Cuatro de los cinco civiles involucrados en la causa son médicos, entre ellos un forense y dos odontólogos del Instituto Médico Legal. Hay pruebas y evidencias sobre las irregularidades de sus tareas. Crónica de una complicidad que se repite en casos de violencia institucional
Andrés Actis
El cadáver de Franco Casco fue encontrado el jueves 30 de octubre. Lo sacaron del río Paraná en un avanzado estado de descomposición. La familia, sin embargo, reconoció el cuerpo ese mismo día por un tatuaje en uno de sus brazos. El joven había inmortalizado el nombre "Thiago" en su piel al nacer su primer hijo.
La autopsia se realizó el domingo 2 de noviembre en el Instituto Médico Legal (IML), el cuerpo forense que depende del Poder Judicial de Santa Fe. La tarea estuvo a cargo del doctor Raúl Rodríguez, un ex médico policial que presta servicios desde hace mucho años en el inmueble ubicado en la esquina de Avellaneda y 3 de Febrero.
Ese primer informe, según la información recabada en la investigación, fue "deficiente e incompleto". Una de las irregularidades más groseras se cometió en la muestra de médula ósea que se envió a un laboratorio de La Plata para constatar la presencia o no de diatomea (algas microscópicas que pueden encontrarse en cualquier ambiente acuático), un estudio que se realiza para saber si la víctima murió ahogada o fue arrojada sin vida al agua.
“La extracción que se hizo de médula ósea fue una porción menor a la requerida para que la conclusión del estudio sea determinante. No sabemos por qué se extrajo menos médula de la que se necesitaba para el estudio", se quejó en su día Santiago Bereciartúa, abogado querellante en representación de la secretaría de Derechos Humanos.
Al desconfiar del informe, los abogados de la familia Casco pidieron exhumar el cuerpo para realizar una segunda autopsia. El examen lo realizó parte del cuerpo forense de la Corte Suprema de la Nación en junio de 2015. El nuevo informe arrojo un dato revelador, omitido en la primera autopsia: la falta de tres dientes.
Desde el IML aclararon que los dientes se perdieron después de muerto, pero el peritaje en sede federal detalló que los dientes se perdieron en vida y por un "evento truamático".
En el medio de esa controversia, los abogados se toparon con otra grave irregularidad: la adulteración de la muestras de ADN. "Algunas piezas del cadáver recogidas en la primera autopsia fueron remitidas para un análisis de ADN. Al ser cotejadas con el papá, la mamá y el hijo, dieron negativo. Entendemos entonces que fueron modificadas o cambiadas", explicó Guillermo Campana, representante legal de una de las querellas.
La prueba se repitió días más tarde y volvió a dar negativo. La contundencia del resultado abrió un impensado y macabro interrogante sobre si el cuerpo enterrado en Florencio Varela es el de la víctima. "Estaríamos frente a algo gravísimo", admitió Campana.
Ante esta nueva irregularidad, en julio de este año el juez federal Carlos Vera Barros le ordenó a Gendarmería que retire el legajo de Casco del IML. Tres días más tarde, el médico Rodríguez se presentó voluntariamente ante el magistrado para entregar un informe con la firma de dos odontólogos forenses en relación a las piezas dentarias de la víctima.
Pero su presentación arrojó aún más dudas sobre su controvertido rol en el caso. En primer lugar, porque en su primera declaración ante la Justicia dijo que el IML no tenía odontólogos y que por lo tanto no se había realizado ningún informe específico sobre la boca de Casco. Y en segundo lugar, porque entregó un documento clave para la investigación tres años más tarde de lo debido.
"Llegamos a la conclusión que o adulteraron un acta o hicieron un documento falso o estuvieron encubriendo durante todo este tiempo información. Todo es grave", subrayó Campana.
Un precedente necesario
Tanto Rodríguez como los dos odontólogos están en la mira de Vera Barros, aunque por ninguno se pidió la detención, según confiaron fuentes de la investigación. Los otros dos civiles involucrados en la causa son la médica que revisó a Casco en la comisaría y el vecino que la tarde del 31 de octubre de 2014 llamó al celular del jefe de la seccional 7ma para avisar que había un "delincuente" por la zona.
De confirmarse las imputaciones, por primera vez se avanzaría desde lo judicial contra funcionarios del IML en causas de violencia institucional. "En casi todas las autopsias hemos cuestionado los exámenes por entender que no se han seguido los protocolos correspondientes para los casos de violación de derechos humanos. Creemos que hay una clara convivencia del Instituto Médico Legal con las fuerzas de seguridad", explicó Campana.
Y concluyó: "Sería un muy buen precedente que se ponga la lupa y se avance judicialmente sobre esta repartición".
Fuente:RosarioPlus
05 de septiembre de 2017
Treinta y dos policías involucrados en la muerte de Franco Casco
Un día de detenciones masivas
En la muerte de Casco hay responsabilidades de oficiales de la seccional 7ª y Asuntos Internos, una médica de policía, varios agentes y tres personas del Instituto Médico Legal. Las detenciones fueron llevadas adelante por Gendarmería.
Por José Maria Maggi
Una de las manifestaciones de familiares de Casco frente a la comisaría 7ª.
El juez federal Carlos Vera Barros ordenó ayer la detención de treinta y dos involucrados en la muerte de Franco Casco, un joven bonaerense que fuera detenido en la comisaría 7ª de Rosario, el 6 de octubre de 2014 y cuyo cuerpo apareciera flotando en el río el 30 de ese mismo mes. Tal como adelantó Rosario/12 la última semana, las detenciones por el delito de "desaparición forzada de persona" incluyeron no sólo a policías en actividad sino al jefe de Asuntos Internos Aníbal Candia, quien por entonces era jefe de la delegación local, a otros cuatro agentes de esa repartición, a una médica policial de apellido Zelaya, a un médico del Instituto Médico Legal y hasta un vecino que fraguó una llamada que intentó justificar la detención, pero un día después de la fecha verdadera. La causa había sido iniciada en el fuero provincial hasta que el ex defensor general Gabriel Ganón fogoneó con su patrocinio el cambio de carátula para que fuera investigada en el fuero federal.
Los primeros en declarar fueron los dos responsables de Asuntos Internos de la policía: Candia, quien era el responsable de la oficina rosarina de la llamada "policía de la policía". La responsabilidad era compartida con su segundo, Sergio Pieroni. Ambos declararon ayer y quedaron detenidos.
También resultaron detenidos otros tres miembros de la misma División de apellidos Ríos, Ciscaro y Escobar, quienes prestarán declaración indagatoria en las próximas horas. Se supone que el grupo "acomodó los papeles" para liberar de responsabilidad a la seccional séptima, con el comisario Diego Alvarez a la cabeza. Justamente el ex jefe de la seccional es otro de los detenidos junto a los policías de apellidos Acosta, Gianella Rocha, Saucedo, Carreño y Salinas Arevalo.
La nómina se completa con Gisela Giménez, Cintia Greimer, Guillermo Gysel, Cristina Riesco, Cecilia Contino. En tanto Yanina Valdez fue beneficiada con la detención domiciliaria debido a que cursa un embarazo avanzado.
Por su parte el abogado de la querella Salvador Vera, aseguró que, dada la gravedad de la imputación que tienen los jefes policiales indagados la desaparición forzada de persona agravada por la muerte, es lógico que queden en "prisión preventiva". "Debería ser así por la gravedad del hecho y la pena de expectativa que da cuenta de un gran peligro de fuga y por otro lado porque está probado en la causa todo el entorpecimiento a la actuación judicial hecho por los propios agentes", agregó.
En ese sentido, Vera recordó que "los propios agentes intentaron hacer desaparecer todos los datos de la detención y del paso de Casco de manera clandestina por la seccional 7ª y todo lo que padeció adentro del calabozo transitorio, donde efectivizaron su muerte".
El abogado recordó: "Tanto las dos querellas como el fiscal federal Marcelo De Giovanni hemos pedido la indagatoria por la desaparición forzada de altos funcionarios de Asuntos Internos que debieron investigar". Y añadió: "Lo que se debió hacer es pedir la intervención de una fuerza distinta a la investigada". "Eso no sucedió, intervino Asuntos Internos y desvió la investigación hacia pistas falsas continuamente a los fines de ocultar lo que había padecido Franco Casco", abundó el abogado que actúa en la causa en representación de la querella.
Acerca del personal del lugar en el que fue realizada la autopsia, agregó que "tiene que ver con que hubo una actitud de encubrimiento, materializada en el expediente judicial".
Vera mencionó un dato que hasta ahora no había sido expresado en la causa: "No hay certeza de que el cuerpo que le entregaron a la familia se corresponda con el de Franco Casco". Cabe recordar que la familia reconoció el cadáver de Casco por un tatuaje que el joven tenía en un brazo. A juzgar por los dichos del abogado, la familia sospecha que velaron y enterraron otro cuerpo.
"Se hizo una nueva autopsia bajo el marco de la Corte Suprema de la Nación y se ratificaron algunos puntos sobre el modo en que Franco fue asesinado a golpes, perdiendo tres piezas dentarias; y también que Franco estaba sin vida cuando fue ingresado al río Paraná", amplió el abogado.
05 de septiembre de 2017
"El estado no los protege"
El ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías se refirió a las detención de policías en el marco de la causa de Franco Casco. Aseguró ayer que "desde el Estado santafesino no protegerán a ningún policía". "Nosotros no protegemos a los agentes de la fuerza cuando son investigados. Todo lo contrario. Y si se determina su responsabilidad, tendrán que afrontar esa responsabilidad, como cualquier otro agente del Estado o como cualquier otra persona", afirmó Farías y agregó que el gobierno colabora con la Justicia y brindará la información y las pruebas que les sean requeridas.
"Garantizamos que puedan ser investigados todos los agentes, cuando hay causas ‑como en este caso‑ que tienen una buena investigación y datos certeros", aclaró. Al ser consultado sobre si los procedimientos realizados podrían comprometer al actual jefe de Policía de la provincia, José Luis Amaya ‑quien al momento de la muerte de Casco se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional II, con asiento en Rosario‑, Farías respondió: "Entiendo que no".
Fuente:Rosario12
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