SERÁ EL 1 DE OCTUBRE
Convocan a una movilización para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado
Sergio, el hermano del joven desaparecido, convocó a una nueva movilización a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago. Será el 1 de octubre, cuando se cumplan dos meses de la desaparición.
Mediante un audio de Whatsapp, comunicó que: "Hola soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A dos meses de la desaparición forzada de Santiago quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen dos meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería nacional. Quiero que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos involucra a todos".
En el audio, Sergio acalaró que la movilización "no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente". Fuente:PoliticaArgentina
La familia Maldonado convoca a "defender los derechos más elementales"
El domingo 1° de octubre habrá una marcha, a dos meses de la desaparición del joven en Chubut. Sergio, hermano de Santiago, afirmó que el caso "no es una cuestión de política partidaria" y "como sociedad necesitamos saber la verdad". Este lunes, reunión en Rosario para movilizar "en unidad"
23 de Septiembre de 2017
Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el joven desaparecido en Chubut tras una represión de Gendarmería el pasado 1° de agosto, convocó a la sociedad a sumarse a la marcha y las actividades que se realizarán en todo el país con motivo de los dos meses del hecho.
El acto principal se realizará el domingo 1° de octubre a las 15 en Plaza de Mayo, Buenos Aires. "La desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería nos involucra a todos y no es una cuestión de política partidaria", aclaró Sergio en un audio que comenzó a compartirse vía redes sociales y Whatsapp.
"Están en juego los derechos más elementales y y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida", dijo el hermano de Santiago.
"Como sociedad necesitamos saber la verdad y por eso exigimos justicia", añadió y calificó de "pedido urgente" a la convocatoria.
Encuentro en Rosario
Este lunes, a las 18 en el centro cultural La Toma (Tucumán 1349), organismos de derechos humanos de Rosario como Madres de plaza 25 de mayo, Abuelas filial Rosario, Familiares, APDH e Hijos, entre otros – junto a organizaciones sociales, gremiales y políticas que participan del espacio Juicio y Castigo– convocan a una reunión abierta de cara a los dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
"La invitación es a todas las personas y grupos sociales, culturales, gremiales, estudiantiles y políticos que coincidimos en el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. El objetivo es que generemos la movilización y acto más amplio posible, para dar un mensaje contundente de que no vamos a permitir que la desaparición forzada de personas se vuelva a instaurar en nuestro país", señala el comunicado.
"La idea es generar las condiciones que nos permitan salir de la fragmentación que este gobierno neoliberal necesita de las organizaciones populares y construir una actividad masiva, para demostrar que ante determinadas agresiones, como la represión o un hecho gravísimo como una desaparición forzada, podemos marchar con nuestras diferencias, pero poniendo por delante aquellas banderas que nos contienen a todos y todas, y por las cuales estamos dispuestos a luchar en unidad", añade.
Fuente:Rosario3
Fuente:Rosario3
Entrevista a Nora Cortiñas
“Patricia Bullrich encubre el accionar de Gendarmería”
Así lo afirmó a este medio la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Además, aseguró que en materia de Derechos Humanos la Argentina “hizo un retroceso” y señaló que no quieren reunirse con el Gobierno nacional: “No tenemos deseos de seguir escuchando mentiras”
Desde la desaparición de Santiago Maldonado, el 1º de agosto, la Argentina ha vuelto a tener una sensación que llevaba décadas sin sentir, que es aquella de no saber en dónde se encuentra una persona, sin poseer ningún dato sobre su paradero. En estas ocho semanas, las autoridades, más que trabajar para poder recuperar a ese ciudadano desaparecido, han dado la impresión de colaborar con sus responsables en el encubrimiento del hecho.
En diálogo con diario Hoy, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, cargó duramente contra la actitud tomada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la investigación para averiguar el destino del joven artesano. Además, fustigó el accionar que viene teniendo el gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos y le recriminó al poder político la falta de diálogo para conciliar diferentes posturas en la sociedad.
—¿Cómo califica la labor de Mauricio Macri en materia de Derechos Humanos?
—Creo que en Derechos Humanos la Argentina hizo un retroceso. Notamos que la gente en las prisiones está peor, muy olvidada por el Estado, que no le brinda la atención que tiene que tener. Cambiemos generó un retroceso muy grande. Se cerraron espacios de defensa de derechos y los juicios están más espaciados en el tiempo; juicios que son un logro para la imagen de la Argentina ante el mundo.
—¿Cómo toma que el Gobierno haya vuelto a instalar la teoría de los dos demonios y que niegue a los 30.000 desaparecidos?, ¿es peligroso?
—Nos preocupa. Nosotros queremos un país que tenga transparencia. Si fuimos avanzando con los juicios y en los espacios de defensa de los Derechos Humanos, queremos que se siga trabajando así. La Argentina necesita, después de tantos años de dolor, que se abran los archivos y que nos digan que pasó con todos los detenidos desaparecidos. Necesitamos muchas cosas, pero fundamentalmente que se respeten todos los derechos. De a poquito fuimos avanzando y ahora no podemos retroceder. Con la desaparición de Santiago, la democracia vivió un atraso muy fuerte, muy grave.
—Justamente el Gobierno niega la desaparición de Santiago como forzada, a pesar de que la Justicia la caratuló así. ¿Qué piensa al respecto?
—Es una desaparición forzada, es un crimen gravísimo, de lesa humanidad. Esto se tiene que aclarar urgentemente. Santiago tiene que aparecer con vida y cuanto antes, todo el pueblo pide la aparición con vida del joven. Además, el operativo estuvo supervisado por Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio que dirige Patricia Bullrich, un empleado de ella y defensor de genocidas. Todo ese escenario no deja dudas de que se trata de una desaparición forzada a manos de Gendarmería.
—¿Cómo ve la actuación que está teniendo el Gobierno nacional de la mano de Patricia Bullrich?
—Totalmente deficiente. La señora Patricia Bullrich dejó pasar el tiempo y seguramente ella ha sabido dónde se llevaron a Santiago, y el juez también. Todo esto se tapa porque es una maniobra política para ocultar un delito tan grave como este, el de la desaparición de un joven inocente. Además, ni una sola vez citó el juez Otranto a Pablo Noceti, que era quien estaba dirigiendo esa represión, es una vergüenza lo que ha sucedido.
—¿Cree que desde el Ministerio de Seguridad encubren el accionar de Gendarmería?
—No hay ninguna duda de que el Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich encubren el accionar de Gendarmería. Por todo lo que le hemos escuchado decir, advertimos que ella efectúa un encubrimiento porque quien desapareció a Santiago es la fuerza que ella dirige y que recibió órdenes de más arriba. Los gendarmes no actuaron solos o por su cuenta. Si eso ocurriera, estaríamos fritos en la Argentina: pobres de nosotros si Gendarmería hace algo así sin una orden de más arriba. Se dieron órdenes desde el Ministerio de Seguridad y la responsable política de lo que pasó es Bullrich.
—¿Van a pedir otra reunión para pedirle explicaciones a Patricia Bullrich por el caso Maldonado?
—No estuve en esa reunión y no sé si vale la pena reunirse, porque han negado todo. La señora niega la participación que tuvo el Gobierno y el Ministerio de Seguridad, desde donde se dirigió el operativo de represión. Entonces, no tenemos deseos de seguir escuchando mentiras.
—Como Madre, ¿qué siente cuando diferentes funcionarios salen a dar los mismos mensajes que en la década del 70, diciendo que Santiago Maldonado debe estar viajando por Chile?
—Nos duele, porque es repetir la misma historia que en el período en que teníamos terrorismo de Estado. Son mentiras, anuncios que le hacen a la familia, todos mentirosos, confusos, para distraer la atención en el marco de una etapa de gravedad en lo que respecta a la seguridad y al respeto por los Derechos Humanos, que por el momento no reinan en la Argentina.
“Deben terminar las persecuciones a las comunidades indígenas del país”
Una de las cuestiones que dejó en evidencia la desaparición de Santiago Maldonado el pasado 1º de agosto, mientras participaba de un corte de ruta organizado por la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen en Chubut, es la de la persecución existente por parte del Estado hacia las diferentes comunidades originarias.
En otro de los tramos de su charla con este medio, Nora Cortiñas señaló: “Todos los días las comunidades originarias sufren allanamientos y deben tolerar cómo siguen metiéndose a sus tierras privadas, ancestrales. Hay operativos en los que destrozan todo y nos preocupa mucho porque en cada allanamiento también se han llevado gente”.
La histórica referente de los Derechos Humanos agregó: “Esperemos que, cuanto antes, aparezca Santiago. Deben terminar las persecuciones a las comunidades indígenas del país, porque esto no se da solamente en la Patagonia, sino a lo largo y ancho de la Argentina. Está preso un wichi, que no tiene acusaciones para estar detenido e hizo huelga de hambre, Agustín Santillán. No pueden perseguir a las comunidades de esta manera, tiene que haber un límite y la sociedad debe pedírselo al Estado nacional”.
Fuente:HoyenlaNoticia
INFORME
Proyecto X recargado: Gendarmería espía ilegalmente a la familia de Santiago Maldonado
Lo confirman las pericias a teléfonos de la fuerza que reprimió a los mapuches e hizo desaparecer a Santiago. Myriam Bregman en 2011 denunció la base de datos ilegal pero nunca se desmanteló. Proyecto X recargado: Gendarmería espía ilegalmente a la familia de Santiago Maldonado
Daniel Satur @saturnetroc
Sábado 23 de septiembre
“Debe haber un montón de cosas en esos mensajes de Whatsapp”, dice a La Izquierda Diario Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Se refiere a los peritajes realizados sobre decenas de teléfonos celulares pertenecientes a parte de los gendarmes de El Bolsón y Esquel que participaron del operativo en el que desapareció el joven de 28 años. Este material fue incorporado al expediente en los último días, La Izquierda Diariotuvo acceso a parte de esa información.
“Yo sé que tengo el teléfono pinchado, que nos sacan fotos y nos siguen todo el tiempo. Eso lo sabemos todos. Al principio era muy evidente. Pero desde que hicimos la primera movilización en Plaza de Mayo parecen que disimulan más. Esto que está saliendo a la luz no me sorprende para nada”, agrega el mayor de los hermanos Maldonado.
En las últimas horas varios medios difundieron un nuevo hallazgo que surge de pericias realizadas a teléfonos de miembros de Gendarmería. Se trata del análisis sobre el aparato de un “alto mando” de la fuerza, que no es otro que Fabián Méndez, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón que cumplió tareas esenciales en el operativo represivo del 31 de julio y 1° de agosto.
Las pericias, que se encuentran en el expediente, arrojaron que desde y hacia el teléfono de Méndez se mantuvieron conversaciones y se transmitieron documentos referidos a las tareas realizadas por el “Centro de Reunión de Información Neuquén de Gendarmería” (CRI), tanto sobre movimientos de Santiago Maldonado antes de desaparecer como de su familia y allegados antes y después de los hechos ocurridos en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Toda esa información se obtuvo de forma ilegal, sin orden judicial y con el objetivo de controlar y (eventualmente) criminalizar a quienes exigen la aparición con vida de Santiago y denuncian a esa fuerza represiva y sus mandantes políticos.
Sobre Santiago
Uno de los documentos conocidos hasta ahora muestra una especie de compilación de los viajes que realizó el joven a Chile, Paraguay y Uruguay entre 2011 y 2017. Esa información proviene directamente de las bases de datos de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas.
Según las pericias, ese documento fue enviado al jefe Méndez por Whatsapp el 14 de agosto, trece días después de desaparecido Santiago y dos días antes de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzara una sarta de falacias por cadena nacional desde el Senado de la Nación.
El CRI Neuquén informó al jefe Méndez de El Bolsón que Santiago regresó de su último viaje a Chile el 21 de abril, entrando a las 13.33 en colectivo por el paso Cardenal Antonio Samoré. “Del registro efectuado en la lista de pasajeros no surgen miembros de la comunidad Mapuche que se registren”, dijeron entonces los informantes.
El listado de los viajes que realizó Santiago es acompañado por las "fichas" de 5 personas que lo habrían acompañado en los viajes realizados el 30/10/2016, el 23/05/2016 y el 01/03/2016. Asegurando que sobre dos de ellas "se solicitó colaboración Policía de Investigaciones de la República de Chile, quienes informaron a esta Unidad que los mismos no registran antecedentes penales como así también que no forman parte de la comunidad Mapuche de ese país".
Sobre su familia
Otro documento enviado por Whatsapp desde el Centro de Reunión de Información Neuquén al comandante Méndez, fechado el 7 de agosto, detalla los movimientos de la familia de Santiago Maldonado en Bariloche y otros lugares de la región. Aquí el foco se hace en las manifestaciones callejeras por la aparición con vida de Maldonado.
El viernes 4 de agosto, a las 17:30 y con el título “Acontecimiento”, el CRI de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los manifestantes “marcharían con destino al Esc. 35” pero que “por orden de Santiago Maldonado (hermano) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35 sita sobre la calle 25 de mayo”. El frenesí de los informantes por cumplir con su misión los llevó a identificar (y no corregir) al joven desaparecido con su hermano vigilado, Sergio.
Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio”.
Recursos “humanos”, materiales y tecnológicos puestos al servicio (en el sentido amplio del término) de buscar datos y motivos para criminalizar a quienes, además de sufrir la desaparición de un ser querido a manos de las fuerzas estatales, llevan casi dos meses batallando contra un Poder Ejecutivo impune y un Poder Judicial cómplices.
Bancando el Proyecto X
En noviembre de 2011 la abogada y referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció públicamente la existencia del “Proyecto X”, una enorme base de datos montada por Gendarmería Nacional, con aportes permanentes de todos los puntos del país y centralización en Campo de Mayo. En ese momento sólo la periodista Adriana Meyer difundió la denuncia.
La dirigente de FIT había tomado conocimiento de ese espionaje ilegal a partir de defender a trabajadores y trabajadores de la zona norte del Gran Buenos Aires, procesados por su activismo gremial. Las víctimas de esas tareas de inteligencia eran, entre otras, obreras y obreros de Kraft-Terrabusi, miembros de movimientos de desocupados, referentes de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y hasta la nieta recuperada por Abuelas María Victoria Moyano.
Meses después, cuando la denuncia obtuvo una mayor difusión, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré buscó minimizar el tema reduciendo el “Proyecto X” a la neutra y despolitizada categoría de “un software” y negando que la fuerza que ella tenía a su cargo realizara espionaje ilegal sobre organizaciones obreras, sociales y derechos humanos. Así el gobierno de entonces buscó dar por cerrado el tema mientras los denominados Centros de Reunión de Información siguieron actuando impunemente.
En marzo de 2013 (poco antes de que Garré dejara el Ministerio) un conjunto de organizaciones de Neuquén denunciaron penalmente a la Gendarmería a partir de enterarse que sus dirigentes, miembros y militantes estaban siendo espiados desde el mismo Centro de Reunión de Información que ahora deposita sus antenas, ojos y orejas sobre la familia de Santiago Maldonado.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, Zainuco y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), entre otros, denunciaron entonces que estaban siendo “indebidamente seguidos y controlados y minuciosamente inspeccionados por Gendarmería nacional a través de lo que se dio a conocer como el famoso Proyecto X”.
El diputado provincial y obrero de Zanon Raúl Godoy acompañó en aquel momento la denuncia con un pedido de informes al Gobierno de Neuquén para que brindara toda la información relacionada con esas tareas de inteligencia y sobre la colaboración de las fuerzas de represión provinciales con la Gendarmería Nacional.
Ya hacía dos años que el Proyecto X había sido denunciado. Sin embargo la base de datos de Campo de Mayo, con sus “sucursales” en diferentes provincias, no sólo no había sido desmantelada ni sus archivos abiertos para que los espiados supieran qué se había hecho con ellos sino que siguió siendo alimentada por los CRI de Gendarmería.
No cambió nada
El 12 de septiembre pasado, en una entrevista por radio Futurock de Buenos Aires, la hoy diputada Nilda Garré fue consultada sobre el caso Maldonado. No sin razón cuestionó duramente el accionar del Gobierno de Mauricio Macri, de su ministra Bullrich y de la Gendarmería. Pero si bien insistió en que “el Proyecto X era un software mediocre y elemental de entrecruzamiento de datos” sobre el que no tenía sentido hablar, confirmó que cuando ella era ministra “la Gendarmería hacía su propia inteligencia”.
“Todas las fuerzas hacen inteligencia si uno las deja y tienen sus propias ideas sobre cómo reprimir los conflictos”, afirmó Garré sin inmutarse. Y reconoció que la denuncia sobre el Proyecto X realizada contra su ministerio se basaba en “informes sobre los espacios donde se movían esos dirigentes políticos y sociales”. Informes que, aceptó, se hicieron sin orden judicial alguna.
En la misma entrevista la exministra le adjudicó nada menos que al juez Norberto Oyarbide el descubrimiento de “un servidor dentro de Gendarmería donde no había órdenes judiciales de respaldo”. Lo que omitió decir es que en aquel momento ella defendió el accionar de la fuerza a más no poder y Oyarbide sólo aceptó dar unos pocos pasos en la investigación por la tenaz insistencia de los denunciantes.
Este viernes Myriam Bregman volvió a recordar que a los Centros de Reunión de Información de Gendarmería ya se los había descubieto y denunciado en 2011 pero “nunca los desmantelaron” y “ahora son los mismos que espían a la familia de Santiago”.
Hace una semana en el diario Tiempo Argentino el periodista Ricardo Ragendorfer agregó un dato que genera zozobra en los pasillos oficiales: “el resultado aún pendiente de los discos rígidos con datos de inteligencia que fueron secuestrados en las computadoras de los escuadrones de Esquel y El Bolsón. ¿Acaso podría haber allí datos previos sobre Santiago Maldonado?”.
Una pregunta que puede responderse por sí sola si es que los CRI de la Gendarmería cumplieron con las órdenes impartidas por la superioridad.
Fuente:LaIzquierdaDiario
Exigen al apartado juez Otranto que diga dónde está Santiago: “Lo sabe desde el primer momento, como Bullrich y Noceti”
Nora Cortiñas, integrante de Madres-Línea Fundadora, aseguró que entre ellos hay “una complicidad muy peligrosa”. Para la LADH, el apartamiento del magistrado es “un golpe a la estrategia de impunidad del Gobierno y la Gendarmería”. Una denuncia ante la ONU y una nueva jornada por Maldonado.
Por Fernando M. López
Sep 23, 2017
La decisión de separar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado fue ampliamente celebrada, aunque sin dejar de criticar las graves irregularidades que pasó por alto la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en su fallo.
La familia del joven señaló en este sentido que el tribunal sólo tuvo cuenta las expresiones del magistrado al diario La Nación –los días 17 y 18 de septiembre-, donde consideró como hipótesis “más razonable” que Santiago “se podría haber ahogado”, desacreditando el testimonio de los testigos que el 1° de agosto, durante la represión contra la comunidad mapuche de Cushamen, vieron cómo efectivos de Gendarmería lo golpeaban a orillas del río Chubut y se lo llevaban en un vehículo de la fuerza.
“Hicimos una presentación por los maltratos que sufrimos y las irregularidades en la investigación, pero finalmente se lo recusó por los dichos inapropiados que salieron en un diario, por un prejuzgamiento”, dijo Sergio Maldonado.
Entre las irregularidades, destacó las vinculaciones de Otranto con la desaparición de su hermano, ya que se trata del mismo juez que dio la orden de desalojar la ruta 40, en la entrada de la comunidad de Cushamen; así como su negativa a investigar y citar a declarar a Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sindicado como responsable del operativo de Gendarmería.
Tras la expulsión de Otranto, la causa pasó a manos de titular del Juzgado Federal 2 de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, con dedicación exclusiva por 60 días. La abogada querellante, Victoria Heredia, viajará en los próximos días a esa ciudad para mantener una encuentro con el nuevo magistrado y conocer cómo seguirá la investigación.
“Esperamos ahora saber la verdad, encontrar a Santiago y a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición”, enfatizó la familia en un comunicado.
Desde los organismos de derechos humanos también manifestaron su satisfacción por el apartamiento de Otranto. “¡Ya era hora!”, exclamó Nora Cortiñas, y abundó: “Cuando no llamó a declarar a los gendarmes ni a Noceti, cuando no buscó todos los celulares, cuando no inspeccionó las marcas de las ruedas del Unimog a la vera del río de donde se llevaron a Santiago –algo que yo vi con mis propios ojos al viajar a Esquel-, ahí nomás deberían haberlo sacado de la causa”.
En diálogo con Contexto, la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora le reclamó al juez que diga dónde está Santiago: “Él lo sabe desde el primer momento, como lo sabe la señora Bullrich y como lo sabe Noceti. Esto es una complicidad muy peligrosa”.
Consultada sobre el nuevo magistrado de la causa, Cortiñas dijo que aún es muy pronto para “manifestar expectativas”, pero advirtió que “si Lleral es malo como Otranto, lo sacaremos también”.
“Con un juez que ha sido sacado por la presión popular y con una exigencia enorme de la sociedad argentina y buena parte de la opinión pública mundial de que se avance en la investigación, el nuevo magistrado asume en condiciones muy especiales. Así que lo veremos actuar”, agregó a este diario José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Lo que no cabe duda para Schulman es que el apartamiento de Otranto significa “un golpe a la estrategia de impunidad del Gobierno y la Gendarmería”.
La LADH denunció por encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago no sólo a Bullrich, Noceti y al director de Gendarmería, Gerardo Otero, sino también al propio presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
El caso le había tocado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero se declaró “incompetente” y ordenó enviar la denuncia al Juzgado de Otranto, medida que fue apelada por el fiscal Federico Delgado al considerarla “prematura” y “sin ninguna investigación previa ni indagación completa de los hechos”. Ahora deberá decidir la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.
Schulman adelantó a Contexto que el impulsarán, además, una denuncia ante Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Será por “la responsabilidad del Consejo de la Magistratura en la amplia subordinación de jueces federales como Guido Otranto al Gobierno de Macri”. En esa misma presentación se incluirán a los “jueces perseguidores de Milagro de Milagro” y los casos de “jueces perseguidos”, como Carlos Rozanski, quien se vio obligado a renunciar a fines de 2016.
De todos modos, lo más importante para la LADH y otros organismos de derechos humanos es “ejercer una enorme movilización popular y social, porque sin eso no se puede contrarrestar la presión brutal del Gobierno, la Gendarmería y los servicios de inteligencia que todos los días tiran audios, videos y todo tipo de maniobras” para ocultar las responsabilidades institucionales y políticas en el caso Maldonado.
Con ese objetivo, convocan “a construir una gran Jornada Nacional e Internacional de lucha por Santiago y en defensa del Estado de Derecho en la Argentina”, al cumplirse dos meses de la desaparición forzada del joven de 28 años.
“En principio no hablamos de la Plaza de Mayo”, explicó Schulman, aunque no descartó la posibilidad de otro multitudinario acto como la del 1° de septiembre: “En todo caso, la Plaza debería ser el complemento de una inmensa cantidad de iniciativas en las calles, escuelas, facultades, centros culturales, oficinas, iglesias y todo lugar donde se pueda poner en evidencia que hay una enorme porción de la sociedad que no quiere convalidar una desaparición forzada”.
“La idea es que nadie quede afuera. Hoy tenemos que disputar con argumentos y hechos contundentes a los que no van a Plaza de Mayo, a los que por confusión o engaño no ven que la causa de Santiago está vinculada a la dignidad de lo humano”, completó.
Además de la LADH, forman parte de la iniciativa la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, APDH La Matanza y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
Fuente:Contexto
24 de septiembre de 2017
El cambio de Gendarmería tras la bajada de línea del Gobierno en el caso Maldonado
Mensajes que dicen mucho
De reconocer en los primeros días que “hay un desaparecido”, los gendarmes pasaron a hablar luego de la RAM y que “los K quieren ensuciar al Gobierno”. Así surge del cotejo de los intercambios de WhatsApp que figuran en el expediente judicial.
Por Sebastián Premici
El tono de los mensajes de los gendarmes cambió a partir de la intromisión del Gobierno con el paso de los días.
Desde Esquel
Las primeras horas posteriores a cualquier situación compleja, como la represión y la desaparición forzada de personas, son claves por las pruebas y pistas frescas que puedan levantarse sobre los hechos y porque la información que circula al respecto aparece desorganizada y genuina. En el caso de Santiago Maldonado se suma que en ese momento el Gobierno no había comenzado aún a entorpecer y desviar la investigación. En el relato que realizan los propios gendarmes que participaron de la represión del 1º de agosto hay un quiebre en sus relatos que coinciden con la intromisión de Daniel Barberis, responsable del área de violencia institucional del Ministerio de Seguridad y el inicio de la injerencia dentro del expediente de Gonzalo Cané, Secretario Coordinador con los Poderes Judiciales.
Página/12 analizó el informe de los teléfonos celulares de varios gendarmes –Fabián Méndez, Pablo Escola, Daniel Gómez, Carmen Saldaño, entre otros– elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal (PFA) e incorporado dentro del expediente hace diez días. En ese informe pueden verse esos quiebres, que puestos en su contexto adecuado podría permitirle a las querellas encarar nuevas preguntas y solicitar medidas de prueba sobre los hechos sucedidos el primero de agosto.
“Hay un desaparecido”, escribió en un mensaje de WhatsApp la uniformada Carmen Saldaño. El día anterior a la represión ella formó parte de la patrulla que estuvo sobre la Ruta Nacional 40 junto a Emmanuel Echazú, Daniel Gómez y Coronel González. El mensaje fue enviado a un celular con característica 3442, que es la correspondiente a Entre Ríos, agendado a nombre de Martín. Saldaño envió el mensaje el 4 de agosto a las 10.40. Según el informe entregado por la PFA, no se conoce el hilo de la conversación.
El 5 de agosto, la gendarme envió un mensaje a un celular con característica 3875, de Tartagal, donde informaba que los vehículos de su escuadrón serían peritados por “el supuesto desaparecido”. El 6 de agosto, Saldaño recibió tres mensajes de otro usuario -agendado como Vivi-, con los siguientes textos: “Che qué quilombo con lo del desaparecido”; “las noticias dicen sus versiones”; “sabés verdad que desapareció”. El informe oficial de la PFA no envió las respuestas a dichos mensajes, si es que los hubo.
Los lectores podrán inferir que no había demasiadas intenciones de Saldaño de explayarse en el tema. Aquí es donde entra a jugar el quiebre en el discurso de los uniformados, en consonancia con la bajada de línea efectuada por Barberis a partir del 8 de agosto, tal como publicó PáginaI12 en su edición del 23 de septiembre.
El 11 de agosto, los mensajes de Saldaño con sus camaradas cambiaron de tenor, fueron más enfáticos y a tono con la versión del Gobierno nacional.
“¿Pety es tu escuadrón?”, fue el mensaje que le enviaron a la uniformada desde un usuario agendado como “cordobesa”. Antes, la misma persona le había mandado una nota de TN sobre los cabellos y una soga con sangre encontrados en uno de los Escuadrones de Gendarmería.
“Sí en mi escuadrón”, respondió Saldaño y siguió: “Pero no había nada”; “todo dio negativo”, “es todo blasfemia”; “porque yo estaba presente”; “estamos cerca de las elecciones”; “los K quieren ensuciar al Gobierno”.
Saldaño pasó de decir “hay un desaparecido” a “los K quieren ensuciar” con una diferencia de días. Son los días en que el Gobierno empezó a incidir en la investigación.
Caja china
La película mexicana “La dictadura perfecta” instala la idea de que ante cualquier crisis, con la ayuda de los medios hegemónicos de comunicación, se puede desviar la atención de los hechos con el invento de alguna otra información. Es lo que llaman “caja china”.
Como ya indicó PáginaI12 en otras ediciones, el funcionario Gonzalo Cané fue quien introdujo el 15 de agosto dentro del expediente la versión del “puestero de Epuyén”. Al día siguiente, Patricia Bullrich habló de esa teoría y durante dos semanas tanto el Gobierno como los medios de comunicación hegemónicos se cerraron en esa versión. Los altos mandos de Gendarmería hicieron lo mismo. El comandante Fabián Méndez, quien un rato antes de la represión del 1º de agosto se ausentó de la zona de conflicto, les envió una orden por escrito a Pablo Escola, segundo comandante al frente del Escuadrón 36, y a todos los gendarmes que participaron de la represión: “A partir de hoy no se habla más de mapuches sino de RAM.”
El mensaje fue enviado el 16 de agosto a las 10.40, cuando Patricia Bullrich era interpelada en el Congreso. El texto coincide con la versión del supuesto ataque de la Resistencia Ancestral Mapuche al puestero de Epuyén y la construcción de la idea de “los mapuches terroristas”, también afín a la versión del Gobierno nacional. En este sentido, Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, fue el funcionario que instaló la teoría de la “flagrancia” y los “mapuches terroristas” para apresar a los integrantes de la comunidad (ver aparte).
En la reorganización del discurso y en el armado de la “versión oficial” hay otro actor que es clave: el 1º alférez Daniel Alejandro Gómez, del Escuadrón de El Bolsón, al igual que Méndez. Gómez es quien dialoga con el jefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Badie, sobre la versión de un tercero que habría visto un cuerpo flotando en el Río Chubut, pero de la secuencia completa de dicha conversación queda claro que nadie vio nada de eso. Gómez es relevante por otro aspecto: él mismo cuenta, según la conversación que mantuvo con Badie, que le estaba escribiendo los informes internos (sumarios) al resto de sus compañeros que participaron de la represión el primero de agosto.
Gómez es otro de los gendarmes que participó de la reunión con Barberis cuando el funcionario les dijo que había que tener una posición unificada. Por lo tanto, cabe la pregunta: ¿Y si Gómez arregló el discurso sobre los hechos del 1º de agosto con alguno de sus superiores? ¿Qué hizo exactamente Fabián Méndez, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, superior de Gómez, cuando se ausentó de la RN 40? ¿A qué hora se fue?
El 4 de agosto Gómez recibió una llamada de un superior a quien identifica como comandante (no queda claro su nombre). Éste le pide que explique todo lo sucedido, en un formato de línea del tiempo. Ese audio, entregado junto a todas las pericias de los teléfonos de los gendarmes, está dentro de una carpeta que dice “audios mencionados en el primer informe” del Ministerio de Seguridad. Si se aguda el oído, antes de que Gómez atienda la llamada se escucha a otra persona en el ambiente que dice ¿estamos?, como dando pie a que se estaba grabando dicha conversación de manera adrede. Gómez sostiene el relato oficial. Pero ese mismo día, la gendarme Saldaño escribió –sin titubear– “hay un desaparecido”.
24 de septiembre de 2017 ·
Mensajes, reuniones y movimientos extraños
El raid de Noceti
Por Sebastián Premici
Desde Esquel
El jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, estuvo el 31 de julio en Bariloche para mantener una reunión con las fuerzas federales y provinciales de Chubut y Río Negro, con el objetivo de instalar la “teoría de la flagrancia” contra la comunidad mapuche. Ese día también habló por teléfono con el ahora ex juez de la causa, Guido Otranto, y al día siguiente, cuando Santiago Maldonado ya había desaparecido luego de la represión de la Gendarmería, mantuvo una reunión privada con el magistrado. A su vez, el mismo día de la represión estuvo en el lugar de los hechos en al menos dos oportunidades, según narró la testigo Soraya Maicoño. Ni el juzgado federal de Esquel ni la fiscal Silvina Avila ordenaron peritar el celular de Noceti, a pesar de que habló en varias oportunidades con los jefes de Gendarmería durante la represión y luego de ella.
Según el informe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal incorporado al expediente hace diez días, el teléfono de Fabián Méndez, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, mantuvo una serie de comunicaciones (mensajes por whatsapp y SMS) con Noceti. El 3 de agosto, Méndez le envió un mensaje (SMS) al jefe de Gabinete de Patricia Bullrich. Su contenido es un texto privado enviado por Andrea Antico, pareja de Sergio Maldonado.
“Hola Juan, perdón que te moleste. Mi nombre es Andrea Antico, soy de Bariloche. Estamos pidiendo información sobre Santiago Maldonado…”. Este es parte del textual que le envió Méndez a Noceti sin ningún tipo de preámbulo. ¿De dónde habrá sacado el Jefe del Escuadrón de El Bolsón este mensaje que, en su forma y contenido, parece una comunicación privada. ¿Espionaje?
El mismo 3 de agosto, Noceti le envió a Méndez otra información sobre Santiago Maldonado –una nota periodística vinculada a su desaparición y la responsabilidad de la Gendarmería–, y a continuación un segundo mensaje por WhatsApp que derivó en la siguiente conversación, aportada a la causa a partir del peritaje realizado por la Policía Federal:
Noceti: Me mandan esto y ya nos lo están endilgando a nosotros como que lo detuvo la GN y después no lo vieron más.
Méndez: Sí ayer (2 de agosto) todo el día nos llamaron pero creo que es una maniobra para desprestigiar al GN. No detuvimos a nadie y de testigo están las dos femeninos que están en el lugar y toda la gente que se (acercó) hasta la ruta…
Noceti: Yo pasé por ahí y no había nadie detenido.
Las dos femeninos que menciona Méndez, quien no estuvo durante el momento más álgido de la represión porque se fue hacia Epuyen (o Leleque, todavía no está claro) son Claudia y Ailinco Pilquiman. Ambas ya declararon en el expediente de Habeas Corpus y Desaparición Forzada. Según el testimonio de Ailinco, luego de que Gendarmería ingresara al territorio a los tiros (con balas de goma), los uniformados empezaron a perseguir, de muy cerca, a Santiago Maldonado, Matías Santana y otra persona que todavía no declaró. Ailinco también sostuvo que vio ingresar dos Unimog y que una de ellas salió de manera abrupta del territorio antes de finalizar el operativo. ¿Qué había en esa camioneta? Todavía es un misterio. Otranto se negó en todo momento a realizar una pericia sobre las huellas encontradas cerca del río, registradas por el Defensor Oficial, Fernando Machado.
Según la declaración de Soraya Maicoño, Noceti estuvo en el lugar cerca del mediodía y luego estuvo en una segunda oportunidad. ¿Dónde estuvo Noceti el resto del día, qué fue lo que hizo? Hasta el momento se sabe que mantuvo una reunión con Otranto en su despacho pero nada más.
El 2 de agosto, Méndez mantuvo una comunicación con un usuario identificado como Cte My Lager. “Qué novedades hay”, le preguntaron a Méndez. “Nosotros no hemos detenido a nadie”, respondió el Jefe del Escuadrón de El Bolsón. “Ok”, agregó el interlocutor de Méndez.
Sobre Méndez hay muchas incógnitas. Según su versión, se aleja de la RN 40 para ir al baño y llamar a sus superiores. Las actas administrativas internas de los hechos ocurridos entre el 31 de julio y el primero de agosto fueron confeccionadas, en su mayoría, por el 1º alférez Daniel Gómez. Hasta el momento, no existe una declaración clara del momento en que Méndez se retira del lugar. “¿Y si el Jefe del Escuadrón 35 se va cuando sale el Unimog que es visualizado por unas de las testigos que ya declaró?”, se preguntan entre las querellas.
24 de septiembre de 2017
“Que saquen los vehículos de ahí, que escondan”
Una voz en el teléfono
En el mismo teléfono del sargento Sartirana donde se encontró un audio alusivo a Santiago Maldonado en la camioneta que manejaba ese gendarme, apareció otra grabación, del 4 de agosto, donde alguien le informa que hay orden de esconder los vehículos. El día anterior Noceti había informado a inteligencia de Gendarmería que prepararan los vehículos porque serían peritados. Noceti, Barberis y Cané(ro), los operadores de Bullrich para desviar la investigación.
Por Horacio Verbitsky
Pablo Noceti, Daniel Barberis y Gonzalo Cané(ro): los operadores de Bullrich para desviar la investigación.
Un nuevo audio detectado en el teléfono celular del sargento Sergio Sartirana sugiere que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, ordenó esconder los vehículos de la Gendarmería que participaron en el ataque contra la comunidad mapuche de Cushamen el 1º de agosto. Entre el material que en forma desordenada y tardía el ministerio entregó al juzgado federal de Esquel figura una cronología del caso realizada por la Central de Reunión de Inteligencia de Gendarmería con sede en Neuquén. Esa línea de tiempo cubre desde el 31 de julio, cuando se preparó el operativo durante una reunión en Bariloche presidida por Noceti, hasta el 4 de agosto. El 3 de agosto a las 21.26 “se recepcionó llamado telefónico del Ministro de Seguridad (sic) Pablo Noceti, quien libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo informado por Esesquel mediamnte MTO HIA 3432/17- Archivo PUMA 84”. Al día siguiente, 4 de agosto, Sartirana recibió en su teléfono celular un audio explicativo sobre el mensaje de Noceti:
–Dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan.
El sargento Sergio Sartirana integró como chofer de una camioneta Ford Ranger la patrulla que llegó hasta el río cuando un grupo de mapuche huía para cruzarlo y pasar al otro lado. Entre ellos estaría Santiago Maldonado. Los otros gendarmes de la patrulla eran los cabos Emanuel Echazú, Darío Zoilan y Juan Carlos Pelozo. Echazú es el gendarme que sufrió dos fracturas en el rostro por el impacto de piedras. Ese incidente fue alegado por la Gendarmería como el delito flagrante que justificó el ingreso a la comunidad mapuche. Pero las únicas fotos de Echazú sangrando fueron tomadas dentro de la comunidad, cuando regresaba del río, y la enfermera del escuadrón declaró que lo atendió dentro de la comunidad. Por joven y atlético que sea, es improbable que con dos fracturas ingresara a la comunidad y avanzara hacia el río. Según otro audio, dirigido a un superior, en ese avance “les dimos corchazos como para que tengan”.
Hasta ahora los peritos de la Policía Federal no establecieron quién envió el mensaje encontrado en el telefonito de Sartirana sobre la orden de esconder los vehículos. También apareció allí otro audio, éste del 16 de agosto, en el que alguien dice:
–Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana.
Sin demora, el Ministerio dio a conocer una nota enviada por Sartirana al Director Nacional de Gendarmería, en la que dice que el mensaje le fue enviado por el sargento Pablo Grillo, que se referían al informe de Patricia Bullrich ante el senado y que Grillo le hizo una broma. Durante esa presentación, la ministra efectivamente mencionó a Sartirana como si fuera una mujer y no dijo que Maldonado estuviera en la camioneta. Pero también podría tratarse de una broma siniestra entre personas que conocen lo sucedido. Además, el audio no refleja el ánimo jocoso que le atribuyen los gendarmes y el gobierno, cuya coordinación para burlar a la familia de Maldonado y a los organismos defensores de los derechos humanos fue puesta en evidencia por otro audio que divulgó ayer aquí Sebastián Premici. Se trata del diálogo del secretario de violencia institucional del ministerio, Daniel Barberis con cuatro gendarmes, entre ellos Daniel Gómez, uno de los que llegaron al río. Barberis mencionó allí mi nota “Macri ya tiene su primer desaparecido” y comentó: “Si nosotros no podemos salir juntos de este barco, encalla y en el barco están ustedes y nosotros”. También dijo que habían inducido al entonces juez Otranto a desviar la pesquisa de la Gendarmería. La maniobra es ilegal pero fue exitosa y su divulgación compromete aún más la situación del Ministerio.
Recién tres días después de la desaparición de Maldonado, Otranto se dirigió a la Agrupación Chubut de Gendarmería para solicitarle la nómina de los vehículos que se emplearon en el operativo de desalojo de la Ruta Nacional 40. La respuesta fue que eran 14, y provenían de los destacamentos 35 de El Bolsón, 36 de Esquel y 41 de Comodoro Rivadavia y sólo cinco habrían ingresado a la comunidad: dos camionetas Volkswagen Amarok, dos camionetas Ford Ranger y un camión Iveco Eurocargo. El peritaje recién se realizó el sábado 5. Pese a que tanto el defensor oficial Fernando Machado, como la Comisión Bonaerense por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el CELS manejaron como principal hipótesis la responsabilidad de la Gendarmería en una desaparición forzada, Pablo Noceti estuvo al tanto de lo que ocurriría y pudo avisar a la Central de Inteligencia de Neuquén, de modo que el chofer de una de esas camionetas se enteró de que debían esconder los vehículos. Al parecer no los escondieron, pero los lavaron y a una de las camionetas le violaron la faja de seguridad, según certificó el defensor Machado. El secretario de relaciones con los poderes judiciales del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané(ro), explicó muy suelto de cuerpo que el lavado de los vehículos después de un operativo era una obligación reglamentaria. Recién diez días después de la desaparición, Otranto ordenó una nueva búsqueda de rastros en los vehículos de los escuadrones de Esquel y El Bolsón, con perros y policías federales, que por supuesto no dieron resultado. Noceti, Barberis y Cané(ro) son los tres operadores del Ministerio de Seguridad en Esquel. Pese a que el Estado Nacional no es parte en la causa, hasta ahora han tenido el libre acceso al expediente y al despacho del juez, que se le retaceó a los familiares de la víctima y a los organismos defensores de los Derechos Humanos. Cané(ro) fue sugerido a Bullrich como enlace con la justicia por su anterior empleador, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti.
Al disponer el apartamiento del juez Guido Otranto por falta de imparcialidad dados sus juicios de valor que descartaron la hipótesis investigada en la causa por desaparición forzada, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que preside Javier Leal de Ibarra, demostró que los cuestionamientos que veníamos haciendo desde el CELS no eran tendenciosos ni con la motivación política que le atribuyen el gobierno y su claque mediática, sino que tienen consistencia técnica fundada en los elementos de la causa. Sin poner en duda la honestidad de Otranto, el fallo exhibe versación en el derecho internacional de los Derechos Humanos: cita un fallo del Tribunal Europeo de 1982 contra Bélgica que discurre sobre los elementos subjetivos y objetivos de la imparcialidad del juez y afirma que decidió apartar a Otranto debido a “las vicisitudes que ha adquirido el caso y la denunciada falta de credibilidad, así como la responsabilidad a la que puede verse expuesto el Estado argentino en el supuesto de no atender a la remoción de todos aquellos obstáculos que pudieran conspirar contra el descubrimiento de la verdad”. La Cámara también aceptó el planteo del CELS de apartar a Otranto de las dos causas en las que se divide la investigación (el habeas corpus que procura la aparición de Maldonado, y la que intenta averiguar quiénes son los responsables de lo que por ahora es su desaparición) dado que se superponen en forma constante y dispuso que durante 60 días el juez federal de Rawson Guillermo Gustavo Lleral se dedique en forma exclusiva a ellas. Lleral concursó en 2015, siendo secretario del único juzgado federal que había entonces en Rawson, a cargo de Hugo Sastre. Su pliego fue enviado al Senado por Macrì en 2016 y el Senado le dio el acuerdo por unanimidad. Ahora Sastre reabsorberá por 60 días todas las causas penales, para que su ex secretario pueda instalarse en Esquel y con la estrecha supervisión de la Cámara avanzar en el esclarecimiento del gravísimo episodio.
El rol de la fiscal
Mientras se aguardan las primeras actuaciones del nuevo juez Lleral, la atención se vuelve sobre la fiscal subrogante Silvina Avila, contra quien se dirigen los reproches de la familia Maldonado. El 29 de agosto la fiscal fue recibida por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien le ofreció los recursos que considerara necesarios para avanzar en la investigación. La fiscal agradeció y se retiró sin informar que el día anterior había firmado un informe de 13 fojas dirigido al ministro de Justicia Germán Garavano, quien se lo había solicitado para responder al pedido de informes del comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. En ese texto, Avila hace propios los conceptos expuestos por Patricia Bullrich, aduce que no hay pruebas contra la Gendarmería y cuestiona los testimonios de la comunidad mapuche pese a que dos días antes había recaratulado el expediente como desaparición forzada. La ley 27148 del Ministerio Público Fiscal establece en el inciso j de su artículo 12 que “la representación ante autoridades de otros poderes es función exclusiva del Procurador General”, norma que Ávila ignoró al enviar el informe sobre la situación procesal al Ministerio de Justicia, sin siquiera informar a Gils Carbó. También violó la Regla de confidencialidad del artículo 68 al informar líneas de investigación en una causa penal bajo secreto de sumario, que sólo rigió para la familia de la víctima, pese a que la misma ley obliga a acompañar, orientar, proteger e informar a la víctima, no al Poder Ejecutivo, que ni siquiera es parte del proceso. Tampoco pidió el peritaje de los teléfonos de Noceti, por la misma razón que Otranto: en ese listado aparecerían tanto el juez como la fiscal. Luego del incidente que rodeó la visita de Macrì a Traful, el propio Noceti pidió informes y copias del expediente, pero tanto la fiscal Karina Stagnaro como la jueza Silvia Domínguez se los negaron, como corresponde. El sesgo de Avila en contra de los mapuche se puso en evidencia el año pasado durante el juicio de extradición de un dirigente de esa comunidad solicitado por Chile, quien fue detenido en casa de un familiar. Ese familiar, Gonzalo Cabrera, había sido detenido por un presunto robo. Durante el juicio, la defensora Elizabeth Gómez Alcorta le preguntó por qué si lo acusaron de un robo contó dónde se escondía su pariente.
–Porque me subieron al patrullero y me molieron a golpes–contestó.
De inmediato, Gómez Alcorta solicitó la nulidad del juicio y el procesamiento de los policías. Ambas solicitudes fueron aceptadas por el juez Otranto. En cambio la fiscal Avila acusó a la víctima por falso testimonio. Mientras se dirimía en la Corte Suprema de Justicia si se realizaría un segundo juicio de extradición, Patricia Bullrich se dirigió al tribunal en forma directa, prescindiendo de todas las formalidades, para cuestionar la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Sólo que no pudieron ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara. El reglamento que ordena lavar las camionetas es palabra divina, el código que indica de qué manera acceder a la Corte Suprema, papel mojado.
La opereta de los sauces
La misma fiscal Avila suspendió la reconstrucción de lo sucedido el 1° de agosto en la comunidad, aduciendo que los mapuche habían cortado una serie de ramas de los sauces en los márgenes del río Chubut que impedían la visión desde la otra orilla, allí donde el testigo Matías Santana declaró que había visto con binoculares el momento en que los gendarmes detuvieron a Maldonado. Según el operador oficial en Clarín, Daniel Santoro, Avila prepararía incluso una denuncia penal por ello contra los mapuche. Las fotos de los árboles cortados fueron suministradas por Gonzalo Cané(ro), quien dijo que en esas condiciones la reconstrucción era imposible. Si se observan las fotos con atención, se aprecia que apenas se han cortado unos cinco troncos, lo cual no cambia sustancialmente la visión, pero además los cortes fueron anteriores al operativo del 1° de agosto, ya que pueden apreciarse en la toma en la que Echazú regresa desde el río.
El gobierno, la fiscal y los operadores de prensa dicen que los mapuches cortaron los sauces para convalidar la versión de Matías Santana. Pero el 1° de agosto, cuando el gendarme Echazú volvía del río, ya estaban cortados (foto abajo).
Fuente:Pagina12
Domingo 24 de Septiembre de 2017
Se refuerza la hipótesis de la cacería humana en la marcha
Se levantó el secreto de sumario de la causa que rigió hasta la semana pasada. El testimonio de los policías y apresados desnuda el armado del operativo represivo que terminó con 30 detenidos.
Néstor Espósito@nestoresposito
Los policías que declararon ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi situaron el inicio de los disturbios en cercanías de la Plaza de Mayo, en torno a las 20 horas y con un grupo “de entre 200 y 300 manifestantes” que voltearon una valla de contención y atacaron a las fuerzas de seguridad, que estaban desarmadas. El policía Rodolfo Fabián Vivot Roel declaró: “La gente de mi División no tenía armas, ni gas lacrimógeno, ni tonfa, sólo teníamos los elementos de sujeción, que eran los precintos”. El subcomisario Martín Jesús García Vales corroboró que él mismo, pese a su grado jerárquico, cumplió “funciones de marcador, portando una carabina de ‘paintball’, la cual lleva bolitas de pintura y se utiliza con el objeto de marcar a agresores puntuales”. Así y todo, pudieron detener y controlar a los revoltosos, que "intentaban sacar a las personas detenidas de adentro del camión”, según declaró Alejandro Javier Vildoza, conductor del camión de detenidos de la Comisaría Quinta.
El subcomisario García Vales relató ante el juez un episodio que ocurrió cerca de la intersección de la Avenida de Mayo con la calle San José. “Un grupo de personal de investigaciones que estaban intentando aprender a una persona de sexo femenino y alrededor de ellos un grupo de personas que intentaban evitar esta detención. Me acerco, con el fin de brindarles seguridad y en ese momento siento que un masculino me pega un codazo en la boca, sin lograr lesionarme, por lo cual lo reduzco y se lo entrego al personal de investigaciones. Al momento que lo detengo, esta persona gritaba que era de prensa”. Efectivamente lo era: se trataba de Ezequiel Hugo Medone, periodista de Antena Negra TV, quien fue acusado (como todos los demás detenidos) por “la quema de contenedores de residuos, pintadas de paredes y daños a edificios -alguno de ellos históricos- y espacios públicos, rotura de vidrios de comercios, el lanzamiento de piedras, bombas de tipo ‘molotov’, bombas de estruendo, botellas de vidrio; todo ello con el objeto de infundir un temor público, suscitar tumultos y/o generar desórdenes, incitando a la violencia colectiva contra las fuerzas de seguridad nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. García Vales declaró ante el tribunal: “Estas personas llevan consigo algún elemento que utilizan para crear piedras, es decir, algo similar a un martillo y un cincel”.
Pero Medone no hizo nada de eso. El acta de detención sostiene que fue arrestado en inmediaciones de la Plaza de Mayo, pero el propio subcomisario García Vales lo situó en otro lugar. El periodista intercedía contra la detención de Gabriela Gisel Sánchez, la única que figura como aprehendida “en la intersección de la avenida de Mayo y la calle San José”. Sólo estaba sacando fotos; no se le imputó ningún delito. Medone intentaba explicarle al policía que la detención era arbitraria, pero lejos de conseguir que soltaran a la fotógrafa, él también terminó preso. Las circunstancias reales sobre cómo ocurrió esa detención no figuran en la causa. El juez Martínez de Giorgi sólo las conoció cuando le tomó indagatoria: “A mí no me detuvieron en ese lugar, yo estaba registrando con video y en el momento que estaba haciendo una transmisión en vivo me detuvieron en avenida De Mayo y San José y Santiago del Estero o Sáenz Peña más o menos. En uno de los avances de la policía, al lado mío estaba Juan Pablo Mourense que también está detenido y también otra chica filmando, y en ese momento yo escucho que personal de la policía dice ‘ese está filmando agarralo’”.
Gas pimienta e interrogatorio
José Domingo Morales, el paciente trombofílico detenido mientras comía pizza, vivió una situación curiosa. Durante la desconcentración se encontró con dos amigos. “En ese momento se nos arrima un muchacho a quien no conocíamos, se nos metió en la conversación, con cerveza en mano, y empezó a hacernos preguntas sobre lo que hablábamos. De hecho nos cayó mal porque al parecer estaba escuchando nuestro diálogo. Nos hacía preguntas todo el tiempo, de la derecha y de la izquierda. Le preguntamos cual era la intención de tantas preguntas, tales como si habíamos venido solos, qué opinábamos. Este muchacho no mantenía un discurso coherente”.
Llegaron a una pizzería, comenzaron a comer y policías motorizados disolvieron a un grupo de jóvenes que estaban tocando música. Las motos ensordecían y el clima se espesaba. Entonces cambiaron de mesa. Morales reprochó a unos policías que “estaban en una actitud muy agresiva con unos chicos” y por respuesta recibió gas pimienta en su cara. “Le pregunté ‘por qué hacés eso’, habré dicho dos palabras más y lo aplaudo por lo que había hecho”. Terminó preso.
En el móvil policial, Morales escuchó interrogantes muy similares a los que un rato antes le había formulado ese desconocido que se metió en una conversación ajena. “Me seguían haciendo preguntas de quién era, de qué trabajaba, si tenía afiliación política, y si estaba agremiado”, afirmó.
Fuente:TiempoAr
Caso Maldonado: fuerte interna en el Gobierno por la misión fallida de la ONU
Domingo 24 de Septiembre
El ministro de Justicia Germán Garavano impulsó la llegada de expertos internacionales para colaborar con la investigación pero a último momento el jefe de Gabinete, Marcos Peña, frenó todo ¿Por qué?
El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, frenó a último momento la llegada de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que venían a colaborar en la investigación del caso por la desaparición de Santiago Maldonado.
La misión, según informó el diario La Nación, había sido impulsada por el ministro de Justicia Germán Garavano, pero Peña decidió parar todo en su afán por proteger a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los expertos de las Naciones Unidas iban a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido.
Los expertos de las Naciones Unidas iban a investigar la desaparición de Santiago Maldonado
El despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por Garavano, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a Bullrich y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.
Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles.
Fuente:InfoNews
La gestión de Mauricio Macri bloqueó una misión de Naciones Unidades que llegaba al país para indagar sobre la desaparición. El rol de Marcos Peña y Patricia Bullrich.
24 DE SEPTIEMBRE 2017
El Gobierno nacional bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que llegaban al país para investigar la desaparición de Santiago Maldonado y evaluar cómo trabajaron el Poder Judicial y la Casa Rosada.
Según publicó el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la misión incluía sugerencias de ideas para impulsar, además, la búsqueda del joven de 28 años desaparecido hace casi dos meses tras un feroz represión en la ruta 40, en Chubut.
Según el artículo, el arribo de los expertos extranjeros ya había sido aprobado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, pero - siempre según la nota - “debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre”.
La impactante revelación se produce a días de una nueva convocatoria en Plaza de Mayo, convocada por la familia de Maldonado, a renovar el pedido de aparición con vida del joven artesano.
“El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles”, sostiene Alconado Mon.
Fuente:ElDestape
No hay comentarios:
Publicar un comentario