El titular del gremio fue procesado y desplazado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien desplegó un megaoperativo con seis carros de asalto, más de cien gendarmes y funcionarios del Ministerio de Trabajo. La intervención llegó días después del apoyo expresado a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
Por Fernando M. López
Jul 4, 2017
“Quiero decirle a toda la ciudadanía argentina, en especial a los trabajadores y en particular a los canillitas, que acá hay claramente una persecución política y jurídica por habernos expresado públicamente hace poco tiempo. Esto es lo que sucede, se están violando todos los derechos constitucionales”.
Así se manifestó este lunes el titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), Omar Plaini, luego de permanecer diez horas incomunicado dentro de la sede central del gremio, ubicada en Venezuela 2365, de la ciudad de Buenos Aires, pese a su condición de diputado nacional.
Todo comenzó cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi –el mismo que el año pasado quiso detener a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini– cambió la carátula de una causa penal que data de 2013, procesó a Plaini por el presunto delito de “uso de documento público falso”, lo desplazó junto al resto de los integrantes de la Comisión Directiva y dispuso la intervención del sindicato.
Poco después de las 9 de la mañana, el propio magistrado dirigía un allanamiento en la sede gremial con seis carros de asalto, más de un centenar de gendarmes y funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca.
Plaini explicó que el procedimiento, además de desmedido, fue totalmente irregular porque lo llevó adelante un juez del fuero criminal y correccional que “no tiene competencia en lo laboral”.
“Esto es una clara persecución política y un ataque al movimiento obrero organizado”, insistió el sindicalista tras recordar que los canillitas habían expresado la semana pasada su respaldo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y que se encontraban en pleno proceso de convocatoria para una nueva elección interna, como lo hacen cada cuatro años.
La conducción desplazada ayer por Martínez de Giorgi se había impuesto con el 89% de los votos de los afiliados a mediados de 2013. La oposición recurrió entonces a la Justicia para impugnar el resultado, pero tanto la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como la Corte Suprema de Justicia convalidaron el triunfo de la lista de Plaini.
Esa causa fue archivada, aunque paralelamente continuó una acción penal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8, que debió haber prescripto hace dos años.
“Martínez de Giorgi y su secretaria, Verónica Lara, avanzaron aduciendo adulteración de documento privado en la asamblea que hicimos de Junta Electoral, se negaron a dictar la nulidad y ahora nos enteramos de que cambiaron la carátula a ‘Adulteración de documento público’ para extenderla a seis años y justificar la intervención”, sintetizaron desde el SIVENDIA.
El sindicato también consideró que la “intervención se inscribe en el contexto del marcado rasgo neoliberal de las medidas llevadas adelante por el Gobierno nacional, a favor de las grandes corporaciones”, como el Grupo Clarín, que no para de acaparar medios y telecomunicaciones, y ahora “pretende el control absoluto” de la distribución de diarios y revistas.
“De lo único que somos responsables es de querer una patria justa, libre y soberana, y de haber dicho que íbamos a acompañar a Unidad Ciudadana. Si a alguno le molesta, lo lamento mucho. Vamos a seguir acompañando desde adentro del sindicato, desde afuera o desde el puesto de diario”, subrayó Plaini, y convocó a una asamblea extraordinaria para este miércoles en las puertas del SIVENDIA con el objetivo de definir medidas de fuerza.
Por su parte, la CGT calificó la intervención como “una vergüenza absoluta”, que “evidencia la intencionalidad del Gobierno nacional de condicionar al sindicalismo más allá de la supuestas razones judiciales”, y adelantó que recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La causa iniciada en 2013 es una excusa que esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial”, remarcó la central obrera en un comunicado y acusó al juez Martínez de Giorgi de actuar “fuera de su órbita de acción” y ejercer “violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas que eligieron sus autoridades en el marco de la ley que los regula”.
En tanto, la Corriente Federal de Trabajadores repudió la estrategia del “disciplinamiento o garrote” que aplica el presidente Mauricio Macri.
“En la búsqueda por imponer una política que ataca directamente salario, derechos y conquistas de los trabajadores, los sindicatos son una molestia. En cada oportunidad que se presenta, el Gobierno avanza con la flexibilización laboral, como fueron las adendas a los convenios colectivos de los petroleros en Vaca Muerta o actualmente con los trabajadores lecheros. En el peor de los casos, en una práctica que se repite en el macrismo, lisa y llanamente la intervención de sindicatos”, indicó la organización.
La intervención del SIVENDIA es la cuarta desde la asunción de Cambiemos. La misma medida se tomó contra el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y el Sindicato de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA), esta última más tarde anulada por la Justicia.
Fuente:Contexto
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