Conclusiones del Encuentro Federal de Derechos Humanos
El 17 de
junio de 2017 se llevó a cabo el primer Encuentro Federal de Derechos Humanos
en la UNDAV
(Avellaneda). Participaron más de 1200 personas de todas las provincias del
país. El encuentro fue motorizado por Secretarios y Directores de DDHH de distintas
provincias y municipios, en virtud de la necesidad de realizar un diagnóstico
colectivo de la situación en materia de derechos humanos y de elaborar
propuestas a futuro.
El debate
se organizó en 10 comisiones temáticas para las que fueron convocados
referentes y especialistas quienes se encargaron de ordenar el debate alrededor
de 2/3 ejes de discusión. Las comisiones eran las siguientes: Juicios de Lesa
Humanidad, Sitios y Espacios de Memoria, Violencia Institucional, Género,
Diversidad, Trabajo, Educación, Comunicación, Migrantes y Salud Mental. El
objetivo además fue elaborar, en función de las conclusiones alcanzadas en cada
comisión, un compromiso ineludible en materia de derechos humanos que sirva
como propuesta de plataforma para los candidatos que surjan del campo popular
en el marco del proceso electoral en curso.
En el
marco de la jornada se realizaron homenajes a Paco Urondo, Rita Cordero de
Garnica y Verónica Marzano. Además el pleno del encuentro exigió la libertad
inmediata a Milagro Sala, Graciela López, Mirta Guerrero, Mirta Aizama, Gladys
Díaz, Alberto Cardozo, Javier Nieva, Nélida Rojas, Carla Martínez, Leonela
Martínez, Fanny Villegas y Ramón Martínez.
Los más de
1200 participantes ratificaron el pedido de renuncia del Secretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj. a la vez que ratificaron la
defensa del Ministerio Público Fiscal en la persona de Gils Carbó porque el
proyecto de reforma del MPF con estado parlamentario atenta y desmantela los
programas conquistados durante la última década.
Las
conclusiones de las comisiones fueron las siguientes:
Violencia Institucional
El
diagnóstico sobre la situación de encierro da cuenta de un agravamiento de las
condiciones de detención, aumento de la sobrepoblación carcelaria y de la
violencia que sufren las personas detenidas en comisarías. En cuanto a la
violencia policial, se destaca la profundización de la situación preexistente
de hostigamiento y violencia en los jóvenes de los barrios populares,
registrándose prácticas como: razzias en colectivos, detención de jóvenes y
niños, detenciones a personas que integran colectivos trans, extensión de las
acciones de violencia institucional a zonas de cascos urbanos, utilización de
causas armadas, utilización de códigos contravencionales como herramienta de
hostigamiento y persecución, utilización de lógicas represivas en
establecimientos educativos -primarias, secundarias, terciarias y
universidades.
En cuanto
a las reformas normativas, se destacó el endurecimiento de las normas vinculadas
a los derechos ciudadanos y en especial de las personas sometidas a procesos
penales o detenidas, la reforma de la ley 24.660; la baja de la edad de
punibilidad, limitaciones a las excarcelaciones, flagrancias y otros.
En
definitiva, a partir del diagnóstico y la observación de que las prácticas
represivas de replican en todo el país, podemos afirmar que no se trata de
prácticas aisladas, sino de políticas represivas y criminalizadoras, que buscan
el disciplinamiento de los sectores más vulnerables y de los trabajadores, y
que entre estas prácticas existen continuidades con las políticas represivas
del Terrorismo de Estado que aún no hemos logrado erradicar.
Se realizó
una serie de propuestas y acciones para trabajar con la militancia:
- Frente a
la preocupación por la vuelta de la hegemonía policial y penitenciaria en la
formación de las fuerzas, debemos enfocarnos y llevar acciones estratégicas en
relación a la formación de los agentes de seguridad.
- Debemos
construir espacios intersectoriales que nos permitan articular acciones para
controlar a los agentes de seguridad que hayan tenido intervención en casos de
violencia institucional.
- Trabajar
con municipios -en los que haya o no gestiones aliadas- y con las universidades
-sobre todo las del conurbano bonaerense- la creación de observatorios de
violencia institucional y/o de registros de casos, que permitan por un lado
canalizar denuncias y, por el otro, contar con datos confiables.
-
Reconocer que la inseguridad afecta particularmente a los sectores populares y
desde ese lugar reconstruir acciones que nos permitan demandar una seguridad
democrática, que proteja a las víctimas más vulnerables y respetar los DDHH.
Trabajar para que el discurso punitivista no se cuele en los barrios, porque
será en esos territorios, donde justamente hace estragos.
Sitios y Espacios de Memoria
Desde la Comisión de Sitios y
Espacios de Memoria se propuso impulsar la creación de una red de contactos
nacionales de los sitios de memoria que se comprometa a realizar encuentros
regionales regulares.
Se
estableció la necesidad de impulsar al menos un Encuentro Federal de Derechos
Humanos por año, con el objetivo principal de poder transmitir del conocimiento
e intercambiar metodologías y experiencias relacionadas con los sitios y
espacios de memoria de los distintos puntos del país. Se mencionó además la
necesidad de impulsar el desarrollo territorial de los sitios como lugares de
referencia y promoción de los derechos humanos y de elaborar y desarrollar
contenidos pedagógicos propios.
Respecto
de la financiación de los sitios y espacios de memoria, se estableció como
fundamental la exigencia de la ejecución y el seguimiento de los presupuestos
aprobados, priorizando la defensa de los puestos de trabajo de los compañeros.
Asimismo, se manifestó la preocupación respecto al financiamiento de los
organismos históricos de derechos humanos, ya que, a partir de la asunción del
nuevo gobierno han dejado de recibir algunas de las ayudas que recibían a la
vez que se han multiplicado sus tareas debido al retiro del Estado de muchas de
sus responsabilidades.
En cuanto
al Poder Judicial, se acordó exigir la garantía de la continuidad de las
investigaciones y del financiamiento tanto de los lugares donde se están
realizando exhumaciones como de aquellos en los que se sospecha la existencia
inhumaciones y/o enterramientos clandestinos.
Por
último, se acordó exigir el compromiso de los candidatos y funcionarios con la
defensa de las políticas de derechos humanos consolidadas a lo largo de 40 años
de lucha; se acordó asimismo que dicho compromiso incluya impulsar la
legislación correspondiente para la recuperación definitiva y el sostenimiento
de los espacios de memoria.
Juicios de Lesa Humanidad
Desde la Comisión de Lesa
Humanidad se llevó a cabo un reconocimiento a los ex presos políticos que
continúan sufriendo las consecuencias del genocidio, ya que son quienes han
sostenido durante todos estos años los juicios de lesa humanidad en todo el
país. Se reconoció a su vez al juez Rosansky por haber sido el primer juez en
condenar en causas de lesa humanidad por genocidio, al Ministerio Publico
Fiscal y a los abogadas/os de los juicios.
Se propuso
que el Encuentro mantenga un ámbito de coordinación nacional, tanto de
información sobre los juicios como de acciones concretas, mejorando la
comunicación entre todas las provincias y apoyando la territorialidad de los
juicios y el acompañamiento de los testigos y victimas en cada lugar
(provincias e interior de las provincias).
Se acordó
exigir respuestas por parte de la justicia en lo que hace a la búsqueda de los
represores que aún se encuentran prófugos. Surgió además la necesidad de
motorizar la instrucción de las causas para que la mayor cantidad de compañeros
den testimonio y se logren detenciones de los represores para que sean
indagados y procesados. En este sentido, se mencionó como fundamental exigir
fecha de inicio y cronograma de los juicios que ya están elevados y exigir a la CSJN que modifique el
reglamento para la
Justicia Nacional y ordene que se hagan más audiencias de
juicios de lesa humanidad por semana.
Uno de los
temas que surgieron desde varios puntos del país tuvo que ver con hacer
seguimiento a los genocidas que están detenidos en prisión domiciliaria para
que la cumplan. En caso de detectarlos violando estas condiciones, se habló de
la importancia de realizar escraches y denuncias públicas para visibilizar los
casos y acercar la información a los tribunales para que se revoquen dichos
beneficios. En ese marco se recordó la importancia de solicitar que todos los
genocidas tengan la pulsera electrónica como un requisito obligatorio para el
caso de concesión de domiciliarias.
La
comisión acordó promover en distintas organizaciones el pedido de audiencia
pública a la CSJN
por el fallo del 2x1 con el objetivo de que, cuando tenga que fallar sobre los
16 pedidos que ya tiene para resolver, lo haga con fundamento en la nueva ley
votada por el Congreso de la
Nación a mediados de 2017 que limitó su aplicación. Y
realizar, además, una campaña informativa acerca del posible peligro que pueden
correr los sobrevivientes si se mantuviera la voluntad de aplicar el 2x1.
Se acordó
además pedir en los alegatos de cada juicio en curso en todo el país que en sus
sentencias se ordene a los genocidas hacer cursos de derechos humanos y
violencia institucional y/o trabajo comunitario, teniendo como ejemplo la
sentencia de San Rafael, Mendoza.
Como uno
de los puntos más importantes se destacó continuar, profundizar y exigir
justicia en relación a las responsabilidades civiles en todo el país, así como
exigir la implementación de la Comisión Bicameral del Congreso que se debe
encargar de investigar las complicidades civiles con el terrorismo de Estado y
solicitar la creación de una Comisión bicameral de seguimiento a los juicios.
Al respecto se enfatizó la necesidad de solicitar a la CSJN que se expida sobre la
falta de mérito que la Cámara
de Casación dicto a Carlos Blaquier así como para que las condenas de todos los
genocidas queden firmes.
En cuanto
al incumplimiento por parte de la
Secretaría de Derechos Humanos de un rol activo en lo que
tiene que ver con sus funciones relativas al proceso de Memoria, Verdad y
Justicia, se repudió el abandono de las querellas y el despido de Santiago
Bereciartua (en representación de la Secretaría de DDHH de la Nación en Rosario), a la
vez que se acordó alertar por la falta de cumplimiento de las leyes
reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado y exigir que se agilicen
los trámites de las pensiones que se encuentran pendientes de asignar.
En cuanto
al Poder Judicial, se llamó la atención sobre la profundización de falta de
recursos para la identificación de cuerpos, pericias y demás recursos
necesarios para poder llevar adelante los juicios. Se reafirmó el compromiso de
sostener todo pedido de juicio político a Highton de Nolasco, Rosatti y
Rosenkrantz, incluyendo las denuncias en particular que se han formulado contra
Rosatti, así como el pedido de juicio político a Gerardo Morales, Gobernador de
Jujuy.
Comisión de Diversidad
La
comisión evaluó que, desde el primer día de asunción de este gobierno
neoliberal, se tomaron medidas que criminalizan a nuestra población por
orientación sexual e identidad de género, con un gran aumento en la persecución
policial, requisas y detenciones arbitrarias que se llevan a cabo con total
impunidad.
Asimismo, los medios de comunicación son cómplices de esta
vulneración a los derechos humanos que hemos conquistado en los últimos 12 años
del proyecto nacional y popular que escuchó los reclamos y necesidades como
ningún otro gobierno lo ha hecho.
El acceso
a la justicia es un derecho que nos sigue siendo negado, siendo el Poder
Judicial el motor del patriarcado y del machismo utilizando todas las
herramientas disponibles para criminalizar nuestras identidades, como la
“prostitución escandalosa” (artículo 68 del Contravencional de Faltas de la Provincia de Buenos
Aires), así como también se amparan las detenciones arbitrarias con la
utilización de figuras como “desacato a la autoridad”, “averiguación de
antecedentes”, etc.
En el año
2012 se sancionó la Ley
de Identidad de Género N°26.743, a la que consideramos la mejor que existe en
el mundo, especialmente el artículo 11 que garantiza el acceso a la salud
integral. El Estado debe ser responsable del cumplimiento de este derecho del
que hoy no se hace cargo. Alertamos sobre el intento de aprobación de una ley
de libertad religiosa que atentaría contra la diversidad sexual bajo el
pretexto de objeción de conciencia discriminatoria.
En este
marco de recorte, ajuste económico y vaciamiento de políticas públicas
destinadas a la diversidad sexual y a los derechos humanos en general, exigimos
la real implementación, financiamiento y actualización de la Ley de Educación Sexual
Integral, con perspectiva de género y diversidad sexual. Denunciamos la falta
de provisión de hormonas, bloqueadores/inhibidores, prótesis y medicación
antirretroviral y exigimos que el Estado se haga cargo de las capacitaciones y
formaciones de los profesionales de la salud para acceder a una atención de
calidad y descentralizada.
Reclamamos
la urgente implementación de la
Ley de Cupo Laboral Travesti, Transexual y Transgénero:
“Diana Sacayán” en la
Provincia de Buenos Aires, así como el tratamiento y sanción
de los proyectos presentados a nivel nacional y provincial: “Ley Integral
Trans”, “Ley de Cupo Laboral Travesti, Transexual y Transgéneros”, “Ley de
Reparación Histórica” y “Ley de Subsidio Trans”. Además reclamamos que el
Estado Nacional y los gobiernos provinciales y municipales garanticen la
creación, funcionamiento y continuidad de los espacios educativos inclusivos a
la diversidad sexual, como por ejemplo: Bachillerato popular Mocha Celis y
C.E.Trans.
Entendemos
fundamental el tratamiento y sanción de la Ley Antidiscriminatoria
y nos preocupa que no se incluya a las personas LGBTTIQ adultas mayores en las
políticas públicas (salud, seguridad social, etc).
Exigimos
la absolución de Higui y de todas las mujeres detenidas en la Marcha del 8 de Marzo como
así también la disolución de las políticas represivas impuestas por la ministra
de Seguridad Patricia Bullrich.
También
reclamamos la liberación de las mujeres trans y travestis que están detenidas
con causas armadas en la
Unidad N °32 del penal de Florencio Varela de la Provincia de Buenos
Aires y exigimos justicia por la violencia recrudecida hacia mujeres trans y
travestis mediante intentos de asesinatos (como por ejemplo el caso de Claudia
Vázquez Haro) y crímenes de odio que se llevan a cabo en todo el territorio
argentino, como por ejemplo, Angie Velazquez y Pamela MancedoPandurro
(asesinadas por la complicidad de miembros de la policía, fiscales y servicio
penitenciario bonaerense), Diana Sacayán, Marcela Chocobar, La Jose , Celeste entre tantas
otras.
Cabe
destacar que a pesar de que se han presentado informes en diferentes organismos
internacionales de derechos humanos, donde claramente se puede identificar esta
violencia, el gobierno niega, tapa y oculta estas vejaciones.
Proponemos
una serie de iniciativas legislativas vinculadas a la obtención de licencias
laborales igualitarias con perspectiva de género y diversidad sexual, así como
una normativa para la modificación de documentos, formularios y consentimientos
informados de atención médica que respeten la Ley de Identidad de Género; la creación de
mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos de la Diversidad Sexual ,
la investigación de las personas LGBTTIQ desaparecidas. Proponemos la creación
de programas de formación y capacitaciones de todxslxsfuncionarixs y agentes
del Estado en todos los ámbitos y sectores, con perspectiva de género y
diversidad sexual. En ese marco, creemos necesaria la implementación de
sanciones administrativas y disciplinarias frente al incumplimiento de esta
formación.
Entendemos
imprescindible la sanción de la
Ley de Interrupción Legal del Embarazo para una real
protección de la salud integral de la población.
Comisión de Género
Desde la Comisión de Género
entendemos que el ajuste es violencia, por lo tanto, el avance neoliberal está
avasallando también los derechos de las mujeres. En ese marco nos parece
importante denunciar la falta de educación laica, sobre todo en provincias como
Tucumán, que no adhirió a la ley de salud sexual.
Creemos
que hay que politizar la consigna Ni Una Menos para no caer en la postura
punitivista.
En ese
sentido entendemos imprescindible fortalecer las redes de organización
política, consolidando los frentes de mujeres en las organizaciones políticas.
En ese marco, es necesario impulsar debates sobre las nuevas masculinidades y
reivindicar el feminismo, reconociendo que luchamos por la emancipación.
Se hace
fundamental pelear por la paridad en todos los ámbitos en los que nos
desenvolvamos ya que muchas veces el liderazgo territorial no se traduce en las
esferas de conducción jerárquicas. Para esto es imprescindible una real
redistribución de las tareas del cuidado y que se garantice la existencia de
lugares de cuidado en los trabajos, escuelas, universidades y espacios en los
que se desarrollen tareas militantes.
Entendemos
necesaria la construcción de herramientas para el abordaje de las diversas
violencias en las organizaciones. Proponemos además la creación de un frente
popular por la defensa de la
ESSI.
Es
imprescindible organizarse para exigir el pleno cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y exigir
anticonceptivos gratuitos en todos los efectores de salud. Educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Vivas y libres y con trabajo nos queremos. Afirmamos nuestra inquebrantable
sororidad con la conducción indiscutida de CFK.
Comisión de Trabajo
En el
marco del Encuentro Federal de Derechos Humanos se llegó a la conclusión de que
impera fortalecer la alianza social entre el movimiento obrero organizado y los
organismos de derechos humanos. Estamos ante un modelo oligárquico que tiene
como eje central la desocupación y la precarización laboral, en el que el
desempleo opera como mecanismo de control social, debido al miedo y al
disciplinamiento que genera en los trabajadores la posibilidad de perder su
trabajo; se verifica un notorio avance sobre los derechos conquistados en los
últimos 12 años. En ese marco, las patronales cargan contra los trabajadores,
con la complicidad y la inacción del Estado.
El
gobierno intenta terminar con las negociaciones paritarias y con los convenios
colectivos de trabajo, bajo la complicidad del Poder Judicial, debido a lo cual
impera la impunidad ante los atropellos permanentes a los trabajadores y al
pueblo en general. El Ministerio de Trabajo dejó atrás su carácter tripartito.
Existe un claro intento por recortar el derecho a la huelga, en el marco de un
gobierno que profundiza sus políticas represivas, criminalizando la protesta
social. Se desvaloriza el trabajo y se desacredita a la acción sindical y a sus
dirigentes. Entendemos también que en muchos casos la acción sindical no está a
la altura de los embates de la patronal.
Preocupa
la situación de los cooperativistas que se desempeñan al servicio del estado se
encuentran en una situación de precarización laboral extrema y sin siquiera
sindicalización.
El derecho
al trabajo es un derecho fundamental sin el cual no se pueden garantizar otros
derechos como el derecho a la vivienda, a la educación, la salud, etc. en el
marco del profundo endeudamiento del país en que nos sume este Gobierno, que
genera un vertiginoso avance de la pobreza y el hambre en los barrios.
En este
sentido elaboramos una serie de propuestas que tienen que ver con revalorizar
el rol de los trabajadores y de la acción sindical. Sin embargo, entendemos que
no hay solución gremial sin solución política para lo cual es necesaria la
unidad en la acción.
Precisamos
una reforma constitucional que siente las bases del Estado nacional y popular
que deseamos construir.
Nos parece
fundamental que el movimiento obrero organizado repiense sus estrategias, y
desarrolle acciones más contundentes. Debemos fortalecer las regionales de la CGT y generar condiciones para
la democratización de los sindicatos, cuidando no quebrar la institucionalidad.
Hay que federalizar la lucha, avanzar en el territorio y empoderar al
movimiento obrero,
Hay que
generar mecanismos aceitados para la denuncia internacional contra la violación
de los derechos laborales, gremiales y sindicales,
Uno de los
modos que pensamos para fortalecer a las organizaciones gremiales tiene que ver
con la creación y el fortalecimiento de espacios de formación sindical que nos
permita dar la batalla cultural contra el modelo hegemónico. El movimiento
obrero debe internalizar la cuestión de género porque sin igualdad no hay
justicia social.
Por
último, es imprescindible luchar por el trabajo digno de los adultos y la
educación de calidad de los niños y las niñas, lo que equivale a luchar por la
erradicación del trabajo infantil.
Comisión de Educación
Desde la
comisión de Educación se evaluó que estamos en un momento particular en el que
el actual gobierno intenta demonizar para disciplinar, a través de prácticas
como el vaciamiento a las universidades del conurbano, bajas en los cupos de
comedores escolares, vaciamiento del plan Progresar, el vaciamiento del INFOD
con el respectivo riesgo que corren las carreras de post títulos de disciplinas
sociales, de derechos humanos y TICS y el vaciamiento del Programa Nacional de
Capacitación Permanente.
Repudiamos
además la intervención y reorganización de la Universidad de las
Madres y su vaciamiento en términos presupuestarios y de salario. También
denunciamos la falta de aplicación de la ESSI.
Estas
prácticas que mencionamos, además, son acompañadas por una política
indiscriminada de persecución policial al movimiento estudiantil y la presencia
de las fuerzas de seguridad en las instituciones públicas, así como la
vulneración de la autonomía universitaria. En ese marco es repudiable el
proyecto de ley Aguilar de cerrar y desmantelar institutos de formación y el
plan Maestro que fue enviado al Congreso Nacional. Denunciamos además que las
currículas de formación policial no se ajustan a los estándares en materia del respeto
de los derechos humanos.
Por todo
lo expuesto proponemos concebir y crear canales de circulación, comunicación y
diálogo para conocer y luchar colectivamente por las situaciones vividas en las
distintas comunidades. Trabajar desde el aula y fuera de ella con toda la
comunidad, concientizando acerca del conocimiento y defensa de cada uno de sus
derechos, manteniendo a la educación como eje de construcción de ciudadanía. Es
importante revalorizar la educación en la diversidad para crecer en la igualdad.
Proponemos
promover jornadas de conocimiento y profundización de las normativas vigentes
en materia de educación y conformar redes para consolidar y crear lazos
sociales de lucha. En ese sentido bregamos por el fortalecimiento de la
organización en los sindicatos docentes.
Es
indispensable generar espacios de articulación para sostener los programas de
inclusión social.
Comisión de Migrantes
Desde la
comisión de Migrantes planteamos el siguiente diagnóstico: el contexto de
retroceso general de los derechos humanos incluye necesariamente la vulneración
de los derechos de los migrantes. El cambio a un paradigma y perspectiva
neoliberal y de derecha impacta en la consideración del migrante como un
enemigo. Sabemos que la libertad del pueblo no se define por los límites
fronterizos sino por la hermandad, solidaridad y desarrollo de nuestros
pueblos. Luchamos por una Patria Grande para todos y todas
Claramente
y en consonancia con este modelo de exclusión y alineamiento con el gobierno de
Estados Unidos se quieren imponer bases militares dentro de Paraguay en el
Puerto de Iguazú. Repudiamos este modelo intervencionista, en el que se avanza
con el debilitamiento de los organismos regionales como el Mercosur, la Unasur y la Celac.
Los
migrantes somos parte de la identidad argentina y aportamos a la construcción
de la Patria ,
por eso repudiamos el DNU 70/17 por xenófobo y reafirmamos que, de acuerdo a
las leyes existentes, toda persona que vive en el territorio nacional tiene
derecho a educación, trabajo y salud, al igual que cualquier nativo.
Denunciamos
que el racismo y la xenofobia forman parte de esta política de hostigamiento y
represión al colectivo migrante, siendo particularmente vulnerables las
comunidades de origen senegalés y a las personas migrantes trans. Esta
violencia policial e institucional que sufre la sociedad en general y nuestro
colectivo en particular, está siendo acompañada por un incremento en las
expulsiones, denegaciones de refugio e ingresos de migrantes al país.
Los medios
de comunicación también tienen su responsabilidad concreta en la
estigmatización de los migrantes. El creciente contexto de deterioro social y
de pobreza empeora la situación de los migrantes, de las víctimas de trata y
explotación laboral. Las fuerzas de seguridad fomentan la extorsión y el abuso
de poder.
Denunciamos
la violación a los derechos humanos de migrantes privados de su libertad
que,aún cumpliendo sus condenas. no pueden obtener su DNI y el cierre de
programas como PROGRESAR que permitían que los estudiantes migrantes pudieran
terminar sus estudios.
Del debate
surgió la siguiente serie de propuestas: es necesario fomentar y fortalecer las
articulaciones sociales, barriales y de derechos humanos para velar por los
derechos de los migrantes y llamamos a tener un rol protagónico en este
proceso, especialmente a las universidades, centros de estudiantes, institutos
y organizaciones sociales.
Es
necesario realizar acciones para la convalidación de los títulos universitarios
y crear programas para el acompañamiento de estudiantes migrantes. Vemos además
fundamental fomentar el voto migrante automático para todas las personas que
obtengan la residencia permanente.
La
diversidad cultural es un valor fundamental y por ello la articulación con los
consulados es primordial. Debemos compartir y difundir las leyes existentes de
protección de los migrantes, fortalecer los observatorios de derechos humanos
de migrantes y los organismos específicos.
Es
fundamental tener traducidos los materiales sobre la temática en las principales
lenguas migrantes y originarias.
Comisión de Comunicación
Partimos
de convicción de que la comunicación es inherente a los derechos humanos. En
ese sentido vemos con preocupación las políticas del gobierno del empresario
Macri en la materia. Los objetivos con los que fue creada la ENACOM tienen que ver con
garantizar condiciones estables de mercado, entendiendo a la comunicación como
un simple negocio de los grandes grupos económicos. La consecuencia es que se
modificó el mapa de la comunicación en la Argentina.
Existen
hoy en día muy pocos recursos para la comunicación popular y profesional, la
única que puede disputar sentido con los medios hegemónicos. El pleno derecho a
la comunicación no puede ejercerse sin acceso a una pluralidad de medios y voces.
Y este nuevo mapa han cerrado muchos medios, hay una cantidad importante de
periodistas que perdieron sus empleos y otros que vienen denunciando
precarización laboral. Hoy la distribución de la pauta oficial va a parar de
lleno a los medios más concentrados.
En este
marco, se elaboró una serie de propuestas:
Se planteó
la necesidad de hablar con los sindicatos para que no utilicen o paguen fortuna
en los medios hegemónicos y que utilicen las redes populares o generen sus
propios medios de comunicación.
Se habló
de la necesidad de fortalecer la comunicación popular y profesional, además de
producir y sincronizar una agenda temática propia, con enfoque de derechos
humanos y visibilizando la vulneración de derechos, recuperando temas como la
violencia institucional y la cobertura de juicios de lesa humanidad.
Ya que aún
subsiste una matriz anclada en la propiedad intelectual, se habló de la
importancia de inscribir los procesos de la comunicación a través de uso de
tecnología de libre acceso y desarrollo (sotfware libre) y no privativa (por
ejemplo, Microsoft).
Defender la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual en todas las instancias y estrategias posibles.
Pensar una
estructura para capacitación y fortalecimiento de radios comunitarias. Podría darse
incluso de manera virtual, compartiendo y produciendo tutoriales que puedan
llegar a los territorios. Se propuso hacer un portal para formación portal
digital también de la oportunidad de usar nuevos medios como radios digitales.
Buscar
nuevas formas de producción de mensajes como el micronoticieroinfo Siberia, que
se distribuye a través de servicios de mensajería telefónica. Tiene un alcance
masivo para noticias de contenido de actualidad.
Consensuar
ejes comunicacionales comunes y planificarlos en el tiempo de permanencia de la
campaña, por ejemplo, uno por semana. Pero implementarlo desde las
particularidades de cada organización, medio y territorio. Articular de manera
federal estos núcleos temáticos, basados en los 15 puntos presentados en la plataforma
del Frente Unidad Ciudadana de cara a las próximas elecciones legislativas.
Fortalecer
los medios locales con contenidos propios y federales, no con los mismos
contenidos generados desde la
Ciudad de Buenos Aires.
Construir
una comunicación basada en mensajes claros y con un lenguaje cotidiano, que
apele a los sentimientos y las emociones de la población, sin tanto énfasis en
lo argumentativo de fondo.
Hacer foco
comunicacional desde la vulneración de los derechos adquiridos que viene
implementando el gobierno actual mediante sus políticas.
Generar
estrategias de comunicación multimedial e indagar en formatos transmedia que
permiten las nuevas tecnologías de la comunicación.
Incorporar
las producciones universitarias como la agencia de noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (ANCOM),
las radios universitarias, las producciones realizadas en conjunto con la
universidad como revista Anfibia con la UNSAM , redes y sus respectivos canales de
televisión y radios.
Pensar
cómo construir a corto plazo un modo de comunicarnos entre nosotros. Y a
mediano plazo una Red Federal de comunicación en ddhh para propiciar agenda
propia.
Internalizar
la noción de que no hay proyecto nacional y popular sin una comunicación
nacional y popular.
Comisión de Salud Mental
La
comisión trabajó alrededor de tres ejes. Por un lado. lo que tiene que ver con
la ley de salud mental, que se caracteriza por tener un enfoque desde los
derechos humanos. Está habiendo un ataque constante, deliberado y regular a la
aplicación y sostenimiento de la ley, a través de diversas maneras. Una de
ellas es un lobby legislativo con el objetivo de quitar uno de los artículos de
la ley, que es el que incluye la temática de consumos problemáticos dentro del
campo de la salud y tratar de llevarlas a lo que se conoce como la vieja
política de lucha contra el narcotráfico, que sería un retroceso para el campo
de la salud muy importante. Por otro lado, se está planteando que la ley de
salud mental es un obstáculo para las prácticas de salud. Estos ataques vienen
sobre todo de la corporación psiquiátrica, articulado con la corporación
farmacéutica, el mercado de medicamentos, el poder médico hegemónico que tanto
ha costado desarticular en nuestro país para que esta ley pueda tener la fuerza
necesaria.
Además,
hay un retroceso en la constitución de los órganos de revisión provinciales,
sólo hay 4 órganos constituidos que son los que controlan y regulan la
aplicación de la ley.
Vemos con
preocupación también la desarticulación de muchos equipos provinciales que
sostenían la aplicación de la ley, como las áreas de derechos humanos en las
direcciones nacionales de salud.
Dentro de
este diagnóstico, las propuestas estuvieron vinculadas al reforzamiento de
todas las redes de articulación entre profesionales, la necesidad imperiosa de
profundizar la formación de los profesionales de la salud, sobre todo desde las
nuevas universidades pero también de las históricas, propiciar la constitución
de los órganos de revisión provinciales, de movimientos de salud mental y de
movimientos de usuarios, que están siendo parte de uno de los focos de
resistencia más importantes.
Un segundo
eje está vinculado al tema de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos. Fue común el diagnóstico en la comisión de la retirada masiva que el
Estado está teniendo en todos los programas nacionales y provinciales de
acompañamiento y asistencia a víctimas de violencia institucional, víctimas de
la última dictadura cívico - militar, que se están vaciando y desfinanciando,
el Estado se está retirando de las querellas en muchas provincias. Por otro
lado, dentro de las leyes de reparación, hay un capítulo que tiene que ver con
la evaluación de daños en la salud. En este momento la Secretaría de DDHH está
haciendo una revisión técnica de todas las evaluaciones, lo cual genera como
mínimo una prolongación en la espera de las víctimas del resultado de esas
leyes de reparación.
También
surgieron como problemática común los efectos de revictimización que tienen en
las víctimas de la represión los ataques a las políticas de derechos humanos
que está efectuando el gobierno nacional, tanto en lo que hace a los
pronunciamientos que realizan periódicamente los funcionarios como las
políticas concretas que se llevan a cabo desde el ejecutivo. En esa línea hubo
menciones al 2x1 y a sus efectos directos sobre los sobrevivientes. En relación
a esto surgió una propuesta de corte legislativo que consiste en poder proponer
en una ley nacional la obligatoriedad del Estado Nacional de garantizar la asistencia
y el acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya no
como algo que dependa de la política de cada gobierno sino como algo intrínseco
a la responsabilidad del Estado que asume sus funciones en la reparación. Por
último, se mencionó la importancia de apoyar a los compañeros en el territorio
que vienen sosteniendo el trabajo diariamente de acompañamiento a las víctimas
y sus familiares.
El último
eje tiene que ver con los consumos problemáticos, que entendemos como inherentes
a los derechos humanos. Fue común el diagnóstico acerca de que estamos en un
momento de mucho retroceso en la materia, en una vuelta al paradigma anterior,
en el que se hablaba de la lucha contra el narcotráfico, y se refuerza el
enfoque represivo que persigue a los sectores pobres, castigando el consumo, en
paralelo a un aumento significativo del narcotráfico. Esta vieja política,
acompañada de un aumento en la violencia institucional y una mayor autonomía y
margen de acción de las fuerzas de seguridad va a hacer indefectiblemente que
muchos más de nuestros jóvenes estén detenidos, presos, y como sabemos, en
muchos de los casos torturados, asesinados en las comisarías. Se planteó la
necesidad de instaurar tanto a nivel legislativo como en las organizaciones y
en la población el debate sobre la despenalización del consumo de drogas.
Envío:Sara Waitman
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