30/08/2017
Comenzó ayer el segundo juicio oral de lesa humanidad en La Pampa, a siete años de la realización del primer debate, con un contexto político distinto. Entre los acusados, están Luis Enrique Baraldini, el ex jefe de la Policía pampeana, un símbolo de la represión, quien estuvo prófugo hasta 2010 y evitó ser juzgado hasta ahora.
El debate, que continuará hoy desde las 8.30 en el auditorio Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, es calificado por los organismos de derechos humanos como un “hecho histórico” en la provincia, con repercusión nacional también. Se investigan 243 casos de víctimas secuestradas y torturadas.
Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de la Subzona 14, correspondiente al Comando Zona 1, cuya conducción estaba a cargo del Primer Cuerpo del Ejército con asiento en Capital Federal, en el marco de la represión ilegal en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Las situaciones incluidas por la fiscalía en la acusación presentan detenciones ilegales en distintas localidades de la provincia, seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas en centros clandestinos de detención dispuestos por la dictadura cívico militar en La Pampa.
Mientras desde afuera del edificio se escuchaba la manifestación de los organismos de derechos humanos, el juicio comenzó a las 8.45 con la presencia de los acusados. En rigor, asistieron 15, ya que otros tres (Carlos Alfredo Sabbatini, Omar Aguilera y Miguel Gauna) no participan del juicio por cuestiones de salud.
También hubo un despliegue importante de la prensa local, que siguió el debate desde la sala, al igual que familiares de las víctimas y de algunos imputados. Afuera del Colegio de Abogados y en el interior, hubo presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario, Policía Federal y Provincial.
En el inicio, el querellante Franco Catalani pidió al tribunal la presencia de las víctimas en la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, considerando que ello “no afecta el desarrollo” del debate -también tienen que declarar luego-. Allí, después de las consultas, el presidente del tribunal Marcos Aguerrido aceptó el planteo y las víctimas ingresaron a la sala.
Posteriormente, los secretarios Ignacio Rodríguez Berdier y Alina Trento iniciaron la lectura de las acusaciones por unos 162 hechos denunciados. Esa cuestión llevó varias horas y un cuarto intermedio, hasta que al mediodía cuando los jueces dieron por concluida la jornada.
Con la cantidad de acusaciones, quedó en claro la importancia de Baraldini en el aparato represivo que se dio en la provincia, donde las víctimas sufrieron diversos hechos como torturas, en algunos casos con picana eléctrica, abusos sexuales, prácticas de asfixia (submarino seco) y todo tipo de golpes.
Sobre el final de la audiencia, los abogados defensores de Carlos Reinhart y de Baraldini pidieron que sus asistidos puedan acceder a una computadora portátil durante el debate y en el penal para armar su defensa.
El debate, que continuará hoy desde las 8.30 en el auditorio Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, es calificado por los organismos de derechos humanos como un “hecho histórico” en la provincia, con repercusión nacional también. Se investigan 243 casos de víctimas secuestradas y torturadas.
Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de la Subzona 14, correspondiente al Comando Zona 1, cuya conducción estaba a cargo del Primer Cuerpo del Ejército con asiento en Capital Federal, en el marco de la represión ilegal en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Las situaciones incluidas por la fiscalía en la acusación presentan detenciones ilegales en distintas localidades de la provincia, seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas en centros clandestinos de detención dispuestos por la dictadura cívico militar en La Pampa.
Mientras desde afuera del edificio se escuchaba la manifestación de los organismos de derechos humanos, el juicio comenzó a las 8.45 con la presencia de los acusados. En rigor, asistieron 15, ya que otros tres (Carlos Alfredo Sabbatini, Omar Aguilera y Miguel Gauna) no participan del juicio por cuestiones de salud.
También hubo un despliegue importante de la prensa local, que siguió el debate desde la sala, al igual que familiares de las víctimas y de algunos imputados. Afuera del Colegio de Abogados y en el interior, hubo presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario, Policía Federal y Provincial.
En el inicio, el querellante Franco Catalani pidió al tribunal la presencia de las víctimas en la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, considerando que ello “no afecta el desarrollo” del debate -también tienen que declarar luego-. Allí, después de las consultas, el presidente del tribunal Marcos Aguerrido aceptó el planteo y las víctimas ingresaron a la sala.
Posteriormente, los secretarios Ignacio Rodríguez Berdier y Alina Trento iniciaron la lectura de las acusaciones por unos 162 hechos denunciados. Esa cuestión llevó varias horas y un cuarto intermedio, hasta que al mediodía cuando los jueces dieron por concluida la jornada.
Con la cantidad de acusaciones, quedó en claro la importancia de Baraldini en el aparato represivo que se dio en la provincia, donde las víctimas sufrieron diversos hechos como torturas, en algunos casos con picana eléctrica, abusos sexuales, prácticas de asfixia (submarino seco) y todo tipo de golpes.
Sobre el final de la audiencia, los abogados defensores de Carlos Reinhart y de Baraldini pidieron que sus asistidos puedan acceder a una computadora portátil durante el debate y en el penal para armar su defensa.
Una isla, no.
En la acusación, la fiscalía señaló que “La Pampa no fue una isla, ajena al Plan de Reorganización Nacional, todo lo contrario, en territorio pampeano se reprodujo fielmente la metodología respecto de un plan sistemático y organizado de represión, puntualizada dentro del marco del Juicio a las Juntas Militares, denominado “Causa 13” o “Juicio a las Juntas” y, en lo que aquí importa denota que la metodología utilizada se ajustó en un todo a los lineamientos de dicho “plan”.
Agregó que con “con el propósito de combatir la alegada subversión, desde 1975 se sucedieron las detenciones mediante el accionar conjunto y coordinado militar y policial” en forma ilegal de estudiantes, docentes, músicos, comerciantes, médicos, políticos, periodistas, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, gremialistas, todos sindicados como subversivos o “de izquierda”.
En la provincia, los centros clandestinos identificados eran la Comisaría Seccional Primera y la Segunda, la Brigada de Investigaciones, la Jefatura de Policía, todas de Santa Rosa y pertenecientes a la Policía de La Pampa, la Delegación Local de la Policía Federal Argentina, la Comisaría Primera de General Pico, el Puesto Caminero de Jacinto Arauz, la Comisaría de Catriló, el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 “Libertador Simón Bolívar” del Ejército Argentino y las Unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal.
En la acusación, la fiscalía señaló que “La Pampa no fue una isla, ajena al Plan de Reorganización Nacional, todo lo contrario, en territorio pampeano se reprodujo fielmente la metodología respecto de un plan sistemático y organizado de represión, puntualizada dentro del marco del Juicio a las Juntas Militares, denominado “Causa 13” o “Juicio a las Juntas” y, en lo que aquí importa denota que la metodología utilizada se ajustó en un todo a los lineamientos de dicho “plan”.
Agregó que con “con el propósito de combatir la alegada subversión, desde 1975 se sucedieron las detenciones mediante el accionar conjunto y coordinado militar y policial” en forma ilegal de estudiantes, docentes, músicos, comerciantes, médicos, políticos, periodistas, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, gremialistas, todos sindicados como subversivos o “de izquierda”.
En la provincia, los centros clandestinos identificados eran la Comisaría Seccional Primera y la Segunda, la Brigada de Investigaciones, la Jefatura de Policía, todas de Santa Rosa y pertenecientes a la Policía de La Pampa, la Delegación Local de la Policía Federal Argentina, la Comisaría Primera de General Pico, el Puesto Caminero de Jacinto Arauz, la Comisaría de Catriló, el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 “Libertador Simón Bolívar” del Ejército Argentino y las Unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal.
Los acusados.
El principal acusado es Luis Enrique Baraldini (78), ex Mayor del Ejército y ex jefe de la Policía de la provincia. Estuvo prófugo en el primer juicio y fue capturado en el año 2011 en Bolivia. Ayer, el diario porteño Página 12 señaló a Baraldini como “un ícono del terror en La Pampa”.
Además de Baraldini, la nómina de acusados está conformada por el ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); el ex coronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); los ex miembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14 Omar Aguilera (79), quien fue su jefe de Operaciones; Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los ex oficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), y el ex agente Orlando Osmar Pérez (68).
Los ex oficiales de la comisaría Primera de Santa Rosa, Miguel Angel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el ex oficial de la comisaría de Jacinto Arauz, Miguel Gauna (80); el ex oficial de las comisarías de Toay y de la Primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el ex oficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto (71).
En la causa, los fiscales generales son Alejandro Cantaro y Miguel Palazzani. El Ministerio Público Fiscal también tiene como representante al fiscal ad hoc José Nebbia. Palazzani formó parte del primer juicio, pero como abogado de una de las querellas.
Catalani patrocina a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Juan Carlos Pumilla, Elida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón. También al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, junto a Miguel Villagra y Maximiliano Corroinca. Por su parte, Juan Resia representa a Raquel Barabaschi.
Los acusados Marenchino, Fiorucci y Reinhart, son representados por el defensor oficial Hernán Vidal; Baraldini, por Pedro Mercado y Omar Cayre; Gatica, por Gastón Gómez; Pérez Oneto por Máximo Pérez Flores y Gerardo Ibáñez; Ochoa, Quinteros, Lucero, Pérez y López, por Carlos Riera; Cenizo, Yorio y Reta, por Laura Armagno, y Greppi, por Luciano Rodríguez.
El principal acusado es Luis Enrique Baraldini (78), ex Mayor del Ejército y ex jefe de la Policía de la provincia. Estuvo prófugo en el primer juicio y fue capturado en el año 2011 en Bolivia. Ayer, el diario porteño Página 12 señaló a Baraldini como “un ícono del terror en La Pampa”.
Además de Baraldini, la nómina de acusados está conformada por el ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); el ex coronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); los ex miembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14 Omar Aguilera (79), quien fue su jefe de Operaciones; Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los ex oficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), y el ex agente Orlando Osmar Pérez (68).
Los ex oficiales de la comisaría Primera de Santa Rosa, Miguel Angel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el ex oficial de la comisaría de Jacinto Arauz, Miguel Gauna (80); el ex oficial de las comisarías de Toay y de la Primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el ex oficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto (71).
En la causa, los fiscales generales son Alejandro Cantaro y Miguel Palazzani. El Ministerio Público Fiscal también tiene como representante al fiscal ad hoc José Nebbia. Palazzani formó parte del primer juicio, pero como abogado de una de las querellas.
Catalani patrocina a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Juan Carlos Pumilla, Elida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón. También al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, junto a Miguel Villagra y Maximiliano Corroinca. Por su parte, Juan Resia representa a Raquel Barabaschi.
Los acusados Marenchino, Fiorucci y Reinhart, son representados por el defensor oficial Hernán Vidal; Baraldini, por Pedro Mercado y Omar Cayre; Gatica, por Gastón Gómez; Pérez Oneto por Máximo Pérez Flores y Gerardo Ibáñez; Ochoa, Quinteros, Lucero, Pérez y López, por Carlos Riera; Cenizo, Yorio y Reta, por Laura Armagno, y Greppi, por Luciano Rodríguez.
Cruces en los recesos
Una situación que llamó la atención en la primera jornada del juicio es que las víctimas que asistieron al debate se cruzaron en los recesos dispuestos por el TOF con los acusados que están en libertad. Sin dudas, una situación que genera incomodidad para quienes sufrieron los hechos que se están investigando.
Una situación que llamó la atención en la primera jornada del juicio es que las víctimas que asistieron al debate se cruzaron en los recesos dispuestos por el TOF con los acusados que están en libertad. Sin dudas, una situación que genera incomodidad para quienes sufrieron los hechos que se están investigando.
JUECES – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa es el encargado de juzgar a los ex policías y ex militares acusados en la causa. El cuerpo está integrado por el presidente Marcos Aguerrido, José Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava. Triputti fue el único de los tres magistrados que estuvo en el juicio de 2010.
PRIMERA VEZ – Los ex policías Miguel Angel Ochoa y Oscar “Miseria” López y el ex médico de la Policía pampeana, Máximo Pérez Oneto afrontan por primera vez un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en la provincia, ya que no estuvieron en el primer debate de la causa Subzona 14.
POR SANTIAGO – Las organizaciones de derechos humanos de La Pampa reclamaron también ayer frente al Colegio de Abogados por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que permanece desaparecido desde el 1º de agosto pasado en Chubut, tras un operativo de Gendarmería. “Exigimos la aparición de Santiago”, manifestaron.
“Espero que asuman la responsabilidad”
GUILLERMO QUARTUCCI, UNA DE LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA
30/08/2017
Guillermo Quartucci fue detenido ilegalmente por la dictadura cívico militar mientras daba clases de historia en el Instituto “José Ingenieros” de Jacinto Arauz el 14 de julio de 1976 y fue trasladado al puesto caminero de esa localidad, donde logró escapar. Después de seis días a pie llegó a Bahía Blanca y luego se exilió en México.
El docente asistió ayer a la primera audiencia del juicio oral y público de la Subzona 14 II, donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, y se mostró “preocupado” porque la mayoría de los acusados están en libertad o con el beneficio de la prisión domiciliaria. “Es una barbaridad”, advirtió.
“La esperanza es que se siga adelante en el esclarecimiento de todo lo que sucedió en esos terribles años de represión durante la etapa de Terrorismo de Estado que se vivió del 1976 al 1983. Es excepcional poner otra vez en el tapete estos temas que ocurrieron hace tantos años para que se reflexione sobre lo que está ocurriendo en este momento”, agregó.
“La desaparición de Santiago Maldonado debe poner en alerta a toda la sociedad -siguió-. Que estemos aquí reunidos puede ayudar para que quienes dicen que hay que olvidar porque pasó hace mucho tiempo se den cuenta que sigue pasando y puede pasar de manera más grave si no levantamos la voz”.
El docente asistió ayer a la primera audiencia del juicio oral y público de la Subzona 14 II, donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, y se mostró “preocupado” porque la mayoría de los acusados están en libertad o con el beneficio de la prisión domiciliaria. “Es una barbaridad”, advirtió.
“La esperanza es que se siga adelante en el esclarecimiento de todo lo que sucedió en esos terribles años de represión durante la etapa de Terrorismo de Estado que se vivió del 1976 al 1983. Es excepcional poner otra vez en el tapete estos temas que ocurrieron hace tantos años para que se reflexione sobre lo que está ocurriendo en este momento”, agregó.
“La desaparición de Santiago Maldonado debe poner en alerta a toda la sociedad -siguió-. Que estemos aquí reunidos puede ayudar para que quienes dicen que hay que olvidar porque pasó hace mucho tiempo se den cuenta que sigue pasando y puede pasar de manera más grave si no levantamos la voz”.
Una barbaridad.
Por otro lado, Quartucci advirtió que “es una barbaridad” que haya acusados en libertad o con arresto domiciliario y que “algunos hayan sido declarados mentalmente incapaces para seguir adelante en la indagatoria”, en referencia a los ex policías Omar Aguilera y Miguel Gauna y el ex militar Carlos Sabbatini.
Solo hay tres imputados detenidos en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la capital. Son los condenados en el primer juicio de la Subzona 14, Néstor Bonifacio Cenizo (fue condenado en 2010 a 14 años de prisión) y Carlos Reinhart (20 años de prisión) y Luis Enrique Balradini (estuvo prófugo hasta 2011), a quien se le otorgó la prisión domiciliaria y debe fijar domicilio en Santa Rosa.
-¿Puede condicionar a los testigos las víctimas que tienen que hablar frente al tribunal?
-No puedo hablar por todos, pero creo que sí. Es un motivo de preocupación que salgamos de aquí y de pronto nos encontremos con algunos de los imputados que se encuentran en libertad. Siempre es algo que deba ponernos en alerta y tener algún cuidado al respecto.
-¿Qué espera del juicio?
-Espero que los imputados asuman la responsabilidad de lo que hicieron, reciban la sentencia acorde con eso y que la sociedad recapacite y reflexiones acerca de esto y sirva de lección para que no vuelva a suceder.
-¿Cree que los imputados van a asumir sus responsabilidades?
-No, hasta ahora vimos que hay pactos de silencio, es difícil que lo asuman. Estamos nosotros acá para da nuestro testimonio y será el veredicto de la historia y de la gente el que decida quiénes son responsables de lo que pasó.
-¿Personalmente, qué le provoca revivir aquella etapa?
-Pasaron muchos años. Francamente yo estoy muy tranquilo y convencido que esto debe hacerse. Obviamente lo que pasó no fue agradable, hemos pasado por situaciones muy extremas y ha dejado una marca en nuestra vida, que no se va a borrar nunca. Pero estos juicios nos ayudan a seguir adelante y a estar tranquilos”.
Por otro lado, Quartucci advirtió que “es una barbaridad” que haya acusados en libertad o con arresto domiciliario y que “algunos hayan sido declarados mentalmente incapaces para seguir adelante en la indagatoria”, en referencia a los ex policías Omar Aguilera y Miguel Gauna y el ex militar Carlos Sabbatini.
Solo hay tres imputados detenidos en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la capital. Son los condenados en el primer juicio de la Subzona 14, Néstor Bonifacio Cenizo (fue condenado en 2010 a 14 años de prisión) y Carlos Reinhart (20 años de prisión) y Luis Enrique Balradini (estuvo prófugo hasta 2011), a quien se le otorgó la prisión domiciliaria y debe fijar domicilio en Santa Rosa.
-¿Puede condicionar a los testigos las víctimas que tienen que hablar frente al tribunal?
-No puedo hablar por todos, pero creo que sí. Es un motivo de preocupación que salgamos de aquí y de pronto nos encontremos con algunos de los imputados que se encuentran en libertad. Siempre es algo que deba ponernos en alerta y tener algún cuidado al respecto.
-¿Qué espera del juicio?
-Espero que los imputados asuman la responsabilidad de lo que hicieron, reciban la sentencia acorde con eso y que la sociedad recapacite y reflexiones acerca de esto y sirva de lección para que no vuelva a suceder.
-¿Cree que los imputados van a asumir sus responsabilidades?
-No, hasta ahora vimos que hay pactos de silencio, es difícil que lo asuman. Estamos nosotros acá para da nuestro testimonio y será el veredicto de la historia y de la gente el que decida quiénes son responsables de lo que pasó.
-¿Personalmente, qué le provoca revivir aquella etapa?
-Pasaron muchos años. Francamente yo estoy muy tranquilo y convencido que esto debe hacerse. Obviamente lo que pasó no fue agradable, hemos pasado por situaciones muy extremas y ha dejado una marca en nuestra vida, que no se va a borrar nunca. Pero estos juicios nos ayudan a seguir adelante y a estar tranquilos”.
Pumilla es querellante
Juan Carlos Pumilla, quien fue víctima de la dictadura cívico militar y es querellante en la causa Subzona 14 II, lamentó la ausencia del ex militar Fabio Iriat y dijo que Luis Enrique Baraldini, ex jefe de la Policía pampeana, es “la figura más importante desde el punto de vista de la aplicación del plan”.
“Si hablamos del objetivo de justicia, muchas veces se resiente porque a 40 años de los hechos, no están muchas de las víctimas ni de los victimarios y pierde sentido y fortaleza la eventual condena que puedan recibir”, afirmó el periodista pampeano, que asistió a la audiencia junto a Raquel Barabaschi y Guillermo Quartucci.
Pumilla habló ayer con la prensa en un receso del juicio, que según dijo “se da en un contexto donde la Justicia está vapuleada porque estamos en un proceso donde las libertades públicas están conculcadas, hay un detenido desaparecido y permanece en prisión Huala, y Milagro Sala, y hay detenidos sociales”.
“En lo que a La Pampa respecta, la Justicia no ha intervenido ante el desmantelamiento de la Unidad de Búsqueda de Niños Apropiados, que resiente el objetivo de búsqueda de los dos niños de familias pampeanas secuestradas de desaparecidos”, agregó.
Siguiendo en esa línea, Pumilla destacó que “igualmente nos parece auspicioso que al cabo de tanto tiempo, los acusados estén en el banquillo para que sean indagados sobre cómo se manifestó el plan genocida que se aplicó en la provincia de La Pampa”.
-¿Es importante que estén los imputados escuchando el juicio?
-Sí, es importante para testigos, querellantes y supongo que también los imputados que sabrán a qué atenerse.
-¿Es importante que esté sentado Luis Baraldini, que estuvo prófugo en el primer juicio?
-La figura más conspicua de la represión en La Pampa es (Fabio) Iriart, que fue el jefe del plan sedicioso, luego del golpe y el primer mandatario de facto del gobierno. Baraldini es la figura más importante desde el punto de vista de la aplicación del plan, porque le cupo a él pergeñar los operativos y ejecutarlos algunos por mano propia.
Juan Carlos Pumilla, quien fue víctima de la dictadura cívico militar y es querellante en la causa Subzona 14 II, lamentó la ausencia del ex militar Fabio Iriat y dijo que Luis Enrique Baraldini, ex jefe de la Policía pampeana, es “la figura más importante desde el punto de vista de la aplicación del plan”.
“Si hablamos del objetivo de justicia, muchas veces se resiente porque a 40 años de los hechos, no están muchas de las víctimas ni de los victimarios y pierde sentido y fortaleza la eventual condena que puedan recibir”, afirmó el periodista pampeano, que asistió a la audiencia junto a Raquel Barabaschi y Guillermo Quartucci.
Pumilla habló ayer con la prensa en un receso del juicio, que según dijo “se da en un contexto donde la Justicia está vapuleada porque estamos en un proceso donde las libertades públicas están conculcadas, hay un detenido desaparecido y permanece en prisión Huala, y Milagro Sala, y hay detenidos sociales”.
“En lo que a La Pampa respecta, la Justicia no ha intervenido ante el desmantelamiento de la Unidad de Búsqueda de Niños Apropiados, que resiente el objetivo de búsqueda de los dos niños de familias pampeanas secuestradas de desaparecidos”, agregó.
Siguiendo en esa línea, Pumilla destacó que “igualmente nos parece auspicioso que al cabo de tanto tiempo, los acusados estén en el banquillo para que sean indagados sobre cómo se manifestó el plan genocida que se aplicó en la provincia de La Pampa”.
-¿Es importante que estén los imputados escuchando el juicio?
-Sí, es importante para testigos, querellantes y supongo que también los imputados que sabrán a qué atenerse.
-¿Es importante que esté sentado Luis Baraldini, que estuvo prófugo en el primer juicio?
-La figura más conspicua de la represión en La Pampa es (Fabio) Iriart, que fue el jefe del plan sedicioso, luego del golpe y el primer mandatario de facto del gobierno. Baraldini es la figura más importante desde el punto de vista de la aplicación del plan, porque le cupo a él pergeñar los operativos y ejecutarlos algunos por mano propia.
“Memoria, Verdad y Justicia”
Bajo la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, un grupo de diversas organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, políticas y universitarias se manifestaron ayer en el ingreso al Colegio de Abogados, sobre la avenida Argentino Valle145, y luego realizaron una marcha que frenó en la Seccional Primera, que funcionó como principal centro clandestino de detención en la dictadura, y finalizó en la Casa de Gobierno.
La concentración se realizó a las 8.30 y contó con la asistencia de militantes del Frente de Izquierda, Partido Obrero, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Frente Ciudadano La Pampa, Asociación Pampeana de Escritores, Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Partido Humanista, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pampeana (Sitrasap), Luz y Fuerza, la agrupación universitaria Juntos por Humanas, entre otros.
En la manifestación, se leyó un documento del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos donde denunciaron “a jueces y fiscales cómplices de los genocidas, que entorpecen y demoran las causas”, y solicitaron “al Poder Ejecutivo no abandonar los juicios de lesa humanidad y la apertura de los archivos de la dictadura con nombres, fotos y legajos de los genocidas, y la información de los 30.000 compañeros desaparecidos y sus hijos apropiados”.
Además, se convocó para una manifestación en la plaza San Martín para reclamar el próximo viernes por la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien desapareció durante un operativo represivo que realizó Gendarmería Nacional en Chubut, en el marco de una protesta mapuche realizada el 1º de agosto pasado. La concentración será a las 18, en sintonía con el reclamo que se dará en todas las provincias.
Claudia Lupardo, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda-PTS, exigió también que “se abran todos los archivos de la represión en Argentina, tanto militares como policiales, judiciales y eclesiásticos y de otras instituciones comprometidas con el genocidio”.
Fuente:LaArena
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