyectos que apuntan a recuperar el financiamiento del sistema científico.
Las agrupaciones de científicos llevarán sus reclamos al Congreso.
Imagen: Leandro Teysseire
Las organizaciones de científicos lanzaron una campaña para denunciar y detener el ajuste y el achicamiento del sistema de ciencia y tecnología, como paso previo a llevar mañana el reclamo a la Cámara de Diputados. La campaña se viralizó en las redes sociales a través una versión de la canción “Despacito”, que compusieron e interpretaron integrantes desde la organización Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA).
Una delegación de la comunidad científica participará este martes de una sesión de la Comisión de Ciencia de la Cámara baja, donde apoyarán la presentación de tres proyectos de ley que bregan por un mayor financiamiento para la ciencia. Desde las 16, una hora y media antes de la sesión de la comisión, las organizaciones se reunirán en el Congreso para apoyar sus reclamos.
“Queremos volver a poner sobre la mesa el ajuste que vive hoy el sistema científico. El Gobierno, mediante presupuestos cada vez más bajos, prepara un desmantelamiento, un desguace del área de ciencia y técnica”, dijo a PáginaI12 Nuria Giniger, integrante de CyUA Buenos Aires y una de las investigadoras que mañana estará presente en la comisión.
Más de 1900 científicos firmaron un petitorio en apoyo a las iniciativas legislativas que se presentarán, la cuales tiene la finalidad de “salvaguardar el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional, que vivió un período de expansión y consolidación y se encuentra ahora en una situación crítica de conformidad con las políticas de recorte y ajuste que se vienen llevando adelante de manera sostenida desde hace un año y medio”.
Ante los fuertes rumores que circulan sobre el achicamiento del Estado y el posible cierre del Ministerio de Ciencia, Giniger dijo que entre los científicos y trabajadores de esa cartera hay un temor de que el área vuelva a depender del Ministerio de Educación y Deportes. Para Giniger, eso afectaría al sistema científico en tres niveles: el presupuestario, porque debería dividirse el presupuesto con Educación y Deportes, y quedaría “muy relegado”; en infraestructura, donde habría más despidos de trabajadores; y por último en cuanto a las políticas concretas del ministerio, que perderían autonomía y pasarían a “estar supeditadas a otra institución”.
Los tres proyectos que se presentarán en Diputados remarcan que el presupuesto 2017 destinado al Ministerio de Ciencia sufrió una reducción del 32,5 por ciento respecto de 2016. Para los investigadores, los 500 científicos que el año pasado no pudieron ingresar al Conicet por el recorte presupuestario son un ejemplo de lo que busca Cambiemos: “Vaciar el Conicet, priorizar el mercado por sobre las necesidades del pueblo”.
En campaña electoral, Macri prometió elevar al 1,5 por ciento el porcentaje del PBI destinado a Ciencia. “Pero el presupuesto combinado de MinCyT-Conicet-Conae representa sólo un 0,59 por ciento del PBI, siendo este porcentaje el menor desde la creación del ministerio”, explica uno de los proyectos, que apuntan a recuperar el incremento progresivo que se venía sosteniendo durante la década previa.
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Mañana se define el nuevo salario mínimo
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a funcionarios, gremios y empresarios, se reunirá mañana a partir de las 16 para fijar un nuevo piso salarial, que en la actualidad es de 8.060 pesos.
El encuentro tendrá lugar en la sede del Ministerio de Trabajo, en la Avenida Leandro N. Alem 650 de la ciudad de Buenos Aires, y buscará establecer el nuevo valor del sueldo mínimo que cobrarán los trabajadores.
El salario mínimo, vital y móvil se actualizó el año pasado en tres veces: 6.810 en junio, 7.560 en septiembre y 8.060 en enero último.
Si el salario mínimo, vital y móvil se actualizara en un 20 por ciento, como ocurrió para el sector estatal, pasaría a 9.672 pesos, pero los gremios piden un piso de 15.000 pesos.
Además del salario mínimo, en la reunión de mañana se pondrán también en consideración otros temas relacionados con la temática laboral, sobre los que estuvieron trabajando en los dos últimos meses distintas comisiones tripartitas (funcionarios, gremios y empresas).
Las comisiones que trabajaron fueron las del Salario Mínimo, Vital y Móvil; de Prestaciones por Desempleo; de Empleo; de Formación Profesional; de Productividad y de Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social.
Las CTA reclaman un salario mínimo de entre 14.500 y 15.000 pesos
Hugo Yasky y Pablo Micheli confirmaron que exigirán en el Consejo del Salario un mínimo de entre 14.500 y 15 mil pesos. Afirmaron la necesidad de que se reduzcan las cuotas y que debe convenirse “un aumento para el subsidio por desempleo”.
Pablo Micheli, candidato a diputado nacional bonaerense por el Frente Creo que integra junto con el senador Fernando Solanas y otros partidos políticos y organizaciones sociales, aseguró a Télam que la CTA Autónoma rechazará cualquier iniciativa que procure determinar un haber mínimo por debajo de los 14.500 pesos, y enfatizó que el Consejo debe funcionar “con seriedad y regularidad”.
“No es posible convocar al Consejo una vez al año para determinar un nuevo valor del mínimo y, luego, durante todo el año opacar su funcionamiento. La realidad obliga a su regularidad”, dijo.
Micheli agregó que el martes planteará “un profundo debate en su seno respecto de la actual precariedad laboral, porque es un tema que no admite dilaciones” y sostuvo que “es preciso elevar el monto del subsidio por desempleo en al menos un 60 por ciento del valor del nuevo mínimo”, aunque reconoció que el gobierno nacional determinó que ese beneficio pasara de 400 hasta 1.875 y 3.000 pesos de máximo.
Por su parte, el sector de la CTA Autónoma opuesto a la conducción de Micheli y que representan, entre otros, el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, convocó a una movilización hacia las puertas de Trabajo para reclamar un mínimo de 15 mil pesos ante “el modelo de ajuste neoliberal”.
Hugo Yasky explicó que “se impone reducir los habituales tres tramos de implementación del nuevo valor del mínimo, vital y móvil ante la realidad imperante”, e indicó que su corriente exigirá un ajuste que eleve el ingreso a 15 mil pesos, que es lo que se corresponde con “los índices actualizados de la canasta básica alimentaria”. lo que implicaría otorgar “un incremento de emergencia para ubicarlo por encima de cualquier negociación convencional paritaria”.
En una entrevista con Télam, el dirigente docente fundamentó el reclamo apelando a la historia y, en ese sentido, aseguró que la demanda de la CTA que lidera se remonta a 2003, cuando “el valor del mínimo pegó un salto de casi el 60 por ciento”.
Yasky fue más lejos y expresó que “la actual emergencia social requiere medidas drásticas de esa naturaleza, por ejemplo”, y dijo que la CTA exigirá activar por ley “el valor de la canasta”.
Yasky sostuvo además que el nuevo monto del haber básico que se acuerde en la plenaria entre sindicalistas, empresarios y gobierno deberá trasladarse de forma automática a “los beneficiarios de planes sociales”, y añadió que ese monto mínimo que finalmente se convenga el martes tendrá que “desprenderse” de “las paritarias”.
Por último, Yasky aseveró que sería “importante” que en la plenaria del Consejo participara por primera vez desde su creación “una representación del conjunto de los movimientos sociales”, un tema que aún está siendo debatido en vísperas del encuentro.
Ello se relaciona de forma directa con el traslado automático que implicaría el monto mínimo que se acuerde al nuevo valor de los planes sociales que perciben miles de desocupados, según contempló hacia fines de 2016 la Ley de Emergencia Ocupacional.
Envío:ResumenLatinoamericano
27 de junio de 2017
El recorte de pensiones por invalidez afecta la cobertura de remedios y tratamientos
Sin pensión, medicamentos y asistencia social
Las bajas de pensiones no contributivas por parte de Desarrollo Social, que aún siguen sin restablecerse en su gran mayoría, genera complicaciones incluso más graves para los afectados por el corte de la cobertura médica.
Por Cristian Carrillo
Personas con insuficiencia renal deben pagar hasta 33 mil pesos por mes en tratamientos de diálisis cuando se les cae la pensión. Imagen: Leandro Teysseire
El recorte en las pensiones por invalidez no se circunscribe a dejar de percibir 4000 pesos mensuales de la asignación por este derecho, sino que incrementa las barreras para el acceso a la salud. Mientras que el Ministerio de De-sarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, continúa con la purga del padrón y no restablece las más de 175 mil pensiones no contributivas caídas, algunos beneficiarios de esta cobertura por invalidez, que representan el 72 por ciento de los casos, deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. Esto sucede porque al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados. “De no haber sido dadas de baja las pensiones no contributivas, el tratamiento a personas con diagnóstico de esquizofrenia, insuficiencia renal crónica y niños o jóvenes con discapacidad serían cubiertos por el Programa Federal Incluir Salud (PFIS)”, señala un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.
A partir de distintos programas de inclusión para los más vulnerables, el gobierno anterior había elevado de 350 mil pensiones no contributivas (en su mayoría graciables) que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015, principalmente mediante la incorporación de personas con invalidez, aunque también de adultos mayores y madres de siete o más hijos. Sin embargo, con el cambio de administración y la decisión de recortar presupuesto en todas las áreas de gobierno, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones. El primer guadañazo fue el año pasado, con 90 mil pensiones, de las cuales la mayoría pasó a ser baja definitiva.
Se suman 83.133 entre bajas y suspensiones realizadas durante el primer semestre. Desde Desarrollo Social confirmaron que se repondrán las de este año mientras se haga la auditoria, aunque hasta el momento sólo se volvieron a dar de alta 24.600 sobre un total de 175 mil recortes. Las del año pasado no fueron incluidas en la revisión. Según pudo saber este diario, se analizarán casos sólo de este año de hipoacusia, retraso madurativo, VIH, síndrome de down y enfermedades terminales, temas delicados para la opinión pública en un año electoral. Consultadas por PáginaI12, fuentes de la cartera de Stanley no dieron precisiones de si restablecerán todas las pensiones caídas ni de cómo lo instrumentarán.
A partir de los cambios hasta 2015, las pensiones no contributivas asisten en su mayor parte (72 por ciento) a personas con discapacidad. Les siguen las otorgadas a madres de siete o más hijos (22 por ciento), especiales y las graciables (5 por ciento) y por vejez (1 por ciento). Estas últimas se fueron remplazando por otras políticas de inclusión jubilatoria, explicó el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud. En lo que va de este año se registraron suspensiones en enero de 4700 pensiones por invalidez; en febrero hubo suspensiones y bajas a 10.900 y 6700 beneficiarios respectivamente; en marzo, a 7000 y 2000; en abril, a 2900 y 2240; en mayo 13.509 y 5300; y en junio de 13.482 y 2975. En total, son 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja. Pese a que el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, justificó el recorte diciendo que existen distintos tipos de discapacidad y que una persona con síndrome de down puede trabajar, el Indec revela otra cosa. El Censo Nacional de Hogares y Viviendas de 2010 asegura que el analfabetismo es tres veces mayor al de la población total, un alto porcentaje de desocupación, y una tasa de fecundidad por encima de la que se presenta para el resto de las mujeres del país, entre otros indicadores. El gobierno también se escuda en un decreto de 1997 para justificar el recorte preventivo mientras exige que se pruebe la situación de indigencia de la familia. No obstante, la población con discapacidad está amparada por un marco superior, de rango constitucional: la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (13 de diciembre de 2006), según señala el informe de la Fundación.
Trasvasando todo marco legal, el gobierno de Mauricio Macri dejó no sólo sin el ingreso de la pensión sino también de cobertura a pensionados por invalidez, sobre los que paradójicamente recayó el mayor recorte, mientras los trámites de alta están casi paralizados. La titularidad de una pensión por invalidez implica la cobertura médico asistencial por Ley 24.734, que el Estado garantiza a través de la implementación del PFIS del Ministerio de Salud y del PAMI (una proporción menor). El PFIS brinda cobertura con ciento por ciento de gratuidad para todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio, y garantiza el acceso a otras asistencias que son necesarias para el desarrollo de la vida del beneficiario, pero que por su alto costo les resultarían prohibitivas. Por ejemplo, una persona con diagnóstico de esquizofrenia tiene un gasto de bolsillo mensual de entre 16.333 y 39.091 pesos por medicación antipsicótica, psicoterapia individual y asistencia ambulatoria. Una persona con insuficiencia renal debe pagar por mes entre 28.210 y 33.341 pesos por tratamiento de diálisis y transporte, mientras que alguien con discapacidad motriz, sensorial o mental tiene un gasto de bolsillo todos los meses de 22.830 y 38.894 pesos.
De esta manera, las personas con discapacidad no sólo perdieron un ingreso de auxilio sino el acceso a prestaciones de básicas (Ley 24.901) como estimulación temprana, educación especial, servicio de integración en escuela común, rehabilitación profesional y formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación, residencias, pequeños hogares y hogares, entre otras. Estas prestaciones son requeridas en más de un 70 por ciento por personas de entre 0 y 24 años de edad, y en muchos casos las familias renuncian al ingreso de la pensión pero solicitan que se mantengan estos tratamientos. Según confirmó este diario, el hachazo en las pensiones incluyó en todos los casos la suspensión de estas prestaciones sanitarias asociadas.
Fuente:Pagina12
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