17 de agosto de 2017

CÓRDOBA: JUICIO A LOS MAGISTRADOS.

Angulo:“Para llevar adelante el plan sistemático necesitaban una estructura jurídica y judicial” 
9 de agosto, 2017 
Lo afirmó el exdefensor de presos políticos y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia durante su declaración realizada ayer ante el TOF2 en el marco del juicio a los magistrados. También testimoniaron sus colegas Rodolfo Moreno y Rafael Vaggione. 
Por Katy García
Ayer brindaron testimonio ante el TOF2 los abogados Luis Eugenio Angulo (66), Rodolfo Ignacio Moreno (71) y Rafael Antonio Vaggione (80). Patrocinaban a los expresos políticos, Luis Miguel Baronetto, Marta González de Baronetto, Luis Pihén, Eva Zamora de Pihén, Rodríguez, Miguel Ángel Barrera, Agostina Maldonado de Barrera y Miguel Hugo Vaca Narvaja. 

Los testimonios de los abogados pusieron al descubierto además de irregularidades procesales, la inacción de los administradores de justicia, y la falta de compromiso del Colegio de Abogados. Angulo Baroneto 
Querellante y abogado 
El primero en ingresar a la sala fue el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno provincial, Luis Angulo. El presidente del tribunal Julián Falcucci le agradeció que se presentara cuando pudo haberlo hecho por escrito. Carlos Gonella hizo lo propio en nombre de la fiscalía. El testigo respondió que lo hace “en homenaje a las víctimas de la dictadura genocida y en especial a una de mis defendidas: Marta Juana González de Baronetto”. (Fusilada en la Unidad Penitenciaria en octubre de 1976). 

Ratificó las declaraciones realizadas en el marco del Juicio Videla Menéndez que juzgó y condenó en 2010 a militares y policías por delitos de lesa humanidad cometidos contra expresos políticos secuestrados y alojados en el D2 y la Unidad Penitenciaria 1. 

El abogado sostuvo que el país vivía una situación muy difícil que se agrava “a partir del 24 de marzo de 1976 cuando se implementó un plan de destrucción al oponente político. Creo que en ese contexto para llevar adelante el plan sistemático necesitaban una estructura jurídica y judicial que de alguna manera aceptara esos lineamientos y no se opusiera a ese proceso”, afirmó. Y agregó que “las Fuerzas Armadas genocidas impusieron el terrorismo de estado y ninguno de nosotros era ajeno a esa situación cuando ingresábamos a los tribunales especialmente los federales”. 

Le dijo al Tribunal que vivió con “angustia y desazón” esa situación y que a menudo se preguntaba si no estaría jugando con su vida cuando otros abogados como Carlos Altamira -secuestrado y desaparecido-, y (Hugo) Vaca Narvaja, había sido detenido y luego asesinado. 

Un hombre digno 
Ante la pregunta del fiscal Gonella sobre su relación con los administradores de justicia recurrió a una cita textual del jurista Roberto Berizonce para graficar la situación: El proceso tiene más de simulacro que de honrada controversia. La había utilizado cuando apeló y planteó la nulidad del auto de procesamiento dictado por Zamboni Ledesma a Luis Baronetto. 

Destacó el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones integrada por Daniel Pablo Carreras, Osvaldo Santechia y Francisco Luperi. Ponderó el desempeño de Carreras: “un hombre digno y valiente”, y su compromiso con el cumplimiento de la ley y la Constitución. Lamentó que por diferencias con Menéndez se haya retirado. “Fue ahí que se modificó la jurisprudencia y no es casual”, analizó. 

En respuesta a la pregunta inicial del fiscal Gonella dijo que encontró “groseras violaciones a la ley de procedimientos” a la hora de gestionar la libertad de sus defendidos. Esas fallas procesales fueron advertidas por la Cámara que ordenó la nulidad del proceso para luego avanzar en los pedidos de sobreseimiento. 

Entre ellas: actas de secuestro, detenciones violentas que incluían interrogatorios bajo amenaza, traslados al D2, torturas, requisas en los domicilios sin orden de autoridad competente y vicios de consentimiento. 

No ha lugar 

Imputados Mechi Otero Álvarez, Cornejo, Puga y Haro junto a los defensores Sonzini Astudillo y Lascano Roqué 
La causa de Miguel Ángel Barrera y su esposa Agustina Maldonado de Barrera, cuyo procesamiento había sido declarado nulo en ambos casos, son un ejemplo de la inacción. Los primeros días de mayo de 1976, el padre de Barrera, solicitó atención médica para el matrimonio. “No están a disposición del tribunal”, fue la respuesta del juez Adolfo Zamboni Ledesma, titular del Juzgado federal1. “En julio, lo sacan a Barrera y lo matan. Entonces pide que información sobre las circunstancias de la muerte. El Juez vuelve a decir lo mismo y no hace lugar al pedido”, cuenta el testigo. (1) 

Posteriormente, la esposa de Barrera le revoca el poder y “asume la defensa Luis Molina que pide la reapertura de la causa, ofrece testimonios y el Juez rechaza el pedido de sobreseimiento definitivo”. Apela la decisión y “comete la osadía” de poner en duda el certificado fraguado que da cuenta de un enfrentamiento. 

Y agrega que “Amen de la injusticia que importa sufrir una condena, la encartada ha debido sobrellevar el fallecimiento accidental de su esposo Miguel Ángel Barrera quien luego de permanecer detenido durante más de un año en forma pacífica muere circunstancialmente mientras es trasladado desde la penitenciaría al Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Comprendo ahora los sufrimientos que debe haber padecido mi antecesor en este ministerio público: su defendido fallece 10 días después de haberlo designado”. 

Ante esta denuncia la nueva Cámara Federal le advierte sobre la “impertinencia” del texto y le indica que se abstenga de introducir “cuestiones ajenas a un pronunciamiento”. 

Apariencias 
La causa Cravero y Gentile consigna apremios ilegales y malos tratos y la Cámara anterior “que le puso coto a las arbitrariedades del juez de primera instancia Zamboni Ledesma” le ordena que investigue sin tener en cuenta la declaración anterior en sede judicial. Al tiempo, la nueva Cámara, le indica que “tenga por válidas las confesiones obtenidas bajo tortura en sede judicial”. 

Dejó en claro que “hubo una apariencia de legalidad” y que las víctimas permanecieron en un estado de total “indefensión” cuando Videla aplicó “un régimen carcelario restrictivo que les impide recibir visitas y contar con la asistencia de abogados”. 

También aludió al clima laboral que se percibía en los tribunales. Concretamente advirtió cierta “incomodidad” que la relaciona con una concepción del tipo: “este abogado joven, insiste en la indagatoria de Baronetto” cuando la justicia era una ficción en el marco del plan sistemático. 

Complacientes 
En relación a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que un funcionario de justicia de la nación- Rodríguez Varela- expresó que “vencida la subversión” se debían flexibilizar las condiciones de detención y que se dictó un decreto donde se autorizaban las visitas de abogados y personal consular. Añadió que “Planteaba una actitud complaciente de Zamboni Ledesma y Otero Álvarez en relación a no haber investigado las torturas y apremios ilegales, el traslado de prisioneros, muertos de manera sanguinaria y terrible como lo fueron”. 

También afirmó que Otero Álvarez tras varias audiencias le informó que “por orden de las Fuerzas Armadas no podía ingresar a la cárcel y que debía seguir el caso un abogado oficial”. Tal situación lo sorprendió porque esperaba realizar la indagatoria a Baronetto. Con el tiempo supo que Zamboni Ledesma, Otero Alvarez y Molina se constituyeron en Sierra Chica y que su defendido los interpeló duramente sobre el asesinato de su esposa y que como respuesta escuchó la lectura de un informe fraguado que hablaba de un “enfrentamiento”. 

Antes de retirarse reconoció la postura asumida por el jurista Ricardo Núñez durante el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). También lo hizo con el exjuez federal Vázquez que optó por dejar la función luego de que numerosos hábeas corpus fueran rechazados sistemáticamente. Recalcó que este delito fue motivo del fallo en el Juicio de los Jueces en Mendoza condenados a perpetua. 

Rodolfo Moreno: “Se priorizaba la libertad” 

El abogado contó que su experiencia se limitaba al caso concreto de los matrimonios Pihén-Zamora y González – Baronetto días previos a las indagatorias. Señaló que les aconsejó decir la verdad sobre los malos tratos que recibieron y que seguramente lo manifestaron en sus declaraciones ante el juez Zamboni Ledesma y el secretario Otero Álvarez. Las indagatorias se tomaron en el Juzgado federal- donde actualmente funciona el edificio inteligente- ingresando por calle Obispo Trejo. Contó que fue atendido en reiteradas oportunidades por el secretario penal Otero Álvarez y otra persona cuyo apellido no recuerda. 

No sabe si hubo respuestas respecto a las denuncias pero “Entiendo que el tribunal debiera o ha tomado medidas de acción penal sobre esas situaciones” y agregó que en ese contexto “en aquel momento se priorizaba la obtención de la libertad”. 

Denunció que para los abogados era muy difícil ejercer la profesión y puso como ejemplos a Luis Prol y Vaca Narvaja. Manifestó que el 24 de diciembre de 1975, allanaron su casa donde vivía con su esposa y una hija de 4 años. A la mujer la llevaron al Departamento de Informaciones (D2) sin que le dieran información alguna sobre el hecho. Recién a las once de la noche la dejaron libre. Esta situación hizo que se fueran del país y las causas quedaron a cargo de Luis Angulo. 

Rafael Vaggione: “Eran unos cobardes” 

El abogado contó que Vaca Narvaja padre fue profesor suyo y que su hijo participaba en una lista en el Colegio de Abogados. El día que lo detienen -agrega- en las puertas de Tribunales, pidió que le avisaran a él quien presentó un hábeas corpus ante el Juzgado Federal 1. Cree que lo hizo acompañado con Carlos Altamira y Luis Prol porque los tres eran vocales titulares -por minoría-que ganó las elecciones en la institución. 

Explicó que los amparos se presentaban con el fin de “evidenciar la condición de detenido” y evitar la desaparición. En ese orden recordó que cuando llevó el tema a la organización profesional ya habían decidido no hacer ninguna presentación. Pero si visitar a los cuerpos militares como el Tercer Cuerpo y reunirse con Luciano Benjamín Menéndez. “Nosotros nos negábamos salvo una vez cuando quemaron los estudios de César Carducci y Marcó del Pont”, afirmó. “Era un minué político, ir a los despachos y no hacer una defensa pública”, sostuvo. 

Consultado acerca de las razones que sostenía el Colegio para no presentar el amparo dijo sin eufemismos: “Porque eran unos cobardes” y agregó que tampoco se pronunciaban públicamente sobre la suerte de los afiliados. Sugirió la lectura del libro de actas que son “aleccionadores” sobre el tema. 

El fiscal Gonella le pidió que exhiba la carpeta que luego cedió para que sea fotocopiada y definir la pertinencia en relación a la causa. 

“Hugo Vaca Narvaja pasó una de las las más grandes arbitrariedades y monstruosidades. Lo llevaron detenido y yo era su abogado defensor”, afirmó. Contó, conmovido, que le revocó el poder y que le pidió que no fuera más porque lo iban a fusilar. “Fue un hombre valiente”, dijo entre lágrimas. Sobre Luis Prol recordó que “sufrió un régimen feroz, sin acceso a visitas” y que Altamira “está desaparecido”. 

Más adelante relató que junto a Luis Rubio-actualmente vocal del Superior Tribunal de Justicia- defendieron al abogado Miguel García, integrante del Partido Auténtico, secuestrado de su estudio en Barrio Güemes. Describió el mecanismo llevado adelante para que efectivamente obtenga la libertad. Había que retrasar unos 15 minutos la orden que anunciaba la libertad, llegar a la cárcel y sacarlo antes que llegara la orden que quedaba a disposición del PEN. En este caso lograron que García salga en libertad y el mismo lo alojó en su casa hasta que sus padres lo buscaron. 

Los testigos fueron interrogados por los fiscales, abogados querellantes y defensores. La próxima audiencia se realizará el 22 de agosto a las 9. El juicio es oral y público. Quien desee presenciarlo debe concurrir con el DNI. 

Notas
1-Miguel Ángel Barrera fue fusilado el 19 de junio de 1976 junto a Claudio Zorrilla, Mirta Abdón de Maggi y María Esther Barberis en un enfrentamiento fraguado. Entre abril y octubre de 1976 un total de 30 ex presos políticos fueron retirados de la penitenciaría y luego fusilados por las fuerzas de seguridad. Dos de ellos -Raúl Buducco y José Rene Moukarcel fueron asesinados dentro del penal. (Causa Videla) 
Fotografía Mercedes Ferreyra www.prensared.org.ar
Fuente:PrensaRed
Envío:AgnDDHH                                                

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