La Corte Suprema falló en contra de los ex militares acusados de asesinatos y desapariciones
Condena en Chile para cinco agentes de Pinochet
Los condenados fueron declarados culpables del asesinato en 1973 de dos guardaespaldas de Salvador Allende y de la desaparición en 1974 de dos militantes del MIR en la sede de la DINA, la policía secreta del dictador Pinochet.
Las víctimas eran parte del equipo de seguridad del presidente Salvador Allende y fueron detenidos en la ciudad de Curicó, al sur de Santiago, cuando viajaban hacia la capital tras enterarse del golpe militar que ese día derrocó al gobierno del mandatario socialista. Ambos fueron trasladados a Santiago y fusilados el 5 de octubre en un campo militar del municipio de San Bernardo. Salinas era además un conocido boxeador, campeón aficionado de Chile y de Latinoamérica. En el fuero civil, el tribunal condenó al Estado a pagar una indemnización de 500 millones de pesos (755.000 dólares) a las familias de las víctimas. En el segundo fallo, la Corte Suprema condenó a diez años y un día a los brigadieres Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza y al ex suboficial Basclay Zapata, y a cinco años y un día al coronel Rolf Wenderoth por la desaparición de dos opositores en el marco de la llamada Operación Colombo.
Las víctimas fueron los estudiantes Rafael Araneda Yévenes y Carlos Terán de la Jara, detenidos en diciembre de 1974 y desaparecidos por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet, en el marco de la Operación Colombo. Ambos, miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fuerza que combatió a la dictadura, desaparecieron luego de ser vistos en centros de tortura, según testimonios de prisioneros sobrevivientes.
Colombo fue una operación de la DINA en colaboración con organismos represivos de Argentina y Brasil en 1975, para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, con el argumento de que se trataba de extremistas muertos en purgas internas del MIR ocurridas en el extranjero. Para darle más veracidad al caso, publicaron en Argentina y Brasil ediciones únicas de periódicos en los que aparecía la versión de las purgas, de lo que se hicieron eco los medios chilenos controlados por la dictadura, bajo titulares como “Exterminados como ratas”. En la parte civil, el tribunal condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 200 millones de pesos (300.000 dólares) a los familiares de las víctimas.
La medida adoptada ayer por la Corte chilena se suma a una decisión de un tribunal trasandino que confirmó a principios de junio una condena a cinco años de prisión para tres ex agentes de la dictadura de Pinochet acusados de torturar a dos presos políticos en 1974. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia por fallo unánime contra el coronel del Ejército Ricardo Lauriani Maturana, al teniente coronel de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y al suboficial Basclay Zapata Reyes.
Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller fueron las víctimas de los torturadores y fueron mantenidos presos en un centro clandestino de detención y torturas del municipio santiaguino de Ñuñoa, entre septiembre y octubre de 1974. Los tres condenados, todos miembros de la DINA, afrontan sentencias por otros delitos de lesa humanidad. Ricardo Lawrance Mires se fugó cuando gozaba del beneficio de libertad provisional y aún permanece prófugo.
Por otro lado, la Corte Suprema de Chile otorgó la libertad, también a principios de junio, a dos ex uniformados presos en el penal Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. La decisión benefició en primer lugar al coronel retirado Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, que participó el 12 de septiembre de 1973 –un día después del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende– en la intervención de la empresa textil Sumar del denominado Cordón Vicuña Mackenna. Al mismo tiempo, la sala revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la libertad condicional a José Florentino Fuentes Castro, sargento segundo de Carabineros y ex miembro de la dirección de Comunicaciones de la institución, condenado a prisión perpetua como autor de los secuestros y homicidios de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino el 30 de marzo de 1985 en Santiago.
Fuente:Pagina12
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